RUZ BLOQUEA LAS CUENTAS DE BARCENAS EN EEUU, E INVESTIGA LA FINCA ARGENTINA

Ruz bloquea cuentas de Bárcenas en EEUU e investiga dinero de la finca argentina

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado ampliar la comisión rogatoria que remitió en su día Estados Unidos con el objetivo de bloquear los saldos que la sociedadd TMQ Capital, que vincula al ex tesorero del PP Luis Bárcenas tiene en el HSBC de Nueva York e identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja, propiedad del que también fuera responsable financiero del partido Ángel Sanchís.

En el auto de fecha 12 de agosto el juez interesa asimismo elbloqueo de las inversiones financieras de dichas sociedades y otros productos contratados incluyendo cajas de seguridad "u otras cajas cerradas".

Concretamente, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 quiere conocer toda la información relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de La Moraleja.

Ampliatoria

Esta petición es ampliatoria de la que el pasado mes de enero se expidió a Estados Unidos solicitando información sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA yLindmel International SA.

Dicho país respondió el pasado 22 de marzo señalando que la primera había recibido 4 millones de dólares de la fundación Sinequanon -vinculada a Bárcenas- entre marzo y mayo de 2009. Añadían que su saldo "había disminuido en 100.000 dólares esa semana, por lo que se interesó de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedadRumagol S.A. en la que figuraría como titular el testaferro de Bárcenas, Iván Yánez, para la que ya se solicitó su bloqueo el pasado 25 de marzo. La petición no tuvo éxito porque la cuenta había sido clausurada un mes antes.

Ahora, Ruz retoma esta petición para conocer la totalidad de los movimientos bancarios de la cuenta de Rumagol en el HSBC correspondientes a los meses de enero y febrero de este año y que no fueron remitidos en contestaciones anteriores.

Transferencias por un millón de euros

También pide datos de los movimientos de la sociedad Lindmel Internacional también en el HSBC de Nueva York y los detalles de los movimentos de cuatro transferencias a esta cuenta desde elDresdner Bank de Suiza en junio de 2009 que suman un millón de euros.

Según señala Ruz en su auto, de lo actuado hasta la fecha se deduce que Bárcenas habría percibido "cuantiosos fondos procedentes de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas que habría depositado en cuentas bancarias situadas en Suiza", si bien a partir de 2009, una vez estalló elcaso Gürtel, el ex tesorero procedió a realizar diversas trasferencias desde sus cuentas en Suiza a otras situadas en, entre otros países, Estados Unidos y Uruguay.

Igualmente, indica el juez que a partir de esa fecha apoderó a Iván Yáñez para que llevara a cabo gestiones relativas a los fondos depositados en Suiza.

Añade que la documentación remitida hasta el momento ha constatado que en el año 2010 se habría abierto una cuenta en el HSBC a nombre de la sociedad uruguaya RUMAGOL SA en la que aparecía como uno de sus titulares formales Iván Yáñez Velasco.

Esta sociedad, "de acuerdo con todos los indicios obrantes en la causa" como consecuencia de investigaciones de la Udef, sería titularidad de Luis Bárcenas valiéndose de testaferros como Edgar Patricio Bel, Iván Yáñez Velasco y el también ex tesorero Ángel Sanchís Herrero.

La cuenta se clausuró en febrero de 2013 transfiriendo los fondos que se reintegraron Yáñez a la cuenta a nombre de Interactive Brokers UK.

Por otra parte, continua el auto, los restantes fondos de la cuenta de Rumagol SA clausurada se trasfirieron a la cuenta del HSBC a nombre de la entidad TQM Capital Inc. En el interín de las diferentes peticiones de información a EEUU, la cuenta de RUMAGOL en el HSBC fue clausurada "evitándose de esta manera que los fondos en ella depositados queden bloqueados" tal y como se solicitó en su momento.

Por otra parte, en la sociedad CONOSUR LAND S.L., vinculada al matrimonio Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias ha generado unos ingresos en una cuenta bancaria de la pareja abierta en mayo de 2011 derivados de transferencias recibidas desde dos posiciones bancarias de la sociedad La Moraleja, perteneciente a Ángel Sanchís, por importe total de 143.959,15 euros.

