ESPAÑA: LA UNION DE PSOE, IU Y UPyD PARA INVESTIGAR CAJA MADRID, TELEMADRID Y CANAL DE ISABEL II

Frente común de PSOE, IU y UPyD para investigar Caja Madrid, Telemadrid y Canal de Isabel II

• El 'tripartito' quiere que se abran tres comisiones de investigación, cuyo objeto ya ha sido rechazado anteriormente por el PP

En mayo de 2015 los madrileños pasan por las urnas. Queda menos de un año y medio para los comicios y los tres partidos de la oposición PSOE, IU y UPyD han unido sus fuerzas en la Cámara autonómica para pedir tres comisiones de investigación. La iniciativa ha partido de los magenta.

Se trata de, por una parte, una Comisión sobre Caja Madrid. El ejercicio de las competencias que con respecto a la entidad ha ejercido el Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2005-2012. También otra sobre el Canal de Isabel II y las relaciones entre el Ejecutivo autonómico, la empresa pública y los responsables de la extinta Caja Madrid, para la realización de acciones encaminadas a la privatización del agua y, finalmente, una Comisión de Telemadrid sobre la gestión del ente público desde 2007 hasta la actualidad.

El Artículo 75.1 del Reglamento de la Asamblea de Madrid establece que "la Mesa, a propuesta de dos quintas partes de los miembros de la Asamblea, acordará la creación de una Comisión de Investigación sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de competencias de la Comunidad de Madrid". Pero el PP se ha encargado de precisar que ha de ser, además, de "interés general", para que sea aprobada y si "son de Competencia de la Comunidad de Madrid".

Los socialistas reclamarán también que se celebren plenos por la mañana en la Asamblea de Madrid

La escenificación de la petición la han hecho los tres portavoces de los grupos: Luis de Velasco (UPyD); Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU). Los dirigentes han coincidido en que les ha unido el "hartazgo" de la situación en la que se encuentran los grupos políticos. Acusan al Ejecutivo autonómico de encorsetar y restringir y reducir la calidad democrática de la Asamblea de Madrid.

Básicamente, se refieren a número sin fin de iniciativas de la oposición que no llegan a ser debatidas al no ser calificadas en la Mesa -órgano de Gobierno del Parlamento regional- en donde el PP detenta la mayoría aboluta. De igual forma, se quejan del contenido de las contestaciones parlamentarias del Ejecutivo regional da sus peticiones de información, esencial para su labor fiscalizadora y de oposición. Básicamente, se traducen en invitaciones a desplazarse hasta las dependencias de la Administración autonómica en donde está el expediente que reclaman para poder consultarlo. Es decir, que la contestación tipo es que no les pueden mandar la documentación por el volumen de información.

La petición de comisión de investigación se registrará oficialmente mañana y será la Mesa de la Asamblea la que determine si se acepta o no. Asimismo, los socialistas registrarán iniciativas en la que se pide la modificación del Reglamento de la Cámara, aprobado en enero de 1997 por unanimidad de los grupos. Quiere que se debata en plenos diferentes la fiscalización al Gobierno y la parte propositiva, como sucede en el Congreso de los Diputados. Eso supondría, también la petición de que se celebren las sesiones por las mañanas y no que acaben de madrugada, como es habitual los jueves, para que pueda ser seguido por los madrileños.

Otro punto importante que reclaman es que el presidiente del Gobierno autonómico comparezca en la Cámara para dar explicaciones y no sólo que conteste preguntas de tres minutos a la oposición, en el apartado de control que se ejerce al comienzo del Pleno.

La ausencia de contestaciones ha llevado tanto a PSOE como a UPyD a pedir el amparo, en reiteradas ocasiones, de los tribunales para que defienda su derecho fundamental a recibir esa información.

Respuesta del Partido Popular

Después de la comparecencia de los portavoces de la oposición le llegó el turno al del PP quien, básicamente, se limitó a atacar a Tomás Gómez. "Es paradójico que quien nunca da explicaciones las pida ahora", precisó. Dijo que su partido no se opone a que se modifique el reglamento pero hay que ver en qué se ha de discutir.

Asimismo, negó que la Asamblea de Madrid sea una institución antidemocrática por efecto del rodillo de la mayoría del PP, para luego pasar a atacar a los grupos de lo oposición de la "poca claridad" de sus cuentas, de si con ellas financian o no a sus partidos. Asimismo, anunció iniciativas en este sentido para la próxima reunión de la Junta de Portavoces de la próxima semana.

Repecto a las comisiones de investigación, dijo que ese no es un asunto que competa al su grupo, al PP, que es una cuestión que tiene que dirimirlo la Mesa de la Asamblea, pero que si cumple los requisitos reglamentarios, entiende que no tiene por qué llegar a buen puerto. Eso sí, tiró de informe de la Cámara para decir que los servicios jurídicos de la Cámara ya, anteriormente, han rechazado que se pudiese celebrar ninguna investigación sobre Caja Madrid por ser una cuestión que "excede de las competencias" de la Asamblea. Hay que recordar que dos de las tres peticiones de de investigación están relacionadas con Caja Madrid.

