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martes, 22 de octubre de 2013

LA BANCA PERDONO AL PSOE DEUDAS POR VALOR DE 29 MILLONES DE EUROS


La contabilidad del PSOE ocultó deudas de 29 millones que la banca le perdonó

No la reflejó en sus registros contables oficiales y, mientras gobernaba Zapatero, pactó con los bancos la condonación de todos esos impagos




La contabilidad del PSOE ocultó deudas de 29 millones que la banca le perdonó
El PSOE ocultó en su contabilidad oficial deudas acumuladas con los bancos por 16 créditos que mantenía impagados desde hacía más de quince años. Este partido no registró en sus libros 29 millones de euros de intereses morosos que había acumulado por el impago de esos préstamos, suscritos a mediados de los años 80 y que vencían en 1990. El Tribunal de Cuentas detectó estas anomalías y así aparece en informes de fiscalización emitidos desde este órgano, pero al final acabó diluyéndose el asunto porque en 2006, con el PSOE en el Gobierno de España, el partido pactó que le perdonaran esa deuda multimillonaria los bancos a los que se la tenía que haber pagado.
La condonación se produjo y descargó al PSOE de una deuda total de unos 30 millones de euros, según se desprende de varios informes emitidos en los últimos años por el Tribunal de Cuentas y en los que aparecen datos que, relacionándolos, confirman el multimillonario alcance de aquella condonación de deuda lograda por el PSOE mientras gobernaba.

Morosidad encubierta

En 2005, la contabilidad de la ejecutiva federal del PSOE -su dirección nacional- reconocía la existencia de cuatro créditos impagados. Los había suscrito a mediados de los años 80 y vencían en 1990. Es decir, en 1990 debía haber devuelto todo el capital que recibió prestado, además de los intereses que se habían establecido. Sin embargo, tras vencer el plazo ni siquiera había devuelto todo el capital, tampoco había abonado los intereses que le correspondían, y empezaron a generarse además intereses de demora que tampoco pagó. Así que año tras año la «factura» por moroso iba engordando. Pero el PSOE no la reflejó en su contabilidad oficial.
Cuando la comunicó al Tribunal de Cuentas, indicó únicamente que debía, entre esos cuatro créditos, 2,5 millones de euros de capital y 4,25 millones de euros de intereses vencidos y no pagados hasta 1990, es decir, mientras estuvo vigente el plazo de dicho crédito. Pero nada dijo de los intereses morosos generados desde entonces. El Tribunal de Cuentas sí que los pudo cuantificar, pero no porque la información se la facilitara el PSOE sino porque se la detallaron los bancos en cuando el órgano fiscalizador se dirigió a ellos para informarse. Así se puso de manifiesto que a los 4,25 millones de intereses pendientes que decía el PSOE había que sumarles otros 15,72 millones por intereses morosos acumulados desde 1990 y que la dirección nacional del PSOE no hizo constar en su contabilidad oficial.
¿Qué explicación dieron los socialistas al Tribunal de Cuentas para justificar esa omisión contable? Que no iba a contabilizar dicha deuda «mientras no se haya alcanzado un acuerdo en la negociación con las entidades de crédito otorgantes» de dichos préstamos de los que era moroso. Así lo dijo el PSOE y así llegó a reflejarlo el Tribunal de Cuentas en el informe que emitió tras analizar los estados contables de 2005.
Un año después, el PSOE se despejó el asunto de un plumazo. Efectivamente, negoció con esas entidades y logró que le perdonaran la práctica totalidad de la deuda que arrastraba por esos cuatro préstamos que se remontaban más de 16 años atrás. Pagó los 2,5 millones de euros que aún no había devuelto por el dinero que le prestaron en su día, pero le perdonaron todos los intereses de demora que acumulaba desde 1990, así como parte de los que tampoco había llegado a pagar cuando esos créditos estaban en vigor.
Esas cuatro operaciones acumulaban un saldo deudor para el PSOE en 2006 de 31,5 millones de euros, y las borró de un plumazo pagando solamente 5,66 millones a los bancos con los que arrastraba esos préstamos morosos.

Negociación opaca

Los socialistas tampoco aclararon qué criterios se siguieron cuando negoció con los bancos la ventajosa cantidad con la que saldó tan abultada deuda. El propio Tribunal de Cuentas reconocía que el PSOE no le dio esa información, pese a ser de evidente interés para poder fiscalizar sus arcas. «Se desconocen los términos de la negociación», reconocía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes, en el que a renglón seguido despachaba el asunto limitándose a concluir que, al no tener esos datos, no le era posible «pronunciarse sobre la existencia o no de condonación de deuda por intereses». Eso sí, el Tribunal de Cuentas lo tenía fácil para comprobar dicha condonación, porque años atrás los bancos ya le habían dicho que el PSOE les debía 15,72 millones de euros más de los que declaraba oficialmente en su contabilidad.
Pero no fue el único trato de este tipo que el PSOE cerró en 2006 con entidades financieras a las que debía dinero. Algo prácticamente idéntico hizo con otros 12 créditos morosos que también arrastraba el PSOE en Euskadi desde los años 80, en su mayor parte procedentes de Euskadiko Ezquerra, que se fusionó con los socialistas en 1993 para dar lugar en el País Vasco al actual PSE-EE.