Una de estas cuentas pertenece a la entidad Atlantic Capital Bank, ubicada en Atlanta y "de la que se desconoce la entidad bancaria o sucursal a que la misma corresponde", según Ruz.

Supuesto contrato con La Moraleja

"A partir de la información obrante en autos se concluye indiciariamente que los fondos que alimentan a CONOSUR LAND forman parte de los originariamente expatriados desde las cuentas de Luis Bárcenas en Suiza con destino a Estados Unidos y finalmente introducidos en España, solapados bajo un supuesto contrato de prestación de servicios entre aquella sociedad y La Moraleja S.A., que previamente habría sido perceptora de fondos de las cuentas suizas del señor Bárcenas tras conocerse la investigación seguida contra el mismo en las presentes actuaciones", concluye.

Con ello, según Ruz, Bárcenas conseguía en un primer momento la "ocultación de parte de su patrimonio y con posterioridad laintegración de parte del mismo en el circuito económico legalmediante la utilización de contratos privados que no se justifican o que no obedecerían a la realidad".

Finalmente, por lo que respecta a la sociedad Lidmel Internacional, según Ruz es beneficiaria de parte de los fondos transferidos desde las posiciones bancarias de la fundación Sinequanon de Bárcenas en Suiza con destino Estados Unidos, "en concreto los fondos transferidos en este caso se corresponden con 1.000.000,00 de euros que tienen como destino la cuenta de la sociedad Lidmel International en el HSBC de Nueva York".

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MOTIVOS POR LOS CUALES EL PP QUIERE AL JUEZ RUZ EN EL CASO BARCENAS

Por qué el PP prefiere al juez Ruz para el caso Bárcenas

“Hacemos lo que podemos”, le decía Mariano Rajoy a Luis Bárcenas por SMS sobre su proceso judicial. En eso están. El Gobierno sigue haciendo lo que puede para evitar que el incendio de la Gürtel vaya a más y gran parte de las maniobras judiciales en la oscuridad no les salen del todo mal. Desde el PP presionaron para apartar a Garzón de la Gürtel y de la carrera judicial (con éxito). Volvieron a presionar para que el juez Pedreira desimputase a su extesorero Bárcenas (lo lograron). Se movieron para evitar que el juez Gómez Bermúdez se quedase con la investigación de su contabilidad B, incluso Rajoy personalmente telefoneó al presidente del Supremo para pedirle su intervención (otro nuevo tanto). Y ahora siguen maniobrando para que sea Pablo Ruz quien continúe con la Gürtel y el caso Bárcenas; para que el nuevo titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, Miguel Carmona, nunca llegue a poner sus manos sobre estos delicados sumarios que tanto temen en el PP.“Si el juez Carmona coge el caso Bárcenas, desmonta el partido”, dicen desde la gran familia popular.

De entre las anomalías más extrañas de la Justicia española hay una que hoy destaca sobre las demás: que sea un juez de prestado, que no está de titular en la Audiencia Nacional, quien lleve los casos de mayor transcendencia política en años. Todos los demás jueces de la Audiencia tienen su plaza en propiedad. Es una gran garantía de independencia porque, para echarlos, tienes que montar la de Garzón. Todos están con plaza fija salvo uno: precisamente quien lleva la Gürtel y el caso Bárcenas.

Pablo Ruz está en la Audiencia Nacional como sustituto del juez Miguel Carmona, que es el titular del juzgado número cinco y que, hasta septiembre, está de vocal en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).  Ruz no tiene méritos suficientes en el escalafón –que se decide por antigüedad– no ya para estar como titular en la Audiencia Nacional: es que ni siquiera le corresponde un juzgado en Madrid, que son los más solicitados. Su plaza antes estaba en Collado Villaba y recientemente ha conseguido una nueva en Móstoles, que es lo más cercano a la capital a lo que puede aspirar con sus apenas diez años de carrera judicial. Obviamente, las condiciones cambian mucho. Un juez de la Audiencia cobra bastante más que otro en un juzgado de Collado Villalba.