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ESPAÑA: PP Y PSOE IMPLICADOS EN UNA TRAMA EN GALICIA

Una trama de corrupción que salpica a PP y PSOE sacude la política gallega

La Operación Pokémon destapa una red de empresas y gobernantes a la caza de contratas

El sumario cuyo secreto se ha levantado parcialmente alcanza los cien imputados

• La red pactó con alcaldes las bases de concursos públicos
• El PP renovó los vínculos del PSOE con la trama investigada
• PP y PSOE se unen para apelar a la presunción de inocencia

Alcaldes y concejales supuestamente a sueldo de una empresa de contratas públicas, funcionarios conseguidores, partidos políticos con labores de agencia de colocación, financiación ilegal en tiempos de elecciones, facturas falsas, infladas, trucadas, concursos amañados e incluso dictados a la Administración local, y regalos, muchos regalos para quien se quisiese dejar querer, presuntamente a cambio de favores: Rolex de oro por valor de seis mil euros y otros agasajos, como vinos de lujo en cantidad suficiente para “montar un bar”. Así se podría resumir la gruesa trama que intenta desenmarañar la Operación Pokémon, ahora que la juez de Lugo Pilar de Lara ha levantado el secreto de parte del sumario. De momento se conocen, en todo o en parte, solo 26 tomos, pero en ellos ya aparece descrito un panorama de corrupción que salpica igualmente a los dos grandes partidos de Españaademás de a CiU y BNG, y en el que aparecen en calidad de imputados tres alcaldes y cinco exalcaldes, seis de ellos gallegos, además de uno asturiano y otro catalán.

El entramado, tal y como se sostiene con testimonios recogidos por la magistrada y pinchazos de la Agencia Aduanera, se vertebra en torno al grupo Vendex, una colección de empresas a la presunta caza y captura de concesiones públicas. Vendex tiene su matriz en Madrid, pero posiblemente su mayor coto lo tuviese en Galicia. Gestión de ORA y grúa, servicios de conserjería y limpieza, guarderías, ayuda a domicilio para mayores y dependientes, instalaciones deportivas, museos, teatros, jardines públicos, acuarios, edificios emblemáticos... Cualquier materia susceptible de convertirse en una contrata con cargo al dinero de los ciudadanos. La operación suma ya un centenar de imputados que van desde el presidente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta, hasta sus tentáculos en la comunidad autónoma y políticos de la talla delalcalde de Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE); el que lo fue de Ourense hasta que estalló la Pokémon, Francisco Rodríguez (PSOE); el anterior y el actual regidor de Santiago, ambos del PP, Gerardo Conde Roa y Ángel Currás; y el presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil en tiempos del Gobierno socialista, Francisco Félix Fernández Liñares.

Este hombre precisamente, exconcejal poderosísimo y mano izquierda de Orozco en Lugo, fue, en realidad, el punto de partida, la primera pista, podría decirse que el primero de los personajes de esta colección Pokémon. El nombre del operativo lo eligieron los agentes de Aduanas, el equipo con el que ya siempre trabajan las dos juezas (las de Instrucción 1 y 3) que en Lugo, desde hace más de un lustro, han hecho temblar hasta los cimientos de la muralla romana, sacando a la luz toda la turbiedad de una ciudad disfrazada de apacible. El Queen's, el burdel que centralizaba la mayor mafia de prostitución que se investiga en Galicia, era propiedad de un exfuncionario y trabajador de la ORA del que Pilar de Lara siempre sospechó que era testaferro de Liñares. Y de ahí, de la Operación Carioca contra la prostitución, se llegó en poco tiempo al empresario de farmacia Jorge Dorribo, que terminó acusando a José Blanco y dio lugar al Caso Campeón. Mientras tanto, al hilo de Liñares, en origen objetivo principal de la juez, llegó la Pokémon, que en Santiago derivó en laOperación Manga y en Coruña (con el consistorio ahora en plena investigación), en la Pikachu. Esta última a punto estuvo de llamarseDoraemon, porque uno de los responsables del caso proponía “cambiar de saga”.

Todos estos universos aparecen cuajados de personajes conocidos por sus alias. El modo de actuar del grupo empresarial Vendex para captar contratos era, según un informe del Servicio de Vigilancia Aduanera incluido en los tomos que se han conocido, semejante al de las “organizaciones criminales del narcotráfico o el blanqueo”. Los agentes pincharon sus teléfonos, siguieron a políticos y representantes de la empresa (incluso hasta el restaurante Zalacaín, en Madrid), grabaron vídeos y tomaron instantáneas de los encuentros furtivos. Esto, fundamentalmente, desde el año 2011 hasta verano de 2012. Cuando se sintieron espiados, según Aduanas, los protagonistas empezaron a hablar en clave, a dar vueltas laberínticas en sus citas para despistar, a anunciar direcciones erróneas para sus encuentros y a protegerse, incluso, con contravigilancia.

