LA JUEZ ALAYA IMPUTA A LA EXMINISTRA POR PREVARICACION Y MALVERSACION

Álvarez defiende ante Alaya que su gestión fue “transparente y clara”

La magistrada imputa a la exconsejera de Hacienda por prevaricación y malversación

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha imputado a la exministra y vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)Magdalena Álvarez por prevaricación y malversación. La juez entiende que Álvarez fue clave en la puesta en marcha del procedimiento administrativo con el que se daban las ayudas sociolaborales (las transferencias de financiación), un sistema que Alaya considera ilegal. Álvarez, cuya comparecencia ha finalizado a las 13.45, ha afirmado que la aplicación de las transferencias de financiación son consecuencia de una traslación de una normativa estatal a las autonomías y que otras comunidades usan esta herramienta presupuestaria y ha defendido la legalidad de las ayudas.

Tras declarar, la exministra ha afirmado a los periodistas que se siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más. Ha defendido que en la época en la que estuvo como consejera de Economía su gestión fue "transparente y clara" y no tuvo ningún conocimiento de las irregularidades que supuestamente se producían. La fiscalía y la Junta no han pedido ninguna medida cautelar para Álvarez. De las partes personadas en la causa, solo el sindicato Manos Limpias ha solicitado una fianza civil, cifrada en 125 millones de euros, más el tercio legal previsto.

Álvarez ha llegado a los juzgados de Sevilla sobre las 9.00 y ha entrado por una puerta lateral. La magistrada acusa a Álvarez, el principal alto cargo de la Junta imputado hasta ahora, de diseñar el procedimiento de pago utilizado durante una década para los ERE a través de las transferencias de financiación.

La exconsejera de Hacienda entre 1994 y 2004 resultó imputada tras el auto del pasado junio por el que Alaya acusó a 20 altos cargos y funcionarios de la Junta. La expectación es máxima dado que Álvarez ha anunciado a través de su abogado que defenderá su postura ante Alayadespués de que los últimos tres altos cargos imputados hayan guardado silencio ante la magistrada.

Al comienzo de la sesión, la juez concretará la imputación contra la exministra después de que esta alegara "indefensión" ante la Audiencia de Sevilla precisamente por desconocer los hechos de los que pudieran derivarse delitos. La juez acusó al número dos de Álvarez, José Salgueiro, de promover el uso de las transferencias de financiación para efectuar pagos a terceros ordenados por la Consejería de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), pese a que estaban diseñadas "para financiar operaciones genéricas de las empresas públicas".

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EL JUEZ ESPERA MAS DATOS FISCALES PARA IMPUTAR A LA INFANTA

El juez espera más datos fiscales para 

decidir si imputa a la Infanta

El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, espera que los inspectores de la Agencia Tributaria completen el informe fiscal de la infanta Cristina antes de decidir si la cita como imputada en la causa.

Por ahora, el magistrado tiene en su poder parte de los datos tributarios que requirió por oficio a Hacienda, pero no todos, ni tampoco con el peso suficiente para atribuirle un delito de blanqueo de capitales, según las fuentes consultadas por este diario.

Uno de los aspectos clave de la información de la esposa de Iñaki Urdangarin requerida por el juez, y que solo ha recibido de forma parcial, es la información bancaria, tarjetas de crédito o débito asociadas a una cuenta de los duques de Palma.

En concreto, La Caixa debe informar sobre la cuenta de destino del traspaso de 150.000 euros registrada el 27 de diciembre de 2006 desde una cuenta de Cristina de Borbón y su esposo.

El juez ya cuenta con los datos fiscales derivados de las declaraciones de operaciones con terceros referidos a la Infanta entre los años 2004 y 2011. Ese informe demuestra que doña Cristina declaró a Hacienda solo seis operaciones superiores a los 3.000 euros en 8 años. Son pocas, pero perfectamente legales, según las fuentes, quienes también no observan indicios incriminatorios «determinantes» en el hecho de que la Infanta se autoalquilara su chalet de Pedralbes a través de su mercantil Aizoon.

El juez Castro ya imputó a la infanta Cristina en el 'caso Nóos' el pasado 3 de abril, pero un mes después, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma acordó paralizar esa imputación e instó al titular del Juzgado de Instrucción 3 investigar a la hija menor del Rey solo por delito fiscal. Esa decisión contó con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Jiménez Vidal.

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LA JUEZ ALAYA IMPUTA A LA NUMERO 22 DE LA LISTA DEL PP EN CORDOBA

Alaya imputa a la número 22 de la lista 

del PP en Córdoba que renunció

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla incluye en la causa a la ex gerente de Promi Cristina Ruiz, además de a los mediadores del ERE en el Matadero de Fuente Obejuna

Cristina Ruiz, ex gerente de Promi y ex candidata del PP a concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, ha sido imputada en la causa que instruye la juez Mercedes Alaya de Sevilla sobre la trama de los ERE fraudulentos negociados por la Junta de Andalucía. Según el auto de la juez Alaya, firmado el pasado 31 de julio y que hoy publica en su edición local el periódicoABC, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla llama a declarar en calidad de imputada a la exgerente de Promi Cristina Ruiz, que tuvo que dimitir en 2011 cuando ocupaba el lugar número 22 de la candidatura del Partido Popular a la Alcaldía de Córdoba porque pidió, según el auto, favores personales para beneficiar a un familiar.

Además, la juez Alaya amplía la causa con más imputaciones de cordobeses: incluye a todos los que mediaron, gestionaron y se lucraron con el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que se tramitó en el Matadero de Fuente Obejuna.