Las ventajas para el Gobierno de que la Gürtel-Bárcenas esté en manos de un juez cuyo futuro laboral depende de lo que decida el politizado CGPJ son bastante obvias. Si Pablo Ruz se pusiese gallito y, por ejemplo, ordenase un registro en la sede del partido en Génova, sabría que se estaría jugando su inestable posición en la Audiencia. Y de momento, a pesar de que el ángel caído Bárcenas esté en prisión, Pablo Ruz se está portando razonablemente bien (para el PP).

Por ahora Ruz no ha dado ni un solo paso en la instrucción del caso Bárcenas que no esté avalado antes por la Fiscalía, que depende orgánicamente del Gobierno. Su más que prudente forma de investigar consiste en pedir informes a la Policía, a la Agencia Tributaria o a la Fiscalía, incluso de asuntos jurídicos que tendría que decidir él. Cada paso lo da con pies de plomo, siempre de la manita del fiscal. Su primera reacción cuando la acusación de la Gürtel pidió sumar los papeles de Bárcenas a la investigación fue decir que no. Solo cambió de opinión cuando llegó la querella de IU y, por reparto, le tocó a Gómez Bermúdez. Solo ante la posibilidad de que este juez investigase la financiación del PP, la Fiscalía pidió a Ruz que judicializase el caso. Y Ruz, como siempre hace con la Fiscalía, obedeció.

Ruz también se ha negado a investigar el tráfico de llamadas y mensajes de Luis Bárcenas. Considera que podría “vulnerar la intimidad” del extesorero, a pesar de que existen pruebas de que Bárcenas podría haber sido presionado por el Gobierno para desmentir sus papeles, lo que sería un delito muy grave. El propio Bárcenas lo confesó así ante el juez hace una semana e incluso aseguró que había sido coaccionado: “ Si hablas, tu mujer irá a la cárcel”. Sin embargo, la única investigación sobre las comunicaciones que ordenó Ruz ese día fue… contra los abogados de la acusación del Observatori DESC. El juez pidió a la Policía que investigase las filtraciones en Twitter de lo que estaba ocurriendo en el interrogatorio de Bárcenas, algo que no es que no sea delito: es que no llega a falta administrativa.

Que Ruz considere más grave una filtración en Twitter que un presunto delito de obstrucción a la justicia, su enorme prudencia, su seguidismo de la Fiscalía y su precariedad laboral explican bastante bien por qué el CGPJ, en manos del PP, le prefiere al frente de esta investigación. No es que Ruz o la Fiscalía vayan a salvar a Bárcenas, nadie quiere eso ya en el Gobierno. La estrategia ahora es otra y pasa porque el extesorero traidor sea el único que acabe condenado en la cúpula del partido; que el caso no vaya mucho más allá.

Esta semana, el CGPJ renovó a dedo el puesto a Ruz como juez de apoyo, a pesar de las quejas del juez titular, Miguel Carmona. La decisión fue bastante irregular porque lo normal habría sido que la plaza de apoyo hubiese salido a concurso para que optase a ella cualquier juez, según el escalafón ( como ordena el artículo 216 bis 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Que el CGPJ elija a dedo quien “apoya” a Carmona (contra su voluntad) es un indicio bastante claro de hasta qué punto el PP prefiere a Ruz.

El propio Miguel Carmona ha alertado, con razón, de los riesgos que puede suponer esta decisión, que podría provocar la nulidad del caso Bárcenas porque el CGPJ podría estar nombrando un juez ad-hoc. La ley es bastante clara, no solo en cómo se debe nombrar un juez de apoyo, sino también sobre qué temas debe llevar: solo los nuevos casos que entren en el juzgado, no los que estén en tramitación. Por ley, cuando Miguel Carmona llegue a la Audiencia, tendrá que quedarse con la Gürtel y el caso Bárcenas porque de lo contrario se estaría vulnerando el artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La gran duda ahora es si Miguel Carmona llegará algún día a la Audiencia Nacional. Se supone que será en septiembre, pero el Gobierno ya está maniobrando para que tal cosa no vaya a pasar. El nuevo “hacemos lo que podemos” del Gobierno consiste en ofrecer a Carmona un bien pagado destino en el extranjero para que así el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional siga ‘temporalmente’ en manos de Ruz. Entre los jueces progresistas, donde el enfado es mayúsculo, circula la sospecha de que Carmona se irá a la Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia; una plaza que, casualmente, acaba de solicitar el Ministerio de Justicia y a la que, casualmente, apenas se ha dado publicidad. Y ya es mucha casualidad.