Paquetes de Seur con miles de euros

En el lenguaje de la trama, los paquetes de dinero negro que (puntualmente a veces o con un retraso que exasperaba a algún político) enviaba supuestamente Vendex desde Madrid a través de Seur, eran conocidos como “quesos”, “botes de pintura” o “prensa deportiva”, porque por lo general llegaban envueltos en papel de periódico con noticias de fútbol. La juez trata de demostrar que estos bultos de algo menos de un kilo se destinaban a pagar la mediación que supuestamente hicieron políticos como Orozco (del que un testigo dice que cobraba 2.000 euros), Liñares o el exconcejal del BNG en Ourense Fernando Varela.

Los pinchazos telefónicos, que también implican de lleno en la trama a responsables de la empresa Aquagest, revelan que, incluso durante la noche electoral de las últimas municipales, los empresarios estaban inquietos porque los Gobiernos locales cambiasen de manos. “Están perdidas, y ahora hay que agarrarse los machos”, comentaban por teléfono, a la vista de que los supuestos pactos con el PSOE serían papel mojado al llegar el PP. Pero no fue así. Tanto en Santiago como en A Coruña, según las escuchas, integrantes y asesores de las nuevas Corporaciones heredaron de los socialistas los vínculos con las tramas. Y casi desde el primer momento de llegar al Gobierno, con miembros del PP como el concejal coruñés Julio Flores o, en Santiago, buena parte del equipo. Mientras tanto, los investigadores creen que Vendex seguía beneficiándose de los servicios prestados por ediles que habían sido deportados por las urnas a la oposición, como Bernardino Rama (Santiago) y José Nogueira (A Coruña). A cambio, supuestamente, en bastantes de los casos además de dinero los políticos lograrían enchufar a personas próximas en las contratas favorecidas.

Para hablar sobre estos políticos, cuando sospechan que están siendo vigilados, los representantes de las empresas usan motes. Así, por las decenas de miles de folios de la Pokémon desfilan Garbancito, Ojo de Lince, Cachas Negras, El Cura, Pijolandia, Puñales o Amapola.

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ESPAÑA: LA JUEZ QUE QUITO LA RAZON AL PSOE ES CUÑADA DE UN CONSEJERO DEL PP

La juez que quitó la razón al PSOE en La Palma es cuñada de un consejero del PP

Oscarina Muñoz es pareja del hermano de Raúl Camacho, consejero de Turismo del Cabildo palmero.

Ferraz duda de su imparcialidad y estudia recusarla y quejarse ante el Consejo General del Poder Judicial

Habrá recurso contra el auto, asegura el secretario de Organización, “y mantendremos las expulsiones”

La juez que firmó el explosivo auto por el que ha quedado suspendida cautelarmente la expulsión del PSOE de los seis consejeros socialistas en el Cabildo de La Palma, Oscarina Inmaculada Muñoz García, es cuñada de un consejero del Partido Popular en esa institución, según han asegurado este jueves diversas fuentes socialistas a Canarias Ahora. Su interés indirecto en la causa vendría motivado por el de su cuñado, Raúl Camacho, consejero de Turismo, que perdería la condición de miembro del gobierno insular si el fallo de la magistrada hubiera ido en sentido contrario. La Ejecutiva Federal del PSOE estudia recusarla y plantear una queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

La juez Oscarina Muñoz, titular de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa Cruz de La Palma, resolvió este mismo jueves aceptar la petición de suspensión cautelar de la expulsión de los seis consejeros socialistas que en noviembre pasado interpusieron una moción de censura contra la presidenta del Cabildo palmero, Guadalupe González Taño, de Coalición Canaria, para formar un gobierno presidido por Anselmo Pestana (expulsado del PSOE) apoyado por los seis consejeros del Partido Popular.

El Partido Socialista anunció la tarde noche del jueves su intención de recurrir el auto de la magistrada y estudiar la posibilidad de recusarla dentro del plazo de veinte días contados a partir del momento de conocer su posible causa de abstención obligatoria por interés indirecto, que en este caso sería el de su cuñado, Raúl Camacho. La magistrada es pareja del dentista de Los Llanos de Aridane Pedro Antonio Camacho, con quien tiene una hija.

Fuentes socialistas indicaron que, en cualquier caso, las acciones a emprender corresponden a la Ejecutiva Federal, órgano que abrió y ejecutó los expedientes de expulsiones y que esta misma semana ordenó la suspensión de la actividad orgánica en la Agrupación Insular de La Palma. Ha sido también Ferraz quien ha conducido todos los procesos legales.

“El objetivo no va a cambiar, corregiremos los defectos formales que se hayan podido cometer y mantendremos nuestra firme determinación de expulsar “ a los seis consejeros socialistas, declaró a este periódico un destacado dirigente del PSOE. El secretario de Organización, Julio Cruz, lo refrendaba minutos después.