Las cuentas del PSOE vasco

Según consta en los informes del Tribunal de Cuentas, ya en 2004 se detectó que la contabilidad oficial del PSOE vasco no reflejaba un total de 13,32 millones de euros que debía por intereses morosos.
«Estas operaciones, que no están contabilizadas por entender el partido que no le corresponden, han sido también objeto de negociación en el ejercicio 2006», reconocía el Tribunal de Cuentas en uno de sus informes. ¿A cuánto ascendía en total la deuda por esos 12 créditos morosos? A 13,85 millones de euros en el año 2004. ¿Y cuánto pagó el PSOE a los bancos en 2006 para descargarse de ella? Exactamente, 779.754 euros: 344.596 euros por el capital que le habían prestado hacía más de 16 años y que no había devuelto, y solo 435.158 euros para zanjar unos intereses pendientes que, en realidad, ascendían a no menos de 13,3 millones de euros.

Pago de 6,44 millones

Toda esta concatenación de datos revela que el PSOE, entre su dirección nacional y su federación territorial del País Vasco, no incluyó en su contabilidad oficial una deuda por intereses de demora que sumaba 29 millones de euros en números redondos. Y también que, durante la etapa de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, negoció con los bancos pagar un total de 6,44 millones de euros para borrar de un plumazo una deuda que en realidad ascendía a algo más de 36,3 millones de euros.

MITSUBISHI CONTRATA A CUATRECASAS PARA DEMANDAR A ESPAÑA POR LOS RECORTES DE LAS RENOVABLES


La japonesa Mitsubishi contrata a Cuatrecasas para demandar a España por los recortes renovables

Se recrudece la guerra de los inversores internacionales contra el Gobierno por los drásticos recortes a las renovables. El gigante japonés Mitsubishi, aliado de Acciona en termosolar, ha contratado al bufete Cuatrecasas para preparar una demanda contra las últimas medidas de Industria en el sector de las energías verdes. Rajoy, en su visita a Japón a principios de octubre, fue advertido del malestar de los fondos y empresas niponas por la inseguridad jurídica y los ajustes retroactivos en España.

Planta termosolar en Andalucía.
Uno de los gigantes internacionales con inversiones en el sector renovable español ha dado el primer paso tras la reforma energética aprobada por el Gobierno. El grupo japonés Mitsubishi, que entró en España en 2009 de la mano de Acciona en una alianza para el negocio termosolar, ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para presentar una demanda contra España por el cambio retroactivo de las condiciones de sus plantas, la introducción de nuevos impuestos, los sucesivos recortes a las primas y la eliminación del actual sistema de retribución que recoge la reforma energética.
Fuentes del sector renovable confirmaron a Vozpópuli queMitsubishi y los abogados de Cuatrecasas están ahora decidiendo si plantean la demanda sólo ante los tribunales españoles, o también lo hacen por la vía del arbitraje internacional invocando la Carta de la Energía, un tratado ratificado por un gran número de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas en los países firmantes.
Esta segunda vía es la que ha elegido la compañía sevillana Abengoa, que el pasado viernes desveló en Nueva York que su batalla judicial contra el Gobierno no sólo se dirimirá en los tribunales ordinarios españoles sino también en la Corte de Arbitraje de La Haya. Su argumentación jurídica es similar a la que prepara Mitsubishi, al considerar que "la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (filial de Abengoa) (…) y constituye una expropiación".
Mitsubishi, al igual que otros grandes inversores de Alemania, EEUU, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, entre otros, desembarcó en el sector renovable español cuando éste representaba todo un modelo a seguir fuera de nuestras fronteras. Se unió a Acciona en una alianza estratégica para invertir 2.000 millones de euros en energías renovables, según anunciaron las dos compañías en el verano de 2009.
Abengoa abrió la veda al anunciar el viernes en Nueva York que ha demandado al Gobierno ante la Corte Arbitral de La Haya por la "expropiación" sufrida en España
El objetivo era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que Mitsubishi pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.
Fue en ese mismo año cuando el Gobierno Zapatero, ya en sus estertores, comenzó a aplicar medidas retroactivas de recorte de primas a las plantas fotovoltaicas para frenar la burbuja de este sector, que año tras año engordaba el déficit de tarifa.
Llegó Rajoy al Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Energía, ha ido aplicando medidas que han cambiado las reglas de juego del sector renovable y ha hundido este negocio en España, según todos los expertos y analistas internacionales. Después de aplicar un nuevo impuesto del 7% desde enero y sacar adelante la reforma energética del pasado 12 de julio, ahora en proceso parlamentario, el Gobierno ha dejado al sector renovable sin sistema de ayudas para instaurar un modelo de rentabilidad razonable aún no definido.
La alianza de Mitsubishi con Acciona preveía inversiones de 2.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos renovables y el intercambio accionarial entre las dos compañías
Estos cambios normativos han provocado un sonoro enfado no sólo entre los inversores afectados sino también en sus países de procedencia. De ahí que Embajadas como la de EEUU, la alemana y la japonesa hayan trasladado su malestar al Gobierno.
De hecho, el 1 de octubre llegaba Rajoy en visita oficial a Japón, donde fue reprendido (de forma educada y silenciosa, muy a la japonesa) por su política contra las renovables.
Así que Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Corporaciones de la talla de Mitsui (socio de FCC), Itochu y JCG Corporation (socios de Abengoa), respaldados a su vez por entidades financieras niponas comoMitsubishi Tokyo UFJ BankMitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables, señalan fuentes oficiales del sector.
La visita oficial de Rajoy a Japón se vio enturbiada por el malestar de compañías y bancos nipones, que ven peligrar la rentabilidad de los más de 2.000 millones de euros que en conjunto tienen enterrados en España
Los sectores renovables más dañados por los sucesivos recortes de primas y cambios normativos son el termosolar, donde opera Mitsubishi, y el fotovoltaico, si bien con la última reforma aprobada el Gobierno también ha asestado un duro golpe a un sector tan consolidado como el eólico (en algunos días del año aporta más del 50% de toda la energía que se consume) y también al de la cogeneración.
Es tal la avalancha de pleitos y arbitrajes que espera el Ejecutivo que ha centralizado en el Ministerio de Justicia la estrategia de defensa, con la creación de una unidad especializada
En el sector fotovoltaico ya hay un proceso arbitral abierto. Un grupo de fondos internacionales, bajo la dirección deldespacho de abogados Allen & Overy, demandó al Reino de España en 2011 por los cambios aplicados en su día por Zapatero.
Es tal la avalancha de demandas, pleitos y arbitrajes que teme el Gobierno por parte de decenas de inversores españoles e internacionales tras los cambios normativos aplicados que el Ministerio de Justicia ha creado una unidad especializada, formada por abogados del Estado que contará con asesoramiento externo, para dirigir la estrategia de defensa del Ejecutivo frente a todos los procesos que se avecinan,

