CONDUCTORES DE ALTOS CARGOS DE CASTILLA LA MANCHA, DENUNCIAN EL USO PARTICULAR DE LOS COCHES OFICIALES

Altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha estarían haciendo "uso particular" de los coches oficiales

El Colectivo de Conductores de Asuntos Generales de los parques móviles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remitido un explosivo comunicado en el que denuncia, entre otras cosas, que los altos cargos de la Junta estarían utilizando los vehículos oficiales de manera particular. Hablan de la intención del Gobierno de Cospedal de "privatizar" determinados servicios de los vehículos oficiales y niegan que se vaya a ahorrar con esta medida que, además, aclaran que no afectará a los vehículos que trasladan a los políticos sino a los que prestan servicios al ciudadano, por ejemplo, el traslado de un menor a un centro de acogida.

Los conductores de la Junta han remitido el comunicado para "puntualizar" las informaciones aparecidas en prensa sobre la intención del Gobierno regional de reducir a la mitad el número de conductores del parque móvil de la Administración autonómica y, con ello, un supuesto ahorro de 2,4 millones de euros.

Aseguran que es "absolutamente falso que sobren conductores en la Junta de Comunidades porque los directores generales y altos cargos de la Administración regional hayan dejado de utilizar los vehículos oficiales para viajar". Niegan, además, que dichos altos cargos se estén pagando sus viajes.

Los directores generales y altos cargos utilizarían vehículos oficiales de forma "particular"

Los directores generales y demás altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "han estado, están y seguirán utilizando los vehículos oficiales y, además, en múltiples ocasiones para su uso particular", denuncian.

El colectivo de conductores quiere "dejar claro" en su comunicado que "la intención de los dirigentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no es eliminar los servicios que el parque móvil presta a los altos cargos, sino todo lo contrario" ya que, aseveran "lo que pretenden es eliminar los servicios que presta al personal técnico y administrativo, que es el que presta servicio al ciudadano, a la vez que aumenta el número de conductores que prestan sus servicios a los altos cargos".

Dicen que así lo recoge el punto 6 de la Memoria Justificativa de la planificación de recursos humanos elaborada por los dirigentes de la Junta de Comunidades.

"Es muy fácil caer en la trampa de considerar vehículos oficiales exclusivamente a los que dan servicio a políticos y altos cargos, y nada más lejos de la realidad. Un camión de bomberos o un coche policial son vehículos oficiales, al igual que lo son los vehículos con los que realizamos la mayoría de los servicios en los parques móviles y que están destinados al buen funcionamiento de la Administración autonómica. Estos son los que quieren eliminar", insisten.

Entre esas funciones, explican, están inspecciones de campo para dar servicio a los agricultores en cuestiones como atención de plagas, viñedos, obras de regadío, bodegas, cooperativas... o la recogida de muestras de mataderos para su transporte a laboratorio; el traslado de muestras de laboratorios de sanidad animal; los repartos de vacunas a centros de salud; las inspecciones a centros escolares; las inspecciones a residencias de mayores; las visitas a obras para la correcta gestión de los montes públicos; el control y realización de obras en caminos y carreteras; el servicio de extinción de incendios forestales; el control de granjas; el control de piensos para animales o el  traslado de menores en situación de abandono, entre otras cosas.

"Es falso que se vaya a ahorrar 2,4 millones de euros"

En segundo lugar, quieren también "dejar claro que es absolutamente falso que se vaya a producir un ahorro de 2,4 millones de euros, porque el plan contempla la reubicación de los conductores 

afectados, manteniendo su sueldo".

"Además, en caso de querer seguir prestando esos servicios que se van a ver afectados tendrán que contratar a una empresa externa y pagarles aparte, lo que al final sale más caro", aseguran. 

"El objetivo es la privatización"

En su opinión, el único objetivo es "la privatización, al igual que están haciendo ya con la sanidad y la educación públicas" y lanzan una propuesta "si el consejero de Hacienda y el Gobierno de Castilla-La Mancha están tan seguros de que el parque móvil está sobredimensionado deberían empezar la reestructuración eliminado a los ocho que hacen funciones de conductor en Presidencia y que cobran del doble que un conductor del parque móvil, que, además, están puestos a dedo, sin haber pasado por una oposición".

