ESPAÑA: EX-DIRECTIVO DE LA CAM QUE COBRO 300.000 EUROS EN DIETAS, DECLARA: " SOY OBJETO DE UNA PERSECUCION "

El exdirectivo de la CAM que cobró 300.000 euros en dietas: "Soy objeto de una persecución"

Juan Ramón Avilés, para quien la Fiscalía Anticorrupción ha reclamado dos años y medio de prisión, ha defendido que "las dietas fueron aprobadas por el Consejo de Administración y que lo sabían el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas". 

"Soy una víctima de un atropello total y absoluto. Soy objeto de una persecución". Esta es la reacción del expresidente de la Comisión de Control de la CAM Juan Ramón Avilés después de que este miércoles se conociera que Anticorrupción había reclamado para él una pena de prisión de dos años y medio por supuestas irregularidades en el cobro de dietas y en la concesión de créditos por valor de 17 millones en condiciones supuestamente ventajosas. Unas horas antes, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) había solicitado diez años de cárcel por el 'saqueo' a la Caja de Ahorros del Mediterráneo. 

Avilés ha defendido las dietas que percibió al frente de la Comisión de Control, 308.000 euros entre 2007 y 2011, así como los préstamos que recibió su familia para la urbanización murciana de 'La Vereda de Sucina'. "Las dietas fueron aprobadas por el Consejo de Administración, al que yo no pertenecía. No las cobré durante dos años, hasta que no se dio cuenta a la Asamblea General, que las convalidó. Antes no las percibí. Cuando entró el FROB, las volvió a ratificar. Lo sabía el Banco de España y el Instituto Valenciano de Finanzas". 

En referencia a los casi 17 millones de euros en préstamos para la citada urbanización, en condiciones ventajosas a empresas vinculadas a él mismo, ha manifestado que esta operación también fue autorizada por el Instituto Valenciano de Finanzas, organismo que debía velar por el control de la CAM, según informa el periódico 'La Verdad'. 

En este sentido, ha añadido: "Es falso que se hiciera en condiciones ventajosas. El informe del Instituto acredita que se aplicaron los mismos requisitos del mercado que para el resto de clientes". Avilés, crítico con el FROB y "las mentiras del abogado", no ha dudado en señalar: "Lo que pretende la acusación es undespropósito y espero que el juez Gómez Bermúdez le ponga coto". 

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DIRECTIVOS DE LA CAM INCREMENTARON A DE 3 A 132 EL NUMERO DE ASESORES HACIENDO UN AGUJERO DE 1.136 MILLONES

Los directivos de la CAM incrementaron de tres a 132 el número de apoderados

Los directivos justifican en su declaración policial que "al sobrevenir la crisis" les "encomendaron muchas más tareas y por ello tuvo que reforzar la plantilla". En 2011 la caja arrojó un agujero de 1.136 millones de euros

La sociedad participada 100% por la Caja de Ahorros del Mediterráneo incrementó de 2010 a 2013 el número de apoderados, de 3 a 132 en sólo tres años. La sociedad era el instrumento de la caja para las operaciones en el Caribe.

Según la investigación judicial, todavía bajo secreto, la sociedad 100% de la CAM - Sociedad Tenedora de Inversiones- contaba hasta 2010 con un reducido número de asesores, tres en concreto. Sin embargo, según analizan los informes en base a los datos del registro mercantil, a partir de esa fecha crece exponencialmente y pasan de contratar a 3 apoderados a 132 en sólo tres años, de 2010 a 2013.

Antes de multiplicar por más del 100% el contrato de asesores, el Comité de Dirección de la CAM aprobó el 21 de julio de 2008 nuevas funciones para estos cargos. La policía judicial interrogó al director de la sociedad de la entidad, Vicente Sánchez, para que justificara las contrataciones. Sánchez, detenido en el transcurso de última operación ordenada por el juez Gómez Bermúdez, dijo a los agentes que "al sobrevenir la crisis" les "encomendaron muchas más tareas y por ello tuvo que reforzar la plantilla". Todos los directores de la sociedad 100% participada por la CAM desde 2002 están implicados en la investigación judicial, incluido el responsable de la División Hotelera desde 2004, César Veliz, desde el año 2004, detenido el pasado noviembre.

En la declaración policial de Vicente Sánchez -a la que ha tenido acceso la Cadena SER- explica que la "sociedad nace para financiar suelo y proyectos inmobiliarios, hoteles y residencias. Pues bien, "los directivos y el resto de personal laboral procedían del área financiera. Nadie tenía experiencia en el área inmobiliaria a nivel directivo, solo uno de los empleados tenía experiencia en el sector inmobiliario, Alejandro Picazo"

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EL JUEZ ENVIA A LA CARCEL AL EX-DIRECTOR GENERAL DE LA CAM

El juez envía a la cárcel al ex director general de la CAM

• Han quedado en libertad con cargos Vicente Sánchez, Francisco Climent y César Veliz

• La Audiencia Nacional investiga el desvío a paraísos fiscales de 247 millones de euros

• El juez calcula que en los últimos cinco años se defraudaron a Hacienda 31 millones

• Gómez Bermúdez impone una fianza de 400.000 euros en Daniel Gil

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha enviado a prisión al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, que tendrá que abonar un millón y medio de euros si quiere abandonar la cárcel.

