MINISTRO DE GIBRALTAR AMENAZA CON ABRIR FUEGO CONTRA BARCOS ESPAÑOLES

El ministro principal de Gibraltar amenaza con abrir fuego contra barcos españoles

Gibraltar advierte de que podrá abrir fuego contra los barcos españoles que entren en sus aguas territoriales ya que podría confundirlos con terroristas.

Es lo que ha asegurado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en una entrevista a la radio de la BBC. 

Además Fabián Picardo se ha mostrado este miércoles a favor de aumentar la presencia de la Marina británica en el Peñón.

"He comentado antes la posibilidad de que más activos de la Marina estén a disposición del comandante de las Fuerzas Británicas en Gibraltar", afirmó el ministro.  

El ministerio británico de Exteriores сonvocó este martes al embajador español, Federico Trillo-Figueroa,​ para que diera explicaciones sobre el barco que entró este lunes en las aguas de Gibraltar. La parte británica expresó su "grave preocupación" sobre la "incursión en curso" del buque oceanográfico español Ramón Margalef en lo que el Reino Unido considera sus aguas territoriales. La convocatoria ayer de Trillo-Figueroa es la tercera en los últimos 12 meses por la situación en Gibraltar. 

El Reino Unido afirma que las incursiones de barcos españoles en sus aguas territoriales han aumentado recientemente. Si antes incidentes similares se registraban alrededor de cinco veces al mes, ahora las incursiones ilegales ascienden hasta 40 veces al mes.
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ESPAÑA: VACIO LEGAL DE TRATA DE SERES HUMANOS DESDE ABRIL 2013

España incumple desde abril la normativa europea para prevenir la trata de seres humanos

La Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de incumplimiento a España, y podría llevarla a los tribunales en el plazo de dos meses. La directiva plantea nuevos delitos penales, "enjuiciamiento de los delincuentes, apoyo a las víctimas, prevención y control de la ejecución", explica Bruselas. Otros tres países (Chipre, Italia y Luxemburgo) han sido apercibidos también con el ultimátum para transponer la normativa europea a su legislación.





Tirón de orejas de Bruselas al Gobierno por su negligencia en la prevención de la trata de seres humanos. La Comisión Europea ha abierto un procedimiento por incumplimiento en el que amenaza con llevar a España ante los tribunales después de que hayan pasado seis meses "después de la fecha límite de incorporación de la Directiva 2011/36/UE". Es decir, que desde el 6 de abril la normativa española en relación a la lucha contra el tráfico de personas no se ajusta a la normativa europea. 

La Comisión puede decidir en los próximos dos meses si emprende acciones legales contra España España no es el único país que está incumpliendo la trasposición de esta directiva. La Comisión Europea también ha apercibido a Chipre, Italia y Luxemburgo por esta misma razón "a pesar de las cartas de emplazamiento enviadas el 29 de mayo de 2013", señalan desde Bruselas. 

Ahora los países incumplidores recibirán dictámenes motivando la apertura del procedimiento por incumplimiento. Una vez pasados dos meses a partir de ahora, "la Comisión puede decidir llevar a estos Estados miembros ante el Tribunal de Justicia", advierten las autoridades europeas. La directiva de la UE sobre la trata de seres humanos abarca un amplio espectro de medidas para prevenir y combatir la explotación de otras personas. Así, por ejemplo, obliga a los Estados a adoptar cambios en el Código Penal que conviertan en delitos los casos de captación, rapto, traslado, amenaza, engaño, etc. que conduzcan al abuso sobre un individuo. También se reformará la ley para castigar a aquellos que induzcan al tráfico de personas con penas privativas de libertad de hasta 10 años. "Determinante en la vida de las víctimas" 

La normativa europea, vigente desde abril de 2011, va más allá de la persecución penal de los explotadores, y también propone que se regule el consumo de la prostitución. Así, insta a los Estados a adoptar "medidas apropiadas, como la educación y la formación, para desalentar y disminuir la demanda, que es el factor que favorece todas las formas de explotación relacionadas con la trata de seres humanos", según refleja la propia directiva. La directiva que aún no ha hecho suya España "puede ser determinante en la vida de las víctimas y evitar que otras personas lleguen a ser víctimas", explican fuentes oficiales comunitarias. Enjuiciamiento de delincuentes, apoyo a las víctimas y derechos de las mismas en procesos penales, prevención, control de la ejecución... la adopción de la misma supone un abanico amplio de medidas.

