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sábado, 12 de abril de 2014

ESPAÑA: PONEN EN LIBERTAD A 8 NARCOTRAFICANTES GRACIAS A LA NUEVA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL


Libres otros 8 narcos sirios tras la reforma 

de la Justicia Universal




 El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dejado en libertad a ocho presuntos narcos sirios detenidos el pasado 16 de marzo en un barco con bandera de Sierra Leona en aguas internacionales cuando transportaban 12 toneladas de hachís y ha alegado que debe hacerlo "le guste o no" en aplicación de la reforma de la ley que regula la Justicia Universal.

   La reforma establece que los tribunales españoles sólo tendrán jurisdicción para investigar la comisión de un delito cuando el procedimiento se dirija contra un español o cuando existan indicios de que un grupo criminal quiere cometerlo en territorio nacional.

   El magistrado asegura, en un auto hecho público este viernes, que de acuerdo con los nuevos criterios "no es posible considerar que los tribunales españoles tengan jurisdicción para la instrucción y enjuiciamiento" de la comisión de un delito de tráfico de estupefacientes en aguas internacionales.

   "La vinculación  del juez a la Ley es piedra angular del sistema de justicia y una de las mayores garantías para el ciudadano pues le pone a cubierto de la arbitrariedad. El juez debe aplicar la ley, le guste o no, aún cuando el resultado sea, desde su punto de vista, frustrante", indica.

SE SUMA A ANDREU
  Su decisión se suma a la tomada hace cuatro días por otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que dejó en libertad a ocho marineros egipcios detenidos en aguas de Almería cuando transportaban en un pesquero un total de 9,8 toneladas de hachís distribuidos en 450 fardos y alegó los mismos motivos.

    Los ocho sirios fueron enviados a prisión por el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, que se inhibió posteriormente a favor de la Audiencia Nacional. El juez ha decretado ahora el archivo del procedimiento en su contra y ha ordenado la destrucción de la droga incautada.

   El magistrado recuerda que las doce toneladas de hachís fueron aprehendidas en un buque que navegaba en aguas internacionales, con bandera de Sierra Leona y tripulado por ocho personas de nacionalidad siria y agrega que no consta "la intervención de ningún español en los hechos ni que la droga fuese destinada a España".

ANTIDROGA DEFIENDE LA COMPETENCIA

    La Fiscalía Antidroga ha defendido, por contra, la competencia de los tribunales españoles para juzgar a los marineros arrestados y reclama la aplicación de la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Indica que en el artículo 17 este texto establece "la necesaria cooperación entre los Estados firmantes para eliminar el tráfico ilícito por mar".

   Gómez Bermúdez alega que el despliegue de una actuación de tipo asistencial como la que reclama el Ministerio Público "no es criterio de atribución de jurisdicción". "El deber únicamente surge si el delito se ha cometido en nuestro territorio o en un buque con bandera española o una aeronave con registro en España", agrega

domingo, 6 de abril de 2014

ESPAÑA: EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, TORRES DULCE, REPROCHA A GALLARDON NO HABER CONSULTADO LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL


Torres-Dulce reprocha a Gallardón no 

haber consultado con los fiscales la 

reforma de la Justicia Universal


torresdulce (1)
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha sumado también hoy a las críticas a la reforma de la justicia universal y lo ha hecho en publico y en presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Torres Dulce ha asegurado que la Fiscalía “no tendría inconveniente” en que el Tribunal Constitucional, “el máximo órgano de garantías constitucionales” analice la reforma de la Justicia Universal. “Si lo plantean los jueces seríamos sensibles a examinar el caso”, ha asegurado durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press.?No contento con estas afirmaciones, el fiscal general ha reprochado además al titular de Justicia la forma en que se aprobado la reforma. Pese a “entender y respetar” que la reforma se haya efectuado siguiendo la vía de presentación de una iniciativa de proposición legislativa, Torres-Dulce ha indicado que a los fiscales les habría “agradado” se les hubiera preguntado.
El fiscal general ha recordado que los fiscales de la Audiencia Nacional le hicieron llegar un escrito en el que se ponía de manifiesto que la reforma “podría dificultar la investigación de casos de narcotráfico y terrorismo” y ha  asegurado que Justicia “ha tomado nota de los aspectos de la ley que se puedan mejorar”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galladón, encargado de presentar a Torres-Dulce en el acto ha asegurado que “nunca ha violentado la necesaria imparcialidad” del Fiscal General del Estado, a quien se ha referido como uno de “los mejores servidores del Estado”, y que precisamente por esta “imparcialidad absoluta” en todas sus actuaciones es por lo que el Gobierno promovió su designación para el cargo.
Gallardón ha señalado que es consciente de las “controversias y dificultades” que rodean la figura del Fiscal General y ha recordado que ésta se regula en el mismo título de la Constitución en el que se habla del Poder Judicial, aunque su designación sea a propuesta del Ejecutivo. “El del Fiscal General es el único nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, ya que su designación, a propuesta del Gobierno, se realiza oído el Consejo General del Poder Judicial y superado el trámite de comparecencia en el Parlamento”, ha relatado.
Ante estas afirmaciones, Torres-Dulce, al tomar la palabra, ha reconocido que el ministro de Justicia siempre ha concebido el ministerio fiscal como un “órgano dotado de total autonomía” y que ha defendido de forma “completa” esta autonomía en el ámbito de actuación de la Fiscalía General del Estado.
Abuso de la acción popular
Preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular, Torres Dulce ha contestado.
A lo largo de su intervención, el fiscal general ha eludido responder a las preguntas referidas al problema migratorio y se ha limitado señalar que se trata de un fenómeno que “humanamente es una tragedia” pero que debe ser tratado siempre “con los instrumentos del Estado de Derecho”. Ha recordado que se dispone de una Fiscalía, la de Inimigración “muy especializada” que se ocupa de estas cuestiones y tampoco ha querido opinar sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, ya que su regulación corresponde a criterios “políticos y legislativos”·