lunes, 21 de octubre de 2013

EE.UU.: VENDEN LECHE MATERNA CONTAMINADA EN INTERNET


EEUU: venden en internet leche materna 

contaminada

Es común que se ofrezca el alimento natural para un bebé por unos pocos dólares la onza. Pero un nuevo estudio alerta a los consumidores sobre partidas que contienen elevado nivel de salmonella

La advertencia fue emitida por investigadores que compraron y analizaron 101 muestras de leche materna vendidas por mujeres en un popular sitio de Internet. El 75% de las muestras contenían altas cantidades de bacteria,indicaron los investigadores, que sin embargo no identificaron la página.
Los resultados son "aterradores", dijo el doctor Kenneth Boyer, jefe de Pediatría del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, quien no participó en el estudio. "Imagínese si la donante es una drogadicta. Uno no sabe".
La investigación, publicada este lunes en el sitio web de la publicación especializada Pediatrics, cita varios casos de pequeños que se enfermaron tras consumir la leche materna de desconocidas.
En el suministro de leche materna están los llamados bancos de leche, entre cuyos clientes hay hospitales, que cobran por el producto, pero someten a las donantes a pruebas y pasteurizan la leche para matar cualquier germen.
Con las páginas web "hay que averiguar para asegurarse que es leche materna de verdad y que se le puede dar al bebé con seguridad", dijo Sarah Keim, la principal autora e investigadora del Hospital Infantil Nationwide en Columbus, Ohio."Las consecuencias pueden ser serias, y por eso no es una buena idea darle a un bebé leche materna de estas fuentes".
Este consejo se hace eco de una recomendación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de 2010.
Los investigadores opinan que éste es el primer estudio que prueba la seguridad de la leche materna que se vende en Internet, aunque otros han documentado la presencia de bacterias en la leche materna o en leche donada a los bancos.Algunas de las bacterias quizá no sean dañinas, pero la salmonella se encuentra entre las que pueden ser un peligro, dijo Boyer

LA AUDIENCIA CONDENA AL SANTANDER A DEVOLVER 486.000 EUROS DE PREFERENTES


La Audiencia Provincial condena al 


Santander a devolver 486.000 € invertidos 


en preferentes


La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a Banco Santander a devolver un total de 485.888 euros más intereses a tres  particulares y una sociedad de las islas, cantidad resultante de las  inversiones que en su día realizaron en participaciones preferentes  de Lehman Brothers y que ahora han sido anuladas por infringir la  entidad bancaria las normas que protegen a los usuarios, prohíben la publicidad engañosa y obliga a que se informe de forma adecuada al cliente. 

Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Tercera mediante una sentencia que confirma la que en primera instancia estimaba  íntegramente la demanda interpuesta por los afectados, quienes, a la hora de adquirir las participaciones, confiaban en que se trataba de una inversión «conservadora y totalmente garantizada».
Falta de información

Más al contrario, Banif, entidad a través de las cuales se hicieron las inversiones en marzo de 2007, no reveló en su día que  las participaciones preferentes eran un instrumento complejo y de riesgo elevado que podía generar rentabilidad, pero también pérdidas  importantes en el capital invertido. 

Los demandantes ponían de manifiesto que, cuando firmaron las correspondientes órdenes de compra que Banif les presentó, no  constaba en ellas más que el nombre del inversor, la identificación  de los valores objeto de compra (preferentes Lehman Brothers 5,125 por ciento), el número de títulos adquiridos y el importe del capital invertido por cada uno, mientras que no se entregó copia de estos  documentos como tampoco de los contratos. 

Además, recordaban que en septiembre de 2007 se abonaron en las  cuentas corrientes los rendimientos correspondientes a ese año, si bien no se satisfizo suma alguna un año después, cuando fueron  informados de que habían perdido totalmente la inversión.
Los demandantes no conocían la naturaleza y los riesgos del producto

Frente a ello, la entidad bancaria alegó, en su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, que los  demandantes conocían los elementos esenciales de los productos adquiridos, es decir, que se trataba de un producto de renta fija, que el emisor del mismo era Lehman Brothers, que era un producto cotizado y que las preferentes tenían riesgo. 

No obstante, el tribunal recoge en su sentencia los argumentos vertidos en la resolución confirmada, como lo son el hecho de que el banco no cumplió con la obligación de informar debidamente de la operación contratada por los perjudicados, quienes «actuaron confiados en unas expectativas más o menos razonables de rentabilidad de un producto financiero complejo que mejoraba la rentabilidad del depósito tradicional». 

Es más, la Sala abunda que de la prueba practicada en este  procedimiento judicial no puede concluirse que los demandantes  «tuvieran un conocimiento preciso de los elementos esenciales del producto que se les ofrecía», al tiempo que de las declaraciones de los testigos tampoco se deduce que fueran informados sobre la naturaleza del producto y los riesgos con él asumidos.

CATALUÑA Y GUIPUZCOA COBRARAN PEAJE EN SUS AUTOVIAS


Guipúzcoa y Cataluña se lanzan a cobrar peaje en sus autovías

La Xunta «descarta por completo» gravar por el uso de sus carreteras


El cobro de peajes en autovías y hasta carreteras nacionales está muy cerca de convertirse en un hecho pese a que el Ministerio de Fomento ha descartado secundar la petición de las empresas concesionarias de autopistas para que se ponga precio a la utilización de los viales de alta capacidad. La Diputación Foral de Guipúzcoa cerró ayer la admisión de ofertas para instalar en una autovía, dos carreteras nacionales y otra provincial arcos de control de matrículas para cobrar peaje del mismo modo que desde hace tres años hace Portugal. La Generalitat también ha dado pasos en el mismo sentido al haber aprobado el edicto que regulará la implantación de peaje para camiones en su eje transversal, la autovía que cruza la comunidad desde Lérida a Gerona.
Las dos iniciativas están movidas por el mismo criterio, según explican ambas Administraciones a La Voz: hacer contribuir al mantenimiento y conservación de las carreteras a los usuarios de los vehículos que atraviesan los dos territorios, especialmente los pesados, en sus viajes entre Francia y el resto de la Península. La consecuencia será que tanto en Cataluña como en la provincia vasca será prácticamente imposible cruzar sin pagar peajes. En Guipúzcoa incluso dos carreteras de titularidad estatal como la nacional I, que parte de Irún y atraviesa la provincia en dirección a Madrid, y la 121, que sale de Behovia y se adentra en Navarra, forman parte del plan de peajes del Gobierno foral que dirige Bildu, dado que es la Diputación la que ha asumido su gestión por derechos forales. Ambas carreteras, así como las dos autopistas de la provincia y todas las demás carreteras están integradas en la empresa pública Bidegi, que acumula una deuda de 900 millones de euros y un gasto anual por labores de mantenimiento de 230 millones, mientras que sus ingresos solo rondan los cien.
El plan de recortes de la Generalitat ha impulsado, en el caso de Cataluña, el cobro en su eje transversal (C-25), carretera que soportaba un intenso tráfico de camiones que escapan de los peajes de la red de autopistas de la comunidad. La Administración autonómica pagará hasta el 2040 cada año 69,8 millones de euros en peajes en la sombra en dicha autovía, y por eso ahora pretende recuperar una parte con la euroviñeta.
La Xunta no lo va a imitar
La solución adoptada por guipuzcoanos y catalanes es rechazada «por completo» por la Xunta como método para rebajar la factura de 61 millones de euros que se gasta la Administración gallega al año en peajes en la sombra y en la subvención de tramos de autopista, circunstancias ambas que se dan en Rande o A Barcala, la autopista Ourense a Dozón, o los viales de Brión, Barbanza y O Salnés. «No tenemos intención de cobrar peajes, ni ahora ni en el futuro», asegura la Consellería de Infraestruturas, que añade que tampoco volverá a recurrir a la vía de pago diferido para la construcción de nuevos viales, ni a la subvención de más peajes por cuestiones presupuestarias.

