EE.UU.: UNA ONG DENUNCIA EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD CONDICONAL EN LAS PRISIONES

HRW denuncia el lucrativo negocio de la libertad condicional bajo supervisión de empresas privadas

La ONG lamenta que muchas de las personas que están bajo este sistema se encuentran así porque no pueden pagar multas

Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles el lucrativo negocio que supone el hecho de que cada año los tribunales de Estados Unidos condenan a cientos de miles de delincuentes acusados de delitos menores a una libertad condicional supervisada por compañías privadas que cobran sus tarifas directamente a los presos en libertad condicional.

Según el informe elaborado por la ONG, a menudo las personas con menos recursos acaban pagando a largo plazo cargos económicos mayores, en lo que constituye una multa discriminatoria. Y cuando no son capaces de pagar, las compañías pueden gestionar su arresto.

El informe, "La libertad condicional de lucro: La industria de la libertad condicional financiada por los delincuentes", describe cómo más de 1.000 tribunales en varios estados delegan un poder coercitivo tremendo a compañías que a menudo no están sujetas a una supervisión ni regulación significativa.

En muchos casos, según la organización, la única razón por la que las personas son puestas en libertad condicional es porque necesitan tiempo para pagar multas y costos legales ligados a delitos menores. En algunos de estos casos, las empresas de libertad condicional actúan más como "abusivos cobradores de deuda que como agentes de la ley, cobrando a los deudores por sus servicios".

"Muchas de las personas supervisadas por estas empresas ni siquiera estarían en libertad condicional para empezar si tuvieran más dinero", ha lamentado Chris Albin-Lackey, investigador principal de temas de negocios y Derechos Humanos de HRW. "A menudo, la gente más pobre es la que acaba pagando más en tarifas a estas compañías y la que tiene mayores probabilidades de acabar en la cárcel", ha añadido.

LAS EMPRESAS NO REVELAN SUS INGRESOS

Según HRW, las empresas se niegan a revelar cuánto dinero recaudan con las tarifas que cobran a estos delincuentes bajo supervisión y "sorprendentemente, los tribunales que las contratan tampoco suelen exigir esta información".

Human Rights Watch calcula que, sólo en el estado de Georgia, la industria recopila un mínimo de 40 millones de dólares (casi 30 millones de euros) en tarifas cada año de estos deudores. En otros estados, los requisitos de transparencia son tan mínimos que no es siquiera posible aventurar una estimación de cuánto dinero están acumulando estas compañías por pagos de delincuentes en libertad condicional.

"CASOS ATROCES"

En su informe, HRW ha recogido algunos "casos atroces". Por ejemplo, en Augusta, Georgia, un hombre que se declaró culpable por robar una lata de cerveza de 2 dólares y que fue condenado a pagar una multa de 200 dólares acabó siendo encarcelado por no pagar más de 1.000 dólares en tarifas a su empresa supervisora de libertad condicional. En el momento de los hechos, era indigente y vendía su plasma sanguíneo dos veces a la semana para conseguir dinero.

Aunque la organización enumera varios casos de abusos por parte de estas empresas y sus empleados, subraya que "no todos los agentes de libertad condicional de empresas privadas se comportan de forma poco ética, pero todos están sujetos a perversos incentivos financieros que alientan el trato abusivo".

Además, "los tribunales que consideran las compañías de libertad condicional como una forma sencilla de incrementar las arcas públicas cuentan con preocupantes incentivos para no plantear preguntas difíciles sobre las tácticas que emplean estas empresas", ha lamentado.

Según HRW, las compañías de libertad condicional operan sobre una base "financiada por los delincuentes" que resulta económicamente atractiva para muchos tribunales y gobiernos locales puesto que ofrecen supervisar la libertad condicional de delincuentes de delitos menores sin ningún costo para los contribuyentes.

En su lugar, sus contratos estipulan que los jueces deben instruir a los sentenciados a pagarles directamente a ellos varias tarifas como condición para su sentencia de libertad condicional. Las ganancias de muchas de estas compañías dependen exclusivamente de su capacidad para recaudar ese dinero de los presos en libertad condicional, explica el informe.

En uno de los casos contemplados, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que una persona bajo libertad condicional no puede ser encarcelada simplemente porque no pueda pagar una multa penal. Pero muchos tribunales delegan la responsabilidad de determinar si un delincuente en libertad condicional puede permitirse pagar las multas y las tarifas de supervisión que cobran las empresas.

CONFLICTO DE INTERESES

Esto representa un claro conflicto de intereses porque las ganancias de la empresa, así como las bonificaciones trimestrales de algunos agentes de estas compañías, dependen totalmente de su capacidad para recaudar estos pagos.

"Las compañías de supervisión de libertad condicional tienen una participación financiera en cada uno de los casos que gestionan", ha apuntado Albin-Lackey. "Sus empleados son las últimas personas a quienes debería de confiársele la determinación de si un delincuente en libertad condicional puede pagar o no las tarifas de la compañía", ha subrayado.

HRW denuncia que en algunos casos, los tribunales sentencian a los delincuentes a libertad condicional porque creen que necesitan ser supervisados y vigilados, pero en muchos casos reciben esta pena solo porque los tribunales pueden encargarle a compañías independientes la supervisión de los esfuerzos de un infractor de pagar con el tiempo sus multas y costos legales.

"Estos delincuentes ni siquiera deberían estar bajo libertad condicional si pudieran costear el pago inmediato y completo de estos costos en el momento de su sentencia", ha incidido la organización internacional en su comunicado.

"Los tribunales sentencian todos los años a varios cientos de miles de personas a libertad condicional supervisada por compañías privadas pero casi ninguna hace apenas nada para prevenir prácticas abusivas", ha resaltado Albin Lackey.

