Agentes de la Policía Municipal de Iruñea denuncian a su jefe
Además de ir dirigida contra Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal de Iruñea, la demanda de un sindicato policial también implica al alcalde, Enrique Maya. En el escrito se describen abusos laborales, vejaciones y encubrimiento de delitos.
El índice de absentismo laboral dentro de la Policía Municipal de Iruñea duplica al del resto de áreas. Uno de los principales motivos de este dato son las bajas por estrés y depresiones fruto de un ambiente «irrespirable», generado por la forma de regir el cuerpo del jefe de la Policía, el exmilitar Simón Santamaría, y su cohorte de afines. Pero la olla a presión ha reventado. Hace unas semanas, el sindicato policial SPPME ha acudido a los tribunales y ha denunciado a Santamaría, al alcalde de Iruñea, a diez mandos y a una letrada.
La parte que afecta a Enrique Maya no es la más llamativa de la denuncia, aunque sí se trata de acusaciones serias y van por la vía penal. El sindicato le imputa dos delitos contra los derechos sindicales de los trabajadores por prohibir reuniones. Aun así, dentro de toda la trama que se desprende de la denuncia, el alcalde jugaría el papel de consentidor, puesto que conoce de primera mano qué está ocurriendo dentro del cuerpo y no ha movido un dedo para impedirlo. De hecho, en junio del pasado año se reunió con los impulsores de la denuncia, pero prefirió hacer oídos sordos.
El grueso de las acusaciones se centran en Santamaría, a quien se culpa de vejar, insultar y amenazar a varios subordinados. Algunos de estos insultos y amenazas están grabados digitalmente y los archivos de audio se han remitido al juzgado como anexos. Formalmente, los delitos de los que se acusa al jefe son contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral.
Santamaría impone orden en el cuerpo a través del Grupo de Control y Auditorías, una terna de agentes que se encargan de levantar expedientes a los policías díscolos. La arbitrariedad de estas sanciones y la persecución a determinadas personas constituyen el grueso de la denuncia que se ha interpuesto. Así, se hace referencia a siete resoluciones del Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) en las que anula expedientes a una veintena de agentes por considerarlos castigos injustificados y, en algunos casos, los califica como sanciones vergonzosas.
Por ejemplo, se entresaca la resolución del TAN 199/2013 que dice textualmente que «el comportamiento del Ayuntamiento no puede ser más carente de seriedad» y apostilla que este actuar «negligente» por parte de una entidad local «no es de recibo».
Por los alias
Según ha podido saber este periódico, la piezas clave de este aparato represor que dirige Santamaría son dos mandos. Internamente se les conoce con los alias de Popeye y Follaputas. Además del poder del que les ha dotado Santamaría, Follaputas también es temido por su carácter. Dentro de la comisaría se le tiene por uno de los más violentos, debido a que a lo largo de su dilatada trayectoria habría protagonizado episodios de violencia extrema e injustificada. En particular, los rumores de comisaría apuntan incluso a agresiones gratuitas a inmigrantes y mendigos.
Aunque estas acusaciones tan severas no hayan sido acreditadas, sí que es cierto que sus compañeros las tienen por veraces. Aun así, el miedo a la ira de Follaputas parece superado y figura entre la lista de diez mandos denunciados, al igual que Popeye, que habría cometido falso testimonio.
Coacciones a los «gafas blancas»
Además de estas anulaciones de los castigos que imponen Santamaría y «La Fundición» en la comisaría de Monasterio de Iratxe, se recogen otras cinco resoluciones del TAN de este mismo año. Todas tienen un nexo común, que es el intento del jefe de la Policía Municipal de impedir que sus agentes mostraran su disconformidad con la forma de dirigir el cuerpo empleando gafas de sol con montura blanca. La persecución a los agentes que usaban gafas blancas ha sobrepasado los límites en varias ocasiones. La más grave, probablemente, fue la ocurrida el pasado 7 de julio.
