El PSOE vota en contra de que los etarras de la Parot no puedan cobrar subsidios
El Congreso de los Diputados instó este miércoles al Gobierno, con los votos a favor de UPyD y el Partido Popular, a que adopte las medidas que sean necesarias para que los etarras y que han salido en libertad tras la derogación de la doctrina Parot y que no han mostrado arrepentimiento no puedan beneficiarse de los subsidios de excarcelación que se aplican a otros expresidiarios. El pacto entre ambas formaciones ha salido adelante después de que el pasado 21 de noviembre el mismo texto fuera vetado en el pleno por la izquierda abertzale de Amaiur. PSOE, la Izquierda Plural y CIU votaron en contra al entender que la medida es contraria a la Constitución.
Para el PSOE, son personas que han cumplido su pena y que, por tanto, desde el punto de vista penal, “están en paz”. Así lo explicó el diputado José Ignacio Sánchez, que recordó que esta cuestión ya ha sido evacuada por el PP en el Senado, donde se introdujo una enmienda con idéntico propósito en los Presupuestos Generales del Estado. También se expresó en contra de que, como señala la proposición no de ley, se les impida el acceso a un empleo público o un cargo público si no hay arrepentimiento. A su juicio, va “en contra de la Constitución que una persona que ya ha cumplido su pena no pueda tener un cargo público”.
Rosa Díez recordó en la comisión de Interior que el pasado 21 de noviembre, Amaiur vetó la votación del acuerdo con el PP en el pleno en un acto de“filibusterismo político”. Por eso, la formación volvió a registrar la iniciativa en forma de proporción no de ley. “Es una decisión de estricta justicia. Es legítimo que un preso que ha salido de la cárcel tenga una forma bien sencilla de acreditar que se ha reinsertado en la sociedad reconociendo el daño causado por él y por la organización terrorista de la que era miembro, pidiendo perdón a las víctimas y, la más importante, colaborar con la Justicia”, explicó.
Rubalcaba y Rosa Díez. (EFE)
En un principio, UPyD registró esta iniciativa al conocer que una asociación que se dedica a recoger terroristas, a ampararles y a darles consejos, Harrera Elkartea, daba instrucciones sobre lo que tenían que hacer los terroristas que salieran de la cárcel para poder cobrar ese subsidio de desempleo que está regulado en la Ley de Seguridad Social del año 1994, y desarrollado en un Real Decreto 625/1985. La formación argumenta también que, incluso, se les animaba, para vulnerar la ley, a situarse en un completo fraude de ley, dando un domicilio falso, ocultando su dinero, sus recursos o falsificando que habían solicitado un empleo.
Por parte del PP, Julieta de Micheo defendió que esta medida no supone “una retirada del subsidio, sino que, para acceder a él, hace que se cumplan una serie de requisitos imprescindibles”, entre ellos, haber satisfecho la responsabilidad civil con sus víctimas que fueron asumidas en su día por el Estado. La proposición solicita además al Ejecutivo que estos requisitos les sean exigidos también a personas condenadas por delitos “especialmente reprobables”.
El representante de la Izquierda Plural Ricardo Sixto se opuso justificando que “la Ley debe ser igual para todos”. Por su parte el diputado de CiU Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols argumentó que se trata de “una medida de dudosa legalidad” y recordó que el subsidio de excarcelación “es un subsidio previsto para todos los delitos y eso afecta a asesinos o violadores”.
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