"Perversamente, algunos de los condados más pobres de Estados Unidos representan oportunidades de negocio de oro para la industria precisamente porque tantos residentes pasan apuros para pagar sus multas", ha remachado.

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MARRUECOS: ELIJEN A LA PRIMERA MUJER GOBERNADORA, DESAIRE ISLAMISTA ENTRE LOS EJECUTIVOS DEL GOBIERNO

Desaire islamista a la primera mujer gobernadora en Marruecos

Un coronel rehúsa dar la mano a Zineb el Adaoui en su toma de posesesión en Kenitra. 

El jefe paramilitar es destituido de inmediato.

Desempeñar un alto cargo no le pone, a las mujeres marroquíes, a salvo de las groserías de algunos musulmanes radicales. Zineb el Adaoui, de 53 años, acaba de experimentarlo hace unos días. El 21 de enero fue nombrada, por el rey Mohamed VI, gobernadora de una región cuya capital es Kenitra, a 40 kilómetros al norte de Rabat. Es la primera mujer gobernadora en la historia de Marruecos. Entre sus tareas está la coordinación de las fuerzas de seguridad.

   Tres días después de la audiencia real El Adaoui sufrió su primer desaire durante su toma de posesión a la que, probablemente para darle más relumbrón, asistió el ministro del Interior, Mohamed Hassad. El coronel que manda en esa región a las Fuerzas Auxiliares, un cuerpo paramilitar de mantenimiento del orden, rehusó darle la mano durante la ceremonia. Los musulmanes más integristas interpretan que el islam les prohíbe tener un contacto físico con ninguna mujer que no sea de su familia.

   El coronel, que desde que llegó a Kenitra no suele asistir a ceremonias oficiales, advirtió de antemano a su entorno que esta vez sí acudiría, pero que no daría la mano a la gobernadora. Precisó que no lo hacía porque no la respetase sino a causa de sus “convicciones religiosas”, según el diario Al Massae de Casablanca. El jefe local de las Fuerzas Auxiliares se negó también, a continuación, a asistir, a un acto religioso en una zaouia (ermita islámica) que presidió el chambelán del rey, Charif Sidi Mohamed el Alaoui, y en la que participó la gobernadora.

   Preguntado, el martes 4, en la Cámara de los Representantes (cámara baja del Parlamento marroquí), el ministro del Interior confirmó que el coronel, cuya identidad no reveló, había sido destituido fulminantemente, pero no reveló el motivo. Tras el incidente de la toma de posesión la inspección de las Fuerzas Auxiliares de la zona norte de Marruecos celebró un consejo de disciplina que le sancionó con la destitución. Llevaba tan solo tres meses en su destino de Kenitra.

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IRLANDA: 3 EX-BANQUEROS DE ANGLO IRISH BANK EN EL BANQUILLO

Irlanda pone cara a la crisis con un histórico juicio a tres exbanqueros

Entre fuertes medidas de seguridad y enorme expectación, tres altos directivos del Anglo Irish Bank acusados de fraude comparecieron ante un tribunal de Dublín, al comienzo de un juicio histórico que pone cara a los presuntos culpables de la crisis.

El ex director ejecutivo Sean FitzPatrick y otros dos altos directivos del Anglo Irish Bank son los primeros banqueros de renombre que se sientan ante un tribunal de lo penal en Irlanda por delitos relacionados con la crisis que atraviesa este país desde 2008, en gran parte originada por la burbuja inmobiliaria.

El colapso de ese banco llevó al Gobierno a nacionalizarlo en 2009 y a invertir más de 30.000 millones de euros en su rescate. Un año después, ahogado por la deuda, Irlanda pidió un rescate a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional por 85.000 millones de euros, que abandonó con éxito en diciembre pasado.

FitzPatrick, el ex director de finanzas William McAteer y el ex director general de préstamos Patrick Whelan se han declarado inocentes de los 16 cargos presentados contra cada uno por la "prestación ilegal de asistencia financiera", por un total de 451 millones de euros, a "16 individuos" en julio de 2008 con el fin de revalorizar de manera fraudulenta las acciones del Anglo.

Ese delito está penado en Irlanda con un máximo de cinco años de cárcel y una multa que se situaría en un mínimo de 3.100 euros.

Vestidos con traje y corbata a excepción de Whelan, que optó por una camisa desabrochada, los tres volvieron a declararse inocentes al inicio de un proceso que el abogado del Estado, Paul O'Higgins, calificó de único en la historia de Irlanda por la composición del jurado.

El juicio ha generado tanto interés que las autoridades han habilitado otra sala en el complejo judicial de la capital irlandesa para que se pueda seguir el proceso a través de pantallas de televisión.

Unos 800 testigos, entre ellos 42 policías, y más de 24 millones de documentos serán presentados a un jurado compuesto por doce personas, al que se añade, por primera vez, a otras tres para que el proceso no se venga abajo en caso de que enfermen más de dos miembros, en un juicio que durará entre cuatro y seis meses.

En su presentación, O'Higgins indicó al jurado que se tratará deesclarecer qué pasó con las "acciones o parte de las acciones"del Anglo en 2008 y enumeró ciertos aspectos contenidos en la Ley de Empresas irlandesa (2012) que son relevantes para la instrucción.

"Las compañías son estructuras que pueden generar un gran beneficio y, otras veces, daños considerables. Es vital que las acciones de una compañía sean tratadas de la manera adecuada, y, si no es así, se podría incurrir en un delito", señaló el abogado.

En referencia al Anglo, recordó, se ofrecieron "préstamos en circunstancias muy extraordinarias, que no tenían nada que ver con sus negocios ordinarios, lo cual es muy importante para este caso".

Durante el "boom" de la construcción en Irlanda, el Anglo Irish Bank se convirtió en el prestamista preferido de ese sector por su facilidad para conceder créditos de alto riesgo, lo que generó deudas multimillonarias cuando estalló la burbuja en 2008.