Según se indica en la denuncia a la que ha tenido acceso GARA, un cabo exigió a un agente que se quitara las gafas sol y este se negó. La prohibición del uso de esas gafas que había impuesto el jefe de la Policía Municipal estaba recurrida y el agente se agarró a la Ley 2/1986 para desobedecer la orden directa.
La negativa provocó la aparición en escena de un inspector, que le amenazó de forma reiterada con expedientes hasta que el subalterno cedió. No contento con eso, el inspector prosiguió en su humillación y le requisó también un reloj y la cartera, en la que, al parecer, solo había un puñado de monedas. Fruto de la tensión, el agente sufrió una crisis de ansiedad y llegó a desvanecerse. Causó baja los días siguientes y el médico le prescribió medicación. Otros dos agentes, presentes en el momento de los hechos están dispuestos a testificar contra los superiores.
La persecución a este agente viene de tiempo atrás. El propio Santamaría ha proclamado en público que «quiere acabar con su carrera» y también hay grabaciones en los que el jefe se refiere a él como un «estafador profesional». Todo está grabado y documentado, por si pudiera constituir un delito de amenazas tipificado en el artículo 169 del Código Penal.
Pese a estas coacciones para quitarles las gafas, Santamaría parece ser consciente de que no tenía autoridad suficiente como para evitar su uso. Su última estratagema ha sido cargar al Ayuntamiento una factura de gafas de sol con montura negra para incluirlas como un elemento más del uniforme. El montante, al parecer, ronda los 6.700 euros. Ahora, la pelota está en el tejado de la Alcaldía, que debe resolver si las gafas negras se añaden o no al uniforme. En cualquier caso, el dinero público ya se ha gastado.
Y de nuevo, los Phaeton
Una de las polémicas más famosas de la Policía Municipal fue el conocido como el «caso de los Phaeton», ocurrido en 2010. Tres agentes del cuerpo multaron a varios vehículos oficiales (todos ellos del modelo Volkswagen Phaeton) por aparcar irregularmente. Entre los políticos sancionados estaban Roberto Jiménez (PSN), la entonces consejera Laura Alba y el exconsejero de Interior, Javier Caballero. Esos tres agentes pagaron muy caro hacerle pasar ese mal rato a Santamaría. El exmilitar decidió dar un castigo ejemplar a los díscolos. Se convocó a los tres agentes de madrugada para personarse a primera hora en comisaría. Una vez allí, se les requisó la placa y se les prohibió la entrada a las instalaciones. Tuvieron que firmar un escrito de «arrepentimiento» para recuperar su puesto de trabajo.
Más tarde, el TAN fallaría en contra de la sanción. Ahora, el caso revive con la comentada denuncia, dado que el juzgado deberá determinar si Santamaría incurrió en un delito de abuso de autoridad.
No es ésta la única polémica que puede reabrirse a raíz de esta denuncia. En el documento también se apuntan una serie de testimonios falsos que varios agentes habrían realizado ante el tribunal para salvar la cara a un alto cargo de UPN. En este presunto encubrimiento habría participado la abogada Isabel Segura, a quien en el escrito se le imputa un presunto delito de falsedad documental.
Reuniones y concentraciones
Más allá de los entresijos de la revuelta comisaría de Monasterio de Iratxe que ha orquestado «La Fundición», donde sí parecen tener un problema serio Santamaría es con la denuncia penal por prohibir asambleas y reuniones de los agentes díscolos y el sindicato que le ha denunciado. Las trabas a la acción sindical se han desarrollado en numerosas ocasiones, que van desde la prohibición de asambleas a presiones en diversos actos de protesta en los que han participado.
La vulneración más clara al derecho de los trabajadores es la denegación de una asamblea dentro de la comisaría. La reunión, autorizada por la Delegación del Gobierno, fue impedida por orden del jefe de la Policía. Puede parecer un tema menor, pero Santamaría tendrá muy poco con qué defenderse.
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