Sugieren también cubrir esos ocho puestos con conductores del parque móvil "que sí han pasado por el proceso de oposición según los criterios establecidos en la Ley: Igualdad, mérito y capacidad. Y como siempre se han cubierto los puestos de conductores de la Junta de Comunidades".

Los conductores, finalmente, rechazan su reubicación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tal y como se ha publicado en ABC ya que, dicen, "esa reubicación conllevaría el despido de personal interino cualificado para el puesto donde desarrollan su función", así que, concluyen "¡que Dios pille confesado al que caiga en nuestras manos!, porque en la oposición que aprobamos demostramos estar capacitados para desarrollar nuestra profesión: conductores. Y dentro del ámbito sanitario no podemos hacernos responsables".

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UNA DIPUTADA DEL PP, HABLA CLARO SOBRE EL ACCIDENTE DE SANTIAGO, Y ESTA DISPUESTA A PRESENTAR ACUSACION PARTICULAR

“Me parecen unos terroristas, yo estoy dispuesta a personarme como acusación particular”

La diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid María Teresa Gómez-Limón Amador viajaba el día 24 de julio en el Alvia de Renfe que se accidentó en la curva de Angrois, cerca de Santiago. Se dirigía a Ferrol, de donde es natural su marido, Rafael Taibo, para pasar unas vacaciones con la familia y en el siniestro resultó con graves lesiones, de las que todavía se está recuperando en su domicilio madrileño.

María Teresa, que es psicológo forense en un juzgado de Madrid, se fracturó un pie, el esternón y la segunda vértebra cervical, por lo que tuvo que ser sometida a una intervención quirúrgica para implantarle un hueso de la cadera y estuvo hospitalizada 16 días. Sin embargo, asegura que, siendo graves, las lesiones físicas son las que menos le preocupan, pero que psicológicamente está “muy tocada”. “Aquel horror no se me va de la cabeza; estoy muy decaída y cuando me animo un poco me siento muy indignada”, manifestó ayer en declaraciones a este periódico.

“No me creo que el error fuese solo del conductor, que no me cuenten historias”, dijo, añadiendo que no es lógico que en un tren de alta velocidad vaya un único maquinista en la cabina, porque “¿y si tiene un ictus o un ataque de locura, que pasaría entonces?”, apostilló.

Desde su punto de vista, resulta ilógico que un recorrido de alta velocidad se ponga en marcha sin todos los mecanismos necesarios para evitar catástrofes como la que ella, y todos los que viajaban en ese Alvia, vivieron el pasado 24 de julio en la entrada de Santiago. “Y al cabo de tres días ponen el sistema que tendrían que haber puesto antes”, apuntó, añadiendo: “Me parecen unos terroristas”. Se refería a los presidentes de Renfe y Adif, “que ganan sueldazos por tener grandes responsabilidades, que después no se les exigen”, y a los sucesivos ministros. Citó concretamente al socialista Xosé Blanco, “que se apresuró a cortar la cinta antes de las elecciones”, y a Ana Pastor, “que no se preocupó de ver si la alta velocidad estaba preparada”.

La indignación que dice sentir Gómez-Limón Amador la ha llevado a mostrarse dispuesta a personarse como acusación particular por la vía civil y penal en las diligencias judiciales, “porque me han destrozado la vida y hay otras 79 personas que ya no pueden protestar”.

viaje
María Teresa estaba de vacaciones en Ferrol con su familia y la víspera del accidente tuvo que viajar a Madrid para asistir a una sesión plenaria. Regresaba en el tren siniestrado en Angrois y, a pesar de las graves lesiones sufridas, pudo comunicarse con su  familia para decirles que estaba viva.

A partir de ahí, según comenta su hijo, Víctor Taibo, comenzó el desconcierto para ellos, porque no sabían a dónde había sido trasladada. “Cuando mi madre me llamó casi no podía hablar y la situación fue lamentable, porque no estaba en las listas y tuvimos que buscarla por los hospitales”, apuntó.