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EL PSOE VOTA A FAVOR DE QUE LOS ETARRAS DE LA PAROT PUEDAN COBRAR EL SUBSIDIO

El PSOE vota en contra de que los etarras de la Parot no puedan cobrar subsidios

El Congreso de los Diputados instó este miércoles al Gobierno, con los votos a favor de UPyD y el Partido Popular, a que adopte las medidas que sean necesarias para que los etarras y que han salido en libertad tras la derogación de la doctrina Parot y que no han mostrado arrepentimiento no puedan beneficiarse de los subsidios de excarcelación que se aplican a otros expresidiarios. El pacto entre ambas formaciones ha salido adelante después de que el pasado 21 de noviembre el mismo texto fuera vetado en el pleno por la izquierda abertzale de Amaiur. PSOE, la Izquierda Plural y CIU votaron en contra al entender que la medida es contraria a la Constitución.

Para el PSOE, son personas que han cumplido su pena y que, por tanto, desde el punto de vista penal, “están en paz”. Así lo explicó el diputado José Ignacio Sánchez, que recordó que esta cuestión ya ha sido evacuada por el PP en el Senado, donde se introdujo una enmienda con idéntico propósito en los Presupuestos Generales del Estado. También se expresó en contra de que, como señala la proposición no de ley, se les impida el acceso a un empleo público o un cargo público si no hay arrepentimiento. A su juicio, va “en contra de la Constitución que una persona que ya ha cumplido su pena no pueda tener un cargo público”.

Rosa Díez recordó en la comisión de Interior que el pasado 21 de noviembre, Amaiur vetó la votación del acuerdo con el PP en el pleno en un acto de“filibusterismo político”. Por eso, la formación volvió a registrar la iniciativa en forma de proporción no de ley. “Es una decisión de estricta justicia. Es legítimo que un preso que ha salido de la cárcel tenga una forma bien sencilla de acreditar que se ha reinsertado en la sociedad reconociendo el daño causado por él y por la organización terrorista de la que era miembro, pidiendo perdón a las víctimas y, la más importante, colaborar con la Justicia”, explicó.

Rubalcaba y Rosa Díez. (EFE)

En un principio, UPyD registró esta iniciativa al conocer que una asociación que se dedica a recoger terroristas, a ampararles y a darles consejos, Harrera Elkartea, daba instrucciones  sobre lo que tenían que hacer los terroristas que salieran de la cárcel para poder cobrar ese subsidio de desempleo que está regulado en la Ley de Seguridad Social del año 1994, y desarrollado en un Real Decreto 625/1985. La formación argumenta también que, incluso, se les animaba, para vulnerar la ley, a situarse en un completo fraude de ley, dando un domicilio falso, ocultando su dinero, sus recursos o falsificando que habían solicitado un empleo.

Por parte del PP, Julieta de Micheo defendió que esta medida no supone “una retirada del subsidio, sino que, para acceder a él, hace que se cumplan una serie de requisitos imprescindibles”, entre ellos, haber satisfecho la responsabilidad civil con sus víctimas que fueron asumidas en su día por el Estado. La proposición solicita además al Ejecutivo que estos requisitos les sean exigidos también a personas condenadas por delitos “especialmente reprobables”.

El representante de la Izquierda Plural Ricardo Sixto se opuso justificando que “la Ley debe ser igual para todos”. Por su parte el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols argumentó que se trata de “una medida de dudosa legalidad” y recordó que el subsidio de excarcelación “es un subsidio previsto para todos los delitos y eso afecta a asesinos o violadores”.

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LOS CONSEJEROS DE CAJA MADRID DEL PSOE E IU, APOYARON LA COMPRA QUE LLEVO A LA CARCEL A BLESA

Romero (PSOE) y Moral (IU) defendieron ante otros consejeros la compra que llevó a Blesa a prisión

La compra de un banco en Florida desató una discusión en el consejo de administración: Moral Santín (IU) y Antonio Romero (PSOE) se posicionaron a favor de Blesa

El presidente de Caja Madrid consiguió forzar la unanimidad en una reunión tensa

El juez envió a Blesa a prisión provisional por "gestión aberrante" en este caso, con el que la caja perdió unos 500 millones

Miguel Blesa no estuvo solo en el impulso de la operación por la que acabó siendo enviado a prisión preventiva por parte de juez Elpidio Silva, luego apartado del caso. Desde luego no formalmente, porque la iniciativa fue aprobada por unanimidad, algo habitual en los consejos de administración de Caja Madrid. Pero tampoco en el debate interno: varios consejeros le mostraron su apoyo explícito en el momento crucial para dar luz verde a la operación, a pesar del escepticismo prudente de otros, que terminaron por votar también a favor. Entre los que más apoyaron a Blesa estuvo José Antonio Moral Santín, el hombre de IU en el consejo de Caja Madrid, y Antonio Romero, del PSOE. 

El acta de la reunión del Consejo de Administración de Caja Madrid del 14 de abril de 2008, a la que ha tenido acceso eldiario.es a través de los correos de Blesa, es más larga e intensa de lo habitual. Porque hubo debate. Sobre la mesa, la propuesta del presidente de entidad de comprar el City National Bank of Miami, un banco de Florida. Es la decisión por la que el juez Elpidio Silva acabaría por mandar a prisión preventiva al presidente de la caja argumentando una "gestión aberrante" de los recursos de la entidad pública. Según el juez, la caja pagó demasiado por un banco que no lo valía y se causaron unas pérdidas de 500 millones de euros a Caja Madrid. Según el auto que lo mandaba a prisión provisional, Blesa no realizó un análisis “mínimamente solvente de viabilidad y de riesgo asumible” y se pagó “un sobreprecio”, lo que supone haber incurrido en "ignorancia deliberada”.

