LA AGRICULTURA DE EEUU SE QUEDA SIN TRABAJADORES Y PELIGRAN LAS COSECHAS

El campo de Estados Unidos se queda sin trabajadores y peligran las cosecha

Agricultores urgen al Congreso que apruebe una reforma migratoria con camino a la legalización de millones de indocumentados

La falta de una reforma migratoria, las severas medidas de seguridad fronteriza y la política de deportaciones mermaron el número de trabajadores en el campo de Estados Unidos.

Al complejo escenario se agrega el envejecimiento de la fuerza laboral agrícola por falta de nuevos inmigrantes, reportó el diario The Wall Street Journal en su página digital.

El diario citó a un granjero texano cultivador de cebollas quien asegura que los estadounidenses jóvenes son menos productivos que los trabajadores de más edad, predominantemente mexicanos. Y añaden que la última amnistía se registró hace 27 años, durante el gobierno de Ronald Reagan y fueron beneficiados unos 2.7 millones de indocumentados, la mayoría provenientes de América Latina.

Según reportes del gobierno federal, los trabajadores favorecidos por la amnistía de 1986 tienen ahora un promedio de 49 años, mientras que la edad promedio de los campesinos es de 37.

Los agricultores indican que el envejecimiento es sólo uno de los problemas que vuelven urgente la necesidad de que el Congreso apruebe una reforma migratoria que legalice a los 11 millones de indocumentados.

Récords de deportaciones

En los últimos cuatro años la Administración de Obama ha deportado más de 1.5 millones de indocumentados, con un promedio de 1,200 diarios.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala que la mayoría de los deportados tenía antecedentes criminales, pero organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos America’s Voice, El Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el National Immigration Forum (NIF) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA) refutan la versión oficial e indican que entre seis y siete de cada 10 expulsados no tenía antecedentes serios que constituyeran una amenaza para la seguridad nacional.

En 2012 el US Immigration and Customs Enforcement (ICE), deportó a 409,849 extranjeros de los cuales, aseguró, 55% (225,390) fueron declarados culpables de cometer faltas criminales graves y menores. En 2011 la cifra alcanzó los 396,906 con un average de 33,330 expulsados por mes.

En el año fiscal 2010 la cifra de expulsados subió a 392,862, mientras que durante el año fiscal 2009 el gobierno deportó a 389,834 indocumentados.

El número de extranjeros expulsados entre el 1 de octubre de 2012 y el 31 de marzo de 2013 fue de 159,667. Durante el mismo período en el año fiscal 2012 la cifra fue de 197.748.

De acuerdo con los datos de 2013, el promedio diario de deportados bajó de 1,200 a 887.3, un disminución del 20.9 por ciento comparado con el año pasado.

El debate legislativo

A finales de junio el Senado aprobó un plan que incluye una vía a la ciudadanía para extranjeros sin papeles que, entre otros requisitos, carecen de antecedentes criminales. El liderazgo republicano de la Cámara de Representantes quiere debatir una versión propia, por partes y no garantiza que una de ellas incluya un camino a la ciudadanía para los indocumentados.

Mientras el debate se extiende, The Wall Street Journal dice que la violencia en México y los severos controles migratorios están desalentando a los potenciales migrantes y dejan al campo estadounidense sin mano de obra.

Los agricultores agregan que la seguridad fronteriza y el sistema federal E-Verify colocaron las siembras y las cosechas en riesgo.

El 5 de agosto el Congreso entró en receso y regresa el 9 de septiembre. Decenas de organizaciones pro inmigrantes, sindicatos, religiosos, el sector de alta tecnología y agricultores, entre otros, presionan y hacen lobby en el Congreso para convencer a demócratas y republicanos que aprueben la reforma migratoria este año. Y que incluya una vía de legalización para miles de trabajadores indocumentados.

El lobby

El American Moshroom Institute, la principal industria de hongos del país, dijo en una nota que “todo el sector agrícola del país  se enfrenta a una escasez constante de mano de obra calificada” y advirtió la existencia de una crisis.

“El cultivo, la cosecha y la distribución de las setas son una actividad de todo el año, lo que requiere habilidad y velocidad. La reforma migratoria es un paso necesario e importante para asegurar que el sistema agrícola estadounidense tenga un suministro estable y legal de trabajadores a largo plazo”, agrega.

Del proyecto que aprobó el senado en junio, el American Moshroom Institute dijo que “ayuda a hacer frente a dos retos importantes, una legalización ganada para nuestra fuerza laboral actual y un nuevo programa de trabajadores basado en el mercado para satisfacer las necesidades del futuros”.

El Instituto urgió al Congreso a actuar “ahora” y “aprobar la reforma migratoria para dar una solución viable a las necesidades de campesinos”.