EL JEFE DE LA PATRONAL ABOGA POR BAJAR LA PRESTACION DEL PARO


Feito aboga por bajar la prestación por desempleo a cambio de alargarla
José Luis Feito.
El presidente del Instituto de estudios económicos (IEE) y responsable de la Comisión de Economía de CEOEJosé Luis Feito, ha abogado por una rebaja del montante de la prestación por desempleo, sobre todo en los primeros meses, a cambio de alargarla.
Tras presentar el informe del IEE sobre los presupuestos generales del Estado para 2014, Feito defendió estos cambios porque España tiene una estructura de la prestación por desempleo que difiere de las de otros países. Según el IEE, con esta medida se podría rebajar el impacto en los gastos de los presupuestos del Estado del pago de la prestación por desempleo, que en 2014 ronda los 30.000 millones de euros.
Según explicó Feito, la prestación española "es más generosa en los primeros meses de desempleo", lo que lleva a que "la caída del subsidio en relación con el salario es más baja".
En cuanto a la duración, aunque en España es superior a otros países, consideró que se podría plantear alargarla para reducir el número de personas desempleadas que se quedan sin prestación. Por otro lado, Feito señaló también que es necesaria "una reforma" en la aplicación de las políticas activas de empleo.

COSPEDAL LOGRA EL PREMIO "GENTE SIN ALMA"


Cospedal logra por "aplastante 

mayoría" el premio Gente sin 

Alma por su "insensibilidad y 

ensañamiento contra la Ley de 

Dependencia"


Cospedal logra por "aplastante mayoría" el premio Gente sin Alma por su "insensibilidad y ensañamiento contra la Ley de Dependencia"

María Dolores de Cospedal ha ganado “por aplastante mayoría” el Primer Premio ‘Gente Sin Alma’ que ha convocado la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en C-LM, al obtener 2.535 de los 5.509 votos emitidos. El segundo lugar lo ha ocupado Luis Perales, presidente de CERMI-CLM, y el tercero el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, con 1.100.

Este "premio" quiere, según sus organizadores, “dar a conocer a las personas, instituciones o empresas que muestren mayor insensibilidad  y ensañamiento contra la Ley de Dependencia y/o el aprovechamiento que de estas actuaciones pueden derivarse y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas en situación de dependencia y  sus familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo”.

Las votaciones han estado abiertas, sin restricción alguna y los resultados obtenidos por votación popular mediante las redes sociales y los correos electrónicos. “Ha sido la ciudadanía y sólo la ciudadanía la que ha ‘elegido’ a los tres personajes más dañinos para con los más débiles y frágiles de nuestra sociedad como son todas las personas en situación de dependencia”.

En los próximos días se remitirá escrito con entrada en Registro en cada una de las dependencias oficiales de los premiados para concretar día y hora de entrega personal del galardón. En el caso, "poco probable", de no recibir contestación, se procederá a la entrega, también con entrada en Registro, del diploma acreditativo del reconocimiento obtenido.

LUIS CEBRIAN SALE AL RESCATE DEL PERIODICO "EL PAIS" PARA EVITAR SU QUIEBRA


Cebrián sale al rescate de la sociedad editora de 'El País' para evitar su quiebra