El magistrado ha dictado también el ingreso en la cárcel del ex director de Empresas Daniel Gil, en este caso bajo fianza de 400.000 euros. Los dos serán trasladados esta noche a Soto del Realdonde permanecerán hasta que reúnan las cantidades impuestas.

El fiscal Anticorrupción había solicitado para Roberto López Abad, ex director general de CAM, el ingreso en prisión eludible bajo fianza de dos millones de euros. Una cuantía que rebajó hasta los 500.000 euros para el ex director de inversiones inmobiliarias, Daniel Gil.

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad esta tarde, tras tomarles declaración, a otros dos detenidos en la causa en la que investiga el desvío a paraísos fiscales de 247 millones de euros por parte de exdirectivos de la CAM.

Se trata del ex director general de Tenedora de Inversiones y Participaciones -filial de la caja- Vicente Sánchez y del empresario y ex director económico de la sociedad Valfensal Francisco Climent, que han abandonado la Audiencia Nacional después de comparecer ante el magistrado.

Esta mañana también había quedado en libertad otro de los detenidos, el exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja César Veliz.

Declaraciones vespertinas

Gómez Bermúdez ha comenzado a tomar declaración al ex director general de la CAM, Roberto López Abad, pasadas las 18:30 horas, cuando ha terminado de interrogar al ex director general de Empresas Daniel Gil Mallebrera, que ha sido trasladado a los calabozos de la sede judicial a la espera de que el magistrado resuelva sobre su situación, han informado fuentes jurídicas.

Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

En los autos en los que ordenó su detención, el magistrado describe una operación mediante la que la CAM concedió financiación a Valfensal -a su vez participada por la caja- para la construcción o adquisición de hoteles en México, Costa Rica y la República Dominicana, aunque los ingresos de la sociedad fueron desviados a otra domiciliada en Curazao, en las antiguas Antillas Holandesas.

Como consecuencia de esas prácticas, el juez calcula que en los últimos cinco años se defraudaron a la Hacienda española unos 31 millones de euros.

Además de estos cinco, que son los que han pasado a disposición judicial, la Guardia Civil ha detenido a otras cuatro personas e implicado a once más en la operación, que el instituto armado ha llamado "Mar Nuestro".

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EL JUEZ ABRE UNA VIA PARA QUE LOS EX-DIRECTIVOS DE LA CAM PAGEN DE SU BOLSILLO A LOS CLIENTES ESTAFADOS

Gómez Bermúdez abre una vía para que los exdirectivos de la CAM paguen de su bolsillo a los 'clientes estafados'

La Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas) espera que en diciembre concluya la instrucción del caso.

Los afectados por los títulos tóxicos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cada vez tienen más opciones de recuperar sus ahorros perdidos después de que el juez Gómez Bermúdez haya decretado el embargo de varios inmuebles de la antigua cúpula de la entidad a fin de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal que se instruye en la Audiencia Nacional.

En concreto, al expresidente de la CAM Modesto Crespo se le ha decretado el embargo de tres inmuebles y dos plazas de garage (Elche) y 600 acciones de Telefónica; al exdirector general Roberto López Abad, un inmueble en Alicante y otro en Madrid e inversión en deuda pública del estado; a la también directora general Dolores Amorós, un Garage y dos viviendas en San Vicente, cinco cuentas, obligaciones del Estado, dos planes de ahorro y dos planes de pensiones.

Al exdirector de la CAM Vicente Soriano se le embargan dos viviendas, dos plazas de garage y un trastero en Alicante, así como cuatro imposiciones de plazo fijo, tres cuentas corrientes, dos fondos de inversión, tres planes de pensiones, dos seguros y tres coches (Golf, Lexus y Toyota). Por último, a Teófilo Sogorb, que también ostentó este cargo, dos inmuebles urbanos en Alicante y otros dos en Biar, el 50% de seis cuentas y un Mercedes. 

Se trata de los bienes designados por los cinco miembros de la excúpula de la CAM imputados por su actuación en la entidad para hacer frente a la fianza solidaria de 35 millones de euros que les impuso el magistrado en junio.

En declaraciones a EL BOLETÍN, Carlos Pena, asesor de la Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas), ha señalado que estos bienes bloqueados ya darían “ampliamente” para cubrir los 13 millones de euros que reclaman los afectados para poder recuperar el 100% de sus ahorros.

Esta tarde la Plataforma CAM celebrará una reunión informativa en Alicante, en la que se informará a todos los afectados de la actualidad de estos asuntos. Si se cumplen los plazos que manejan los afectados, en diciembre se terminaría la instrucción del caso y posteriormente se celebraría la vista, que en principio se realizaría a través de un juicio rápido. 