Guerra de posturas

Un grupo de siete representantes (cuatro demócratas y tres republicanos) redactan en secreto un plan de reforma migratoria con vía de legalización de indocumentados que podría ser entregado en septiembre al Comité Judicial. Para llegar al pleno, necesita el apoyo de 118 republicanos porque así lo indica la regla Hastert, que puso en vigor el presidente del Congreso, John Boehner (republicano de Ohio).

La regla Hastert determina que sólo se debaten en el pleno aquellos proyectos que tienen el apoyo de la mayoría de la mayoría. Sólo 23 republicanos han declarado públicamente que respaldan una reforma migratoria con ciudadanía; el liderazgo republicano se inclina por debatir una reforma fraccionada.

Para que se apruebe un plan como el del Senado en la Cámara hacen falta 218 votos. Los republicanos aseguran tener 195 que, sumados a los 23 republicanos que el miércoles hicieron público el respaldo, darían el número de respaldos necesarios. Además, los congresistas demócratas Luis Gutiérrez (Illinois) y Joe García (Florida), aseguran que hay entre 50 y 60 votos republicanos, y que el proyecto no es llevado al pleno porque la regla Hastert lo detuvo

La Casa Blanca, por su parte, resaltó en un blog los beneficios económicos que traería para el país una reforma migratoria con ciudadanía para los indocumentados que viven y trabajan actualmente en la economía informal.

El reporte indica que los inmigrantes sin papeles ganan mucho menos que su potencial, pagan bastante menos en impuestos y contribuyen significativamente menos a la economía de lo que lo harían si se les diera la oportunidad de lograr estatus legal y ganarse la ciudadanía.

Entre los principales beneficios, resaltó que la ciudadanía aumentaría los salarios de los trabajadores, en una década elevaría el PIB en $1.4 mil millones, aumentaría el ingreso total de las personas que viven en el país en $791 mil millones, se incrementarían los ingresos tributarios en $184 mil millones y añadiría unos 2 millones de puestos de trabajo a la economía de Estados Unidosl.

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EROSKI BAJARA EL SUELDO A SUS 40.000 TRABAJADORES

Eroski bajará el sueldo a sus 40.000 trabajadores para salir de pérdidas

Dejar atrás los números rojos y volver a ser rentable. Ese es el principal objetivo de Eroski. La cadena de distribución vasca ha aprobado un nuevo plan estratégico para el próximo cuatrienio (abarca desde 2013 hasta 2016) en el que teniendo en cuenta que, según explica en sus últimas memorias, "la reacción del entorno macroeconómico no va a ser el soporte para la mejora", es necesario llevar a cabo políticas de ahorro de costes.

Además de mejorar así la eficiencia en todos sus procesos, intentar reducir la factura logística y estudiar con los proveedores una bajada de los costes que permita seguir reduciendo los precios, se llevará a cabo una rebaja de los sueldos de sus cerca de 40.000 trabajadores a lo largo de todo el periodo.

Es una reducción con la se persigue no sólo ahorrar sino también evitar la destrucción de empleo y que sigue además las recomendaciones del FMI, que instaban a España a rebajar sus salarios hasta un 10 por ciento para volver a ser competitivos y generar empleo. La compañía que preside Agustín Markaide lo explica de forma muy clara: se trata de "un ajuste retributivo de socios y trabajadores, con su efecto directo de reducción de costes y como muestra de la implicación en el proyecto". El consejo rector de la cooperativa aprobó ya una rebaja de los salarios de los socios -hay 8.500, un 21 por ciento del total- que entró en vigor el pasado mes de mayo. Esa rebaja era del 5 por ciento para los trabajadores y de hasta un 10 por ciento para los directivos.

"Somos una cooperativa y la idea es que, si cuando hay beneficios se reparte el excedente, cuando las cosas van mal todos decidimos de forma voluntaria ajustarnos a la situación. Es algo inherente a nuestro modelo de negocio", explican fuentes de la compañía.

Aprobación mayoritaria

La decisión del consejo rector de la cooperativa se aprobó con el visto bueno del 79 por ciento de los socios, aunque el camino más complicado empezará posiblemente ahora. "Después de que los socios hayan reducido sus sueldos, se negociará con los sindicatos los nuevos convenios para el resto de la plantilla", apuntan estas mismas fuentes.

En principio, lo lógico sería que la rebaja fuera similar a la que han llevado a cabo los socios, del entorno de un 5 por ciento, aunque todo dependerá de la marcha de las negociaciones con los representantes de la plantilla. Eroski tenía a 31 de enero de este año, cuando cerró su ejercicio fiscal, un total de 39.862 empleados, lo que supone 1.972 menos que un año antes. Desde que se inició la crisis el grupo ha recortado más de 11.000 puestos de trabajo, aunque hay que tener en cuenta que una gran parte no obedecen a reducción de plantilla sino al traspaso de negocios a otras empresas. En cualquier caso, con esta reducción de costes y rebaja de los salarios lo que se persigue es precisamente el tener que seguir adelgazando su estructura y, con ello, su volumen de trabajadores.