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NULIDAD PARA BARCENAS

Nulidad en bandeja para Bárcenas

No hay forma legal de que el juez Ruz siga instruyendo el Caso Bárcenas en otoño, una vez sea renovado el CGPJ. No la hay, a menos que queramos servirle a Bárcenas y, como no al PP, una nulidad del procedimiento llegue este a quien llegue. ¿Y esto no lo está buscando nadie, no? ¿o sí? Hay que aplaudir la actitud del titular del Juzgado Central 5, Miguel Carmona, y del presidente del CGPJ, Moliner, que frenaron una maniobra iniciada por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional para amarrar la permanencia de Ruz antes de las vacaciones. Y hay que hacerlo porque pusieron pie en pared a un movimiento que podía viciar de nulidad el procedimiento.

No se trata de si Ruz lo hace bien o mal. No hay que mirar si es más lento o más rápido, más osado o más pacato, o si instruye pegado a las peticiones o informes de la Fiscalía y la Policía que encarga y recibe; no se trata de si es más callado, mas fotogénico o más simpático. La Justicia no es un casting. Ni siquiera se parece a un proceso de selección para un empleo. Ese ya lo hicieron antes de convertirse en jueces. En la Administración de Justicia los casos no pertenecen a los jueces sino a los órganos judiciales de manera que el destino del Caso Bárcenas y del casi finiquitado Caso Gürtel pasa por quién sea legalmente el juez del Juzgado Central 5. La Ley protege a los ciudadanos de la posibilidad de que el poder les designe jueces “ad hoc” y, por eso, la vulneración del juez predeterminado por la ley vicia de nulidad todo un procedimiento. Así que por muy bien que lo esté haciendo Ruz, no empecemos las campañas sobre su permanencia en el caso para luego decir que lo quitaron o no con aviesas intenciones. No, si Ruz siguiera con el caso una vez incorporado Carmona, sería un juez “ad hoc”.

La situación es sencilla. Ruz no es titular de la plaza, ni tiene número de escalafón suficiente para obtener un juzgado siquiera en Madrid capital, así que en ningún caso podría obtener este u otro juzgado de la AN. La intención de la Sala de Gobierno era y es nombrarlo como “juez de refuerzo” por carga de trabajo del magistrado Miguel Carmona cuando éste se incorpore a “su” juzgado. El primer punto discutible es si el Juzgado Central número 5 necesita ser reforzado. Ruz se ha considerado suficiente para servirlo desde la marcha de Garzón y ha renunciado a las medidas de refuerzo que se le propusieron. Unas medidas que la ley presenta como previas antes de llegar al “juez de refuerzo”, que es el último recurso ante un atasco indigerible. Esas medidas previas consisten en dejar su juzgado fuera del turno de reparto -es decir, que durante un periodo determinado no le entren nuevos asuntos- o bien en ser apoyado por sus compañeros jueces centrales. Ambas medidas le fueron ofrecidas en Junta de Jueces y Ruz negó necesitar ninguna de ellas para poder hacer frente a su carga de trabajo.

Resulta cuanto menos chocante que se parta de la base de que Miguel Carmona, el titular del 5, si lo va a necesitar, máxime cuando el propio Ruz da el Caso Gürtel como casi listo para ser enviado a la Sala para enjuiciamiento. Correr para ponerle refuerzo a Carmona sin que él lo solicite no se si es llamarle poco competente o poco trabajador o por lo menos menos eficiente que Ruz. No es el caso, Miguel Carmona es un magistrado con enorme experiencia. Debe ser él quien determine si precisa de ayuda o no. En realidad, es evidente que la propuesta trataba de buscarle a Ruz una salida para poder continuar en la Audiencia Nacional y no tener que regresar a, éste sí, su juzgado de Móstoles.