Los juicios rápidos se aplican a los delitos castigados con pena de prisión que no exceda de cinco años, o con otras penas, como multa, arresto, privación del permiso de conducir vehículo a motor, prohibición de aproximarse a la víctima, etc. cualquiera que sea su cuantía, cuya duración no exceda de diez años, que se impongan como pena única, o bien conjunta o alternativamente”, según explica el Poder Judicial en su página web. 

Asimismo, es indispensable que se trate de un “delito flagrante” y que el proceso se inicie por un atestado policial y que la policía haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia o que, sin detenerla, la haya citado ante dicho juzgado en calidad de denunciada.
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HACIENDA CONTRADICE A AGUIRRE, LA CAM PAGO ACTOS ELECTORALES

Hacienda contradice a Aguirre y asegura que la CAM pagó actos electorales

La Agencia Tributaria señala que la Consejería de Presidencia pagó 286.866 euros en el año 2007 a empresas de la trama Gürtel por "servicios de carácter electoral". La expresidenta asegura que se sufragó su toma de posesión y el seguimiento de las elecciones

El contenido de un informe de Hacienda vuelve a ser motivo de conflicto, en esta ocasión en el 'caso Gürtel', tras la controversia por las falsas fincas de la infanta. La Agencia Tributaria ha enviado al juez instructor Pablo Ruz un informe donde señala que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid pagó 286.866,84 euros en el año 2007 a empresas de la trama Gürtel para "servicios de contenido electoral".

Tanto el PP regional como su presidenta Esperanza Aguirre afirman que ese dinero se destinó a la organización del seguimiento de la jornada electoral por los medios de comunicación  y de la toma de posesión del gobierno salido de aquellos comicios. No para actos de partido.

El dictamen de Hacienda, fechado el 1 de julio y de 118 folios más anexos, hace un minucioso repaso al sistema que seguía el entramado de Francisco Correa para valerse de empresas pantalla a la hora de conseguir determinados contratos de la Comunidad, preferentemente de la Consejería de Presidencia que ocupaba el también imputado en la causa Alberto López Viejo.

Entre esos contratos destaca uno del año 2007, en el que, según Hacienda, la organización de Correa "utilizó como pantalla a Marketing Quality Management S.L.", para no aparecer como adjudicataria del concurso para la ejecución de las obras y servicios del "Montaje escenográfico de los actos institucionales a celebrar por la Comunidad de Madrid", por importe total de 462.450 euros.

Los peritos de Hacienda autores del informe, al que ha tenido acceso Público, destacan que, dentro de este contrato admistrativo "se prestaron servicios de carácter electoral", en concretoo en dos servicios por 230.755,33 euros (143.576,28 más 87-179,05 más IVA). Pero agrega que, del listado de las facturas emitidas por MQM (la empresa pantalla de Correa) a la Comunidad de Madrid, se deduce que "el total de servicios por actos de apariencia electoral que fueron facturados por MQM a la CAM", dentro del contrato tuvo un importe total, IVA incluido, de 286.866 euros.

Tras publicar "El Mundo" este martes la información sobre el informe de Hacienda, tanto el PP de Madrid como su presidenta, Esperanza Aguirre, se apresuraron a puntualizar que los servicios que Hacienda consideran de 'carácter electoral' no fueron tales, sino que se trató de actos de contenido institucional.

En su blog, Aguirre señala: "No sabemos cómo la Agencia Tributaria habría llegado a esa conclusión pero la realidad es que las facturas que “El Mundo” exhibe para justificar su titular de primera página corresponden todas ellas a actos institucionales de la Comunidad de Madrid, desde la organización de la noche electoral para todos los medios de comunicación que seguían las Elecciones (del 27 de mayo de 2007) hasta el montaje de la toma de posesión de la presidenta electa y la del gobierno".

En el desglose de las facturas que hace el informe de la Agencia Tributaria, efectivamente las atribuye bien a seguimiento electoral o bien a toma de posesión.

Aguirre prosigue su respuesta señalando que "es verdad que, según están demostrando las investigaciones judiciales en marcha, algunos altos responsables de la Comunidad de entonces utilizaron las atribuciones de sus cargos para su provecho propio y que, por ello, están encausados y serán juzgados en su momento. Como también es verdad que, ante los primeros indicios de sus actuaciones delictivas y antes de que siquiera fueran imputados, todos ellos fueron separados de sus cargos".

Pero, asegura la expresidenta de la Comunidad, "ninguno de esos altos cargos tuvo nada que ver con la organización de la campaña del Partido Popular de Madrid para las Elecciones Municipales y Autonómicas que se celebraron en mayo de ese año. Y, por supuesto, es completamente falso que el dinero de esas facturas se utilizara para pagar actos del Partido".

Aguirre también subraya que el informe de la Agencia Tributaria tampoco ha sido comunicado al PP.

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