En los últimos años, y ahogada por la caída del consumo, Eroski ha tenido que acometer un severo plan de ajuste y desinversiones -entre otras cosas tuvo que vender en 2011 sus siete hipermercados en la Comunidad de Madrid al grupo Leclerc- pero eso no ha sido suficiente para evitar la espiral de pérdidas y caída continua de las ventas.

Pérdidas acumuladas

Desde 2008, la empresa ha perdido 386 millones de euros. Y lo peor es que lejos de frenarse, la tendencia va a más. El ejercicio pasado, por ejemplo, los números rojos se elevaron a 121 millones, lo que supone el triple que un año antes. Y la facturación de la compañía, que no ha conseguido adaptarse a las nuevas exigencias del consumidor ni hacer frente al avance de Mercadona, ha pasado de 8.102 millones al inicio de la crisis, en 2008, a 6.221 millones de euros. en el último ejercicio.

Para sortear esta situación, además de la estrategia de ahorro, la empresa ha puesto en marcha una nueva planificación comercial. "La diferenciación será la clave del próximo ejercicio y siguientes", explica en las memorias. Se trata, según dice, de presentar una oferta más competitiva, reduciendo los precios gracias al ahorro de costes generado y haciendo un especial énfasis en los productos locales y en el ámbito de la salud y el bienestar.

El crecimiento y la apertura de nuevas tiendas se llevará a cabo de forma muy selectiva, basándose sobre todo en el modelo de la franquicia, con 60 nuevas tiendas este año. La empresa señala que "en el ámbito de nuestro mapa de negocios se pondrán en marcha las actuaciones necesarias que nos permitan reforzar y garantizar la capacidad competitiva de aquellos negocios y regiones más relevantes y estratégicos para el grupo".

La mejor noticia para la empresa es que podrá acometer la implantación de esta nueva estrategia habiendo conseguido ya aliviar el peso de su deuda. El pasado, llegó a un acuerdo con 22 entidades financieras para retrasar el vencimiento de sus créditos previstos en 2014 y llevarlos hasta 2017. El acuerdo en cuestión sustituye al anterior de diciembre de 2009, que abarcaba hasta enero de 2014, después de que en los últimos años haya logrado rebajar su deuda en más de 1.000 millones, un tercio del total.

Las negociaciones para la refinanciación duraron casi un año y afectaron fundamentalmente a un crédito sindicado, suscrito en 2007 y que vencía en 2014 derivado de la compra de Caprabo. La cuantía de la deuda pendiente de dicho crédito era de 1.839 millones de euros en ese momento. Eroski confía así en poder superar la crisis.

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ESPAÑA: PAGAN A JORNALEROS A 2,5 € LA HORA ¿ESCLAVITUD ?

Jornaleros a 2,5 euros la hora

El exceso de oferta de mano de obra, la insuficiente inspección y la actitud de algunos empresarios favorece el incumplimiento del convenio agrícola

Los trabajadores del campo llegan a cosechar con temperaturas de entre 35 y 40 grados, agachados o subidos a los árboles durante casi siete horas. Muchos han regresado a las fincas expulsados por la crisis de la construcción y se han encontrado con el incumplimiento sistemático de las condiciones laborales mínimas acordadas entre trabajadores y patronal. Algunos han llegado a cobrar solo hasta 2,5 euros por hora.

“Te vas al campo y no tienes derecho a nada”, se lamenta Francisco Javier Fresco, quien ha denunciado con su hermano Miguel y otra media docena de integrantes de su cuadrilla a un intermediario que llegó a pagarles la mitad de lo establecido en convenio.

El acuerdo laboral del campo distingue decenas de categorías. Para los eventuales, el salario medio diario oscila entre los 41 y los 50 euros al día con plus de distancia y en un día laborable. Sin embargo, los trabajadores aseguran haber cobrado entre 12 y 18 euros al día y haber descubierto que las empresas no cotizaban todos los días trabajados. “Se están beneficiando muchos sinvergüenzas”, lamenta Francisco Javier Fresco.

Su hermano Miguel apunta una de las causas de esta situación: “Nadie se atreve a denunciar. Si te quejas, no te cogen y en cinco minutos tienes una cuadrilla distinta”.

La crisis de la construcción ha generado un incremento de la oferta de mano de obra y las dificultades económicas han llevado a muchos temporeros a rebajar sus exigencias. En algunos casos están más interesados en que se firme la peonada, para poder tener acceso al subsidio de desempleo, que en cobrar lo que le corresponde.

