El juez del accidente de Angrois pide cambiar de juzgado y dejar el caso
Aláez alega motivos personales y lo desvincula de la instrucción del siniestro
La instrucción judicial del accidente del tren Alvia del pasado 24 de julioen Santiago en el que fallecieron 79 personas podría cambiar de manos en cuestión de semanas. El juez que ha venido investigando el caso desde la noche del siniestro, Luis Aláez, ha solicitado su traslado a otro juzgado. Fuentes conocedoras de sus méritos y antigüedad profesional aseguran que hay muchas posibilidades de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo conceda.
Luis Aláez es actualmente titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, el que estaba de guardia el día del accidente, azar que lo puso al frente del caso. Cinco meses después, el pasado 26 de diciembre, el CGPJ sacó a concurso 65 plazas en toda España, cinco de ellas en Galicia, entre las que está el Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, al que Aláez ha pedido su traslado.
Según varias personas que han hablado con él, el juez desvincula su petición de traslado de la instruccióndel accidente de Angrois y asegura que se debe a motivos personales. Estas fuentes indican que el juzgado actual de Aláez es el encargado, entre otras cuestiones, de los casos de violencia de género, asuntos de especial dureza que al juez le suponen un importante desgaste personal. Aunque se le ha liberado de parte de esos casos para que pueda dedicar más tiempo al accidente, Aláez ha explicado a varias personas de su entorno que, si dejase pasar este concurso de traslados, cuando termine la instrucción del siniestro del tren podría no volver a tener una oportunidad de cambio en muchos años. Esas mismas personas aseguran que Aláez niega que haya decidido pedir el traslado por ningún tipo de presión.
Según varias personas que han hablado con él, el juez desvincula su petición de traslado de la instruccióndel accidente de Angrois y asegura que se debe a motivos personales. Estas fuentes indican que el juzgado actual de Aláez es el encargado, entre otras cuestiones, de los casos de violencia de género, asuntos de especial dureza que al juez le suponen un importante desgaste personal. Aunque se le ha liberado de parte de esos casos para que pueda dedicar más tiempo al accidente, Aláez ha explicado a varias personas de su entorno que, si dejase pasar este concurso de traslados, cuando termine la instrucción del siniestro del tren podría no volver a tener una oportunidad de cambio en muchos años. Esas mismas personas aseguran que Aláez niega que haya decidido pedir el traslado por ningún tipo de presión.
Según fuentes conocedoras de estos procesos, el concurso podría resolverse en uno o dos meses y el traslado es inmediato a partir de ese momento. Solo si así lo decide el CGPJ se podría aplazar seis meses ese cambio si así lo justifica la carga de trabajo del juzgado de origen. Aláez, según los que han hablado con él, estaría dispuesto a seguir la investigación del accidente durante ese tiempo sabiendo que después tendrá la plaza en la sala Penal que él desea. Esa prórroga, sin embargo, tampoco permitiría que terminase él la instrucción del siniestro, que varias fuentes prevén que dure más. Así que si Aláez logra el traslado solicitado, la instrucción del accidente acabaría recayendo en un juez sustituto a la espera de que también se convoque un concurso para el Juzgado de Instrucción número 3 que quedaría vacante. Ello podría hacer que la investigación pase por tres manos distintas.
De momento en la instrucción está solo imputado el maquinista del tren accidentado, Francisco José Garzón, que admitió que descarriló por circular despistado tras recibir una llamada telefónica. Cuando la instrucción finalice, el caso deberá ser juzgado por una sala de lo Penal de las dos que existen en Santiago, pero no podría ser la número 1 si Aláez logra esa plaza, ya que un juez que haya participado en la instrucción no podrá luego resolver sobre ella.
Aunque Aláez desvincula su petición de traslado de la propia investigación, su trabajo no ha estado exento de obstáculos. La ministra de Fomento, Ana Pastor, prometió máxima colaboración con la Justicia, pero Renfe y Adif, las empresas públicas gestoras del tren y las vías, han demorado la entrega de documentos y pruebas. En septiembre Adif se negó inicialmente a identificar a varios cargos a los que Aláez pretendía imputar y en diciembre el juez debió apremiarla para que le entregase en diez días determinada documentación que ya le había reclamado sin éxito.
Por su parte, la cúpula de Renfe era conocedora al menos desde principios del pasado diciembre de que un jefe de maquinistas había alertado del “riesgo” de Angrois un año y medio antes del accidente. La operadora, sin embargo, le ocultó al juez la existencia de ese aviso durante un mes y medio y solo se lo entregó hace dos semanas, cuando Aláez se lo exigió tras revelarlo el abogado de Garzón. Aún así, según el letrado, Renfe le siguió ocultando un correo enviado a uno de los responsables de Seguridad en la Circulación de la empresa. La instrucción de Aláez también se ha retrasado por sus discrepancias con la Xunta sobre el nombramiento de los peritos.