Aquella mañana de abril, la compra del City National era el primer punto del día. Miguel Blesa se empleó a fondo para garantizar la autorización del consejo y tomó la primera palabra: señaló, según el acta, que "entre los objetivos estratégicos" estaba la "presencia internacional" de la caja y que la operación que se presentaba iba en esa línea para entrar en "el mercado americano", calificado como "uno de los más solventes". Blesa cedió la palabra entonces a su director de Desarrollo Internacional e Inversiones Especiales, Rafael Sánchez Lozano, al que invitó al Consejo para que explicara las virtudes del preacuerdo de compra del 83% de la entidad estadounidense por un importe de 927 millones de dólares. También se expusieron algunos "temas fiscales" que en el acta no se detallan pero que repercutirían en "importantes ahorros para la Caja".

El primer consejero en tomar la palabra para mostrar su escepticismo es Estanislao Rodríguez-Ponga, exsecretario de Estado de Hacienda con Aznar y miembro del consejo por recomendación de Esperanza Aguirre, no precisamente la mejor amiga de Blesa. Ya en una reunión previa sobre este mismo asunto, había alertado de que el precio por un banco tan pequeño como decían los datos era demasiado "elevado". También expresó sus dudas sobre "los beneficios fiscales" de tener un banco en Miami. En el consejo, Rodríguez Ponga volvió a insistir en que sería necesaria una opinión experta de un tercero ante de dar luz verde a la compra. Lo mismo opinió otro consejero, Fernando Baquero, representante de CCOO dentro de la caja.

El escepticismo moderado de estas y otras voces en el consejo fue contrarrestado por opiniones al rescate de las intenciones de Blesa. Entre ellas destaca en el acta la intervención de José Antonio Moral Santín, que hizo una intervención parecida a la del presidente: calificó la operación como "estratégica" y dió su conformidad a la misma.

Moral Santín aparece con frecuencia en los correos de Miguel Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es. Esa correspondencia le dibuja como un "aliado" de la presidencia, en palabras textuales de las personas de confianza del presidente, jugando un papel determinante en las tensiones internas de poder. Por su parte, Miguel Blesa nombró a Moral Santín, su vicepresidente durante todo su mandato, en los consejos de Mapfre y Cibeles, el hólding de la entidad.

Otro representante de la oposición en el consejo, Antonio Romero, también dijo que la propuesta de Blesa encajaba perfectamente en la estrategia marcada por Caja Madrid para su crecimiento y se mostró "radicalmente en contra", dice el acta, de acudir a un tercero para que valorara la iniciativa. Romero es también definido en los correos de Blesa como un "confidente" y "aliado fiel".

En cuanto al debate sobre si el precio del City National Bank era excesivo, Moral Santín dice, según el acta, que "los bancos son bienes singulares que requieren de una metodología de precios también singular". Moral no ve mal que se le pregunte a un tercero para calmar al escepticismo, pero insiste: "no duda", dice el acta, de la "corrrección" de la operación "desde el punto de vista jurídico".

Miguel Blesa (EFE)

En ese momento, Blesa interviene para taponar esa vía. Quiere salir de la reunión con el apoyo oficial de la entidad: dijo que ir a consultar a un tercero sobre el precio del banco era "extemporáneo" y que "el proyecto se traía al Consejo para su aprobación sin condición ninguna", según el acta. Pide directamente la unanimidad de sus consejeros para apoyar su proyecto.

Tras esta contundente intervención de Blesa, se sucedieron de nuevo las opiniones, esta vez más matizadas: todos los consejeros que habían mostrado su escepticismo cedieron y anunciaron su voto a favor a regañadientes. Moral Santín volvió a expresar su "conformidad con el presidente" y confió en que se atendieran las solicitudes "que resulten razonables, como se ha hecho siempre".

Se produjo la votación y Caja Madrid quedó oficialmente autorizada "por unanimidad" para comprar el City National Bank of Miami por el precio que había calculado el equipo de Blesa y sin pedir ninguna ayuda externa para comprobar si era una inversión razonable. En mayo de 2013, Bankia decidía desahecerse de él y venderlo al banco chileno Banco de Crédito e Inversiones (BCI) por unos 683,1 millones de euros.

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Montoro acusa a los directores de Hacienda dimitidos de ser socialistas

El ministro defiende la decisión del nuevo director general de relevar a media docena de altos cargos e insiste en desvincular el proceso del 'caso Cemex' o el proceso contra Urdangarín

Cristóbal Montoro ha vinculado hoy el "relevo" en el equipo directivo de la Unidad de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria a una circunstancia concreta relacionada con la anterior etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto es, en opinión del titular de Hacienda ese equipo estaba lleno de socialistas. Aun así, Montoro niega que ese relevo suponga una purga o una caza de brujas. "Cesan porque no les gusta el director general", ha mantenido en una conversación informal con periodistas durante el acto de celebración del 35 aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados.

