Consejo General de Economistas: “El sistema
tributario español penaliza el trabajo”
El REAF-REGAF, órgano especializado del Consejo General de Economistas, en las Jornadas tributarias que está celebrando en Madrid, ha congregado a más de 500 profesionales que analizan aspectos de la actualidad fiscal, como las nuevas normas legales –Ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización o Ley de medidas en materia de fiscalidad medioambiental-, o como los nuevos desarrollos reglamentarios, publicados y en trámite, así como otros temas que continúan siendo polémicos, tales como la tributación de socios y administradores o las visitas de la Inspección sin previo aviso.
Asimismo, abordan cuestiones que atañen tangencialmente a los asesores como pueden ser la problemática de las Juntas Generales de sociedades o el nuevo Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales. Por último, quieren utilizar este evento para reflexionar sobre la reforma de nuestro sistema tributario que se prevé cerrar a finales de 2014.
Los asesores fiscales aprovechan este evento para hacer un diagnóstico del sistema tributario español y para comunicar una serie de reflexiones ante la reforma anunciada, en la que piensan colaborar aportando sugerencias a la Comisión de expertos creada al efecto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En el diagnóstico realizado por el REAF-REGAF se constata que en nuestro país convive una presión fiscal más baja relativamente que en otros países de la UE con unos tipos nominales muy elevados y con tipos efectivos mucho más bajos, lo cual produce un sistema totalmente agotado desde el punto de vista de la eficiencia. Por otra parte, el sistema en su conjunto penaliza el trabajo, sometiendo a una sobre tributación a los salarios, si tenemos en cuenta también las cotizaciones sociales, lo cual redunda en un encarecimiento de este factor productivo y agrava el desempleo. Otro elemento a tener en cuenta al plantearnos la reforma debería ser elminúsculo tamaño de la mayor parte de nuestro tejido empresarial.
Otro inconveniente que presenta nuestro sistema tributario es su tremenda complejidad. Es así porque tenemos tres niveles de Administración con sus correspondientes tributos y a cada Administración se la intenta hacer corresponsable, constituyendo buen ejemplo de esto el caos existente en la tributación medioambiental; también es complejo porque se pretende que todos los impuestos cumplan con todos los principios tributarios como la subjetividad y la progresividad; y porque, cuando se hace política económica, abusamos de los impuestos como herramienta.
Todo ello provoca cambios normativos constantes, con lo que se produce inseguridad jurídica, incremento de costes de gestión y cumplimiento y elevada litigiosidad.
Reflexión separada merece el elevado nivel de fraude que está restando unos 60.000 millones de euros de ingresos al Presupuesto, y que, sin duda, supone una verdadera gangrena de nuestro sistema tributario.
Del resto de temas tratados en el primer día de las Jornadas, el REAF-REGAF destaca lo siguiente:
- El Director General de Tributos, D. Diego Martín-Abril, en la conferencia inaugural titulada “Últimas modificaciones tributarias publicadas y previstas”, resaltó que cuando se ha regulado el IVA de Caja se ha ido a máximos en el volumen de operaciones por debajo del cual se pueden acoger las empresas -2.000.000 euros-, y que el coste presupuestado de la medida, en 2014, se estima en 900 millones de euros. Respecto a la eliminación del deterioro de participaciones como gasto fiscal, señaló que la modificación supone ponernos en línea con los países de nuestro entorno, en los que ninguno contempla un tratamiento tan beneficioso como el que teníamos.
- En cuanto a la tributación de socios y administradores, el Presidente del REAF-REGAF, D. Jesús Sanmartín, lamentó que, transcurridos más de dos años desde que saltaron las primeras alarmas, la Administración no haya cerrado los criterios interpretativos sobre el tema y que no se haya hecho público el Informe de la Comisión creada por la Secretaría de Estado de Hacienda sobre el mismo. Por otra parte, resaltó que jurisprudencia y doctrina reiteran la necesidad de recoger en los Estatutos Sociales la remuneración de los administradores para que sea deducible en el impuesto sobre Sociedades.
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