 Este diario se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer si está prevista o no la trasposición de la normativa europea al ordenamiento jurídico español, si bien aún no ha obtenido respuesta. España sí que ha acogido otro tipo de legislaciones de ámbito internacional. Así, por ejemplo, desde octubre de 2011 ha hecho suyo el conocido como Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. Este mismo miércoles, la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados debate y somete a votación la creación de una subcomisión "para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual". Más de 37.000 mujeres explotadas 

La reclamación de una mayor protección a los afectados por la trata es una reclamación de numerosas organizaciones y asociaciones. Y es que España es el segundo país europeo -después de Italia- con más víctimas de la explotación sexual, tal como ya informó este diario. Así, en 2012 se han localizado a unas 12.300 mujeres ejerciendo la prostitución obligadas, aunque la Policía estima que "es un tercio de las que realmente hay en España", unas 37.000. El perfil principal de la víctima de explotación sexual en España es el de una mujer joven y extranjera. El 80% de ellas proceden de países de la Europa del Este y Sudamérica. Sobre todo son de Rumanía, Paraguay, Brasil, Nigeria, China y Rusia, según datos policiales.
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ESPAÑA: PROTESTAS CONTRA EL TARIFAZO JUDICIAL, JUECES, ABOGADOS, SECRETARIOS JUDICIALES, FISCALES Y SINDICATOS UNIDOS

España: Protestan contra las tasas judiciales



España, este miércoles, ha sido escenario de protestas a nivel nacional del sector jurídico contra la ley de tasas judiciales, medida que entró en vigor hace un año y que, según los manifestantes, favorece “el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas”. 

En Madrid, capital española, cerca de 1 000 personas se han congregado ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, donde mostraron su rechazo a la ley y exigieron su derogación. 

Estas concentraciones, a las que también asistieron jueces, secretarios judiciales, fiscales y abogados, fue apoyada por la plataforma “Justicia para Todos”, formada por el Consejo General de la Abogacía Española y distintos sindicatos y asociaciones. 

La congregación en Madrid se ha realizado bajo el lema: ‘Un año contra las tasas hasta que el Tribunal Constitucional las derogue’. 

La plataforma, en una rueda de prensa celebrada el martes, expresó su indignación por la ley, denunciando que la medida ha impedido el acceso a la Justicia a quienes menos tienen, y supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al mismo tiempo, implica una restricción para reclamar y hacer valer todos los demás derechos. 

El Ministerio de Justicia del país ibérico aprobó la Ley de Tasas, comprometiéndose a destinar el importe a una mejora de la asistencia jurídica gratuita, pero la plataforma sostiene que los 103 millones de euros recaudados hasta septiembre del año en curso, no se han destinado a dicho sector.
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NOTICIA AMPLIADA

El sector legal vuelve a la calle para pedir la 

derogación del ‘tarifazo judicial’

Jueces, abogados, secretarios judiciales, procuradores, fiscales, sindicatos y asociaciones de consumidores han unido sus fuerzas para luchar por la misma causa: hacer que el Gobierno de marcha atrás a la subida de tasas judiciales decretada hace un año, que en medio de la crisis económica más profunda en décadas, está impidiendo el acceso a la Justicia de buena parte de la clase media y trabajadora. Para mostrar su rechazo, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el sector judicial en pleno se ha concentrado hoy, día 20, ante las sedes judiciales de toda España para exigir conjuntamente la derogación del ‘tarifazo judicial’.

El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, y representantes de la Plataforma Justicia para Todos, junto con portavoces de la Interasociativa de Jueces y Fiscales y de asociaciones de secretarios judiciales, se reunieron ayer para mostrar públicamente su rechazo a la Ley de Tasas, que en su primer año de vigor ha evidenciado que una parte importante de la sociedad española no puede acceder ahora a la Justicia.

“La importante reducción en el número de asuntos se deriva de que amplios sectores de la sociedad se han quedado fuera del sistema judicial. Los grandes beneficiarios son las entidades bancarias, las grandes empresas, o las aseguradoras. Fuera se queda la clase media y la clase trabajadora”, afirmó Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia. “El desequilibrio en la balanza de la Justicia se ha producido por el peso de la tarjeta de crédito. Hay miles de personas que no pueden pagarse la justicia, que no pueden pagarse su derecho”, denunció Bosch, quien insistió en que querer descongestionar los tribunales aplicando las tasas “es como querer descongestionar los hospitales impidiendo el acceso a los enfermos”.

El portavoz de Jueces para la Democracia se preguntó adónde va el dinero recaudado con las tasas. “El ministro ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre que va a mejorar la Justicia Gratuita, ya que las partidas para el año próximo están congeladas, a pesar de que la crisis ha  incremento el número de personas que necesitan este servicio. Tampoco mejoran la Justicia en general. Tienen solo un afán recaudatorio y discriminatorio y por ello pedimos su supresión”, aseveró el portavoz de Jueces para la Democracia.

Por su parte, Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales, advirtió que “nos encontramos ante una Justicia al borde del rescate” lo que supone un verdadero peligro para el servicio público. “Las tasas judiciales han sido una limitación silenciosa” para los ciudadanos por no poder defender sus derechos ante los tribunales.

Carlos García, vocal de la Unión Progresista de Fiscales, aseguró que las tasas judiciales son “un torpedo en la línea de flotación de la Justicia, entendida como servicio público”, alertando que el próximo 2 de diciembre cesaran todos los fiscales sustitutos, con lo que difícilmente se podrán atender los señalamientos. Respecto a la reforma del Código Penal, vaticinó que muchas faltas se despenalizarán para ir por la vía administrativa, por lo que los ciudadanos que las recurran tendrán que pagar tasas judiciales. También hay que añadir que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impondrá elevadas multas que mermarán la defensa de los ciudadanos. “Las tasas impiden el acceso a la Justicia, y cuando los ciudadanos lo hagan accederán a un sistema judicial prácticamente desmantelado”, aseguró García.

Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, aseguró que con las tasas judiciales se han cumplido con “creces los peores augurios”, recordando la “indeseada función que los corresponde a los secretarios judiciales de recaudar los tributos de las tasas judiciales”. Los secretarios judiciales pidieron el cese o dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón porque “nos reafirmamos en que la mayoría de las reformas de la Justicia van en contra de los ciudadanos”.

Por su parte, Carnicer ha dado lectura al mensaje enviado por el juez Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente que no ha podido estar presente en el acto. Dolado asegura que se ha evidenciado que hay menos litigiosidad “por una vía que nunca quisimos los jueces, poniendo trabas al acceso de los ciudadanos a su derecho a la tutela judicial efectiva”. Asimismo, exige que el Tribunal Constitucional resuelva ya los recursos presentados y valore la desproporción de la cuantía de las tasas “que incluso ganando un recurso de apelación o se recupera”.

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PANRICO PEDIRA CONCURSO DE ACREEDORES TRAS LA RUPTURA DE LAS NEGOCIACIONES

Panrico está abocada a solicitar el concurso de acreedores tras la ruptura de las negociaciones

Panrico baraja ya la solicitud de concurso de acreedores en los próximos días ante la incapacidad de generar ingresos recurrentes y tras romperse las negociaciones entre los sindicatos y la dirección de la compañía, que ha visto rechazado su plan industrial, según han informado fuentes cercanas.

"Llegados a este punto no hay más opción que el concurso ante la incapacidad de generar ingresos recurrentes y porque cuesta más producir un 'donuts' que venderlo", han señalado las mismas fuentes, que han precisado además que no es lógico que Panrico, con una deuda financiera de aproximadamente seis millones de euros, tenga 70 centros de distribución logística, más que empresas como Danone o Coca-Cola.

El plazo límite para llegar a un acuerdo expira esta semana, por lo que a falta de dos días para lograrlo, Panrico no tiene más remedio que acogerse al concurso de acreedores, casi dos mes después de solicitar el 'preconcurso', ya que se encuentra sin capacidad financiera para poder aguantar más tiempo.

Tras más de veinte horas de reunión, el 'frenazo' en las negociaciones se ha debido a la falta de consenso entre los sindicatos para apoyar un preacuerdo definitivo de Panrico y de un apoyo mayoritario al mismo.

Durante la reunión, según han explicado fuentes sindicales a Europa Press, la mayoría de la mesa estaba dispuesta a firmar el precauerdo, con el respaldo de seis delegados de UGT y uno de CCOO, si bien la compañía consideró que esta mayoría no era "suficiente, ni cualificada" para respaldar el acuerdo y optó por levantarse de la mesa.

Las mismas fuentes han señalado que durante el día de hoy ambas partes 'quemarán el último cartucho' y volverán a reunirse para intentar lograr el respaldo suficiente al acuerdo definitivo.

Condiciones del preacuerdo

El preacuerdo contemplaba extinciones de un máximo de 745 trabajadores, que se realizarán en los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. En función de la buena evolución del negocio las extinciones laborales en los años 2015 y 2016 podrían realizarse o no.

Las indemnizaciones alcanzarán los 25 días de salario por año de servicio con un máximo de 14 mensualidades. Debido a la "grave situación financiera" de la compañía, dichas indemnizaciones podrán ser abonadas en un plazo máximo de 18 meses a contar desde la fecha de efectividad de los despidos. En cualquier caso, la empresa dispondrá las garantías suficientes que se asegure el percibo de dichas indemnizaciones.

Para el resto de trabajadores afectos al convenio se aplicará, según recoge el preacuerdo, una reducción salarial de hasta un máximo del 18% para los salarios correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año.

Desde la compañía no han querido realizar ningún tipo de declaración sobre su situación futura.

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KUTXABANK CONDENADA POR EL SUPREMO A PAGAR 3,5 MILLONES POR PACTOS CONTRARIOS A LA COMPETENCIA

El Tribunal Supremo condena a Kutxa a pagar 

3,5 millones por pactos contrarios a la 

competencia con otras entidades financieras 

durante 15 años

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha notificado una sentencia por la que desestima un recurso de casación interpuesto y confirma la condena a Kutxa al pago de una multa de 3,5 millones de euros por realizar pactos contrarios a la competencia con las entidades BBK, Vital y CAN que duraron al menos 15 años para repartirse el mercado de los territorios históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.

El Alto Tribunal confirma así la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, en concreto por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el 1 de diciembre de 2009. En dicha resolución, la Audiencia Nacional rebajó la pena impuesta a esta entidad financiera en 2007 de 7 millones de euros a 3,5 millones.

Los recursos de casación habían sido interpuestos ante el Alto Tribunal por la Abogacía General del Estado y por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (Kutxa).