El titular de Hacienda, en cualquier caso, ha insistido en restar importancia a las casi 30 destituciones que se han producido en la Agencia Tributaria desde que fuera nombrado director general Santiago Menéndez a principios de verano y los ha comparado con los que se realizan en las empresas. Nada, en su opinión, tiene que ver con el caso Nóos y el error con el DNI de la infanta ni con la inspección en Cemex.

Los nombramientos han sido publicados este viernes en el Boletín Oficial del Estado. Todo tiene que ver, en su opinión, con el derecho del nuevo director a formar un nuevo equipo de confianza. en la Agencia Tributaria, y ha insistido en que en ningún caso se trata de una "caza de brujas", tal y como les acusa el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha tratado de destacar la normalidad de esos relevos dentro de la carrera de los altos funcionarios. La número dos del Ejecutivo ha recordado que ella misma es abogada del Estado, y en el desempeño de su cargo tuvo varios destinos.

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PACTO DE SILENCIO DE PP Y PSOE PARA NO REVELAR EL PRESIDENTE DEL CGPJ

PP y PSOE escenifican un ‘pacto de silencio’ para no revelar el presidente del CGPJ

Ni Gobierno ni oposición sueltan prenda de quién es el elegido para presidir el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. Ayer nombraron a los doce vocales que quedaban por designar para formar parte del nuevo órgano de los jueces. Sin embargo, el hermetismo es absoluto respecto al nombre del nuevo presidente con la intención de que parezca que son los vocales quienes eligen a su presidente y no que se trata de una imposición, cuando en realidad el nombre ya está pactado.

Desde hace días se da por hecho que será Carlos Lesmes, magistrado del Tribunal Supremo, hombre de confianza del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y persona con cargos políticos en la época de José María Aznar.

Sin embargo, dentro del propio Alto Tribunal la elección de Lesmes no está tan clara. Algunas fuentes hablan como futuro presidente de Ángel Calderón, actual presidente de la Sala de lo Militar del Supremo, cuyo nombre alcanzó mucha repercusión cuando le tocó estudiar la recusación planteada por el ya exjuez Baltasar Garzón a varios magistrados en la causa de la Memoria Histórica.

Son varios los nombres los que han sonado: Manuel Marchena, Juan Saavedra, Pablo Lucas, Jorge Rodríguez Zapata… pero son todo quinielas y rumores. Los principales partidos políticos, PP y PSOE, mantienen públicamente el silencio sobre la persona elegida.
Entre los últimos rumores se ha llegado a decir que incluso podría haberse pactado un fiscal para el cargo después de haber dejado al CGPJ sin ningún miembro de la carrera fiscal dentro del órgano, algo hasta ahora insólito.

Un sistema que roza la ilegalidad
Algunas fuentes jurídicas consideran que esta actuación es escandalosa porque deja en evidencia el sometimiento desde el principio de los vocales designados al poder judicial. Incluso estiman que este comportamiento va en contra de la ley, que dice claramente que el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ será propuesto por los vocales, por mayoría de tres quintos de sus miembros en la propia sesión constitutiva del mismo, y será refrendado por el presidente del Gobierno.
Previsiblemente, será a principios de la próxima semana cuando los vocales juren su cargo ante el Rey y ocupen sus nuevos puestos. En la primera reunión que tengan deberán votar el nombre del presidente, aunque previamente ya se habrá pactado, como ha ocurrido en todos los consejos.
A partir de ahí, deberán elegir a los cinco vocales que formen la Comisión Permanente y que serán los únicos que estén en el órgano de forma exclusiva y que rotarán anualmente. El resto seguirán en sus puestos de trabajo, exceptuando reuniones de pleno.

El magistrado Carlos Lesmes. (EFE)Entre los primeros asuntos que el nuevo CGPJ tendrá que resolver está el nombramiento de dos magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la prórroga de Pablo Ruz como titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, una vez que se ha confirmado que Miguel Carmona, el titular natural, se marcha como juez de enlace a Londres.

Ruz fue prorrogado como sustituto de Carmona a finales de julio por un plazo de seis meses, por lo que el Consejo en enero tendrá que decidir si este juez sigue en el juzgado que instruye el caso Gürtel o los ‘papeles de Bárcenas’, entre muchos otros.
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SE INVENTAN UNA PROMOCION DE VPO PARA ESTAFAR 42.000 € A AMIGOS Y CONOCIDOS (ALGUIEN DEL PSOE EN ELLO)

Se inventa una promoción de VPO para estafar 42.000 euros a amigos y conocidos

El Supremo ha condenado a una exdirigente vecinal por usar sus contactos en el PSOE para cometer dicha estafa

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de seis años de cárcel impuesta a una exdirigente vecinal de Sevilla por estafar a siete personas con unas supuestas viviendas de VPO y conseguir que le entregaran cantidades a cuenta haciendo valer su proximidad al PSOE y su asistencia a actos de la Junta de Andalucía.