Demos incluso por bueno que está bien que se le buscara esa salida al juez Ruz y supongamos que Carmona consiente. Aún siendo así, haría falta un segundo salto en el vacio, éste sí absolutamente contrario a la ley, para que Ruz siguiera llevando el Caso Bárcenas. Y es que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en su artículo 216 bis 1 y 216 bis2 4º lo deja meridianamente claro: en caso de refuerzo es el titular el que se queda con los asuntos ya existentes en el juzgado y el juez de refuerzo el que se va encargando de lo nuevo que entre. Y no puede ser de otra forma, so pena de crear un juez “ad hoc” y servir esa nulidad por la que tanto suspiran muchos en bandeja.

Esto nos da también idea de la fragilidad que supone que un juez que no posee la plaza en propiedad -cuyo destino ha dependido y depende de decisiones del CGPJ que pueden prorrogarle su estancia en un órgano de gran relevancia o enviarle de nuevo a Móstoles- haya estado llevando casos de la importancia que estos tienen para los políticos. Esos políticos que, a través del CGPJ, sí pueden influir en su destino.

No tengan miedo los que temen por ahí que si llega un nuevo juez el caso se ralentizará, se eternizará o encallará. No teman. El Caso Bárcenas acaba de empezar. No se ha hecho gordo aún. Por otra parte, un juez con experiencia sabe cómo ponerse al día de los asuntos. Esperemos pues a que el titular del Juzgado Central número 5 tome posesión de su destino y decida, como la ley prevé, si quiere un refuerzo o no. Y una vez que lo haya hecho, acátese también ésta respecto al papel que le queda a Ruz.

Sería maldita la gracia que tuviéramos un Caso Naseiro bis por no ser muy estrictos en el cumplimiento de la legalidad. Los ciudadanos no iban a entenderlo ni a soportarlo. Porque hemos de pensar que nadie lo está buscando adrede, ¿no?

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EL ASESOR DE RAJOY COBRABA PARTE EN DINERO NEGRO

El principal asesor de Rajoy cobraba por tres conceptos distintos y parte en dinero negro

La nueva documentación aportada a Ruz por Bárcenas revela que Pedro Arriola llegó a cobrar 500.000 euros en solo tres años

La nueva documentación aportada al juez Ruz por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, apunta a que Pedro Arriola, el consejero de cabecera de Mariano Rajoy, cobraba por tres conceptos distintos.

Arriola percibía un millón de las antiguas pesetas al mes, siempre según la documentación de Bárcenas, por gestionar lo que denomina "la cuenta norte". En este sentido, en las carpetas del extesorero figura una anotación, supuestamente manuscrita por Arriola, en la que recuerda a Bárcenas los pagos que debe realizarle.

El segundo método de cobro era por trabajos de asesoría, por los que recibía 21.180.000 de las antiguas pesetas al año. Bárcenas apunta los pagos y pregunta si el próximo que debe ejecutar, correspondiente a 2001, debe "facturarlo en A". Entre 1998 y 2000, Arriola cobró 500.000 euros del Partido Popular, y parte era en B, según la nueva documentación que obra en poder Ruz.

El tercer pago a Arriola se produce a través de la empresa Baratz, según las carpetas de Bárcenas.Baratz es una firma que contrata con el Partido Popular. En solo cinco años le facturó casi 3 millones de euros, y parte de los pagos a esta empresa habrían sido realizados también en negro.

La información al respecto consta en la carpeta número 8 de Bárcenas, titulada "Baratz con cargo a Barcelona". "Barcelona" era la forma de la Gürtel de denominar a la caja B. Es decir, presumiblemente, esta carpeta recoge pagos a Baratz con cargo a la caja B del PP, que según la documentación de Bárcenas, eran "regularizados" por esta firma con la emisión de facturas por la elaboración de informes sobre "aspectos de la realidad socioeconómica" para el Partido Popular. La contabilidad oficial del PPrecoge pagos mensuales casi por idéntica cantidad a esta firma. Una cantidad fija al mes que coincide al céntimo. En solo cinco años, desde 1996 a 2001, Baratz facturó casi 3 millones de euros al Partido Popular.

Baratz es una empresa con sedes en España, México y Panamá. Según el registro, el año pasado obtuvo dos contratos de los Ministerios de Cultura y Defensa, y también contrata con Navarra y la Comunidad de Madrid. Este año, además también ha recibido dos subvenciones del Ministerio de Industria por un importe total de más de 700.000 euros. La Cadena SER se ha puesto en contacto con fuentes próximas a Pedro Arriola y con el Partido Popular, que no han querido ofrecer valoración alguna al respecto.