El Supremo rechaza los motivos alegados por la Administración del Estado,  ya que determinadas conductas que se consideraban integrantes de la infracción continuada no tienen por objeto restringir la competencia y, además, la reducción de la sanción se sustenta "en la valoración de la naturaleza y circunstancias concurrentes en la conducta colusoria infractora del Derecho de la Competencia".

El motivo de casación esgrimido por Kutxa es rechazado también por el Supremo: la sentencia estuvo debidamente motivada y no fue irrazonable ni arbitrario sancionar las conductas de las entidades financieras conforme a la infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Objeto: restringir la competencia

El pacto se ha acreditado que tenía como objeto restringir la competencia, en la medida que limitaba el ejercicio de la actividad de las entidades financieras en determinadas zonas geográficas  del País Vasco y Navarra.

El propósito de dicho pacto era respetar el ámbito de actuación tradicional de cada entidad en los territorios históricos de foralidad, evitando la competencia entre ellas, compartiendo decisiones en materia de expansión de sucursales y oficinas y coordinando sus prácticas, respecto de la fijación de tipos de interés y de retribución en especie de productos de ahorro a largo plazo.

La Sala descarta la calificación de «cártel», tal como sostuvo la Comisión Nacional de la Competencia, pues no concurre el presupuesto del carácter secreto de los acuerdos colusorios ni el requisito de que las entidades financieras partícipes en los acuerdos de no competencia obtuvieran un grado significativo de poder de mercado.

Sin embargo, resuelve la Sala, “resulta evidente la gravedad y duración del comportamiento infractor, que justifica la imposición de sanción por violación del Derecho de la Competencia”.  

Se adjunta la sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo (Sección Tercera), fechada el 6 de noviembre de 2013. El ponente ha sido el magistrado José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat en los recursos de casación registrados bajo el número 2736/2010. Roj: STS 5343/2013.

Nota: Esta noticia ha sido elaborada por Comunicación del Poder Judicial a los efectos informativos y carece de vinculación legal con la sentencia.

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LABORATORIO FARMACEUTICO GRUNENTHAL INDEMNIZARA A LOS AFECTADOS POR LA TALIDOMIDA

Grünenthal deberá indemnizar a los afectados 

por la talidomida

El juzgado de primera instancia número 90 de Madrid ha condenado a la farmacéutica Grünenthal a pagar una indemnización a los afectados de la talidomida que demandaron a la firma por las deformaciones que les causó ese medicamento administrado como calmante de las náuseas del embarazo.

Concretamente, la farmacéutica deberá pagar 20.000 euros a cada afectado por cada punto porcentual de minusvalía que les haya reconocido la Administración.

La sentencia, hecha pública hoy, no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial en un plazo de veinte días. En ella se estima parcialmente la demanda presentada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España y además de la indemnización, se condena a la farmacéutica a pagar los intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda con el incremento previsto legalmente a partir de esta resolución.

La juez titular, Gemma Fernández Díaz, reconoce en parte la demanda interpuesta por la  asociación y declara como afectados por la Talidomida a los socios de AVITE incluidos en el auto dictado el 6 de noviembre de 2012 que perciban o pudieran percibir en el futuro las ayudas económicas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, excepto las personas que estén recibiendo ayudas de la Fundación Contergan.

El juicio se presentó el pasado 14 de octubre, cuando unas 180 víctimas de malformaciones causadas por este fármaco en España pidieron una indemnización de 204 millones de euros a la firma alemana, que patentó el medicamento en 1955 como tranquilizante

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DIRECTIVOS DE CAJA CASTILLA LA MANCHA, DICEN QUE AVALARON CREDITOS SOSPECHOSOS

Directivos de CCM dicen que avalaron créditos sospechosos

  Los tres miembros de la Comisión Ejecutiva de Caja Castilla La Mancha (CCM) que han declarado este miércoles como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz han asegurado que avalaron créditos sospechosos concedidos por la entidad porque estos contaban con el dictamen favorable del Área de Riesgos y del Comité Superior de Riesgos, según han informado fuentes jurídicas.

Ruz ha interrogado a lo largo de la mañana Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato y Florencio Fernández que ocuparon el cargo en el periodo comprendido entre el mes de julio de 2007 y marzo de 2009 y a los que imputa la comisión de un delito de administración desleal por aprobar "operaciones singulares" que contribuyeron a causar a la entidad un agujero de 267 millones de euros.

   Los tres han puesto de manifiesto que carecían de capacidad ejecutiva en la Caja y que cobraban una dieta de 400 euros por cada reunión a la que asistían. Los encuentros tenían una periodicidad semanal, han puesto de manifiesto las mismas fuentes.

   El catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha Rodríguez Morata, el que fuera presidente de CCM Martín-Peñato y el alcalde socialista de la localidad de Urda, Fernández, han indicado que en los encuentros la caja les facilitaba informes escuetos de las cuantiosas operaciones que debían estudiar ese mismo día.

   Los informes se limitaban a reseñar la cuantía del préstamo, la empresa o particular que lo solicitaba, la valoración del Área de Riesgos y la del Comité Superior de Riesgos, del que formaba parte el exdirector general de la caja Ildefonso Ortega, sin aportar ninguna documentación adjunta.