FiztPatrick, McAteer y Whelan llegaron a prestar de manera supuestamente fraudulenta 451 millones de euros a esos 16 individuos, miembros de un grupo conocido como "Maple 10", para comprar acciones del banco.

Entre los integrantes del "Maple 10" figuran seis miembros de la familia de Sean Quinn, el que fuera en hombre más rico de Irlanda y a quien el Anglo reclama una deuda de casi 3.000 millones de euros, a pesar de que el exmillonario se ha declarado en bancarrota.

Como parte de la reestructuración del sistema bancario irlandés, el Gobierno de Dublín fusionó en 2011 el Anglo Irish Bank y el Irish Nationwide, y ambos fueron cerrados definitivamente el pasado año a través de una entidad llamada Irish Bank Resolution Corporation. 
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ESPAÑA: FAGOR GRUPO MUEBLE SOLICITA PRECONCURSO DE ACREEDORES

Fagor Grupo Mueble (FGM) solicita el preconcurso de acreedores: suma y sigue...

El final de año vino marcado, a nivel empresarial, por la caída de un coloso, Fagor Electrodomésticos, noticia que tuvo su espacio en este blog. Pues bien, el arranque del 2014 nos deja la solicitud de preconcurso de Fagor Grupo Mueble (FGM), la cooperativa dedicada a la fabricación de mobiliario (cocina, residencial, oficinas, hoteles), con una plantilla de aproximadamente un centenar de trabajadores.
No se trataba de una filial de Fagor Electrodomésticos (como los los casos de Edesa, Grumal o Proiek), aunque compartía marca con la misma. Es una empresa formada, en el 2012, por la fusión de tres empresas de distribución de mueble del Grupo Mondragón (Danona, Coinma y Fagor Mueble). Tan sólo la última de las citadas, la que aportaba la rama de muebles de cocina, había tenido relación con la propia Fagor Electrodómesticos. Una fusión que trataba de combatir la caída del sector en España, un mercado que era el 60% de su cuota de negocio (se habla de una caída en la facturación de cerca del 70%).

ESPAÑA: PIDEN PARA LA FAMILIA SANAHUJA 4 AÑOS DE CARCEL Y MULTA DE 65 MILLONES, EL LADRILLO NO PERDONA

El fiscal pide cuatro años de cárcel y multa de 65 millones para la familia Sanahuja

¿Qué usted gana unas cuantas decenas de millones de euros en una operación y no paga impuestos? Ningún problema. Hasta que Hacienda o la Fiscalía se meten por medio, evidentemente. Eso es lo que le pasa a una de las familias de raigambre del sector de la construcción español. Lo que les demandan son cuatro años de cárcel y 65 millones de multa, además de 15,5 millones de responsabilidad civil. Esa es la petición de Fiscalía a los miembros de la familia Sanahuja, una de las más importantes sagas del ladrillo de Barcelona.

El motivo fue la venta de una de sus sociedades, Inversiones Tres Cantos, a Inmobiliaria Colonial. La familia había comprado la empresa por 4,9 millones y la había vendido por 58. Tuvo una plusvalía de más 52 millones de euros, pero a través de una supuesta ingeniería financiera, materializada en la compraventa de los activos a empresas de la propia familia Sanahuja, no pagó nada por la transacción.

Los fiscales acusan a Javier Sanahuja Escofet, Román Sanahuja Pons, María Escofet Brado y Juan Manuel Sanahuja Escofet y a las empresas Rua Nova Interland y Sacresa Terrenos Promoción de un delito contra la Hacienda Pública. Para los empresarios, detalla además la pena de cuatro años de prisión “con inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años y multa de 65 millones de euros con 150 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, para los empresarios y las empresas jurídicas, se pide de forma subsidiaria una indemnización a la Hacienda Pública de “15.476.664,75 euros”, cantidad que se incrementará en los intereses que prevea la Ley General Tributaria.

La querella relata que en julio del 2007 Rua Nova vendió “todo su activo, consistente en participaciones en la promotora inmobiliaria Inversiones Tres Cantos, a Inmobiliaria Colonial, obteniendo en dicha venta un beneficio de 52.135.115,39 euros, cifra que se corresponde con la diferencia entre el precio de venta, 58 millones, y el de adquisición, 4.946.400 euros, menos los gastos financieros por descuento de los medios de pago, por importe de 898.647,59 euros”. El texto especifica que Rua Nova el 17 de mayo del 2002, un día después de su constitución, un paquete de participaciones en una ampliación de capital de Inversiones Tres Cantos por los 4,9 millones aludidos, lo que representaba un 40% de su capital social. El activo de esa compañía era una única finca adquirida el 29 de mayo de ese año en Tres Cantos que valía 28 millones de euros.

Ingeniería financiera

En otras palabras, Rua Nova compraba una compañía con un único activo materializado 12 días después de la compra. “Tras la venta a Inmobiliaria Colonial, Rua Nova transfirió los fondos cobrados (57.991.570,90 euros) a su único socio, Sacresa Promotora de Terrenos SA (48.230.030,30 euros) y a la sociedad patrimonial de los acusados, Cresa Patrimonial SL (9.761.540,60 euros). Por la plusvalía obtenida en la venta, Rua Nova debería haber declarado el beneficio obtenido y haber tributado efectivamente por el mismo, pagando una cuota de 15.476.664,75 euros. Sin embargo, Rua Nova no realizó pago alguno, pues en la declaración presentada el 23 de julio de 2008 por el Impuesto de Sociedades de 2007 sólo incluyó las operaciones correspondientes al primer semestre de dicho año. Ello se debía a que, con la finalidad de eludir la tributación sobre la plusvalía generada, Rua Nova y su socia Sacresa emplearon el siguiente mecanismo declaratorio”.

