El fiscal pide cuatro años de cárcel y multa de 65 millones para la familia Sanahuja
¿Qué usted gana unas cuantas decenas de millones de euros en una operación y no paga impuestos? Ningún problema. Hasta que Hacienda o la Fiscalía se meten por medio, evidentemente. Eso es lo que le pasa a una de las familias de raigambre del sector de la construcción español. Lo que les demandan son cuatro años de cárcel y 65 millones de multa, además de 15,5 millones de responsabilidad civil. Esa es la petición de Fiscalía a los miembros de la familia Sanahuja, una de las más importantes sagas del ladrillo de Barcelona.
El motivo fue la venta de una de sus sociedades, Inversiones Tres Cantos, a Inmobiliaria Colonial. La familia había comprado la empresa por 4,9 millones y la había vendido por 58. Tuvo una plusvalía de más 52 millones de euros, pero a través de una supuesta ingeniería financiera, materializada en la compraventa de los activos a empresas de la propia familia Sanahuja, no pagó nada por la transacción.
Los fiscales acusan a Javier Sanahuja Escofet, Román Sanahuja Pons, María Escofet Brado y Juan Manuel Sanahuja Escofet y a las empresas Rua Nova Interland y Sacresa Terrenos Promoción de un delito contra la Hacienda Pública. Para los empresarios, detalla además la pena de cuatro años de prisión “con inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años y multa de 65 millones de euros con 150 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Además, para los empresarios y las empresas jurídicas, se pide de forma subsidiaria una indemnización a la Hacienda Pública de “15.476.664,75 euros”, cantidad que se incrementará en los intereses que prevea la Ley General Tributaria.
La querella relata que en julio del 2007 Rua Nova vendió “todo su activo, consistente en participaciones en la promotora inmobiliaria Inversiones Tres Cantos, a Inmobiliaria Colonial, obteniendo en dicha venta un beneficio de 52.135.115,39 euros, cifra que se corresponde con la diferencia entre el precio de venta, 58 millones, y el de adquisición, 4.946.400 euros, menos los gastos financieros por descuento de los medios de pago, por importe de 898.647,59 euros”. El texto especifica que Rua Nova el 17 de mayo del 2002, un día después de su constitución, un paquete de participaciones en una ampliación de capital de Inversiones Tres Cantos por los 4,9 millones aludidos, lo que representaba un 40% de su capital social. El activo de esa compañía era una única finca adquirida el 29 de mayo de ese año en Tres Cantos que valía 28 millones de euros.
Ingeniería financiera
A partir de ahí, la querella del fiscal especifica los pasos dados por la empresa inmobiliaria para soslayar el pago de impuestos, ya que sus propietarios hicieron que Rua Nova fuese absorbida por Sacresa, En realidad, esta última tendría que haberse hecho cargo de las deudas tributarias de la absorbida, pero no fue así. “Esta operación de fusión no había sido mencionada ni en las cuentas anuales de Sacresa depositadas inicialmente en el registro mercantil ni en el preceptivo informe de auditoría de fecha 30 de junio de 2008”.
Al año siguiente, después de que Hacienda detectase el supuesto fraude, Sacresa presentó una declaración complementaria por el Impuesto de Sociedades, pero con trampa: declaraba un beneficio a consecuencia de la fusión por absorción “pero simultáneamente se incluían gastos relativos a provisiones por pérdidas generadas por productos financieros. De este modo, al compensar los ingresos de la fusión con gastos no deducidos anteriormente, se conseguía eludir la tributación y no se ingresó cuota alguna en el Impuesto de Sociedades”. Según el fiscal, pues, “la tributación de la plusvalía obtenida por Rua Nova se eludió completamente al ser artificiosamente trasladada a la órbita patrimonial de Sacresa, donde se compensó con pérdidas patrimoniales previstas en Sacresa”. En otras palabras: todo un alarde de ingeniería financiera que la Fiscalía ha puesto en conocimiento del juzgado y por el que quiere que una de las sagas con mayor tradición en el sector del ladrillo pague no sólo con dinero en efectivo, sino con una sentencia ejemplar de cárcel.
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