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sábado, 15 de marzo de 2014

ESPAÑA: LA UE Y LA PATRONAL EXIGEN AL GOBIERNO SUBIR LOS PEAJES A TODAS LAS AUTOVIAS


UE y la patronal exigen ampliar el pago de peaje a todas las autovías

Bruselas y las constructoras presionan a Fomento para que incorpore un sistema de "pago por uso", coincidiendo con el rescate de la autopistas en quiebra.
Justifican la medida por el déficit de mantenimiento de las carreteras, en la aplicación de las directivas de euroviñeta y como una fórmula para desviar trafico a las radiales.


El tráfico en las radiales de Madrid cae un 48 por ciento, con todas en concurso
Si no hay nuevos contratiempos, en semanas se procederá a crear el ‘banco malo’ de las radiales en quiebra, como “mejor fórmula para evitar la liquidación” de unos derechos de explotación que podría acarrear años de litigios entre Administración, concesionarias y banca acreedora, según afirmó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. La nueva empresa que reciba los activos tóxicos será 100% pública y sobre ella recaerá la responsabilidad patrimonial del Estado en el espinoso asunto del sobrecoste de las expropiaciones.
Por si este brutal ajuste en el panorama nacional de las vías de comunicaciones de alta capacidad no acarreara suficientes problemas en sí mismo, la Unión Europea y las organizaciones de las empresas de españolas de obra civil presionan con fuerza a Fomento con el fin de que mate varios pájaros de un solo tiro. Exigen que aproveche el viaje del rescate de las autopistas ruinosas para imponer el pago por uso en toda la red de autovías por las que ahora se transita de forma gratuita.

Fomento se resiste

La pretensión de imponer "el pago por uso" en estas infraestructuras no es nueva, ni en las reclamaciones de Bruselas, ni en las exigencia de las concesionarias agrupadas en la patronal Seopan. Pese a que los técnicos de Fomento han estudiado la medida –en su día llegó hasta la Comisión Delegada de Asuntos Económicos–, a Ana Pastor y a Mariano Rajoy nunca les ha gustado la medida por el impacto electoral que pueda tener.
Los grupos de presión multiplican estos días la presentación de argumentos a favor del pago por uso de las autovías. El vicepresidente de la CEOE, Juan Lazcano, presentó el martes un cuadro “preocupante” en “la acumulación durante siete años de los graves déficits de mantenimiento en el pavimento y los equipamientos de las autovías”. Lazcano metió miedo: el impacto “puede llegar a afectar a la seguridad del tráfico”.
El dirigente de la patronal estima en 5.000 millones de euros ese déficit y los computa con la evolución de las cantidades que Fomento ha dedicado al mantenimiento en los últimos años: en 2007 se invirtieron 572 millones, 560 en 2008. En 2009 bajó a 22 millones y en los tres ejercicios siguientes la cantidad fue cero, para recuperarse de modo exiguo en 2013 con unos raquíticos 13 millones.
El vicepresidente de la CEOE calcula que el establecimiento de sistemas de peaje blando en la red de autovías podría reportar unos ingresos de 3.000 millones, por lo que el dinero adicional recaudado serviría para reparar los baches y para poco más. 
Derivar tráfico a las radiales
Pero las razones que se esgrimen a favor de convertir en universal el cobro de peajes en las carreteras españolas de alta capacidad no solo se amparan en la seguridad. Julián Núñez, presidente de Seopan, dijo el martes que es necesario que exista un trasvase del volumen de tráfico de la actuales autovías gratuitas a las deficitarias autopistas radiales: “En Europa se ensayan ya mil fórmulas por las cuales se deriva el tráfico de las autopistas libres a las de peaje”.

Núñez insistió en el mantra que Seopan repite con asiduidad. La imposibilidad de “mantener el ritmo de inversión y conservación con cargo a los Presupuestos”, obliga a buscar “alternativas como la tarificación por uso de las carreteras”, una medida que en el caso de los estudios de la patronal generaría ingresos anuales que eleva a 3.500 millones, pudiendo repercutirse un tercio de los mismos a medidas paliativas y el resto al mantenimiento y conservación.

Presión de Bruselas

La intervención de la UE en el proceso de rescate de las autopistas radiales, protagonizada por el comisario Joaquín Almunia, tenía como objetivo prioritario advertir al Gobierno de Mariano Rajoy de que la fórmula de nacionalización de los activos tóxicos que se realice “no puede incrementar el déficit público del Estado español”.
Bruselas ha aprovechado esta indicación para advertir también a Fomento de que tiene la obligación de implementar tres directivas para hacer efectiva la aplicación de la euroviñeta’en la red de autovías. Europa quiere que las carreteras sean pagadas, en primer lugar, por quien las usa, y en segundo lugar, por el que, al utilizarlas, contamina.
La Comisión recuerda que Portugal ha implantado un polémico sistema de pago por uso de las autovías con la implantación de un "peaje explicito". En países como Francia o Alemania los modelos de peaje son de los llamados blandos; solo aplican cuantías por “congestión, contaminación y mantenimiento” pero se deja al margen la amortización de las vías.

miércoles, 15 de enero de 2014

ESPAÑA: EL SUPREMO ANULA LA SUBIDA DE PEAJES EN LA LUZ ELECTRICA


El Supremo anula una orden de peajes de 

luz de 2012 en la que Industria era 

"consciente" del déficit

Torres de alta tensión, electricidad, luz

La sentencia no tendrá consecuencias sobre la tarifa eléctrica, ya que el Gobierno reconoció luego el desequilibrio

   MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
   El Tribunal Supremo ha anulado el artículo de la orden ministerial de abril de 2012 en el que se recoge la revisión de los peajes eléctricos tras considerar que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo era "consciente" de que serían insuficientes para cubrir los costes del sistema eléctrico y provocarían déficit de tarifa, como acabó ocurriendo.
   Con esta sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo da la razón a la patronal eléctrica Unesa, que denunciaba una vulneración del límite de 1.500 millones de euros por entonces existente para el déficit de tarifa de 2012. En enero de 2013, el Gobierno acabó eliminando ese tope dentro del real decreto ley sobre empleados del hogar.
   La decisión del Supremo no tendrá ningún efecto sobre el recibo de la luz, precisamente porque el real decreto ley sobre empleados del hogar avaló el déficit de 2012 y porque, posteriormente, el real decreto ley 9/2013 del año pasado sobre la reforma eléctrica reconoció este desajuste para su posterior titulización. El desfase acabó siendo de 4.109 millones.
   En la sentencia, el Supremo da la razón a Unesa y anula el artículo 3 de la orden IET/843/2012 tras considerar que en ella Industria partía de "una cifra de déficit ex ante superior, encubierta bajo la fórmula de 'desajuste temporal de 2012'". Este 'desajuste temporal' para 2012, señala la disposición adicional primera de la orden, sería de 2.205 millones.
   El tribunal dice que "es cierto" que las órdenes de peajes no tienen por qué "acertar milimétricamente", como argumentaba el abogado del Estado, pero "otra cosa ocurre cuando las partidas de la orden prescinden en sí mismas de las exigencias o límites impuestos".
   En este caso, el límite se rebasa "de modo consciente, bien porque en documentos del propio Ministerio así conste, bien porque la CNE se lo haya hecho saber antes de su aprobación", continúa el Supremo.
   El tribunal indica además que tanto en la memoria económica de la orden ministerial cuestionada como en el informe de la CNE "había suficientes elementos de juicio para deducir" que el límite de déficit de tarifa de 2012 sería "ampliamente sobrepasado".

REFACTURACIÓN DEL SUPREMO.

   La orden de peajes a la que afecta la anulación había incluido en realidad una subida de esta parte del recibo de la luz, pero lo hizo para cumplir una sentencia anterior del Supremo que obligaba a refacturar los consumos del cuarto trimestre de 2011 y del primero de 2012 para garantizar precisamente el equilibrio en el sistema eléctrico. La medida implicó una subida del 7% en el recibo.
   Aquella orden de peajes vino acompañada de la primera batería de medidas del actual Gobierno contra el déficit de tarifa, que implicaban un recorte de 1.700 millones en distintas actividades eléctricas, especialmente la de distribución.

lunes, 21 de octubre de 2013

CATALUÑA Y GUIPUZCOA COBRARAN PEAJE EN SUS AUTOVIAS


Guipúzcoa y Cataluña se lanzan a cobrar peaje en sus autovías

La Xunta «descarta por completo» gravar por el uso de sus carreteras


El cobro de peajes en autovías y hasta carreteras nacionales está muy cerca de convertirse en un hecho pese a que el Ministerio de Fomento ha descartado secundar la petición de las empresas concesionarias de autopistas para que se ponga precio a la utilización de los viales de alta capacidad. La Diputación Foral de Guipúzcoa cerró ayer la admisión de ofertas para instalar en una autovía, dos carreteras nacionales y otra provincial arcos de control de matrículas para cobrar peaje del mismo modo que desde hace tres años hace Portugal. La Generalitat también ha dado pasos en el mismo sentido al haber aprobado el edicto que regulará la implantación de peaje para camiones en su eje transversal, la autovía que cruza la comunidad desde Lérida a Gerona.
Las dos iniciativas están movidas por el mismo criterio, según explican ambas Administraciones a La Voz: hacer contribuir al mantenimiento y conservación de las carreteras a los usuarios de los vehículos que atraviesan los dos territorios, especialmente los pesados, en sus viajes entre Francia y el resto de la Península. La consecuencia será que tanto en Cataluña como en la provincia vasca será prácticamente imposible cruzar sin pagar peajes. En Guipúzcoa incluso dos carreteras de titularidad estatal como la nacional I, que parte de Irún y atraviesa la provincia en dirección a Madrid, y la 121, que sale de Behovia y se adentra en Navarra, forman parte del plan de peajes del Gobierno foral que dirige Bildu, dado que es la Diputación la que ha asumido su gestión por derechos forales. Ambas carreteras, así como las dos autopistas de la provincia y todas las demás carreteras están integradas en la empresa pública Bidegi, que acumula una deuda de 900 millones de euros y un gasto anual por labores de mantenimiento de 230 millones, mientras que sus ingresos solo rondan los cien.
El plan de recortes de la Generalitat ha impulsado, en el caso de Cataluña, el cobro en su eje transversal (C-25), carretera que soportaba un intenso tráfico de camiones que escapan de los peajes de la red de autopistas de la comunidad. La Administración autonómica pagará hasta el 2040 cada año 69,8 millones de euros en peajes en la sombra en dicha autovía, y por eso ahora pretende recuperar una parte con la euroviñeta.
La Xunta no lo va a imitar
La solución adoptada por guipuzcoanos y catalanes es rechazada «por completo» por la Xunta como método para rebajar la factura de 61 millones de euros que se gasta la Administración gallega al año en peajes en la sombra y en la subvención de tramos de autopista, circunstancias ambas que se dan en Rande o A Barcala, la autopista Ourense a Dozón, o los viales de Brión, Barbanza y O Salnés. «No tenemos intención de cobrar peajes, ni ahora ni en el futuro», asegura la Consellería de Infraestruturas, que añade que tampoco volverá a recurrir a la vía de pago diferido para la construcción de nuevos viales, ni a la subvención de más peajes por cuestiones presupuestarias.