jueves, 27 de febrero de 2014

ESPAÑA: LOS FISCALES DE LA AUDIENCIA NACIONAL SE OPONEN A LA IMPUNIDAD DE LA JUSTICIA UNIVERSAL


Los fiscales de la Audiencia se rebelan contra la "impunidad" de la reforma de la justicia universal

Envían un escrito a la Fiscalía General del Estado denunciando la "inconstitucionalidad" de las limitaciones a la investigación de crímenes internacionales que prevé la nueva normativa que el Congreso aprobará mañana


El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en los pasillos del Congreso. (Archivo)
Los fiscales de la Audiencia Nacional se han quejado a la Fiscalía General del Estado de la reforma de la justicia universal queprevé aprobar mañana el Congreso, ya que crearía"espacios de impunidad" para perseguir "graves delitos" contra los derechos humanos, terrorismo, drogas o piratería.
Los fiscales aprobaron por unanimidad el pasado día 19 un escrito de doce páginas, al que ha tenido acceso Efe, remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, en el que detallan las "negativas consecuencias" para investigar delitos cometidos fuera de España de la reforma, cuyas limitaciones a la justicia universal podrían ser, a su juicio, inconstitucionales.
Los fiscales destacan que su aprobación supondría el archivo "de forma indiscriminada" de "la práctica totalidad de procedimientos" de justicia universal abiertos en la Audiencia Nacional, entre ellos el de genocidio por la represión en el Tíbet contra dos expresidentes chinos.
El escrito, firmado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, afirma que esta reforma "no sólo cercena sustancialmente las posibilidades de persecución de los delitos relacionados con las violaciones de derechos humanos", sino que también "limita notablemente la investigación y persecución" de otras actividades delictivas internacionales.
Estos delitos cuya investigación se verá afectada son, según los fiscales, los relacionadas con elterrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, piratería, prostitución y corrupción de menores, uso de nuevas tecnologías (pornografía infantil o ciberdelincuencia) y secuestro de aeronaves, todos ellos, añade "estrechamente vinculados con el crimen organizado".
"La introducción de criterios tan marcadamente excluyentes del ejercicio de la jurisdicción de forma generalizada sólo contribuirá a generar espacios de impunidad en la persecución de tales delitos, a neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales", asegura el escrito remitido a Torres Dulce para que éste lo envíe al Ministerio de Justicia que preside Alberto Ruiz-Gallardón.
"No garantiza suficientemente los derechos de las víctimas"
Los fiscales destacan que la reforma de la justicia universal, es decir, de la capacidad de un juez español para juzgar determinados delitos cometidos fuera del territorio nacional, "contiene aspectos claramente contradictorios con los convenios internacionales y no garantiza suficientemente los derechos de las víctimas", y llega a afirmar que las limitaciones a investigar estos delitos "pueden ser en cierta medida inconstitucionales".
Los fiscales critican el tratamiento distinto según la nacionalidad de la víctima
El escrito critica que la reforma aplique un tratamiento diferenteal criterio de la nacionalidad de las víctimas dependiendo del delito a perseguir, de manera que sólo en el caso de terrorismo y trata de seres humanos es suficiente con que la víctima sea española para que los tribunales nacionales puedan investigar. "Carece de justificación alguna que para determinados crímenes, casualmente aquellos identificados por la producción masiva de víctimas, se excluya cualquier referencia al criterio de la nacionalidad de las víctimas", afirman, lo que ocurre en los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes contra personas en caso de conflicto o apoderamiento de aeronaves.
Tampoco les "parece razonable" condicionar "el criterio de la nacionalidad de la víctima a que el presunto responsable se encuentre en territorio español", lo que se aplica en los delitos de torturas y contra la integridad moral, contra la libertad o indemnidad sexual sobre menores,los relacionados con la violencia machista contra la mujer y doméstica y los delitos de desaparición forzada.
Consideran "incomprensible" que desaparezcan como perseguibles delitos relacionados con el crimen organizado internacionalAdemás, el escrito cree "incomprensible" que en el listado de infracciones perseguibles hayan desaparecido delitos "tan estrechamente vinculado con el crimen organizado internacional" como los de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, lo que impedirá perseguir a las redes internacionales dedicadas a ello.
Respecto a los delitos de piratería, indica que si bien los criterios para que los jueces españoles los investiguen "no son tan restrictivos como en otros casos", con la reforma algunas actuaciones relacionadas con la persecución de piratería en el Océano Índico "no hubieran podido realizarse".