En el caso de Cristina Ruiz, finalmente no llegó a concurrir a las elecciones municipales de mayo de 2011 después de que trascendiera que estaba siendo investigada por la juez Alaya. El padre de Cristina Ruiz, la candidata del PP cordobés que dimitió salpicada por el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos, es uno de los intrusos detectados por la Junta. Rafael Ruiz percibió supuestamente de manera ilegal 58.000 euros como falso prejubilado, según refleja su declaración policial, al ser incluido en el ERE de la empresa Cespa. Después de que trascendiera esta información, Cristina Ruiz, que iba en el puesto número 22 de la lista de José Antonio Nieto pero como independiente, renunció a concurrir a las elecciones municipales de Córdoba.

Por otra parte, y según publica el diario ABC, en lo referente a Matadero de Fuente Obejuna, Alaya imputa a personas relacionadas con la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas Integrales —su administradora, Juana Pilar Viedma; su padre y amigo del conseguidor Juan Lanzas, Juan José Viedma, y a la pareja de éste, Adoración Navarro. En abril, la jueza ya apuntó a este matadero cuando emitió un auto en que describía que el primer ERE en el que medió Juan Lanzas (al que considera cerebro de la trama) fue el que en 1998 concluyó con el cierre de las instalaciones de Fuente Obejuna. Entonces, Juan Lanzas era secretario general de la Federación de Alimentos de UGT Andalucía, cargo que abandonaría cuatro años después, en 2002.

Según se recogía en el auto de abril, Juan Lanzas intervino “en la negociación” de este ERE “para conseguir financiación junto al que él llamaba su equipo, Estudios Jurídicos Villasís y la mediadora Vitalia”. “Se concedieron tres ayudas: una de 1,9 millones de euros, otra de 450.000 y otra de 120.000, y se suscribieron cuatro pólizas con un sobrecoste de 574.874 euros, con un 29% de comisión en alguna de ellas”, agrega la juez Alaya, que insiste en que todo se hizo “con la ayuda de Lanzas y el consentimiento de la administración”.

El matadero de Fuente Obejuna comenzó a funcionar en 1976 y alcanzó su máximo apogeo cuando estuvo gestionado por la firma Carnes Estellés, que también se hizo cargo de Iccosa, un matadero localizado en Córdoba detrás de las polémicas naves de Colecor, hoy propiedad del Ayuntamiento de Córdoba tras su embargo a Arenal 2000. En el matadero de Fuente Obejuna llegaron a sacrificarse hasta 2.500 cerdos al día. Esta empresa abandonó la actividad en 1990, fecha en la que los trabajadores constituyeron la sociedad anónima laboral Mafusal, que se hizo cargo de las instalaciones entre 1990 y 1998.

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LA GUARDIA CIVIL IMPUTA A 2 PERSONAS DE UN DELITO CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

La Guardia Civil imputa a dos personas después de inspeccionar una finca agrícola en La Redondela




 12.25 h. Agentes del Equipo de Atención al Inmigrante (EDATI) han procedido a la imputación de D.A.B., y de E.M.R. como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores. Les adeudaban gran parte de los salarios y no les hicieron contrato laboral alguno. Por residir en una antigua nave de cría de pollos, rodeados de productos tóxicos y en condiciones antihigiénicas, les cobraban una mensualidad de 50 euros.

Las imputaciones han sido como consecuencia de una denuncia que interpuso un hombre de nacionalidad marroquí en el Puesto de la Guardia Civil de Lepe el pasado día 4 de junio. En la misma manifestó ante los agentes que, junto a otros compañeros, había estado trabajando durante la pasada campaña fresera en una finca de La Redondela y que los responsables de esta empresa les adeudaban aún gran parte de los salarios por el trabajo realizado. Según manifestó este hombre, ya habían interpuesto una queja ante la Oficina Provincial de la Inspección de Trabajo y querían también realizarla ante la Guardia Civil.



La finca situada en el municipio onubense de La Redondela. / h24
Estos empresarios no les habían hecho firmar ningún contrato, por lo que también sospechaban que no se habían encontrado de alta en la Seguridad Social y por lo tanto no estaban cotizados los días trabajados. También hizo constar que les habían tenido viviendo en una antigua nave destinada a la cría de pollos, donde aún vivían algunos inmigrantes y que se encontraba en unas condiciones deplorables, repartidos en habitáculos sin agua corriente y con muy malas condiciones higiénicas, compartiendo la estancia con productos nocivos como fertilizantes y fitosanitarios. Terminó de manifestar el trabajador que por residir en aquel lugar les cobraban una mensualidad de 50€.

Ante estos hechos, los agentes del EDATI realizaron una inspección a la citada empresa, descubriendo que los hechos relatados por el denunciante eran veraces. Para llegar a esta conclusión se entrevistaron con 14 personas, todas ellas inmigrantes y víctimas de la actuación de estos empresarios, que procedían de Marruecos y de Bulgaria, aunque también había dos mujeres de nacionalidad española.

Las malas condiciones en las que vivían los trabajadores. / h24
Las víctimas expusieron a los guardias civiles situaciones similares a las ya conocidas, como que se les adeudaban los salarios y que carecían de contrato laboral. También como que, reclamados los pagos a los empresarios, éstos les manifestaron que no podían pagarles por carecer de dinero y que el que no estuviera de acuerdo que se marchara, estando amenazados sobre que quien denunciara su situación sería inmediatamente despedido.

Después de esta inspección, los agentes procedieron a la imputación de los responsables de la empresa, habiendo instruido las correspondientes diligencias que, en unión de los imputados, han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción competentes

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