Además, a las reticencias de los eventuales a denunciar se suma que, cuando lo hacen, se encuentran con un servicio de inspección sin medios suficientes para actuar de inmediato.

De esta situación se aprovechan muchos gestores de explotaciones que, en la mayoría de los casos, no coinciden ni siquiera con los propietarios. De esta forma, la cadena de responsabilidades se dispersa.

Monica Vega, secretaria general del sindicato Agroalimentario de CCOO, el mayoritario en el campo de Sevilla, resalta que, hasta la crisis del ladrillo, los convenios se cumplían en un 80%. Pero desde ese momento, el aluvión de nuevos demandantes de empleo distorsionó un mercado laboral en el que la sindicalista habla directamente de “mafias”.

La existencia de irregularidades es difícil de demostrar. Pero además de los testimonios como los aportados por Fresco y sus compañeros de cuadrilla existen datos que evidencian las irregularidades. Uno de ellos, según destaca Vega, es que, pese al aumento de la producción y hectáreas cultivadas en determinados sectores y el incremento de personas que busca trabajo en los campos, el número de peonadas declaradas se mantiene o desciende. “Es imposible recoger más sin más trabajo”, advierte Vega.

El Gobierno no quiere sacar conclusiones de estos datos y afirma que la Inspección actúa con la celeridad que puede. También recuerda que hay planes específicos para el campo, donde admiten la dificultad de controlarlo todo.

Como solución, los trabajadores reclaman un cambio de la normativa para evitar declarar menos peonadas de las realmente realizadas o que los intermediarios se aprovechen del exceso de oferta de mano de obra. También solicitan que se crucen los datos de ayudas recibidas con las de producción y empleo para que, en caso de detectar una pérdida de puestos de trabajo sin justificar, se limiten o eliminen las subvenciones.

Vega apunta la necesidad de un cambio de mentalidad. Destaca que en Valencia o Murcia, la estabilidad en el empleo supera el 90% porque los propietarios son los primeros interesados en mantenerla. Sin embargo, según afirma, en Andalucía hay muy poca industria y los dueños de fincas se desentienden de la gestión, que está en manos de sociedades de otras comunidades.

El responsable de relaciones laborales de Asaja, Felipe Gayoso, reconoce la existencia del problema, que atribuye directamente a “piratas”, como denomina a los intermediarios que se aprovechan del mercado laboral en el campo. Gayoso alaba a los trabajadores andaluces y a la patronal, pero entiende que hay una confluencia de intereses espurios que perjudican a ambas partes.

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CHILE PROHIBE EL DERECHO A LA HUELGA, ¿ EXCLAVITUD ?

Histórico : Chile Prohíbe el Derecho a Huelga a Empresas Publicas y Privadas

El 31 de julio se publicó en el Diario Oficial que los trabajadores de las empresas públicas y privadas no tienen la posibilidad de declarar una huelga. Esta sería una decisión aprobada el 25 de julio junto al Ministerio del Trabajo, de Defensa y Economía. 

La medida incluye empresas sanitarias, eléctricas y portuarias, tanto en Santiago como en regiones.

El miembro de la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados, Tucapel Jiménez, contó que "el derecho a huelga es un procedimiento esencial de la libertad sindical" y que en la Constitución no está consagrado el Derecho "de forma expresa" sino que lo desconoce para "ciertos sectores y empresas". 

Jiménez explicó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha recomendado a Chile cambiar el artículo "porque es demasiado amplio", mientras que el de la organización señala que "todas las empresas que prestan servicios esenciales no podrán paralizar si tienen algún riesgo para la salud de las personas, para la seguridad" y la chilena  habla de aquellas que prestan servicios de utilidad pública y la economía nacional, siendo un país con mayor restricción sobre las huelgas. 

El error en Chile parte con el desconocimiento del derecho a huelga en la Constitución, por lo que a juicio del parlamentario se debe crear una ley y ver las empresas que pueden provocar los riesgos a la salud de las personas y la ciudadanía, sin caer en la decisión de la autoridad administrativa de turno. 

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ERE DE RENFE, DESPIDOS PARA 500 TRABAJADORES DE SU PLANTILLA

Renfe plantea la salida de 500 trabajadores con su ERE en 2013, el 4% de la plantilla

Renfe pretende que 500 trabajadores de la operadora, el 4% del total de unos 14.900 empleados con que cuenta actualmente, salgan de la empresa este mismo año en el marco del expediente de regulación de empleo (ERE) "universal y voluntario" planteado en la compañía, según informaron a Europa Press en fuentes sindicales.

La operadora ferroviaria, a través de su Dirección de Recursos Humanos, ha planteado a los sindicatos la apertura de la negociación del ERE en dichos términos en una reunión celebrada en la mañana de este lunes.