ENORME VOLUMEN DE ASUNTOS

   Los tres imputados han precisado, en respuesta a las preguntas efectuadas por la Fiscalía, que no solían pedir la documentación completa de la operación debido al enorme volumen de asuntos que se trataban en cada reunión de la Comisión Ejecutiva, que superaban habitualmente el centenar.

   En la causa, en la que se investigan una veintena de préstamos y operaciones crediticias presuntamente irregulares llevadas a cabo por la Caja, ya se encuentra imputados el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y Ortega por delitos de administración desleal, estafa y falsedad contable.

   Ruz imputó el pasado mes de octubre a estos tres exdirectivos y a otros cuatro miembros de la Comisión --José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez Bódalo-- por su responsabilidad en la aprobación de "operaciones singulares" que contribuyeron a la quiebra de la entidad.

   El magistrado tomará declaración mañana a Fresneda, cuyo abogado no ha podido acudir hoy a la declaración, Sanz Sánchez, Jiménez Morante y Sánchez Bódalo. .El juez destacaba en un auto fechado el pasado 15 de octubre que, como administradores de derecho de la sociedad, habrían participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las distintas operaciones económicas analizadas que habrían derivado en el ulterior perjuicio patrimonial para la entidad.

OPERACIONES CONTRARIAS A LA NORMATIVA

En otro auto dictado el pasado mes de enero, el juez solicitaba información sobre los créditos que la entidad concedió en 2007 y 2008 a las sociedades Luis Portillo-Inmobiliaria Colonial, Naropa-Fermoselle (Kopan Cartera), T-Solar Global y Renovalia, así como a las empresas del Grupo Lábaro Whitness Investment Group, Residencial Picón, Sersan Integral y Simcar Proyectos.

Todos ellos, según un informe elaborado por peritos del Banco de España, podrían ser "contrarios a la normativa bancaria y mercantil", por lo que su aprobación podría haber causado un "perjuicio" a la entidad financiera.

Ruz comenzó a investigar los hechos tras admitir a trámite una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en representación del PP en el año 2010.

Indicó entonces que el rescate de la Caja evidenció "de forma palmaria la enorme magnitud y trascendencia de los hechos denunciados para la economía nacional y la seguridad mercantil", así como la existencia de suficientes indicios de un presunto delito defraudatorio contra una "generalidad de personas" afectadas por el "perjuicio patrimonial", como son "los depositantes y los acreedores" de la caja de ahorros.

El Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo de 2009 en una reunión de urgencia la intervención de la caja manchega, que fue la primera en ser nacionalizada con un rescate de 9.000 millones de euros. Moltó y Ortega fueron destituidos de sus cargos por el Banco de España por las presuntas irregularidades derivadas de su gestión.

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CAJASUR RECORTARA SUELDOS Y JORNADAS A SUS EMPLEADOS PARA CONTRARRESTAR LAS CLAUSULAS DE SUELO EN HIPOTECAS

Cajasur plantea recortes salariales, reducciones de jornada y bajas voluntarias en su plantilla

Cajasur evita plantear despidos y propone a sus empleados recortes salariales entre el 2% y el 15%, bajas voluntarias y reducciones de jornada para contrarrestar las pérdidas por la eliminación de cláusulas suelo en sus hipotecas.

La entidad financiera ha planteado a los representantes de los trabajadores esta propuesta de medidas alternativas a los despidos que temían los sindicatos tras anunciarles su intención de repercutir la bajada de ingresos en la partida de personal.

Cajasur ha calculado en 3,3 millones de euros las pérdidas por la eliminación de las cláusulas suelo por orden judicial en parte de sus hipotecas sólo en el mes de noviembre.

Los 2.100 trabajadores de Cajasur ya conocen cómo afectarán a la plantilla las pérdidas de ingresos de la entidad financiera por la ejecución del fallo judicial que le ha obligado a eliminar las cláusulas suelo de parte de sus hipotecas. En una reunión, los representantes de los trabajadores han sido informados de la propuesta del banco, que plantea recortes salariales, bajas voluntarias y reducciones de jornada para, aseguran, amortiguar la falta de los ingresos por las cláusulas suelo eliminadas.

Así, las medidas propuestas por el banco y transmitidas a sustrabajadores pasan por reducciones salariales temporales de entre un 2% y un 15%, bajas voluntarias incentivadas, reducciones de jornada de un 50% durante tres años, suspensiones de contrato temporales voluntariamente y suspensiones de la aportaciones al plan de pensiones durante 2014, según han informado fuentes sindicales tras la reunión.

Esta serie de medidas con repercusión salarial y laboral sobre los empleados de Cajasur se plantean tras haber valorado el banco en 3,3 millones de euros el coste total que solo en este mes de noviembre –primer mes completo en el que se aplica la eliminación de las cláusulas-  dejará de percibir por este concepto según les obliga una sentencia judicial.