Juan Luis Cebrián (EFE)
Los problemas crecen el torno al Grupo Prisa. Y no se libran ni las joyas de la corona. Según información recogida en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), la compañía que preside Juan Luis Cebrián se ha visto obligada a reducir en 13,8 millones de euros el capital de la sociedad que agrupa su participación en El País y las diferentes ediciones del rotativo en Latinoamérica para evitar la quiebra de la firma y garantizar su continuidad. Todo después de registrar un agujero de 24,5 millones en 2012 y recibir la advertencia de la auditora sobre la necesidad de dar un paso al frente para restablecer el equilibrio patrimonial.
“Como consecuencia de las pérdidas incurridas durante el ejercicio (…), derivadas principalmente de la dotación a la provisión de cartera de sus participadas, al 31 de diciembre de 2012 el patrimonio de la sociedad es inferior a la mitad del capital social por lo que, de acuerdo al artículo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentra en causa de disolución, salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente”, alertaba el informe elaborado por Deloitte.
El patrimonio neto de la sociedad alcanzaba los 39,25 millones en 2011, tras registrar un beneficio de 10,12 millones en ese ejercicio. Sin embargo, en 2012, las abultadas pérdidas casi se comen la suma del capital social (18 millones) y las reservas (11,33 millones), quedando el patrimonio neto reducido a 4,73 millones. Según recoge el Borme del pasado 3 de octubre, el ajuste llevado a cabo por la matriz para equilibrar los balances de la firma deja el capital suscrito en apenas 4,2 millones de euros.
La sociedad ya minimizaba en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas el impacto de esta contingencia y aseguraba que la empresa contaba con el respaldo económico de la matriz para sufragar la continuidad de sus actividades. “En opinión de los administradores no existen dudas sobre la continuidad de las operaciones de la sociedad, pues cuenta con el apoyo financiero de su socio mayoritario para restablecer la situación de equilibrio patrimonial”, reflejaba la propia auditora. Finalmente, Prisa ha tenido que intervenir.
Crisis de la prensa
Las provisiones acometidas no son la única explicación al mal desempeño en 2012. De hecho, la empresa también acude a la situación del sector, en plena debacle de la publicidad. “El ejercicio 2012 se enmarca dentro de la crisis que afecta a la economía española e internacional y que ha afectado, de manera significativa, a la prensa escrita en España. La dirección de la sociedad ha puesto en marcha durante el ejercicio 2012 las políticas adecuadas de contención de gastos (…) para adaptar las compañías al entorno económico adverso“, expone el documento.
En efecto, el diario El País registró el año pasado unas pérdidas operativas (ebit) de 54,54 millones de euros, después de acometer un doloroso expediente de regulación de empleo (ERE) que supuso la salida de 129 personas. Era el primer año en el que el buque insignia del grupo de los Polanco registraba un saldo negativo. El diario se mueve en torno albreak-even en el primer semestre del año 2013, pese a haber ajustado todavía más los gastos. En concreto, el rotativo se anotó un coste de explotación de 93,06 millones, un 16,3% menos respecto a los 111,17 millones del mismo semestre del año anterior. La facturación por publicidad ha experimentado un descenso del 18,2%.
En todo caso, no es la primera vez que Deloitte afea la gestión en la sociedad editora de El País. En 2011 ya apuntaba irregularidades al difuminar los gestores el impacto real de los despidos llevados a cabo en la casa en 2010, lo que inflaba la cuenta de resultados de la firma. “Los costes incurridos en este proceso (…) ascendieron a 2.150 miles de euros registrados en el epígrafe gastos de personal de la cuenta de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio. No obstante, al considerar los Administradores que el mencionado gasto no debiera haber afectado a la cuenta de resultados, la Sociedad aumentó el saldo del epígrafe otros ingresos de explotación con cargo a reservas de libre disposición por importe de 2.150 miles de euros”, rezaba el informe, que rechazaba la práctica en atención a las normas de contabilidad.

JULIO ARIZA EN EL ABISMO, LA SEGURIDAD SOCIAL CONFISCA LOS PAGOS DE LOS ANUNCIANTES A INTERECONOMIA

Ariza en el abismo: la Seguridad Social confisca los pagos de los anunciantes a Intereconomía


Intereconomía comienza a derrumbarse. Los trabajadores que sobreviven en el Grupo hablan de un ambiente de pre-cierre y los datos así parecen confirmarlo. El primero es que la Seguridad Social ha enviado cartas a sus principales anunciantes para que el pago de las siguientes mensualidades se haga en las arcas del Estado, debido al reiterado fraude en el que se ha venido incurriendo tras casi un año de impagos a prácticamente toda su plantilla. Paralelamente ex trabajadores denunciarán a Ariza por la vía penal intentando demostrar alzamiento de bienes tras el cambio de titularidad de Intereconomía TV.



¿El fin de Intereconomía? No lo sabemos, pero lo cierto es que la situación actual es la más complicada desde que comenzara la crisis. Por primera vez desde que empezaran los impagos hace ya casi un año, un organismo estatal ha actuado. Lo ha hecho la Seguridad Social que ha enviado cartas a los principales anunciantes del Grupo para que el próximo pago lo realicen en una cuenta de la Seguridad Social. Si no lo hacen serán multados. Recordemos que tras un año de impagos a casi toda su plantilla, el dinero que se debe a la Seguridad Social es mucho, incurriendo en el delito de fraude a organismo público.

Pero no es lo único. El grupo de ex trabajadores de Intereconomíaplantearán denuncias por la vía penal contra quienes resulten responsables intentando demostrar alzamiento de bienes. Esto porque Intereconomía TV ha cambiado de dueños, los nuevos contratos se hacen mediante otra empresas y Julio Ariza ha aumentado su patrimonio en sociedades fantasma en directa proporción con el desplome del resto de empresas que gestión los medios del Grupo.