A partir de ahí, la querella del fiscal especifica los pasos dados por la empresa inmobiliaria para soslayar el pago de impuestos, ya que sus propietarios hicieron que Rua Nova fuese absorbida por Sacresa, En realidad, esta última tendría que haberse hecho cargo de las deudas tributarias de la absorbida, pero no fue así. “Esta operación de fusión no había sido mencionada ni en las cuentas anuales de Sacresa depositadas inicialmente en el registro mercantil ni en el preceptivo informe de auditoría de fecha 30 de junio de 2008”.

Al año siguiente, después de que Hacienda detectase el supuesto fraude, Sacresa presentó una declaración complementaria por el Impuesto de Sociedades, pero con trampa: declaraba un beneficio a consecuencia de la fusión por absorción “pero simultáneamente se incluían gastos relativos a provisiones por pérdidas generadas por productos financieros. De este modo, al compensar los ingresos de la fusión con gastos no deducidos anteriormente, se conseguía eludir la tributación y no se ingresó cuota alguna en el Impuesto de Sociedades”. Según el fiscal, pues, “la tributación de la plusvalía obtenida por Rua Nova se eludió completamente al ser artificiosamente trasladada a la órbita patrimonial de Sacresa, donde se compensó con pérdidas patrimoniales previstas en Sacresa”. En otras palabras: todo un alarde de ingeniería financiera que la Fiscalía ha puesto en conocimiento del juzgado y por el que quiere que una de las sagas con mayor tradición en el sector del ladrillo pague no sólo con dinero en efectivo, sino con una sentencia ejemplar de cárcel.
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ESPAÑA: LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DESPIDE A SU NUMERO 2 CON UNA INDEMNIZACION DE 500.000 EUROS

La SGAE premia a su 'número dos' con 500.000 euros antes de echarlo a la calle

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) defenestró ayer a su secretario general y número dos, Pablo Hernández, para defender la "honorabilidad y transparencia" de la entidad tras las presuntas corruptelas denunciadas por El Confidencial en las últimas semanas. Pero rechazó aplicarle un "despido disciplinario", como reclamó en vano buena parte de los miembros de la Junta Directiva, lo que permitirá a Hernández embolsarse una indemnización de casi 500.000 euros.

Pocas horas antes de que la sociedad de autores hiciese pública, a través de un comunicado, la destitución de su hasta ahora número dos, la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) anunció su adhesión a la querella presentada ayer mismo contra Hernández por el productor musical Fernando Bermúdez, socio de la SGAE, por los presuntos delitos de falsedad, estafa, apropiación indebida y delito societario. ACAM, presidida por el compositor José de Eusebio, cuenta con más de 500 socios, todos miembros de la SGAE.

La tormentosa sesión de la Junta Directiva, bajo la presidencia de José Luis Acosta –el sucesor de Antón Reixa y Eduardo Teddy Bautista–, fue convocada con un único punto en el orden del día: decidir la suerte de Hernández, salpicado por sospechas de corrupción y en el punto de mira del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. Su despido fulminante estaba cantado de antemano, pero la cúpula de la SGAE, muy debilitada y cuestionada tras la marcha de Bautista, tenía reservada una traca final.
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ESPAÑA: LA EOLICAS AMENAZAN CON DESPIDOS Y DEJAR ESPAÑA

Las eólicas amenazan con dejar España y con 

más despidos por los nuevos recortes del 

Gobierno

La patronal AEE dice que la nueva regulación de Industria es "la más perniciosa que se ha dictado jamás en ningún país" contra el sector. Deslocalización, venta de los activos y una nueva oleada de despidos. Son las consecuencias que las eólicas consideran que tendrá en el sector la nueva regulación del Gobierno para las energías renovables. El Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) su propuesta para sustituir el anterior sistema de primas a las energías verdes. 

Una nuevo marco que se traduce en un fuerte recorte con carácter retroactivo de los incentivos para todas las tecnologías limpias, pero que es especialmente duro con las eólicas, dejando fuera de cualquier ayuda a más de un tercio de las instalaciones de energía eólica (un 37%, toda la potencia instalada antes de 2005) "El Gobierno español pasará a los anales como el que puso fin a la historia de éxito del sector eólico español con la regulación más regresiva jamás adoptada en España", subraya la Asociación Empresarial Eólica (AEE) en un duro comunicado. 

"Se trata de la normativa más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico". La AEE, en la que están representadas dos centenares de compañías del sector (entre ellas Iberdrola, Acciona o EDP Renovables, las más representativas de esta industria), considera "incomprensible e inadmisible" que la tecnología más penalizada por la reforma sea la eólica. Incomprensible e inadmisible porque percibe tan sólo el 25% del montante de las primas (el año pasado más de 9.000 millones de euros) y es responsable del 11,4% de los costes regulados del sistema, a pesar de ser la primera fuente de electricidad en España. 

Las eólicas amenazan con su salida del país y con iniciar una nueva oleada de despidos. La nueva normativa "aboca al sector a la deslocalización y venta de activos, así como a nuevos ajustes de plantillas", subraya la AEE en su comunicado. 

Tiene que ser un error", dice la patronal, "no es posible que un Gobierno regule contra la primera fuente de electricidad del país, recortando de golpe el valor de las empresas del sector al condenarlas a una inevitable depreciación de sus activos, problemas de caja para hacer frente a las deudas, y dificultades incluso para refinanciar los proyectos". 

"En cualquier país del mundo sería inadmisible que se pusiese en jaque el futuro de un sector que baja el precio del mercado eléctrico al evitar importaciones de combustibles fósiles, crea empleo y exporta tecnología, entre otros muchos beneficios para España y los españoles". 

Según los cifras de la AEE, la eólica española ya era antes de esta última reforma la tercera que recibe una retribución más baja en toda Europa, y con la nueva normativa se colocará a la cola del continente. 