Renfe comunicó a los sindicatos el inicio de la negociación después de que el ERE haya recibido el visto bueno de la comisión interministerial que lo estudiaba.

En cuanto a las indemnizaciones de los empleados que voluntariamente decidan acogerse al ERE, los directivos de Renfe no avanzaron importe alguno con el fin de determinarlo durante la negociación, según dichas fuentes.

Asimismo, la sección ferroviaria de CC.OO. apuntó en un comunicado que la propuesta de ERE planteada por la operadora no incluye tasa de reposición, una de las principales reivindicaciones de los sindicatos ante este ajuste.

En este sentido, y según CC.OO., Renfe sólo ha manifestado su intención de estudiar la posibilidad de introducir esa tasa, si bien la empresa ha apuntado que ello supondría un descenso en las indemnizaciones de quienes se acojan al ERE.

Además, aseguran que dicha reposición no se aplicaría ni en organismos corporativos, ni en mercancías, sino sólo en las áreas de viajeros y de talleres de la empresa.

Renfe aborda este ERE en tanto afronta la próxima liberalización del servicio de transporte de viajeros en tren en España y mientras se reestructura segregándose en cuatro empresas.

Tres de ellas heredarán los negocios actuales de la empresa (transporte de viajeros y de mercancías, y talleres) y la cuarta recibirá el nuevo negocio de alquiler de trenes a otros operadores

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QUE HACER SI TU CONVENIO HA CADUCADO

¿Qué hago si mi convenio ha caducado?

Los laboralistas discrepan sobre si los trabajadores mantienen las condiciones laborales o no

• Más de un millón de asalariados desde este lunes pueden perder su convenio

¿Qué pasa si mi convenio es de los que hoy han caducado? ¿Se mantienen mis condiciones laborales? ¿Cobraré lo mismo? ¿Tendré el mismo horario? ¿Y mis obligaciones de productividad son las mismas? ¿Me puedo ir tranquilo de vacaciones si las tenía previstas dentro de unos días? Vaya por delante que la respuesta a estas preguntas no es fácil: en derecho, todo es interpretable. Los propios abogados laboralistas consultados no se ponen de acuerdo. Mientras uno, el socio responsable de Laboral de Baker&McKenzie, Alex Valls, admite que la pérdida de ultractividad fruto de la reforma laboral "abre un escenario legal hipercomplejo, porque es un terreno virgen", pero mantiene que decaído el convenio, decaídas las condiciones; otro, el laboralista del Colectivo Ronda, Vidal Aragonés, sostiene que los derechos de los convenios están incorporados en los contratos. Por partes, estas son las recomendaciones que lanzan dos abogados laboralistas y también desde la administración.

Lo primero, informarse. Las empresas no tienen obligación de comunicar a iniciativa propia a sus empleados en qué situación están si su convenio es de los que ha decaído en fecha 7 de julio. Pero las empresas sí están obligadas a responder a las dudas de los empleados o sus representantes. Para ello conviene dirigirse directamente a la dirección o bien a los delegados sindicales o miembros del comité de empresa si lo hay para conocer en qué situación estamos y que sean ellos quienes inquieran a la dirección. "Para evitar incertidumbres, si los representantes colectivos tampoco están seguros, que lo pregunten a su vez", insiste Aragonés. El radio macuto, el rumor, es lo peor en estos casos porque genera muchas conversaciones de pasillo pero cero información fiable.

Instar la mediación. Desde la Generalitat de Cataluña, su secretario de Relaciones Laborales, Ramon Bonastre, se muestra partidario de que los propios empleados "fuercen" que sus representantes y la empresa se adhieran "por responsabilidad" a los protocolos que prevén desbloquear los convenios con la mediación de la administración. De han firmado en Cataluña y en otras comunidades autónomas y también a nivel estatal, con la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO como firmantes. En todos los casos, estos protocolos prevén la prórroga de los convenios mientras se media para consensuar uno nuevo.

Depender de un convenio superior. Si la empresa se adhiere a un convenio superior --estatal, por ejemplo si es provincial-- "lo normal sería que se comunique a los empleados, que hubiera un comunicado a la plantilla", apunta Alex Valls. Pero la situación es inédita, por lo que en ningún papel está escrito que tenga que ser así. Como tampoco está contemplado, apunta Aragonés, que la empresa tenga que comunicar a la administración a qué convenio se adhiere desde el vencimiento del anterior.