Lo hacen –al igual que muchos trabajadores que todavía están en plantilla- porque ya está a punto de cumplirse un año de los primeros impagos, tiempo tras el cual ya no es posible denunciar. Del mismo modo, se están preparando movilizaciones para parar las emisiones de TV y Radio, para que sean los propios anunciantes los que dejen de pagar a Julio Ariza por no prestar el servicio contratado. Es más, el día 1 como el resto de los meses, los pocos trabajadores que van quedando no irán a trabajar ni prestarán servicios en solidaridad con las nóminas impagadas.

DOCUEMNTO: CARTA CON LA QUE LA CASA REAL INTENTA CONDICIONAR A LOS MEDIOS


La carta con la que Casa Real intenta condicionar a los medios


Una foto de archivo de la Familia Real (I.C)
Una carta que ha causado sorpresa. La Casa Real ha expresado su descontento con la forma en que algunos de sus miembros son tratados en la prensa, algo visto desde algunos frentes como un indisimulado intento de condicionar los contenidos que incluyen información sobre ellos. Javier Ayuso, director de Comunicación de la Casa del Rey, ha enviado sendas cartas a varios medios en la que manifiesta su disconformidad con la actitud de la prensa. "Desde la Dirección de Comunicación de la Casa Real de Su Majestad el Rey estamos haciendo un esfuerzo para facilitar el trabajo de los medios, tanto desde el punto de vista  gráfico como literario, siguiendo criterios de máxima transparencia" comienza la primera carta en dicho tono que se envía a la prensa desde dicho departamento en muchos años.
En la misiva, Ayuso muestra su disconformidad por dos sucesos concretos que han ocurrido entre los medios y la Familia Real en las últimas semanas. El primero de ellos es  la "persecución" efectuada sobre la princesa de Asturias por parte de  varios fotógrafos en moto por las calles de Madrid cuando iba en su coche. El segundo, el hecho de fotografiar a los hijos de los duques de Palma en Ginebra, cuando jugaban en un parque de la ciudad sin la compañía de sus padres. Ayuso especifica que "desgraciadamente las actuaciones de una minoría de periodistas gráficos está poniendo en peligro la continuidad de estas acciones". "Confío en que se impongan las buenas prácticas y el sentido común y que todos podamos trabajar de la mejor manera posible" concluye Ayuso en la carta.
El director de comunicación de Zarzuela, que actualmente se encuentra en Panamá en la XXIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno acompañando al príncipe de Asturias, explicó a Vanitatis el porqué de esta llamada de atención a los medios. "Desde que llegué a la Casa del Rey, he tratado de hacer cambios para facilitar el trabajo entre los medios y los miembros de la Familia Real. La semana pasada envíe sendas cartas a los directores de las revistas de corazón y a las principales agencias de fotos, pidiéndoles que apliquen criterios más rigurosos en la compra de determinados reportajes y, sobre todo, que se respeten a los menores de la familia, cuando no están acompañados de sus padres"
Por otro lado, señala que su temor a las “persecuciones”  de la prensa a la princesa Letizia, cuando va en coche, se debe a que estas puedan ocasionar algún accidente, no sólo a la esposa del heredero, sino a los fotógrafos, escoltas o los demás conductores y viandantes. "Entiendo que se fotografíe a la princesa cuando está caminando por la calle, pero no que la persigan cuando va en su coche" apunta Ayuso.
Reacciones en la prensa
Tras recibir la carta de Ayuso, alguno de los responsables de los medios a los que iba dirigida no ha dudado en contestar exponiendo su parecer. Un buen ejemplo de ello es Carlos Montenegro, director de la Agencia ‘Seven’ y uno de los paparazzi que fotografía con mayor frecuencia a la Familia Real. Montenegro expresó su sorpresa a este portal ya que, según él, es la primera vez, en muchos años, que recibe una "reprimenda real".
En relación al tema de las fotografías realizadas a menores de edad, Montenegro recuerda a Ayuso, en una carta de respuesta que ha mostrado aVanitatis que los nietos de los reyes son por si mismos “noticiables”, ya que según él sería imposible informar sobre el décimo cuarto cumpleaños de Juan Valentín Urdangarin y Borbón, sin fotografías que capten ese momento, aun estando sin la compañía de adultos en las mismas: "La invocación de la Ley del Menor por su parte solo añade desconcierto a la confusión: en primer lugar, porque es cierto que no estamos hablando de cualesquiera menores, sino de los nietos de los reyes de España, quienes por cierto y hasta la fecha,ocupan las correspondientes posiciones cinco –incluyendo a Felipe Juan Froilán-, ocho, nueve, diez y once en la línea de sucesión al trono, lo que les convierte necesariamente en personajes noticiables y de interés periodístico" matiza  el paparazzi en su contestación.
Aun así, el responsable de esta agencia expresa a Javier Ayuso su intención de llegar a un entendimiento: "Convendrás conmigo en que urge encontrar un equilibrio que nos permita informar molestando lo menos posible. A pesar de lo que puedas pensar, esa es, todas las ocasiones en las que trabajo con Casa Real, una de mis prioridades. Temo que de no ser así, tu y yo iniciaremos una interminable relación epistolar" concluye Montenegro en su carta.
El movimiento previo a estas misivas fue el de restringir, en los últimos meses, las acreditaciones a varios medios y fotógrafos en los actos de la Casa Real, al considerar  que no cumplían con ciertas normas imprescindibles para cubrirlos. "Llama siempre a la Casa". Esa fue la recomendación de la princesa Letizia a Jaime Peñafiel en un acto celebrado hace años, poco antes de casarse con el heredero. No son pocas las ocasiones en las que los medios de comunicación se quejan de llamadas a Zarzuela para contrastar noticias, pero denuncian que los responsables de prensa no siempre contestan. También reconocen que, en ocasiones, incluso esos responsables de prensa, no tienen respuesta para esas preguntas.