"Dificultará la cooperación entre países"

Los fiscales de la Audiencia Nacional critican asimismo la restricción de la justicia universal en los casos de delitos sexuales a menores, trata de seres humanos, tráfico de drogas y desaparición forzada, aunque reconoce que en estos casos se limitan en menor medida.
En cuanto a los criterios de la extradición pasiva, aseguran que es "evidente" que la reforma "puede afectar de forma muy negativa a la entrega de delincuentes" y por ello dificultar la cooperación entre países.

lunes, 24 de febrero de 2014

ESPAÑA: CHINA NO TENDRA RELACION CON EL PAIS HASTA QUE DESMONTE LA LEY DE JUSTICIA UNIVERSAL


Boicot chino a España: no vendrán ministros y otros cargos hasta que desmonte la jurisdicción universal

Pekín trata de proteger al expresidente Jiang Zemin y a otros antiguos gobernantes encausados por la Audiencia Nacional por el genocidio perpetrado por los comunistas en el Tíbet.

Foto de archivo del Rey Juan Carlos junto al primer ministro chino Wen Jiabao durante su visita a España.
Cuando la oposición dice que el Gobierno del PP modifica el principio de jurisdicción universal por presiones de los Estados afectados tiene mucha razón. Por un lado, porque el PSOE, que introdujo una primera reforma en 2009, mediante una enmienda en la Ley Orgánica de la Oficina Judicial, ya las sufrió; y por otro lado porque es cierto.
A principios de diciembre se celebró en Madrid la inauguración oficial de la Centro Cultural de China en España, con asistencia del viceministro de Cultura del Consejo de Estado de la República Popular China, Yang Zhijin. Si ese acto se celebrase hoy, no asistiría ninguna autoridad venida de Pekín. Desde hace varias semanas, según ha sabido VozPópuli, el Gobierno comunista chino ha recurrido a la suspensión de viajes por parte de los viceprimeros ministros, ministros, viceministros, consejeros de Estado y demás miembros de la cúpula dirigente, y que se le ha comunicado al Gobierno español.
De esta manera, Pekín trata de proteger al expresidente Jiang Zemin y a otros antiguos gobernantes encausados por la Audiencia Nacional por el genocidio perpetrado por los comunistas en el Tíbet.
La medida de presión está dando resultado, ya que la anulación de la jurisdicción universal, contenida en el art. 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que convirtió al ex juez Baltasar Garzón en una estrella mediática, se ha acelerado.
De acuerdo con los planes originales del Gobierno del PP, se habría modificado dentro de una reforma de la LOPJ que está preparando el Ministerio de Justicia. Pero este procedimiento era demasiado lento para los deseos chinos: habría que pedir y recibir informes al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, una espera de varios meses.
Por ello, y debido al avance del proceso contra Jiang Zemin y otros dirigentes chinos en el juzgado de Ismael Moreno, el PP optó por que su grupo parlamentario en el Congreso presentase una proposición de ley, que además se tramitará por la vía de urgencia y en lectura única. El texto y el mecanismo de tramitación se votaron en el pleno del día 20, con este único punto en el orden del día.
Además, la proposición se votará en la cámara baja en un pleno convocado para el jueves 27, después del Debate sobre el estado de la Nación. De allí pasará al Senado, donde ocurrirá lo mismo: hay plenos programados en seis días, con lo que la reforma podría estar en vigor antes de que concluya marzo. Así los jueces tendrían que sobreseer varios sumarios, incluyendo el abierto contra los chinos comunistas.
En los últimos años sólo habrá habido otra tramitación legal tan rápida: la reforma del artículo 135 de la Constitución para introducir la estabilidad presupuestaria. Se registró el 26 de agosto de 2011 en el Congreso y el 27 de septiembre se publicó en el BOE firmada por el Rey. También por presiones venidas del extranjero.