Derechos y obligaciones. ¿Se mantienen? Este es el aspecto más "interpretable". Alex Valls, laboralista de Baker&McKenzie, sostiene que "si el convenio fija las relaciones laborales, cuando el convenio decae también las condiciones, salvo que estén plasmadas en el contrato". "El 90% de los contratos al hablar de condiciones se refieren al convenio", apunta, son muy pocos los empleados cuyos contratos entren al detalle en derechos y obligaciones. Por contra, Vidal Aragonés, del Col.lectiu Ronda, es tajante en que "las condiciones laborales sí se mantienen". "Es falso, como se ha dicho, que se vaya al Estatuto de los Trabajadores", insiste. Y razona: "el origen no es tanto que las condiciones, salarios u horarios figuren en el texto del contrato, como se que están incorporadas en las relaciones laborales entre las partes".

Salario. La interpretación de los expertos está en la misma línea de las condiciones y obligaciones. Uno considera que si el contrato no lo especificaba o se refería al convenio, desaparecen con la caducidad del convenio y se pasa a tener la retribución que contemple un convenio superior. El otro abogado, que no: que la empresa debe conservarlos, porque son derechos del trabajador. 

¿Mantengo las vacaciones este verano? En esta pregunta sí hay acuerdo sobre la respuesta. Sí. En condiciones normales, los calendarios laborales están pactados desde hace meses y las vacaciones, en teoría, se comunican y autorizan con dos meses de antelación. Los trabajadores pueden irse tranquilos.

La vía judicial, último recurso. Vidal Aragonès está convencido de que el fin de la ultractividad de los convenios provocará una segunda oleada de pleitos en los tribunales: "Lo primero que deben hacer los trabajadores es defender las condiciones que ya tenían primero movilizándose ante la empresa y después ante los tribunales". El laboralista concluye con una reflexión de carácter más político: "No podemos olvidar quien ha originado el problema. La reforma laboral quería evitar la judicialización de las relaciones laborales y ha provocado lo contrario. Ahora ocurrirá de nuevo, un problema fruto de una mala praxis legislativa".

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TRABAJADORES DE IKEA PIDEN A LOS CLIENTES QUE NO VAYAN A COMPRAR LOS DOMINGOS

Trabajadores de Ikea piden a los clientes que no vayan a comprar los domingos

"Vivimos unos momentos de total esclavitud, con bajadas de sueldo, aumento de horas por el mismo precio, teniendo que trabajar los festivos y domingos gratis"

Vía ‏@locodelpelorojo


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UGT Y CC.OO., ROBARON DINERO A LOS PARADOS PARA FINANCIARSE

Los sindicatos UGT y CC.OO. se financiaron con fondos públicos destinados a trabajadores que perdían su empleo

Cada día que pasa el horizonte judicial para los sindicatos UGT y CC.OO. en la trama de los ERE fraudulentos pinta más negro. En el último auto de la juez Mercedes Alaya, por el que envió el pasado martes a prisión provisional al dueño de la mediadora Uniter, la titular del juzgado de instrucción número seis de Sevilla va aún más lejos y apunta a que los sindicatos pudieron financiarse irregularmente a través de los fondos públicos destinados a garantizar una renta hasta su jubilación a los trabajadores que perdían su empleo.

«Los sindicatos, además de las cuotas de sus afiliados y de las subvenciones públicas anuales, encontrarían durante una década en Andalucía esta otra forma de financiación irregular», advierte Alaya. La instructora mantiene la tesis de que se produjo un «saqueo de las arcas andaluzas» con la «connivencia» de sindicatos, mediadoras y «cargos públicos de la Junta de Andalucía».

Los responsables de las mediadoras Uniter y Vitalia, José González Mata y Antonio José Albarracín, respectivamente, han metido esta semana más presión a los sindicatos, después de que la juez decidiera ahondar en la investigación de los pagos de las mediadoras atendiendo a la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

Tanto González Mata como Albarracín, en sus interrogatorios como imputados ante la juez que instruye el caso, dibujaron un panorama en el que UGT y CC.OO. habían ejercido de auténtico «lobby» en la trama, capaces de bloquear por sí solos la firma del ERE de una empresa si sus «brokers» no tomaban parte en las prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía. A cambio obtenían una jugosa contraprestación económica que podía oscilar entre el 0,5% y el 1% del coste total del ERE.

«La empresa le exigía a la mediadora que le pagase ese importe y no tenían más opción: o lo pagabas o no hacía la operación», afirmó Albarracín. El exdirectivo de Vitalia compareció ayer de nuevo ante la juez acusado de un nuevo delito de blanqueo de capitales a través de su empresa familiar Permar 21. La juez le acusa de desviar a la empresa que regentaba con su esposa, María José Marcos Ferríz, las ganancias de las sobrecomisiones, que empleó en adquirir ocho inmuebles. 

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Trabajo multa a un alto cargo de la CEOE por humillar a sus subordinados

José de la Cavada, director de Relaciones Laborales, sancionado con 25.000 euros.