ESTRASBURGO TUMBA LA DOCTRINA PAROT


El Tribunal de Estrasburgo tumba la ‘doctrina Parot’

El tribunal ordena la puesta en libertad inmediata de la etarra Inés del Río

15 de los 17 magistrados consideran vulnerado el artículo 7 del Convenio de Derechos Humanos

Por unanimidad decretan que el aplazamiento de la excarcelación contravino el derecho a la libertad


El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo ha dado la razón a la etarra Inés del Río en su recurso contra la doctrina Parot y ha sentenciado que la interpretación jurídica para alargar la estancia en prisión de la etarra vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La doctrina Parot consiste en aplicar los beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas al recluso y no sobre el máximo legal permitido que, en el caso de Inés Del Río era de 30 años de cárcel.
La Sala Pequeña del Tribunal de Estrasburgo ya decidió en julio de 2012 que la doctrina Parot vulnera dos artículos del Convenio Europeo de derechos Humanos, el artículo 5 (derecho a la libertad y la seguridad) y el artículo 7 (no hay castigo sin ley). Aquella resolución condenaba, además, a España a pagar 30.000 euros a la etarra e instaba a su puesta en libertad "a la mayor brevedad posible". La sentencia, adoptaba por unanimidad, no se ejecutó porque el Gobierno recurrió ante la Gran Sala, que es la que ha sentenciado hoy en el mismo sentido.
El Tribunal Supremo dio un giro en 2006 para evitar la excarcelación del considerado el terrorista de ETA más sanguinario, Henri Parot, que había conseguido reducir su pena de 30 a 20 años de cárcel, pese a estar condenado a 4.700 años por 33 asesinatos cometidos entre 1978 y 1990.
Inés del Río en la Audiencia Nacional en 2006. / EFE
Esta jurisdiscción se aplica solo a los presos condenados antes de 1995, cuando fue reformado el Código Penal. En ese año, el límite efectivo de cumplimiento de la pena fue elevado hasta los 40 años y la posibilidad de redimirla por trabajo fue suprimida. Numerosos juristas y afectados consideran que vulnera los derechos fundamentales de los reos, al aplicar el principio de irretroactividad: la pena cumplida acaba siendo superior a la vigente en el momento en que se cometió el delito.
Inés del Río, condenada a más de 3.000 años por su participación en elComando Madrid, fue la primera etarra que recurrió la doctrina Parotante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya le dio la razón en julio de 2012. Estrasburgo indicó a España que debía poner en libertad a Del Río en el plazo más breve posible porque había violado varios artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y le otorgara a la etarra una indemnización de 30.000 euros por daños morales y 1.500 euros más por los gastos del proceso. El Gobierno recurrió entonces la sentencia, que no ha sido resuelta hasta hoy, esta vez, de forma inapelable.
Desde 2006, la doctrina se ha aplicado a más de 60 reclusos, en su mayor parte terroristas de ETA con múltiples condenas, además de a algunos asesinos y violadores. Y el Constitucional ha admitido a trámite un total de 58 recursos de presos etarras contra la aplicación de ladoctrina Parot, a los que se suman otros cuatro de presos comunes. Si el Constitucional decidiera estimar todos o algunos de estos recursos, algunos saldrían de prisión de inmediato, y en otros casos se reducirían sensiblemente las condenas.
Fernando de Luis Astarloa, por ejemplo, condenado a 100 años de cárcel por su participación en dos asesinatos y en varios atentados con explosivos, ya estaría libre. El preso, disidente de ETA que ha alcanzado el tercer grado penitenciario y puede salir de la cárcel a diario, habría liquidado su condena en 2007. Andoni Alza, también dentro del grupo de reclusos que han rechazado la violencia, habría salido en 2006. Ese mismo año habría logrado la libertad también Domingo Troitiño, detenido en 1987 y condenado a más de 900 años de pena de prisión —entre otras causas, por la matanza de Hipercor en 1987—. La aplicación de la Parot lo dejó entre rejas hasta 2017.