No se plantean despidos

Así las cosas, en este momento no se han planteado los despidos que los sindicatos temían tras el anuncio de Cajasur de un ajuste laboral por las pérdidas de ingresos en sus hipotecas. Y es que éste era un compromiso que los representantes de los trabajadores habían exigido al banco para sentarse en la mesa de negociación tras la primera reunión mantenida la pasada semana donde se les comunicó que se aplicarían recortes en la partida de personal.

Desde Aspromonte -el sindicato mayoritario en Cajasur- han mostrado su optimismo porque laentidad bancaria “ha descartado totalmente adoptar cualquier tipo de medida que suponga destruir empleo en CajaSur". En este sentido, la plantilla de trabajadores ya sufrió cerca de 700 despidos cuando la caja cordobesa fue absorbida por el grupo Kutxabank. Y en los últimos cuatro años, los empleados actuales han visto congelados sus salarios y eliminadas varias pagas.

Cabe recordar que, a primeros de este mes de noviembre, se dio a conocer que Cajasur dejaría de aplicar de inmediato las cláusulas suelo de unas 20.000 hipotecas tras obligarle a ello el Juzgadode lo Mercantil de Córdoba que emitió un auto desestimando el recurso de la entidad financiera contra la ejecución de esta medida, contemplada en una sentencia anterior.

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OBLIGAN A UN HOTEL CONSTRUIDO EN HIELO A INSTALAR ALARMA DE INCENDIOS

Obligan a un hotel construido con hielo a instalar alarma de incendios

Un famoso establecimiento hotelero sueco, situado en la localidad de Jukkasjärvi, y cuya principal característica es que está hecho de hielo, ha sido obligado por las autoridades municipales a instalarun sistema contra incendios. Ni al diablo se le podría haber ocurrido una normativa tan curiosa.

Una de las suite  del Ice Hotel (FLICKR / bjaglin)

La medida, aunque parezca de coña, tiene su lógica ya que el hotel guarda en su interiormuchos objetos inflamables: como almohadas, ropa de cama, decorativas pieles de reno  o muebles de madera. Así que la administración está obligada por ley a exigir una protección contra el fuego. Además, siempre puede visitar el establecimiento James Bond y dejarlo como un solar (parecido a lo que ocurrió con la residencia de hielo en la película Muere otro día).

Por su parte, los dueños del Ice Hotel van a tener que realizar un gasto muy importante para un uso efímero: el hotel se deshace todas las primaveras y hay que reconstruirlo cada invierno. “La seguridad de nuestros clientes es lo primero y vamos a realizar todas las mejoras para cumplir con la ley“, indicó en un medio local Beatrice Karlsson, portavoz del establecimiento.

Lo que era un negocio rentable se puede convertir en un quebradero de cabeza por culpa de una chispita. De todas formas, para minimizar la inversión, los propietarios van a invitar a una serie deartistas internacionales para que ejerzan como padrinos del Ice Hotel, y a través de ellos atraer financiación. ¿Os apuntáis a un concierto bajo el hielo?

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SORAYA SUGIERE A MEDIASET QUE MODERE SUS CONTENIDOS

Soraya se acerca más a Lara y sugiere a Mediaset que debe moderar sus contenidos

La vicepresidenta del Gobierno evidencia sus estupendas relaciones con el presidente de Planeta y Atresmedia. Ambos apelan en un acto a la "responsabilidad" de las televisiones en la formación de los menores. Continúa el bloqueo del dividendo digital y los canales de TDT.

El idilio entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente del Grupo Atresmedia, José Manuel Lara Bosch, se hace cada vez más evidente. Sin ir más lejos, volvió a quedar patente este martes durante unas jornadas convocadas por la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca). No solo es que se dedicasen elogios al pasarse micrófonos. Además, la números dos del Ejecutivo aprovechó para lanzar una crítica, velada pero evidente, a Mediaset, principal competidor de Lara. Y es que Soraya hizo hincapié en que las televisiones deben cuidar más sus contenidos para no dañar a los menores y se encargó de recordar la reciente puesta en marcha de un organismo presuntamente independiente con capacidad real para sancionar a las cadenas. Un mensaje sin destinatario fijo que, sin embargo, la mayoría de los presentes interpretó en dirección al grupo propietario de Telecinco y Cuatro. 

En concreto, la vicepresidenta del Gobierno pidió a los principales directivos de la televisión en España presentes en el acto que afronten su "enorme responsabilidad" en la educación de los más jóvenes y vulnerables de la sociedad. "La televisión -sostuvo- es un medio con un enorme protagonismo en nuestras vidas cotidinanas, y ese poder acarrea una enorme responsabilidad cuando se trata de menores y adolescentes, porque cuando encienden una pantalla, no pueden exponerse indefensos a contenidos susceptibles de influirles negativamente por una mala interpretación". 