Otro problema en la CEOE. A la brecha que tiene abierta su presidente, Gerardo Díaz Ferrán, se suma ahora la multa de 25.000 euros que la Inspección de Trabajo ha impuesto al director de Relaciones Laborales, José de la Cavada, por una infracción "muy grave" por someter a prácticas humillantes a sus subordinados. "Todos los trabajadores entrevistados por la comisión de investigación manifiestan haber sufrido alguna vez un trato humillante por parte del director del departamento. [...]. Los testimonios son contundentes, reiterados, coincidentes y claros". En definitiva, "el necesario respeto de la dignidad de los trabajadores es incompatible con acciones y hechos como los acreditados", señala el informe. De la Cavada fue escuchado en la elaboración del informe y admitió que las desavenencias superaban las "simples discrepancias habituales en el entorno de trabajo".

La patronal conocía la situación y no la solucionó, según la inspección.La investigación abierta sobre De la Cavada, que llegó al cargo de la mano del actual secretario general, José María Lacasa, trascendió en verano. Pero no es esta la primera vez que De la Cavada toma protagonismo. Este mismo año en la negociación de la reforma laboral propuso en el Congreso un contrato sin derechos sociales para jóvenes, lo que enfadó a los sindicatos, ya que De la Cavada era el jefe del equipo negociador de la CEOE.

La Inspección de Trabajo da por cierto que De la Cavada sometió a sus subordinados a "decisiones, medidas y tratos que han vulnerado su derecho a la dignidad dentro de la empresa". "Su director exhibe", señala el informe, "un sistema autoritario de gestión con brusquedad y expresiones verbales que han provocado tensión y sufrimiento [...]. La presión a la que se han visto sometidos los trabajadores escapa al ámbito de la organización del trabajo y ha originado en ellos sentimientos de humillación, inferioridad y exclusión". "En resumen", proclama la inspectora de Trabajo, "de los hechos relatados se concluye que los trabajadores del Departamento de Relaciones Laborales han tenido que soportar unas condiciones de trabajo que suponen una vulneración del derecho a la consideración debida a su dignidad [...]".
La inspección también acredita la nula voluntad de la patronal para solucionar este problema. De hecho, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, recibió una denuncia interna de los trabajadores contra De la Cavada. "La empresa reconoce también la existencia de un conflicto interpersonal derivado de deficiencias en la organización del trabajo por lo que nos encontramos ante un incumplimiento contractual grave del empresario, pues ante una situación conflictiva de tales características, la empresa está obligada a intervenir, cosa que no hizo suficientemente pese a la queja de los trabajadores [...]".
La inspectora que ha llevado adelante la investigación también constata que la denuncia interna ya advertía graves elementos de alerta: "La situación descrita se viene acompañando de reiteradas manifestaciones del director que podrían ser susceptibles de calificarse como irrespetuosas y ofensivas [...] intimidatorias en el resultado. Ello sin querer entrar a considerar si, dado que se han manifestado sobre todo con algunas mujeres del departamento, podrían ser consideradas en su caso como indicios de acoso por razón de sexo". En segundo término, los denunciantes advertían a Lacasa del perjuicio que podría suponer si el conflicto trascendía extramuros. "Nos preocupa [...] las consecuencias en la imagen y reputación de la CEOE" y de su departamento, que debía ser ejemplar.

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LA GUARDIA CIVIL IMPUTA A 2 PERSONAS DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Guardia Civil imputa a dos personas después de inspeccionar una finca agrícola en La Redondela




 12.25 h. Agentes del Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) han procedido a la imputación de D.A.B., y de E.M.R. como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Les adeudaban gran parte de los salarios y no les hicieron contrato laboral alguno. Por residir en una antigua nave de cría de pollos, rodeados de productos tóxicos y en condiciones antihigiénicas, les cobraban una mensualidad de 50 euros.

Las imputaciones han sido como consecuencia de una denuncia que interpuso un hombre de nacionalidad marroquí en el Puesto de la Guardia Civil de Lepe el pasado día 4 de junio. En la misma manifestó ante los agentes que, junto a otros compañeros, había estado trabajando durante la pasada campaña fresera en una finca de La Redondela y que los responsables de esta empresa les adeudaban aún gran parte de los salarios por el trabajo realizado. Según manifestó este hombre, ya habían interpuesto una queja ante la Oficina Provincial de la Inspección de Trabajo y querían también realizarla ante la Guardia Civil.



La finca situada en el municipio onubense de La Redondela. / h24
Estos empresarios no les habían hecho firmar ningún contrato, por lo que también sospechaban que no se habían encontrado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cotizados los días trabajados. También hizo constar que les habían tenido viviendo en una antigua nave destinada a la cría de pollos, donde aún vivían algunos inmigrantes y que se encontraba en unas condiciones deplorables, repartidos en habitáculos sin agua corriente y con muy malas condiciones higiénicas, compartiendo la estancia con productos nocivos como fertilizantes y fitosanitarios. Terminó de manifestar el trabajador que por residir en aquel lugar les cobraban una mensualidad de 50€.