La AEE se queja de que Industria haya diseñado esta vuelta de tuerca "sin diálogo" con el sector, con "falta de transparencia", y aplicando "criterios arbitrarios". El Ejecutivo sustituye el anterior sistema de primas por volumen de generación con una rentabilidad razonable del 7,39% antes de impuestos para cada instalación, mientras que la Comisión Europea establece un 9% después de impuestos como rentabilidad razonable para alcanzar los objetivos de energías verdes de la UE para 2020 y 2030. "En definitiva, el impacto será a todas luces desproporcionado
"
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ESPAÑA: EL JUEZ RUZ INDIGNADO POR LA AMNESIA DE CIERTOS POLITICOS

La 'amnesia' de dos dirigentes del PP irrita al juez Ruz: "Tienen que decir la verdad"

El secretario general y la gerente del partido en La Rioja aseguran no recordar los detalles de la sospechosa compra de un local en Logroño destapada por los 'papeles de Bárcenas'. El magistrado, visiblemente enfadado, les ha dado 48 horas para que aporten nueva documentación de aquella operación.

Nuevo enfado del juez Pablo Ruz con el PP a cuenta de los 'papeles de Bárcenas'. La actitud de los dos dirigentes de partido en La Rioja que han declarado como testigos este miércoles para aclarar la procedencia del dinero con el que la formación compró en 2008 un local en Logroño ha terminado por provocar la evidente irritación del magistrado después de que ambos se refugiasen reiteradamente en "no lo recuerdo" y "no lo sé" para evitar dar detalles sobre la misma. En una decisión poco habitual, el magistrado les ha dado un plazo de sólo 48 horas para que entreguen toda la documentación que tengan sobre aquella adquisición y las obras de reforma que hicieron posteriormente en el inmueble. Según fuentes jurídicas, Ruz ha llegado a reiterar a ambos dirigentes regionales que estaban allí como testigos y que, por tanto, tenían la obligación de responder con la verdad a las preguntas que les planteaban.

El juez ha dado dos días al PP riojano para que entregue toda la documentación sobre el crédito pedido, la compra del local y los gastos de las obras de remodelación

El primero en comparecer fue Carlos Cuevas, secretario general del PP en La Rioja y miembro del parlamento regional, quien durante su comparecencia no concretó demasiados detalles de cómo se gestó aquella compra pese a la lluvia de preguntas que tanto el juez como las acusaciones le plantearon sobre la misma y sobre el origen de los aproximadamente 1,5 millones de euros que la formación política invirtió en ello. Cuevas, visiblemente nervioso durante toda su comparecencian, llegó a afirmar que no sabía quiénes eran los propietarios de los dos locales contiguos que adquirieron (eran Iberdrola y una particular) ni quién negoció con ellos para llegar a un acuerdo. Sólo admitió haber participado en un encuentro con los responsables del Banco Santander para solicitar dos créditos (uno de 900.000 euros y otro de 120.000) para la compra. Y ello, sólo después de que el juez le preguntara con insistencia sobre la negociación de dichos préstamos.

"A fondo perdido"

También se escudó en el "no recuerdo" cuando le interrogaron sobre con quién de Génova 13 hablaron para adquirir el inmueble pese a que en la causa existe ya sendos poderes notariales firmados por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas que les autorizaba a realizar dicha operación. Tampoco supo decir a quién le pidieron en Madrid los 200.000 euros como ayuda a los pagos. Sólo aseguró que dichos fondos se los remitieron "a fondo perdido"y que se enteraron de que habían llegado al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero. El secretario general del PP riojano se limitó a detallar de un modo vago que en una reunión de la ejecutiva del partido regional se trató de la necesidad de pedir dinero a los afiliados y a la organización, pero sin que se llegara a concretar cómo ni a quién. Sólo dijo que como era "público y notorio", aquel encuentro lo presidió el líder riojano, Pedro Sanz. "Esa notoriedad yo no la conozco", le espetó el magistrado ya en ese momento molesto por la actitud del testigo durante el interrogatorio.

El dirigente 'popular' negó la veracidad del apunte de los 'papeles de Bárcenas' que delataba una supuesta entrega en metálico a la caja B de Génova 13 de 200.000 euros en mayo de 2008, la cantidad que un mes después era transferida vía bancaria ya 'blanqueada' para poder ser utilizada en la compra del local, según apunta la investigación del juez. Cuevas insistió que nunca había llevado dinero en metálico a Génova y que las donaciones que el partido recibió en la región eran todas pequeñas y ninguna fue hecha por empresas. "Somo cumplidores con la ley, incluso escrupulosos", llegó a afirmar.

Compañero de Bárcenas en el Senado

Los 'fallos' de memoria de Cuevas llegaron a su punto culminante cuando se le preguntó si conocía a Luis Bárcenas. El 'número 2' de La Rioja aseguró entonces que sólo había coincidido con él una vez en un acto de partido en Génova al que asistieron cerca de cien personas. Sólo cuando una de las acusaciones le recordó que él había sido senador en la misma legislatura que el extesorero, admitió que durante aquellos años sí lo veía en la Cámara Alta. "Pero no somos amigos", recalcó. Sobre los otros dos antiguos miembros del equipo financiero del partido imputados en la causa, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Paéz, aseguró que nunca tuvo relación con ellos y que, incluso, al segundo no podría identificarle si lo viera.

Visiblemente nerviioso, el número 2 del partido en La Rioja llegó a asegurar que no conocía casi a Bárcenas pese a que ambos coincidieron durante una Legislatura en el Senado

La segunda dirigente del PP de La Rioja en declarar fue la gerente de la formación, Ana Elvira Martínez, quien sufrió la misma 'amnesia' que su compañero de partido sobre los detalles de la compra del local en Logroño. También muy nerviosa (el juez le pidió en varias ocasiones que elevará el tono de voz, prácticamente inaudible), su testimonio fue una sucesión de "no recuerdo" y "no lo sé" con los que evitó dar más detalles que su compañero. Al término de su declaración, el juez Ruz, visiblemente irritado,decidió convocarles en su despacho para requerirles formalmente nueva documentaciónsobre la compra con carácter de urgencia.