Víctor Taibo califica la experiencia de “total abandono por parte de las administraciones y de Renfe”. Asegura que muchas de las cosas que tanto la Xunta como el Ministerio de Fomento hicieron llegar a la ciudadanía “no son reales”. Así, señala que el mismo día del accidente se anunció la puesta en funcionamiento de un teléfono para localizar a las víctimas, pero ocurrió que comunicaba todo el tiempo, por lo que denuncia la “incapacidad de la Xunta” para disponer del personal necesario que pudiera atender las llamadas de los familiares.

“Tuve que buscarme la vida yo solo, porque mi padre es mayor, tiene 78 años y estaba muy preocupado, para localizar a mi madre”, apunta Víctor Taibo, que también critica el hecho de que Renfe, ni la primera semana ni las siguientes, hubiese habilitado un centro de coordinación para resolver cuestiones relacionadas con los equipajes o los seguros.
“Lo lógico es que Renfe, la Xunta y el Ministerio de Fomento hubiesen puesto en servicio una oficina para atender a la gente. Al menos yo no conseguí dar con ninguna”, apunta el hijo de María Teresa Gómez-Limón.

A su modo de ver, se están inventando cosas para intentar quedar bien, como el hecho de que se anunciase una oficina para las víctimas en el Juzgado número 3 de Santiago, “ y cuando yo acudí allí me dijeron que era un proyecto”.

seguro
En cuanto al seguro obligatorio de viajeros, Víctor Taibo manifiesta que se rige por un reglamento del año 1989, por lo que está totalmente obsoleto.

A modo de ejemplo, comenta que asegura la manutención y el alojamiento de dos familiares de la persona hospitalizada durante diez días, con un máximo de 180 euros, con el agravante de que en el caso de las comidas hay que guardar las facturas para que después las abone el seguro. “Nosotros lo superamos, porque mi madre estuvo 16 días en el hospital y en nuestro caso tenemos recursos económicos, pero hay gente que no los tiene”.

Desde su punto de vista, de nada sirve que después la compañía aseguradora hubiese subsanado la situación ampliando la cobertura, cuando hay personas, como es el caso de una mujer que estaba hospitalizada en la misma habitación que su madre, que tiene por lo menos para cinco meses, ya que las lesiones le afectaron a la médula.
“Es un absurdo que las aseguradoras se rijan por un decreto de 1989 y, en todo caso, si no cubren todos los gastos, que sea la Administración la que se haga cargo de la situación, sobre todo en los casos de familias que no tengan recursos”, señala.

desamparo
El hijo de María Teresa sostiene que las víctimas del trágico accidente se encuentran en una situación de desamparo. Refiere que su madre tiene que acudir con frecuencia al hospital para comprobar la evolución de sus lesiones y que necesita desplaszarse en un taxi o una ambulancia, porque tiene que moverse en una silla de ruedas. Pues bien, hace unos días la aseguradora de Renfe les comunicó que ya se habían pagado muchos gastos, por lo que, a partir de ahora, les piden que paguen ellos el taxi y que después les reembolsarán el dinero.

Por otra parte, manifestó que un responsable de Renfe se había personado en el hospital en el que estaba su madre con un escrito en el que se informaba de la apertura de una oficina en Madrid para las víctimas, cuando, a su modo de ver, lo lógico sería que se ubicase en Santiago, que era donde estaban los afectados. De todos modos, como quiera que ellos viven en Madrid, sí acudió a esa supuesta oficina, que está situada en los servicios centrales de Renfe en Atocha y consiste en un local con dos ordenadores. En su opinión, lo que cumpliría, en todo caso, sería crear una oficina centralizada de ayuda y asesoramiento.

Otra de las cuestiones que, desde su punto de vista de afectado, las administraciones públicas –leáse Xunta y Ministerio de Fomento– tendrían que afrontrar es la creación de un servicio jurídico, junto con Renfe y Adif.

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