La Sala de lo Penal del Alto Tribunal confirma de este modo la sentencia de la Audiencia Provincial, que condenó tanto a la acusada como a su marido -que estuvo presente en algunas de las entregas de dinero- y a una amiga, a éstos dos últimos como cómplices de la estafa a tres años de prisión.

Así, considera probado que la principal acusada «era considerada como persona influyente en el partido político que ostentaba el gobierno y en calidad de tal acudía a numerosos actos de la Junta de Andalucía», a lo que se suma que «había sido presidenta de una asociación de vecinos y, con anterioridad, había intervenido en adjudicaciones de viviendas».

Por todo ello, ayudada por los otros dos condenados y «con intención de obtener beneficios económicos», difundió «a sabiendas de la falsedad de la información» que iba a realizarse una promoción de viviendas VPO «a muy buen precio», consiguiendo de esta manera que terceras personas «con las que tenía relaciones de confianza, amistad o parentesco conocidas por los otros acusados, le entregasen dinero a cuenta de las adjudicaciones de tales viviendas». Todo ello a pesar de que «lo cierto era que la promoción era inexistente, por lo que no pudieron acceder a vivienda alguna y todos ellos perdieron las cantidades entregadas».

Con todo ello, la acusada consiguió que los afectados le entregasen hasta 42.000 euros, cantidad que deberá devolver a los perjudicados. La Audiencia concluyó que «todas las relaciones de vecindad y parentesco preexistentes crearon una suerte de confianza en las gestiones que podría realizar la acusada, que propiciaron los engaños utilizados para conseguir los desplazamientos patrimoniales injustos y sin la que no se explica que los perjudicados hicieran entregas de dinero, sin exigir justificación que las corroborara».

El Supremo rechaza que la defraudación «se deba a la indolencia, negligencia o a un exceso de confianza de las víctimas», a las que «no cabe reprochar la falta de diligencia o de autoprotección, a la vista precisamente de que la acusada gozaba de una credibilidad única, por haber intervenido con anterioridad en la adjudicación de pisos».

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EL PSOE VOTA A FAVOR DEL DINERO DESTINADO A LA CASA REAL, PESE A LOS ABUCHEOS DEL DOMINGO

El PSOE vota a favor del dinero destinado al rey pese a los abucheos del domingo

El grupo socialista también se ha aliado con los populares para rechazar las enmiendas de BNG, ERC, UPyD y IP

Los diputados del grupo parlamentario socialista han votado esta noche a favor de la partida contemplada en el proyecto del Gobierno de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 destinada a la Casa Real. El grupo socialista y el grupo de CiU han sido los únicos que ha votado en bloque junto al grupo popular a favor de esta partida, mientras que el resto de los grupos o han votado en contra o se han abstenido. Al final, la votación ha registrado, entre los 325 diputados presentes, 276 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones.

Esta votación se ha producido después de que el pasado domingo por la mañana en la Conferencia Política que celebró el PSOE se produjese una sonoro abucheo, junto a silbidos, en el momento en que uno de los ponentes que presentaba el resultado de los debates anunció que el texto aprobado no hacía una apuesta por lareclamación del sistema republicano frente a la monarquía.

Este asunto preocupó sobremanera a la dirección del partido que superó la situación -confirmado posteriormente en la votación del plenario del conclave con solo dos votos en contra- al introducir un párrafo en que se hacía profesión de fe en el alma republicana del partido y, al mismo tiempo, se exigía a la monarquía "transparencia, austeridad y ejemplaridad en el ejercicio de sus funciones constitucionales".

El caso es que el espíritu republicano no se trasladó a los votos y de forma singular y única el grupo socialista votó de forma conjunta con el grupo popular que da a poyo al Gobierno. Los socialistas también se emparejaron con los populares a la hora de rechazar las cuatro enmiendas presentadas por el BNG, ERC, UPyD y La Izquierda Plural en las que, con diferencias, se planteaba la reducción drástica del presupuesto para la Casa Real, que en 2014 supera los siete millones de euros. ERC pedía que el rey cobre lo mismo que el presidente Rajoy -poco más de 78.000 euros brutos al año- "y que los hijos trabajen".

En la larga votación de esta noche sobre parte de los capítulos y secciones de los PGE, más de dos horas, se ha producido un pequeño "milagro": el PP ha admitido una enmienda del PNV, eso sí con una transacción, relativa a mejorar la dotación destinada a los fondos de pensiones de los funcionarios públicos. El conjunto de la cámara a votado a favor de esa enmienda. Esta enmienda se añade a las dos que fueron admitidas a la oposición por el Gobierno en el debate previo en comisión. En total, la oposición ha presentado 4.120 enmiendas. Alrededor de la mitad se votaban en el pleno esta noche y salvo la excepción citada ninguna estaba previsto ser admitida por el PP.

