IU Madrid prohíbe a sus militantes "opiniones o comentarios contrarios a las decisiones" del partido
El nuevo estatuto aprobado por la dirección regional del partido contempla la suspensión de militancia para quien exprese "opiniones, ideas o comentarios" que critiquen lo marcado por los órganos internos
La formación en Madrid endurece un reglamento anterior y lo hace más parecido al de PSOE, aunque por debajo de la disciplina impuesta en el PP
Los nuevos estatutos propuestos por Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid prohíben expresamente a sus militantes que hagan críticas en público a las decisiones del partido. La mayoría del 51% que gobierna la coalición en Madrid, encabezada por el coordinador genral Eddy Sánchez, establece como "infracción grave" que cualquier militante haga una "manifestación pública, por cualquier medio de difusión, de opiniones, ideas o comentarios contrarios a las decisiones, acuerdos y resoluciones de los órganos de IUCM".
La sanción prevista en los estatutos para este tipo de conducta crítica es la suspensión como afiliado durante un período que puede ir desde un mes hasta un año. La reiteración en la crítica pública conllevaría una "infracción muy grave", castigada con una suspensión de militancia de hasta dos años o incluso la expulsión definitiva de IU.
Estas nuevas normas, que deben pasar todavía por el filtro federal, se han aprobado durante la Conferencia de Organización y Estatutos de Izquierda Unida de Madrid, celebrada el pasado mes de octubre y que fue impugnada por el sector crítico, representado por el 49% de los delegados. Como se ha publicado en eldiario.es, pese a que ambos bloques hacen continuos llamamientos a obviar las peleas internas y a centrarse en recuperar Madrid para la izquierda, la realidad es que las posturas están cada vez más enconadas y los agravios se acumulan.
La previsión de sanciones para quien no encaje con las decisiones de los aparatos es común a las formaciones políticas. De hecho, Izquierda Unida ya tenía en los estatutos anteriores a este, aprobados en 2009, una referencia a la disidencia, aunque más velada, al considerar como infracción grave las "conductas contrarias a las resoluciones y acuerdos emanados de los órganos pertinentes, así como no respetar las decisiones democráticamente adoptadas" que tengan "repercusión externa".
Los nuevos estatutos son más explícitos hasta el punto de limitar la capacidad de los militantes para exponer su desacuerdo con lo que se decida en "los órganos competentes" por ejemplo a través de las redes sociales que muchos utilizan para generar debate en un momento de fuerte tensión interna.