¿A qué contenidos se refería? No lo dijo, claro, pero no parece difícil adivinarlo si se piensa en determinados programas de Mediaset como Sálvame. Casualmente o no, el discurso de la vicepresidenta del Ejecutivo coincidió, en buena medida, con las palabras que Lara había pronunciado unos momentos antes, al presentarla: "Las televisiones están llamadas a tener un papel más importante del que nosotros nos creemos en la formación, y más en tiempo de cambios; creo que existe esa voluntad de afrontar nuestra responsabilidad social corporativa, esa expresión de moda, que es algo más compleja que en otros sectores". Afirmaciones ambas que escuchó de cerca el presidente de Mediaset Esapaña, Alejandro Echevarría, presente en el acto. No acudió, en cambio, el consejero delegado,Paolo Vasile, quien toma las decisiones en el grupo. 

Comisión sancionadora

Además de apelar a la necesidad de unos contenidos más edificantes, Soraya recordó que desde octubre está funcionando la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), un organismo que creó el Ejecutivo para unificar diferentes organismos reguladores. Hace unos días el Gobierno terminó los trámites de nombramientos para poner en marcha esta comisión que se ha dado en llamar superregulador. Fuentes del sector indican que la preocupación en Mediaset es creciente por la puesta en marcha del organismo sancionador. Si la CNMC empieza a sancionar, algunos de sus programas son probables objetivos de sanciones. Sin embargo, desde el grupo dirigido por Vasile niegan tajantemente ese extremo.

En todo caso, lo innegable es el mensaje que envió Soraya Sáenz de Santamaría. E igualmente innegable es la capacidad que tiene la CNMC para interponer sanciones a las televisiones. Así se estipula en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de este organismo. En el artículo 9 queda claro que tiene competencias en la supervisión del mercado de comunicación audiovisual. Y en el artículo 31 se recoge la potestad sancionadora que tiene la comisión. Y, por cierto, las autoridades de la UE han puesto en duda la independencia de esta comisión. 

¿Y el dividendo digital y los canales de TDT?

En la reunión de las televisiones privadas celebrada en Madrid este lunes el foco estaba, antes de que Soraya hablase, en qué ocurrirá con el asunto del dividendo digital y, sobre todo, la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a eliminar nueve canales de TDT. Ambas cuestiones están íntimanente relacionadas. El Gobierno prometió ejecutar la sentencia y también aseguró que el 1 de enero estaría en marcha el "dividendo digital". Ahora, la situación está bloqueada en dos sentidos. Por un lado, el Alto Tribunal aún tiene pendiente resolver los recursos de las partes implicadas. Y, por otro lado, continúan las conversaciones entre las cadenas privadas y el Ejecutivo, como reconoció la pasada semana el titular de Industria, José Manuel Soria, pero el acuerdo no se atisba cercano. De hecho, tras las palabras de Soria, la propia Uteca emitió un duro comunicado en que urgió al Gobierno a "zanjar las incertidumbres" sobre el dividendo digital y la TDT.    

Sobre este asunto, clave para el futuro de la televisión en España, en el foro de Uteca todo fueron meras declaraciones de intenciones. La vicepresidenta del Gobierno apeló a la"negociación entre todos" los implicados encaminada a encontrar "un modelo que, con pleno respeto a las exigencias legales y a nuestros tribunales, concilie las necesidades y requerimientos técnicos con la seguridad que necesita el sector para su proyección de futuro". Suena muy bien, pero no aclaró cómo llegar a ese acuerdo más allá de la petición de diálogo. Al clausurar la jornada, el propio Lara se refirió al asunto y defendió, en su línea, que "no existen razones técnicas para la reducción de la oferta de canales", pero tampoco apuntó soluciones. 

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EL MUNDO CALIFICA DE OBSCENO EL PACTO ENTRE EL PP Y PSOE Y EL PAIS SEÑALA QUE OTRA ALTERNATIVA NO ES DESEABLE

El Mundo califica el pacto entre el PP y PSOE de obsceno y El País señala que otra alternativa no es deseable

El Mundo destaca que ambos partidos están demostrando que carecen del menor interés en la Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo.

El País señala que la alternativa a la intervención política en los nombramientos consiste en que los jueces se gobiernen a sí mismos, una opción nada deseable, porque un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo.

Editorial de El Mundo: Un pacto obsceno para controlar el poder judicial

El diario El Mundo publica en su editorial que el Partido Popular y el Partido Socialista han designado a los componentes del Consejo general del Poder Judicial en base a sus inveteres políticos y se han puesto de acuerdo en el nombre del futuro presidente. Según este diario, se han repartido el órgano de gobierno de la Justicia como si fuera un consejo de administración.

Esta cabecera explica en su editorial que el PSOE siempre ha defendido que los miembros del CGPJ debían ser nombrados a dedo, pero apunta que el PP llevaba en su programa electoral la reforma del sistema para que los jueces eligieran directamente a sus 12 representantes.  El Mundo destaca que el PP ha optado por mantener este sistema que la garantiza el control del aparato judicial.

En su editorial, El Mundo, destaca que ambos partidos están demostrando que carecen del menor interés en la Justicia independiente y que sus palabras sobre la regeneración ética y la lucha contra la corrupción son una simple cortina de humo. El editorial concluye destacando que será imposible que los ciudadanos crean en la Justicia mientras los altos tribunales y el fiscal general del Estado no demuestran que existe el mismo rasero para todos.

