ESPAÑA: EL GOBIERNO DESTINA A MELILLA AL JEFE ANTIDISTURBIOS QUE REPRIMIO LAS PROTESTAS EN EL CONGRESO

Interior destina a Melilla al jefe antidisturbios que reprimió las protestas ante el Congreso

El comisario Javier Nogueroles es el nuevo responsable de Operaciones de la ciudad norteafricana, a cuyas puertas esperan miles de inmigrantes para entrar en Europa. Una de sus primeras medidas ha sido pedir nuevo material policial para hacer frente a algaradas callejeras.

De Madrid a Melilla. De proteger los alrededores del Congreso de los Diputados a hacer frente a las oleadas de inmigrantes que quieren entrar en Europa. El comisario Javier Nogueroles, hasta hace unas semanas jefe de la Unidad de Intervención Policial I de Madrid, ha sido recientemente ascendido y destinado por el Ministerio del Interior como nuevo jefe de Operaciones de la Policía a la ciudad norteafricana, donde en los últimos días se han producido asaltos masivos de inmigrantes similares a los de la cercana Ceuta, aunque sin los dramáticos resultados de aquella. Sólo catorce días después de tomar posesión de su cargo ha solicitado a Madrid nuevo material para hacer frente a posibles algaradas callejeras.

Días después de los polémicas cargas policiales ante el Congreso, Interior condecoró a este mando policial con una medalla 'al valor'

El nombre de Nogueroles alcanzó cierta relevancia mediática en septiembre de 2012, durante los incidentes registrados en las protestas de ‘Rodea el Congreso’ del 25-S, que se saldaron con 64 personas heridas, muchos de ellos policías, y 35 detenidos. El ahora comisario era entonces el inspector jefe responsable de la UIP de Madrid, el grupo de antidisturbios que intervino en las polémicas cargas. Sólo unos días después de aquellos sucesos, Interior le premió con un cruz roja al mérito policial, una condecoración ‘al valor’ que lleva aparejada una pensión vitalicia del 10% de su salario. Entonces, el departamento de Jorge Fernández Díaz salió al paso de la polémica asegurando que la decisión de darle una medalla había sido decidida más de un mes antes por la Dirección General de la Policía y que, por tanto era ajena a los incidentes de aquella jornada de protesta.

Ahora, su llegada a Melilla ha sido mucho más discreta. Ascendido el pasado 19 de diciembre de inspector jefe a comisario, este mando policial tomó posesión de su cargo como nuevo jefe regional de Operaciones el pasado 14 de enero. Dos semanas después, y tras una reunión con los representantes sindicales de los agentes a sus órdenes, anunciaba su intención de pedir al Ministerio de Interior que renovase todo el material antidisturbios de que disponía la Policía en la ciudad norteafricana. Una medida que ha sido alabada por sus nuevos subordinados y que se producía sólo unos días antes de que cerca de 150 inmigrantes irregulares consiguieran saltar la valla que separa la localidad de Marruecos en lo que fue el primer síntoma del ‘trasvase’ de la presión migratoria desde la cercana Ceuta tras la muerte allí de 15 personas. Recientes informes policiales adelantados por el diario El País revelan que cerca de 30.000 subsaharianos están apostados en el país magrebí dispuestos a entrar en Europa, principalmente a través de las dos ciudades norteafricanas españolas.

Experto antidisturbios

Nogueroles es un experto en técnicas de antidisturbios. De hecho, gran parte de su carrera profesional dentro de la Policía ha estado ligado a estas unidades. En su hoja de servicios consta que, además de haber dirigido la principal unidad de Madrid, también estuvo al frente de otras UIP en Castilla y León (concretamente la que tiene su base en Valladolid), y en Málaga. Con esta última, de hecho, tuvo que desplazarse en más de una ocasión a la localidad que es hoy su base para reforzar su seguridad. Ahora, en su nuevo destino, su principal preocupación, compartida con la Guardia Civil, son los inmigrantes irregulares que se concentran en el vecino Marruecos en campamentos improvisados en los montes Gurugú y Afrahy Selouane. Los informes policiales destacan quela topografía de la frontera de Melilla dificulta el control de su valla y facilita los asaltos masivos.