Ante estos hechos, los agentes del EDATI realizaron una inspección a la citada empresa, descubriendo que los hechos relatados por el denunciante eran veraces. Para llegar a esta conclusión se entrevistaron con 14 personas, todas ellas inmigrantes y víctimas de la actuación de estos empresarios, que procedían de Marruecos y de Bulgaria, aunque también había dos mujeres de nacionalidad española.

Las malas condiciones en las que vivían los trabajadores. / h24
Las víctimas expusieron a los guardias civiles situaciones similares a las ya conocidas, como que se les adeudaban los salarios y que carecían de contrato laboral. También como que, reclamados los pagos a los empresarios, éstos les manifestaron que no podían pagarles por carecer de dinero y que el que no estuviera de acuerdo que se marchara, estando amenazados sobre que quien denunciara su situación sería inmediatamente despedido.

Después de esta inspección, los agentes procedieron a la imputación de los responsables de la empresa, habiendo instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los imputados, han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción competentes

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"A ESTE PAIS, LO FINANCIAN LOS TRABAJADORES", AFIRMAN EL COLECTIVO DE INSPECTORES DE HACIENDA

Los inspectores de Hacienda: “A este país lo están financiando los trabajadores”

El presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Julio Ransés Pérez Boga, ha asegurado hoy que el sistema tributario español “está agotado” y cree que la crisis económica ha propiciado el momento de “arreglar las viejas estructuras”.

Durante la inauguración del XIII Encuentro tributario que ha tratado sobre las soluciones ante la caída de la recaudación fiscal y la lucha contra el fraude, Ransés ha reseñado que en España hay un problema específico en cuanto a la recaudación de ingresos ya que pese a la recesión económica en Europa no ha bajado tanto esta recaudación.

Ha explicado que los impuestos en España “no son bajos” y que además hay un problema de cobro de las deudas que se han liquidado, por lo que “aquí falla algo”.

Ransés ha recordado que la recaudación tributaria ha caído 6 puntos sobre el PIB de 2007 a 2011 y los impuestos han tenido una evolución muy dispar ya que mientras el IRPF se ha mantenido, el Impuesto de Sociedades ha caído “drásticamente” y se ha reducido a la mitad.

Ha incidido en que del total de la recaudación de todos los impuestos, entre el 80% y el 90 % procede de las rentas del trabajo y tan solo un 10% del impuesto sobre Sociedades.

“A este país lo están financiando los trabajadores. El sistema tributario está basado en las rentas de los trabajadores y no de los empresarios”, ha dicho.

El presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), Antonio Durán-Sindreu, que también ha participado en este seminario, ha reclamado una mayor progresividad de la fiscalidad española y ha criticado que se haya eliminado el Impuesto sobre el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones en algunas comunidades.

El presidente de la organización de IHE ha lamentado el elevado nivel de casos de corrupción política y financiera que existe en España (1.661 casos en trámite por los tribunales) y ha criticado la amnistía fiscal parcial aprobada por el Ejecutivo, que -cree- “es injusta”.

Pérez Boga ha dicho que actualmente circulan en España billetes de 500 euros por valor de 45.000 millones de euros lo que evidencia una economía sumergida cercana al 20 o 25% del PIB.

“Todos los años hay una defraudación de 60.000 millones de euros y una recaudación de 8.000 millones”, ha subrayado, tras ironizar: “Nunca he tenido un billete de 500 en mis manos”.

Además, se ha referido a los paraísos fiscales y ha señalado que es “terriblemente preocupante que supongan un 10% de la economía de todo el mundo”, ya que condiciona los sistemas tributarios.

En este sentido, los inspectores de Hacienda estiman en un informe que el valor de los patrimonios ocultos de todo el mundo en paraísos fiscales se sitúa entre los 21 y 32 billones de dólares (16,3 y 24,8 billones de euros) de los que 12 billones de dólares (9 billones de euros) están registrados en los 50 principales bancos mundiales privados, así como de importantes despachos de asesoría legal y contable.

Añade que estos patrimonios ocultos están situados “no en ignotos y lejanos territorios” sino en las mayores capitales del mundo como Nueva York, Londres, Ginebra, Fráncfort y Singapur. Para luchar contra el fraude fiscal, los inspectores abogan, entre otras medidas por regular la denuncia tributaria, para que el denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al defraudador, regular el pago a confidentes para supuestos de denuncia de delitos, o regular las actuaciones de incógnito de la Inspección.

EFE/eleconomista

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