Editorial de El País: La batalla judicial

El diario El País señala en su editorial que el nuevo Consejo General del Poder Judicial corre el peligro de quedar estructuralmente debilitado.  Esta cabecera explica que con el criterio de ahorrar costes, la reforma legal llevada a cabo ha retirado a 14 de los 20 vocales el carácter de miembros permanentes, de modo que la mayoría de los miembros del Consejo harán compatible esa función con tareas profesionales o jurisdiccionales.

Esta cabecera destaca que el  PP había adoptado un rumbo inquietante con la reforma de la Ley del Poder Judicial, llevada a cabo de forma unilateral gracias a la mayoría absoluta.  El País destaca que con la negociación con el PSOE, CiU, PNV e IU, el futuro órgano contará con más apoyo que la mayoría  del partido gobernante.

El País destaca que la alternativa a la intervención política en los nombramientos consiste en que los jueces se gobiernen a sí mismos, una opción nada deseable, porque un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo, sino vincularse, directa o indirectamente, a la soberanía popular.

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BRASIL EN ALERTA: EPIDEMIA DE DENGUE EN 682 CIUDADES

Alerta en Brasil: temen una epidemia de 

dengue en 682 ciudades

La advertencia lanzada por el Ministerio de Salud del país alcanza a importantes capitales regionales, como Río de Janeiro, Salvador y Fortaleza

El Ministerio de Salud de Brasil anunció, este martes, que 682 ciudades del país han sido declaradas en estado de alerta o riesgo por el dengue, enfermedad que, entre enero y septiembre de este año, causó la muerte de 530 personas.

La declaración afecta a importantes capitales regionales, como Río de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Campo Grande, Boa Vista, Vitoria, Goiania, Palmas, Acarajú, Sao Luiz y Campo Grande.

Según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Salud, entre enero y septiembre pasados se registró en el país un total de 1,4 millones de casos de dengue. Esas cifras contrastan con las del año pasado, cuando el número de casos se situó en 537.000, con 283 muertes.

Frente a esa mayor incidencia de la enfermedad, la Secretaría de Vigilancia del Ministerio de Salud analizó la situación en miles de municipios del país y decidió declarar el estado de alerta o riesgo, debido a la alta población detectada de mosquitos Aedes aegypti, el transmisor del virus.

En esas ciudades serán reforzadas las campañas de información sobre el dengue y el combate al mosquito transmisor, que con las habituales lluvias de los meses del verano austral, que comienza en diciembre próximo, encuentra el hábitat ideal para su reproducción, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

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VENEZUELA: CAMARA DE COMERCIO ANUNCIA QUE EN DICIEMBRE YA NO HABRA PRODUCTOS

La Cámara de Comercio de Venezuela adelanta 

que en "diciembre ya no habrá productos"

Muchas de la tiendas ya están sin stock. La reducción de hasta el 70% que dictaminó el presidente Maduro hizo que los productos desaparecieran de las góndolas. Muchos empresarios anticiparon que no repondrán mercadería

Gilberto Gudiño Millán, director de la Cámara de Comercio y Servicios del Zulia (Ucez), afirmó para el diario La Verdadque prácticamente todos los locales de venta de electrodomésticos se quedaron sin inventario por la intervención del gobierno de Nicolás Maduro.

"La situación es crítica, preocupante. Pasa no sólo con las tiendas de artefactos, sino con todas las de los rubros que son atacados y fiscalizados. Eso permite prever que próximamente estaremos viviendo una crisis sin precedentes, porque las empresas ya están sin stock, lo que indica que para diciembre no habrá productos", alertó.

Gudiño Millán afirmó que por la "política de presión", los comerciantes difícilmente arriesgarán su capital para la inversión en la reposición de la mercancía necesaria.

"Cuando la gente vaya a las tiendas, se va a molestar porque no va a encontrar lo que necesite. Diciembre será crítico realmente, eso nos causa preocupación. Se ha querido endosar esta crisis al empresariado, pero la verdad es que este sistema lo creó el Gobierno. El comercio está afectado, pero al final el consumidor será el más perjudicado", agregó.

El empresariado venezolano está en la mira del presidente Nicolás Maduro. Siempre según su discurso, son los responsables de una guerra económica contra el pueblo. Los acusa de acaparamiento y de "inflar" los precios en detrimento de los consumidores. Días atrás, ordenó la intervención de los comercios de electrodomésticos para eliminar lo que él califica como "sobreprecios". En esa cruzada, ya son un centenar los comerciantes detenidos por el gobiernochavista.

Mientras, miles y miles de venezolanos se agolpan en las puertas de las tiendas con la esperanza de comprar productos con descuentos. En algunos casos, el "precio chavista" es 70% menor al marcado por el comercio. Esa espera ya causó incidentes que terminaron en principios de saqueo.

Los empresarios aseguran estar desesperados. La foto de un comerciante que rompe en llanto mientras los militares lo detienen en el hall central de su tienda ya dio vueltas al mundo. "Yo compré a 60 mil bolívares, no puedo venderlo a seis", gritaba entre sollozos Hakim Riffai.

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