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YA HAY ACUERDO (PP Y PSOE) PARA LA RENOVACION DEL CGPJ

PP y PSOE culminan renovación del CGPJ

   Tras acordarse varias prórrogas en el Congreso y el Senado para cerrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el pasado 24 de septiembre, el PP, el PSOE y los nacionalistas CiU y PNV parecen haber alcanzado un consenso y, según diversas fuentes consultadas por Europa Press, este lunes se conocerá la lista de candidatos pactados, que podrían comparecer esta misma semana en el Parlamento y ser elegidos en los plenos que tanto el Congreso y el Senado celebrarán el próximo día 19.

   El calendario de renovación del órgano de gobierno de los jueces parece estar ya pactado y es tenido en cuenta incluso por los actuales vocales del CGPJ, en cuyos despachos ya podían verse a finales de esta semana las necesarias cajas de cartón para trasladar sus pertenencias personales a sus respectivos nuevos destinos.

    En total, el Congreso y el Senado tienen que elegir a doce vocales de entre jueces y magistrados de carrera, seis por cada cámara, así como a otros ocho vocales, cuatro y cuatro, de entre juristas de reconocida competencia.

NOMBRES DE JURISTAS

   Sobre los doce primeros, las mesas de ambas cámaras recibieron antes del verano la lista con los 54 candidatos promovidos por asociaciones y miembros de la carrera judicial mientras que el nombre de los segundos sigue siendo una incógnita. Suenan con fuerza el de la diputada de CiU Mercé Pigem, que sería la vocal del nuevo órgano por la formación catalana; el del jurista Enrique Lucas Murillo de la Cueva, hermano del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas y candidato por el PNV; y el del fiscal jefe de Castilla y León Manuel Martín Granizo.

   Por lo que se refiere al calendario, estaría muy vinculado a la intervención quirúrgica el próximo día 21 del Rey, ante quienes los nuevos consejeros deben jurar o prometer su cargo. Comienza tras la conferencia política del PSOE de este fin de semana, el lunes o a más tardar el propio martes, 12 de noviembre, cuando concluye el último plazo establecido para la designación de candidatos y los partidos que han negociado sobre este asunto tienen previsto presentar la lista pactada a las mesas de ambas Cámaras.

   La ley fija la obligatoriedad de que los candidatos comparezcan ante la Cámara que va a nombrarles para obtener su idoneidad, hecho que podría producirse el próximo jueves, 14 de noviembre, con el fin de que las Cortes puedan llevar los nombramientos a sus respectivos Plenos del 19 de noviembre.

   Los vocales jurarían así sus cargos el 20 ante el Rey, un día antes de la operación, y tendrían entre tres y siete días para convocar su primer Pleno y elegir presidente, quien igualmente debería jurar o prometer su cargo ante el Monarca.

PRESIDENTE

   Como posibles presidentes suenan varios nombres, aunque el que lo hace con más fuerza es el actual magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Carlos Lesmes, al ser el propuesto por el PP que concita mayor consenso respecto de otros candidatos que también suenan como el presidente de lo Penal del alto tribunal, Juan Saavedra; el magistrado de lo Militar Ángel Calderón o los exmagistrados del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez-Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata.

   Por lo que se refiere a los vocales, la apuesta de casi todas las partes consultadas es que la lista pactada integre diez designados por el Partido Popular, ocho por el PSOE y los ya mencionados Pigem y Lucas por CiU y PNV, respectivamente.

   El núcleo duro del nuevo órgano, tras la última reforma realizada por Alberto Ruiz-Gallardón, lo integraría la Comisión Permanente, de cinco miembros que serían los únicos con dedicación exclusiva en el CGPJ, junto con el presidente y el vicepresidente. Dicha Comisión, según todas las apuestas, la integrarán tres de los designados a propuesta de los populares y otros dos vocales con apoyo socialista.

   Es por esta razón por la que se cree que entre los permanentes no estará la diputada Pigem quien sin embargo, suena como futura presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica, un cargo con gran proyección pública.

   Entre los jueces que más suenan para alcanzar una de las doce plazas para las que se han presentado 54 candidatos, tanto independientes como avalados por asociaciones, se encuentran varios procedentes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM): el magistrado del Supremo José Manuel López García de la Serrana; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra, Juan Manuel Fernández Martínez y el presidente del TSJ de Murcia, Juan Martínez Noya.

   Por parte de la asociación Francisco de Vitoria parece estar bien posicionada la juez María Tardón, mientras que por Jueces para la Democracia (JpD) suena la magistrada del Supremo Clara Martínez de Careaga, esposa del exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, Ignacio Espinosa y entre los no asociados los magistrados del Tribunal Supremo Joaquín Huelin y José Manuel Maza; el expresidente del TSJ del País Vasco Fernando Ruiz-Piñeiro; el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska; la directora de la Escuela Judicial Roser Bach y la magistrada de lo social Celima Gallego, esposa del exministro José Antonio Alonso.

   Con menos posibilidades aparecen el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza, postulado en el turno de juristas, y María del Rocío Pérez-Puig, letrada del CGPJ y candidata que más avales ha obtenido de sus compañeros, un total de 210.
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