Una de las primeras actuaciones del comisario en Melilla fue el arresto de 11 cabecillas de los disturbios en la barriada de La Cañada de Hidum

En esta misión contará en breve con el apoyo de otros experto antidisturbios con el que, además, ya trabajó anteriormente. Se trata del comisario José Ángel González Jiménez, actual máximo responsable de la Policía en la provincia de Valladolid y que en los próximos días sustituirá a Ángel Riesco, actual jefe superior en la ciudad norteafricana y que va a ser destinado a La Rioja. Nogueroles ya trabajó a las órdenes de González Jiménez en la ciudad castellano-leonesa cuando el primero era responsable de la UIP y éste último ocupaba responsabilidades de mando. Ahora, ambos se vuelven a reunir en una localidad que no tiene la inmigración como único problema. De hecho, las últimas estadísticas del Ministerio del Interior revelan que Melilla ocupó en 2013 el sexto lugar entre las autonomías con mayor tasa de criminalidad de España, con 56,1 delitos por cada mil habitantes.

Además, el pasado 10 de enero la ciudad fue escenario de graves incidentes de orden público en La Cañada de Hidum, uno de los barrios más deprimidos de la localidad. Allí, grupos de jóvenes protagonizaron graves altercados con barricadas y quema de contenedores. Diez días después, un amplio despliegue de 150 agentes detenía a once personas como presuntos cabecillas de aquellos sucesos y se incautaban de un pequeño arsenal de armas de todo tipo, importantes cantidades de droga y dinero en metálico. Fue una de las primeras actuaciones como responsable policial del comisario Nogueroles en la ciudad.

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JEFE DE LA POLICIA MUNICIPAL, DENUNCIADO POR LOS AGENTES, POR ABUSOS LABORALES, VEJACIONES, Y ENCUBRIMIENTO DE DELITOS

Agentes de la Policía Municipal de Iruñea denuncian a su jefe

Además de ir dirigida contra Simón Santamaría, jefe de la Policía Municipal de Iruñea, la demanda de un sindicato policial también implica al alcalde, Enrique Maya. En el escrito se describen abusos laborales, vejaciones y encubrimiento de delitos.

El índice de absentismo laboral dentro de la Policía Municipal de Iruñea duplica al del resto de áreas. Uno de los principales motivos de este dato son las bajas por estrés y depresiones fruto de un ambiente «irrespirable», generado por la forma de regir el cuerpo del jefe de la Policía, el exmilitar Simón Santamaría, y su cohorte de afines. Pero la olla a presión ha reventado. Hace unas semanas, el sindicato policial SPPME ha acudido a los tribunales y ha denunciado a Santamaría, al alcalde de Iruñea, a diez mandos y a una letrada.

La parte que afecta a Enrique Maya no es la más llamativa de la denuncia, aunque sí se trata de acusaciones serias y van por la vía penal. El sindicato le imputa dos delitos contra los derechos sindicales de los trabajadores por prohibir reuniones. Aun así, dentro de toda la trama que se desprende de la denuncia, el alcalde jugaría el papel de consentidor, puesto que conoce de primera mano qué está ocurriendo dentro del cuerpo y no ha movido un dedo para impedirlo. De hecho, en junio del pasado año se reunió con los impulsores de la denuncia, pero prefirió hacer oídos sordos.

El grueso de las acusaciones se centran en Santamaría, a quien se culpa de vejar, insultar y amenazar a varios subordinados. Algunos de estos insultos y amenazas están grabados digitalmente y los archivos de audio se han remitido al juzgado como anexos. Formalmente, los delitos de los que se acusa al jefe son contra los derechos de los trabajadores y contra la integridad moral.

Santamaría impone orden en el cuerpo a través del Grupo de Control y Auditorías, una terna de agentes que se encargan de levantar expedientes a los policías díscolos. La arbitrariedad de estas sanciones y la persecución a determinadas personas constituyen el grueso de la denuncia que se ha interpuesto. Así, se hace referencia a siete resoluciones del Tribunal Administrativo de Nafarroa (TAN) en las que anula expedientes a una veintena de agentes por considerarlos castigos injustificados y, en algunos casos, los califica como sanciones vergonzosas.

Por ejemplo, se entresaca la resolución del TAN 199/2013 que dice textualmente que «el comportamiento del Ayuntamiento no puede ser más carente de seriedad» y apostilla que este actuar «negligente» por parte de una entidad local «no es de recibo».

Por los alias

Según ha podido saber este periódico, la piezas clave de este aparato represor que dirige Santamaría son dos mandos. Internamente se les conoce con los alias de Popeye y Follaputas. Además del poder del que les ha dotado Santamaría, Follaputas también es temido por su carácter. Dentro de la comisaría se le tiene por uno de los más violentos, debido a que a lo largo de su dilatada trayectoria habría protagonizado episodios de violencia extrema e injustificada. En particular, los rumores de comisaría apuntan incluso a agresiones gratuitas a inmigrantes y mendigos.

Aunque estas acusaciones tan severas no hayan sido acreditadas, sí que es cierto que sus compañeros las tienen por veraces. Aun así, el miedo a la ira de Follaputas parece superado y figura entre la lista de diez mandos denunciados, al igual que Popeye, que habría cometido falso testimonio.

