Una mujer se suicida arrojándose al vacío en Málaga tras recibir una orden de desahucio.
UN NUEVO ASESINATO DEL PODER
ESPAÑOL
Una mujer ha fallecido este viernes en la barriada malagueña de Los Corazones tras arrojarse desde el balcón de su vivienda, situada en una cuarta planta. Al parecer, a principios de esta semana recibió una orden de desahucio por impago de la hipoteca.
El suceso se ha producido minutos antes de las 09.30 horas en el número 2 la calle Río Guadiana, según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, que no confirman, no obstante, la causa del suicidio.
La mujer, de 56 años, vivía en esta casa desde hacía varías décadas con su madre, de 96 años y enferma, según el testimonio de los vecinos, quienes han apuntado que la fallecida había tenido un estanco en el polígono industrial El Viso, en Málaga capital, pero se vio obligada a cerrarlo hace unos tres años por problemas económicos.
Sin embargo, había avalado la compra del local con su propia vivienda y la deuda, finalmente, acabó en la ejecución hipotecaria del aval y en la consiguiente orden de desahucio. Éste es el cuarto suicidio de 2012 en el que la víctima estaba sufriendo un proceso de desahucio.
La cara más amarga de la crisis
Cuatro suicidios, además de miles de familias en la calle tras ser desahuciadas y otras tantas amenazadas de perder sus casas por no pagar la hipoteca o el alquiler, y representan la cara más amarga de la crisis en 2012, un drama social que ha hecho reaccionar —aunque tarde para muchos— a políticos y banqueros.
El pasado 25 de octubre, José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en Granada, horas antes de ser desahuciado de su vivienda. Al día siguiente, un hombre de 53 años que llevaba en paro cuatro años se lanzó por la ventana de su casa en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desalojado, resultando herido.
El 9 de noviembre, Amaia Egaña, de 53 años y antigua edil socialista en Barakaldo, se suicidó minutos antes de que una comisión judicial le fuera a notificar el desahucio de su vivienda en Barakaldo. Y el 28 de noviembre, un hombre de 59 años, que se encontraba en proceso de desahucio por impago del alquiler, se suicidó en Santesteban (Navarra). La cuarta víctima mortal, esta mujer malagueña.
La presión ciudadana
La presión de la calle y la actuación de las plataformas sociales hicieron que en noviembre, tras el suicidio de una mujer en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su piso, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE se sentaran a negociar para acelerar la búsqueda de una solución a un problema para el que los ciudadanos exigían y siguen exigiendo un punto y final. Hace unos años parecía un problema aislado y ahora es una de las mayores inquietudes de la ciudadanía, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Seis días después, el 15 de noviembre, y pese a no haber llegado a un acuerdo con el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de protección de los deudores hipotecarios que establecía la paralización de los desahucios durante dos años y un mandato al Gobierno para crear un "fondo social de viviendas", que podrán ser alquiladas por las personas desalojadas. Pueden acogerse a la suspensión de una ejecución hipotecaria los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
La medida, sin efectos retroactivos, beneficiará a familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género. También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
Sin dación en pago
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo no atienden, sin embargo, a la propuesta de dación en pago promovida, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que con 600.000 firmas había pedido la reforma de la Ley Hipotecaria y su tramitación como iniciativa popular en el Congreso.
Desde Stop Desahucios afirman que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad y, en el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura las aplaudió, pero las consideró "insuficientes", al igual que Jueces para la Democracia, que criticó que el Gobierno no apueste por cambios estructurales.
Una mujer ha fallecido este viernes en la barriada malagueña de Los Corazones tras arrojarse desde el balcón de su vivienda, situada en una cuarta planta. Al parecer, a principios de esta semana recibió una orden de desahucio por impago de la hipoteca.
El suceso se ha producido minutos antes de las 09.30 horas en el número 2 la calle Río Guadiana, según han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía, que no confirman, no obstante, la causa del suicidio.
La mujer, de 56 años, vivía en esta casa desde hacía varías décadas con su madre, de 96 años y enferma, según el testimonio de los vecinos, quienes han apuntado que la fallecida había tenido un estanco en el polígono industrial El Viso, en Málaga capital, pero se vio obligada a cerrarlo hace unos tres años por problemas económicos.
Sin embargo, había avalado la compra del local con su propia vivienda y la deuda, finalmente, acabó en la ejecución hipotecaria del aval y en la consiguiente orden de desahucio. Éste es el cuarto suicidio de 2012 en el que la víctima estaba sufriendo un proceso de desahucio.
La cara más amarga de la crisis
Cuatro suicidios, además de miles de familias en la calle tras ser desahuciadas y otras tantas amenazadas de perder sus casas por no pagar la hipoteca o el alquiler, y representan la cara más amarga de la crisis en 2012, un drama social que ha hecho reaccionar —aunque tarde para muchos— a políticos y banqueros.
El pasado 25 de octubre, José Miguel Domingo, de 53 años, fue hallado muerto en el patio interior de su domicilio, en Granada, horas antes de ser desahuciado de su vivienda. Al día siguiente, un hombre de 53 años que llevaba en paro cuatro años se lanzó por la ventana de su casa en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desalojado, resultando herido.
El 9 de noviembre, Amaia Egaña, de 53 años y antigua edil socialista en Barakaldo, se suicidó minutos antes de que una comisión judicial le fuera a notificar el desahucio de su vivienda en Barakaldo. Y el 28 de noviembre, un hombre de 59 años, que se encontraba en proceso de desahucio por impago del alquiler, se suicidó en Santesteban (Navarra). La cuarta víctima mortal, esta mujer malagueña.
La presión ciudadana
La presión de la calle y la actuación de las plataformas sociales hicieron que en noviembre, tras el suicidio de una mujer en Barakaldo cuando iba a ser desalojada de su piso, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE se sentaran a negociar para acelerar la búsqueda de una solución a un problema para el que los ciudadanos exigían y siguen exigiendo un punto y final. Hace unos años parecía un problema aislado y ahora es una de las mayores inquietudes de la ciudadanía, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Seis días después, el 15 de noviembre, y pese a no haber llegado a un acuerdo con el PSOE, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto-ley de protección de los deudores hipotecarios que establecía la paralización de los desahucios durante dos años y un mandato al Gobierno para crear un "fondo social de viviendas", que podrán ser alquiladas por las personas desalojadas. Pueden acogerse a la suspensión de una ejecución hipotecaria los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.
La medida, sin efectos retroactivos, beneficiará a familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 % o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género. También podrán acogerse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.
Sin dación en pago
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo no atienden, sin embargo, a la propuesta de dación en pago promovida, entre otros, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que con 600.000 firmas había pedido la reforma de la Ley Hipotecaria y su tramitación como iniciativa popular en el Congreso.
Desde Stop Desahucios afirman que es "completamente absurdo" que las nuevas medidas se apliquen sólo en unos determinados casos de vulnerabilidad y, en el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura las aplaudió, pero las consideró "insuficientes", al igual que Jueces para la Democracia, que criticó que el Gobierno no apueste por cambios estructurales.
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