La "falta de respeto" de Cospedal a la Justicia
El portavoz de Jueces para la Democracia considera "especialmente grave" que la dirigente popular afirme que en España es el poder ejecutivo que "sale de las elecciones" con un programa electoral "quien tiene que ejecutar la política".
Una "absoluta falta de respeto" a la independencia judicial. Así ha calificado la Asociación Jueces para la Democracia (JpD) las declaraciones de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien se ha mostrado "sorprendida" por la decisión judicial sobre la sanidad madrileña.
El portavoz de JpD, Joaquim Bosch, -en declaraciones a Efe- tacha de "especialmente grave" que la dirigente popular afirme que en España es el poder ejecutivo que "sale de las elecciones" con un programa electoral "quien tiene que ejecutar la política".
"Ganar unas elecciones no sirve para impedir cualquier medida al margen de la legalidad", aseguraba Bosch, que añade que las decisiones de cualquier poder del Estado "nunca pueden vulnerar lo que marca la ley ni los derechos fundamentales de los ciudadanos" .
Y es que, según el portavoz de JpD, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la suspensión de la externalización de la gestión de seis hospitales de la Comunidad de Madrid "está fundamentada jurídicamente".
Bosch agrega que "no hay ninguna relación" con las protestas de la denominada marea blanca a las que ha hecho mención Cospedal, que ha señalado que "lo que no puede ser en democracia es que las presiones externas, ni de colectivos, medios de comunicación, algaradas en la calle ni partidos políticos incida en las decisiones de los jueces" y advierte de que si cualquier político está en desacuerdo, "se debe desvirtuar el fallo jurídicamente, pero no atacar al tribunal aludiendo a que sus razones no son jurídicas".
También hace referencia el portavoz a la queja de la presidenta de Castilla-La Mancha sobre el tiempo que ha tardado el tribunal en resolver el asunto, y la emplaza a aportar más medios humanos y materiales para conseguir una mayor rapidez en la resolución de los conflictos, "en lugar de recortar la inversión en materia de Justicia".
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