En concreto, los dos dirigentes 'populares' tienen dos días para hacer llegar a la Audiencia Nacional copia de las escrituras públicas de la compra de los locales y los documentos privados firmados con sus anteriores propietarios, así como la escrituras de las dos hipotecas suscritas, las actas de las reuniones del Comité regional del partido en los que se abordó la adquisición y los presupuestos completos de la formación de aquel año, el 2008. Además, les ha pedido toda las facturas y asientos contables de las obras de reforma de la nueva sede, y cualquier otra documentación referida a la adquisición de otros inmuebles en aquel año.

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ESPAÑA: LA GURTEL TENIA UN FONDO DE 8 MILLONES PARA SOBORNAR A POLITICOS

Gürtel ocultaba en cinco cajas de seguridad 8 M. de euros en billetes grandes para sobornar políticos

Un informe de la UDEF entregado recientemente al juez Ruz destaca que la trama de corrupción tuvo abiertos depósitos opacos en diferentes sucursales por los que hacía circular miles de euros para pagar "a cargos públicos" y cubrir otros "gastos corrientes" de la organización. 

Cajas de seguridad en bancos con dinero, con mucho dinero en su interior. Uno de los últimos informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ha entregadoal juez Pablo Ruz revela que la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa llegó a mover sólo en cinco de estos depósitos opacos más de 8 millones de euros en "billetes de alta denominación". Dichas cajas registraron numerosos movimientos en los cerca de cuatro años que estuvieron abiertas, muchos de los cuales tenían como destinorepartirlo "entre distintos cargos públicos", además de cubrir otros "gastos corrientes" de la red, según refleja el documento policial. Todos sus movimientos quedaron registrados en una pequeña memoria informática intervenida José Luis Izquierdo, considerado el contable de la Gürtel, en la que figuran recogidos metódicos documentos en 'excel' en los que que la red anotaba el dinero que entraba y salía de estas cajas de seguridad.

El informe policial destaca que el destino final de este dinero era repartirlo "entre distintos cargos públicos" y cubrir otros "gastos corrientes" de la organización

El informe de la UDEF recoge que en estos archivos se recogían "los movimientos de los fondos que han transitado" por dichos depósitos opacos, con detalle sobre las cantidades y las fechas de los mismos. El documento policial se centra en cinco cajas de las 14 que llegó a tener la red. Las cinco se encontraban repartidas en distintas sucusales madrileña de la misma entidad financiera, Caja Madrid (hoy absorbida por Bankia) y los titulares que hacía figurar en las mismas eran distintos: desde empresas de la trama, a trabajadores de la misma e, incluso, el número 2 de la propia red, Pablo Crespo. La mayoría de estos productos bancarios estuvieron operativos hasta el día en que se produjeron las primera detenciones del caso Gürtel, en febrero de 2009.

Así, el documento policial detalla la existencia en el pendrive de un archivo bautizado con el nombre "Box BM286" que se corresponde con la caja de seguridad número 5 de la sucursal que la entidad financiera madrileña tenía en el número 286 de la calle Bravo Murillo. En el documento informático, el contable de la red había anotado siete columnas en las que recogía entradas y salidas, el concepto de la misma, las fechas, el saldo y observaciones. Según dicha tabla, aquel depósito registró movimientos entre el 30 de julio de 2008 y el 13 de enero de 2009, sólo tres semanas antes de los arrestos. En la misma llegaron a entrar 635.000 euros y salieron 400.000. La UDEF señala que todo ese dinero procedia "de trasvases de otras cajas de seguridad o de la caja B" de la organización. El contable de la trama incluso anotó qué tipo de billetes ocultaba en la misma: todos de "alta denominación".

De 500.000 euros a 5,3 millones

El segundo depósito opaco recibía en la contabilidad secreta la denominación "Box GO150" y estaba en la sucursal que Caja Madrid tiene en el número 32 de la calle General Oráa, de la capital. Por ella pasaron 500.000 euros entre octubre de 2007 y agosto de 2008 y, según la interpretación de los agentes, sirvió de 'puente' entre otros depósitos opacos y la caja 'B' que la red tenía en las oficinas de la calle Serrano, 40, auténtico 'cuartel general' de la trama y desde la que se hacían los pagos en dinero negro. Esta caja de seguridad estuvo abierta a nombre de Pasadena Viajes, la empresa de la Gürtel que gestionaba los numerosos viajes que servían de dádivas para póliticos.

En uno de estos depósitos opacos abiertos en Caja Madrid, la Gürtel movió más de 5 millones de euros en menos de dos años

Idéntico saldo, medio millón de euros, tuvo la tercera caja de seguridad que figura en el reciente informe sobre el pendrive. Denominada "Box GV41", la misma estaba en la céntrica Gran Vía de la entidad madirleña. En ella, sin embargo, sólo figuraba una anotación, con fecha del 29 de octubre de 2007. Era el ingreso de la elevada cantidad de dinero por parte de Pablo Crespo. Sin embargo, el titular de la misma no era el número 2 de la red, sino Mónica Magariños, una empleada de empresas de la Gürtel que firmó numerosos documentos de la red valenciana de la Gürtel..

La caja de seguridad que llegó a registrar mayor cantidad de dinero fue la que recibió la denominación "Box V31" y que estaba abierta en la sucursal de Caja Madrid en la calle Velázquez. Sobre ella, los agentes de la UDEF localizaron dos documentos dentro de la pequeña memoria portatil. En uno de ellos, que comprende los movimientos registrados entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, figuraban entradas y salidas de dinero por un total de 5,3 millones de euros. En el segundo, que iba de enero de 2008 a septiembre de ese mismo mes, entraron en la misma 215.000 euros y salieron 185.000.

