El Parlamento alerta de que la espera sanitaria incumple la ley
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad instar a la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias a cumplir con la Orden del 26 de
diciembre de 2006 que establece los plazos máximos de respuesta a determinados
procedimientos quirúrgicos a cargo del Servicio Canario de Salud (SCS).
De esta manera, todos los partidos políticos tiraban de las orejas de forma simbólica a Sanidad recordándole que existe una norma creada por la propia autonomía sobre plazos sanitarios y que no se está cumpliendo.
No obstante, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada del Partido Popular (PP) Mayte Pulido no encontró el mismo apoyo en su segundo punto, en el que solicitaba la elaboración, en el plazo máximo de tres meses, de una ley de garantía en tiempos de respuesta en la atención sanitaria que garantice los derechos de cada ciudadano para ser atendido en tiempo razonable y adecuado según la patología que padezca y que ofrezca la posibilidad de elección por parte del paciente de la forma de solucionar su afección siempre y cuando el sistema público no sea capaz de remediarlo en los tiempo previstos por la ley, tanto en los procesos quirúrgicos como en los diagnósticos.
De manera que su proponente tuvo que eliminar este punto y cambiarlo por otro consensuado con Coalición Canarias y Partido Socialista en el que se establece que " Previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se podrán revisar periódicamente los tiempos máximos de acceso, con el fin de adaptarlos a la realidad sanitaria de cada momento, a la situación socioeconómica y a las necesidades de los usuarios del Sistema Nacional de Salud", y conseguir así el voto unánime.
FUENTE
De esta manera, todos los partidos políticos tiraban de las orejas de forma simbólica a Sanidad recordándole que existe una norma creada por la propia autonomía sobre plazos sanitarios y que no se está cumpliendo.
No obstante, la Proposición No de Ley (PNL) presentada por la diputada del Partido Popular (PP) Mayte Pulido no encontró el mismo apoyo en su segundo punto, en el que solicitaba la elaboración, en el plazo máximo de tres meses, de una ley de garantía en tiempos de respuesta en la atención sanitaria que garantice los derechos de cada ciudadano para ser atendido en tiempo razonable y adecuado según la patología que padezca y que ofrezca la posibilidad de elección por parte del paciente de la forma de solucionar su afección siempre y cuando el sistema público no sea capaz de remediarlo en los tiempo previstos por la ley, tanto en los procesos quirúrgicos como en los diagnósticos.
De manera que su proponente tuvo que eliminar este punto y cambiarlo por otro consensuado con Coalición Canarias y Partido Socialista en el que se establece que " Previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se podrán revisar periódicamente los tiempos máximos de acceso, con el fin de adaptarlos a la realidad sanitaria de cada momento, a la situación socioeconómica y a las necesidades de los usuarios del Sistema Nacional de Salud", y conseguir así el voto unánime.
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