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EL JUEZ TIENE DOCUMENTACION DE RAJOY, RATO, ARENAS Y CASCOS, ENTREGADOS POR PEDRO J. BENITEZ

El juez Ruz posee nueva documentación de pagos en B que afecta a Rajoy, Rato, Arenas y Cascos

El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, ha entregado al magistrado la nueva documentación en la que figuran nuevos pagos relativos a los años 1997, 1998 y 1999

Luis Bárcenas está decidido a ratificar ante el juez la veracidad de la documentación

El juez Pablo Ruz ha recibido nueva documentación sobre los pagos en B realizados en el Partido Popular. Se trata de un listado de pagos que afectan al presidente del Gobierno y a los exministros Javier Arenas, Rodrigo Rato,Jaime Mayor Oreja y Francisco Álvarez Cascos. La nueva documentación, relativa a los años 1997,1998 y 1999 ha sido entregada al juez por el periodista Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, que no habría revelado la procedencia de la fuente. El diario El Mundo, en su versión digital, anuncia para este martes la publicación de esos nuevos papeles. 

Según ha sabido eldiario.es de fuentes próximas a Luis Bárcenas, en esa nueva documentación se demostraría la continuidad de los pagos en B a altos cargos del PP y ministros del gobierno de Aznar. Esas nuevas notas afectarían a ministros del PP que estarían cobrando por encima de lo que dicta la ley de incompatibilidades. Según la legislación española, un miembro del Gobierno no puede percibir ningún otro salario además del atribuido a su condición de presidente o ministro. 

Según ha podido saber esta redacción, Luis Bárcenas está decidido a ratificar ante Pablo Ruz la veracidad de esa nueva documentación. Las acusaciones personadas en el caso ya han solicitado una nueva declaración de Bárcenas ante el juez para aclarar los detalles de la conversación revelada este domingo por El Mundo y en la que el extesorero habla de financiación irregular reiterada en el partido de Rajoy.

La nueva documentación (un manuscrito a dos caras) en poder del juez supone el peor de los presagios para un PP abonado a la teoría de esconder la cabeza ante las amenazas de Bárcenas de sacar a la luz los entresijos de la financiación supuestamente irregular del partido de Rajoy. Se trata de una primera documentación que el entorno de Bárcenas estaría en disposición de entregar al magistrado.

Según fuentes cercanas al extesorero, en los próximos días pdrían aparecer nuevos documentos. Concretamente una factura ingresada al partido popular de Castilla La Mancha como pago de una comisión por la concesión de una obra a una de las principales constructoras del país. 

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EL JUEZ PONE BAJO SOSPECHA A ESPERANZA AGUIRRE Y EL CASO GÜRTEL

El juez Ruz pone bajo sospecha las relaciones entre el Gobierno de Esperanza Aguirre y la Gürtel

E.B.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz parece dispuesto a investigar con detalle las relaciones ´peligrosas’ que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantuvo con la trama Gürtel, en los tiempos en que la presidenta era Esperanza Aguirre. Según una información publicada por la agencia Servimedia, el magistrado ha acusado hoy al Gobierno madrileño de ocultar la adjudicación de contratos a sociedades relacionadas con la Red por medio del fraccionamiento de las cantidades. Ruz ha explicado el asunto en un auto dictado tras estudiar un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en el que se analizaron 686 contratos, por valor de cerca de 6,5 millones de euros, y en el que se determinó que en 104 caso se utilizó la técnica del fraccionamiento. El juez sitúa en el centro de esta trama al Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes con Esperanza Aguirre y está imputado por posibles delitos de prevaricación, cohecho, malversación, fraude a la administración y contra la Hacienda Pública. López Viejo, según la información de Servimedia, podría haber cobrado comisiones de entre el 5% y el 11,5% de los importes finales de los contratos. Además, Ruz ha imputado en el caso a los responsables de algunas sociedades, presuntamente utilizadas por Correa. Son Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael) y tendrán que declarar el próximo 20 de junio. El juez, también ha solicitado a la IGAE que amplíe el informe sobre las contrataciones de la Comunidad de Madrid para analizar también la restante documentación intervenida en la causa. FUENTE