"En estas tablas se realiza un control financiero de los fondos de la organización anotando las entradas que tienen su origen en comisiones y traspasos de otras cajas de seguridad", explica la Policía en el informe, en el que añade que las salidas estaban destinadas "al pago del gasto corriente de la organización, pago a cargos públicos y gastos de personal" de la propia trama. En concreto, de sus tres presuntos cabecillas, Francisco Correa, Álvaro Pérez 'el Bigotes' y Pablo Crespo. Este depósito opaco estaba abierto, precisamente, a nombre de este útlimo.

"Repartido entre cargos públicos"

También a su nombre y en esa misma sucursal, la Gürtel tenía otra caja de seguridad, la quinta del informe y que se denominaba "Box V51". Su saldo, 900.000 euros. En el archivo informático que detalla sus movimientos figuraba un única entrada por esta cantidad con fecha 22 de mayo de 2007, "la cual es repartida entre distintos cargos públicos", recalca el documento de la UDEF. En otro documento referido a la misma caja se refleja queen 2006 por esta caja de seguridad llegaron a pasar otros 1,3 millones de euros, lo que la conviritió en "una de las vías principales de alimentación de la caja 'B". La Policía, que ya había realizado en diciembre de 2010 un informe parcial sobre dichas cajas de seguridad, concluye este análisis afirmando que todo el dinero oculto en estas entidades bancarias formaban parte de una"caja única situada en las oficinas de la calle Serrano 40  desde donde personas de la organización realizaban depósitos de grandes cantidades de dinero en efectivo (fondos B) en las distintas cajas de seguridad", añaden.

La trama empezó a utilizar cajas de seguridad en bancos en 2005 a causa de la elevada cantidad de efectivo que empezaba a acumular en su 'cuartel general'

El informe policial añade que la organizaciónempezó a utilizar estos productos bancarios de custodia de bienes en 2005, cuando ya llevaba operando cerca de seis años, dado el elevado volumen de los fondos en metálico que ya en esa fecha manejaba la trama desde las oficinas de la calle Serrano. De hecho, es a apartir de octubre de ese año cuando la organización empieza a registrar en su contabilidad secreta también el gasto que la apertura de estas cajas de seguridad le suponía: aproximadamente 600 euros cada una. Una minucia comparado con el dinero que, en billetes grandes, cobijaban. El documento policial llega a cuantificar en 25,5 millones de euros el dinero negró que movió la Gürtel entre 1996 y 2009, de los cuales una parte importante pasaba por estos depósitos opacos.

Además, otros miembros de la trama tenían sus propias cajas de seguridad personales. Era el caso, por ejemplo, de María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa, quien poseía la suya en la sucursal de Unicaja en  Marbella (Málaga). Allí, dentro de un neceser, Rodríguez Quijano, también imputada en la causa, atesoraba 26 joyas. Un informe pericial detalla que el conjunto tenía un valor de “venta en el mercado de segunda mano” de 126.134 euros. De todas las piezas, destacaba una sortija de poco más de ocho gramos de peso y tasada en 68.000 euros, más de la mitad del total de este pequeño tesoro. También Pedro Crespo tenía su caja. En este caso en Pontevedra. Allí, el número 2 de la trama no guardaba sólo dinero, sino también documentos que finalmente permitieron a los investigadores descubrir buena parte de las prácticas presuntamente ilegales de la organización.

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ESPAÑA: EL FROB RECONOCE QUE 150.000 PREFERENTISCAS NO RECUPERARAN SU DINERO

El FROB admite que 150.000 afectados por preferentes quedarán fuera del arbitraje

El Estado calcula que otros 260.000 clientes de entidades nacionalizadas sí podrán recuperar buena parte de su inversión

Uno de cada tres afectados por las preferentes emitidas por las entidades nacionalizadas -Bankia, NCG Banco y Catalunya Banc- no podrá recuperar su inversión, aunque sin intereses, por las 'buenas', es decir, acudiendo a la vía del arbitraje. Están abocados de una manera u otra a terminar en los tribunales, salvo que renuncien de forma tácita a sus reclamaciones.

Es la principal conclusión que sacaron ayer los distintos portavoces políticos presentes en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados tras escuchar las explicaciones del subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, que esta vez comparecía en el Parlamento en calidad de presidente de la comisión rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y a quien insistieron, sin obtener una respuesta concreta, sobre cuánto costará finalmente el rescate de los bancos. El mensaje de este último fue, sin embargo, destacar las cifra de quienes sí obtendrán una solución pactada a sus demandas.

Según los números que presentó, «más de 260.000 clientes han obtenido ya o van a obtener próximamente una compensación equivalente al valor nominal de la inversión». Ello supone, abundó en su discurso, «más de la mitad de los inversores minoristas que tenían acceso a los arbitrajes y más del 60% de los que lo han solicitado».

Esas cifras, que irán engordando en los próximos meses -destacó Restoy- según se vayan dirimiendo todos los procedimientos administrativos todavía en curso, no coinciden con el volumen de afectados que se manejaba hasta ahora con arreglo a los datos de las propias entidades. Las cuentas del subgobernador apuntan a un total de 410.000 afectados por preferentes en la llamada banca nacionalizada, mientras que en el sector se hablaba de 430.000.

Y eso, si se tiene sólo en cuenta a los clientes que cumplían los requisitos para acudir al arbitraje, que discriminaban los casos sin contrato formal o documento similar, con incorrecciones de peso e incluso donde el suscriptor fuera menor de edad o tuviera alguna incapacitación mental. El volumen total de inversores minoritarios que contrataron emisiones preferentes de esas entidades se eleva hasta los 534.000.

