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miércoles, 20 de noviembre de 2013

CAJASUR RECORTARA SUELDOS Y JORNADAS A SUS EMPLEADOS PARA CONTRARRESTAR LAS CLAUSULAS DE SUELO EN HIPOTECAS


Cajasur plantea recortes salariales, reducciones de jornada y bajas voluntarias en su plantilla

Cajasur evita plantear despidos y propone a sus empleados recortes salariales entre el 2% y el 15%, bajas voluntarias y reducciones de jornada para contrarrestar las pérdidas por la eliminación de cláusulas suelo en sus hipotecas.
La entidad financiera ha planteado a los representantes de los trabajadores esta propuesta de medidas alternativas a los despidos que temían los sindicatos tras anunciarles su intención de repercutir la bajada de ingresos en la partida de personal.
Cajasur ha calculado en 3,3 millones de euros las pérdidas por la eliminación de las cláusulas suelo por orden judicial en parte de sus hipotecas sólo en el mes de noviembre.

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Los 2.100 trabajadores de Cajasur ya conocen cómo afectarán a la plantilla las pérdidas de ingresos de la entidad financiera por la ejecución del fallo judicial que le ha obligado a eliminar las cláusulas suelo de parte de sus hipotecas. En una reunión, los representantes de los trabajadores han sido informados de la propuesta del banco, que plantea recortes salariales, bajas voluntarias y reducciones de jornada para, aseguran, amortiguar la falta de los ingresos por las cláusulas suelo eliminadas.
Así, las medidas propuestas por el banco y transmitidas a sustrabajadores pasan por reducciones salariales temporales de entre un 2% y un 15%, bajas voluntarias incentivadas, reducciones de jornada de un 50% durante tres años, suspensiones de contrato temporales voluntariamente y suspensiones de la aportaciones al plan de pensiones durante 2014, según han informado fuentes sindicales tras la reunión.
Esta serie de medidas con repercusión salarial y laboral sobre los empleados de Cajasur se plantean tras haber valorado el banco en 3,3 millones de euros el coste total que solo en este mes de noviembre –primer mes completo en el que se aplica la eliminación de las cláusulas-  dejará de percibir por este concepto según les obliga una sentencia judicial.

No se plantean despidos

Así las cosas, en este momento no se han planteado los despidos que los sindicatos temían tras el anuncio de Cajasur de un ajuste laboral por las pérdidas de ingresos en sus hipotecas. Y es que éste era un compromiso que los representantes de los trabajadores habían exigido al banco para sentarse en la mesa de negociación tras la primera reunión mantenida la pasada semana donde se les comunicó que se aplicarían recortes en la partida de personal.
Desde Aspromonte -el sindicato mayoritario en Cajasur- han mostrado su optimismo porque laentidad bancaria “ha descartado totalmente adoptar cualquier tipo de medida que suponga destruir empleo en CajaSur". En este sentido, la plantilla de trabajadores ya sufrió cerca de 700 despidos cuando la caja cordobesa fue absorbida por el grupo Kutxabank. Y en los últimos cuatro años, los empleados actuales han visto congelados sus salarios y eliminadas varias pagas.
Cabe recordar que, a primeros de este mes de noviembre, se dio a conocer que Cajasur dejaría de aplicar de inmediato las cláusulas suelo de unas 20.000 hipotecas tras obligarle a ello el Juzgadode lo Mercantil de Córdoba que emitió un auto desestimando el recurso de la entidad financiera contra la ejecución de esta medida, contemplada en una sentencia anterior.

lunes, 21 de octubre de 2013

LOS JUECES INVESTIGAN A TODOS LOS BANCOS RESCATADOS, MENOS CAJASUR QUE FUE DE LA IGLESIA


Los jueces investigan todos los bancos rescatados salvo Cajasur

catalunya banc


La decisión de la Audiencia Nacional el pasado miércoles de abrir una investigación a Catalunya Banc por la venta de "productos tóxicos" supone que este tribunal tiene ya causas abiertas con todas las entidades nacionalizadas, salvo la andaluza Cajasur

El juez Fernando Andreu debe investigar, por orden de la sala de lo penal de la Audiencia, una querella de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) contra el Consejo de Administración de la entidad -la antigua Caixa Catalunya, que hoy opera con la marca comercial CatalunyaCaixa- por delitos de estafa y apropiación indebida. Los "productos tóxicos" citados en la querella son swaps, participaciones preferentes, deuda subordinada y cláusulas suelo, que muchos clientes de Catalunya Banc adquirieron "guiados o aconsejados por los comerciales o directores de las sucursales", según el tribunal. 

La causa abierta a la entidad catalana se suma así a una lista iniciada en julio de 2010 con la que afecta a Caja Castilla-La Mancha (CCM) a raíz de una querella presentada por el exfiscal Ignacio Gordillo en nombre del PP. El pasado martes, el juez Pablo Ruz imputó a siete miembros de su Comisión Ejecutiva que, según la Fiscalía, aprobaron "una serie de operaciones singulares" que habrían derivado en perjuicio patrimonial para la entidad, con un "agujero" de 267 millones de euros. 

Los siete nuevos imputados se suman a los dos que había hasta ahora: el expresidente de CCM Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general Ildefonso Ortega. En noviembre de 2011, el magistrado Fernando Grande Marlaska -entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, que hoy ocupa Javier Gómez Bermúdez- admitió una querella contra la ex directora general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) María Dolores Amorós, a la que luego se han sumado varias contra los miembros de la antigua cúpula de la entidad. El 26 de junio de 2012, el juez Ismael Moreno admitió la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso contra cinco antiguos directivos de Caixa Galicia y Caixanova -ahora fusionadas en Novacaixagalicia (NCG)- por mejorar sus contratos sin comunicárselo al Consejo de Administración y cobrar así indebidamente 7,87 millones aportados por el Estado. 

Por esas mismas fechas, su compañero Santiago Pedraz se hizo cargo de la denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) contra la antigua dirección del Banco de Valencia, intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011 tras conocerse que sus necesidades de provisiones ascendían a 562 millones. 

Finalmente, el 4 de julio de 2012 el juez Andreu admitió a trámite una querella de UPyD y abrió una investigación sobre la constitución de Bankia y su salida a bolsa, imputando a su expresidente Rodrigo Rato y a otros 32 miembros del Consejo de Administración. Posteriormente, la sala de lo penal le ordenó ampliar la investigación a la comercialización de participaciones preferentes por parte de las siete cajas -Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja- que se integraron en Bankia. 

Además de estas causas, en la Audiencia Nacional se instruyen otras relacionadas con entidades no nacionalizadas como Banca Cívica -adquirida por CaixaBank- o Caixa Penedés -que ahora forma parte de BMN-.
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