Coacciones a los «gafas blancas»

Además de estas anulaciones de los castigos que imponen Santamaría y «La Fundición» en la comisaría de Monasterio de Iratxe, se recogen otras cinco resoluciones del TAN de este mismo año. Todas tienen un nexo común, que es el intento del jefe de la Policía Municipal de impedir que sus agentes mostraran su disconformidad con la forma de dirigir el cuerpo empleando gafas de sol con montura blanca. La persecución a los agentes que usaban gafas blancas ha sobrepasado los límites en varias ocasiones. La más grave, probablemente, fue la ocurrida el pasado 7 de julio.

Según se indica en la denuncia a la que ha tenido acceso GARA, un cabo exigió a un agente que se quitara las gafas sol y este se negó. La prohibición del uso de esas gafas que había impuesto el jefe de la Policía Municipal estaba recurrida y el agente se agarró a la Ley 2/1986 para desobedecer la orden directa.

La negativa provocó la aparición en escena de un inspector, que le amenazó de forma reiterada con expedientes hasta que el subalterno cedió. No contento con eso, el inspector prosiguió en su humillación y le requisó también un reloj y la cartera, en la que, al parecer, solo había un puñado de monedas. Fruto de la tensión, el agente sufrió una crisis de ansiedad y llegó a desvanecerse. Causó baja los días siguientes y el médico le prescribió medicación. Otros dos agentes, presentes en el momento de los hechos están dispuestos a testificar contra los superiores.

La persecución a este agente viene de tiempo atrás. El propio Santamaría ha proclamado en público que «quiere acabar con su carrera» y también hay grabaciones en los que el jefe se refiere a él como un «estafador profesional». Todo está grabado y documentado, por si pudiera constituir un delito de amenazas tipificado en el artículo 169 del Código Penal.

Pese a estas coacciones para quitarles las gafas, Santamaría parece ser consciente de que no tenía autoridad suficiente como para evitar su uso. Su última estratagema ha sido cargar al Ayuntamiento una factura de gafas de sol con montura negra para incluirlas como un elemento más del uniforme. El montante, al parecer, ronda los 6.700 euros. Ahora, la pelota está en el tejado de la Alcaldía, que debe resolver si las gafas negras se añaden o no al uniforme. En cualquier caso, el dinero público ya se ha gastado.

Y de nuevo, los Phaeton

Una de las polémicas más famosas de la Policía Municipal fue el conocido como el «caso de los Phaeton», ocurrido en 2010. Tres agentes del cuerpo multaron a varios vehículos oficiales (todos ellos del modelo Volkswagen Phaeton) por aparcar irregularmente. Entre los políticos sancionados estaban Roberto Jiménez (PSN), la entonces consejera Laura Alba y el exconsejero de Interior, Javier Caballero. Esos tres agentes pagaron muy caro hacerle pasar ese mal rato a Santamaría. El exmilitar decidió dar un castigo ejemplar a los díscolos. Se convocó a los tres agentes de madrugada para personarse a primera hora en comisaría. Una vez allí, se les requisó la placa y se les prohibió la entrada a las instalaciones. Tuvieron que firmar un escrito de «arrepentimiento» para recuperar su puesto de trabajo.

Más tarde, el TAN fallaría en contra de la sanción. Ahora, el caso revive con la comentada denuncia, dado que el juzgado deberá determinar si Santamaría incurrió en un delito de abuso de autoridad.

No es ésta la única polémica que puede reabrirse a raíz de esta denuncia. En el documento también se apuntan una serie de testimonios falsos que varios agentes habrían realizado ante el tribunal para salvar la cara a un alto cargo de UPN. En este presunto encubrimiento habría participado la abogada Isabel Segura, a quien en el escrito se le imputa un presunto delito de falsedad documental.

Reuniones y concentraciones

Más allá de los entresijos de la revuelta comisaría de Monasterio de Iratxe que ha orquestado «La Fundición», donde sí parecen tener un problema serio Santamaría es con la denuncia penal por prohibir asambleas y reuniones de los agentes díscolos y el sindicato que le ha denunciado. Las trabas a la acción sindical se han desarrollado en numerosas ocasiones, que van desde la prohibición de asambleas a presiones en diversos actos de protesta en los que han participado.

La vulneración más clara al derecho de los trabajadores es la denegación de una asamblea dentro de la comisaría. La reunión, autorizada por la Delegación del Gobierno, fue impedida por orden del jefe de la Policía. Puede parecer un tema menor, pero Santamaría tendrá muy poco con qué defenderse.

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