1.890 millones ya aceptados

El 'número dos' del Banco de España también adelantó a los diputados que la banca nacionalizada ya ha aceptado abonar, hasta el momento, 1.890 millones por el problema de las preferentes, la mitad de esa suma (1.056 millones) correspondiente a Bankia y el resto distribuido en sumas proporcionales entre NCG Banco (496) y Catalunya Banc (338). No obstante, sólo la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri tiene previsto elevar la cuantía en otros 1.189 millones conforme se vayan finiquitando los arbitrajes pendientes.

Con ello, y aún reconociendo que los tribunales podrían aumentar la cantidad de efectos con derecho a indemnización, Restoy consideró que «el núcleo del problema está resuelto», aunque admitió que sería «exagerado» decir que todo está cerrado.

Restoy también hizo balance del llamado 'banco malo', la sociedad pública Sareb, que cerró 2013 con un flujo de caja bruto de 3.800 millones de euros (200 menos de lo previsto), que le permitió amortizar 1.445 millones en bonos pagados para el traspaso de los activos inmobiliarios que recibió de las entidades rescatadas.

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ESPAÑA: LA MUJER HOSPITALIZADA POR LA CARGA POLICIAL DE GAMONAL, DENUNCIA PRESIONES DE LA POLICIA

Familiares de la mujer hospitalizada en Valladolid denuncian presiones de la policía

Una hija y una amiga de Encarna, ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid con un ictus hemorrágico tras la intervención policial del pasado domingo, señalan que agentes de policía pidieron el parte médico de la mujer

"Mi madre está en el hospital por los golpes que tiene en la cabeza", señala la hija y añade: "Me da vergüenza vivir en este país"

Encarna, de 56 años, continúa ingresada en el Hospital Clínico de Valladolid a causa de un ictus hemorrágico que sufrió tras la intervención de la policía el pasado domingo, cuando se manifestaba a las puertas de un conocido restaurante donde comían algunos miembros del Partido Popular, que cerraban la convención que habían celebrado durante el fin de semana en la ciudad castellana.

A pesar de las imágenes donde la policía se emplea contra los manifestantes, que en todo momento aseguraron comportarse de manera pacífica, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, señaló que "en la intervención no hubo carga policial".

La versión de los hechos de la Subdelegación del Gobierno también apunta a que el motivo del ingreso de Encarna en el hospital, que se encuentra estable, aunque grave y con pronóstico reservado, no es consecuencia de golpe o contusión alguna.

De nuevo esta versión de los hechos dista de la que cuentan los manifestantes que, además de señalar a las imágenes de vídeo donde Encarna fue zarandeada (la del abrigo blanco), también aseguraron ver cómo le golpearon en la cabeza.

Unos golpes que confirma una amiga de la víctima, Flori, que permanece con ella en el hospital: "Tiene dos porrazos visibles en la cabeza". La hija de Encarna también sale al paso de lo sucedido en la manifestación: "Mi madre sufrió un infarto hace diez años, pero está en el hospital por los golpes que le dieron". Respecto a los hechos señala que, "después de ver todo lo ocurrido y el comportamiento de la policía, me da vergüenza vivir en este país".

Tanto hija como amiga aseguran que los facultativos observaron una subida de la tensión fruto de las circunstancias que vivió en la manifestación y que le provocaron el ictus.

Otro punto al que se refieren la hija de Encarna y Flori, la amiga que la acompaña, es una serie de circunstancias anómalas desde que se produjo el ingreso hospitalario. "El domingo, cuando Encarna llegó, se cerró toda la planta donde estaba ingresada, yo tuve problemas para poder acceder cuando me iba a quedar a dormir con ella", recuerda Flori, quien explica que "la persona de seguridad que estaba en la planta nos dijo que le habían dado orden de cerrar".

A este hecho, que se produjo el primer día, las allegadas de Encarna suman que "la policía se ha presentado el lunes y el martes para pedir a los facultativos el parte médico de Encarna". Una práctica a la que los doctores se negaron a acceder sin permiso de la víctima, que no quiso ofrecérselo a los agentes que se personaron en el hospital, según sostienen la amiga y la hija de la convaleciente.

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno en Valladolid señala que la versión de la policía es que ellos no van a por partes médicos y que tampoco lo han hecho en el caso de Encarna.

Las interpretaciones de lo sucedido el domingo

La intervención de la policía el pasado 2 de febrero terminó con tres detenidos y más de diez heridos. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, reprochó al subdelegado del Gobierno en Valladolid que las órdenes a la policía habían sido erróneas y expresó que con montar un cordón policial hubiera sido suficiente para controlar una manifestación pacífica.

Horas después de que se produjeran estas declaraciones, el secretario provincial del SUP en Valladolid, Jorge Morantes, defendía la actuación de la policía pero matizaba que habría que depurar responsabilidades individuales de aquellos policías que pudieran haber actuado fuera de la ley.

Los heridos en la manifestación se presentaron en una rueda de prensa con visibles heridas, hematomas, escayolas e incluso un collarín. Señalaron la brutalidad de la acción llevada a cabo por la policía y después mostraron algunos de los partes médicos de sus diferentes contusiones. Todos ellos anunciaron que presentarán una denuncia criminal conjunta ante el juzgado de instrucción de guardia en los próximos días.

Además de la intervención de los heridos, el colectivo autodenominado 'Gente muy harta de Valladolid' ha convocado una nueva manifestación el próximo viernes, 7 de febrero, a las ocho de la tarde, en la plaza Fuente Dorada, "en contra de la represión policial y por la libertad de expresión".

En ella se va a exigir que los detenidos e identificados queden libres de todos los cargos que se les imputa. También se va a pedir la identificación de los policías que causaron las agresiones y, por último, la dimisión del delegado del Gobierno en Castilla y León y del subdelegado del Gobierno en Valladolid.

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