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miércoles, 2 de abril de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO GRATIFICARA A LOS ANTIDISTRUBIOS DEL 22M CON 300€ DE POR VIDA Y MEDALLA


Interior triplica los despliegues mínimos 
de antidisturbios y premiará a heridos el 
22-M
Policías antidisturbios se protegen en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles el 22-M. (EFE)
El Ministerio del Interior ha decidido realizar cambios en la organización de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía tras los disturbios del pasado 22 de marzo, en los que resultaron heridos 67 agentes de esta sección. La cartera que dirige Jorge Fernández Díaz ha anunciado que triplicará el número de efectivos mínimo en las intervenciones de las UIP para evitar que pueda volver a quedarse aislado un subgrupo de unos 15 antidisturbios, como ocurrió en un momento de los altercados que tuvieron lugar en Madrid tras las marchas del 22-M. Interior se ha comprometido además a condecorar con la Medalla Roja al Mérito Policial a los miembros de las UIP que pusieron en riesgo su vida ese día.
Los cambios fueron anunciados este miércoles durante la reunión que mantuvieron el ministro del Interior y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con los agentes que participaron en el polémico despliegue del 22-M. En el encuentro, que tuvo lugar en el complejo policial de Moratalaz y se prolongó durante más de una hora, también participó el director adjunto operativo, Eugenio Pino, que en los últimos días ha mantenido dos reuniones con los representantes sindicales de la policía para informarles de lainvestigación que ha puesto en marcha para esclarecer los fallos que provocaron que ese actuación se saldara con una cifra récord de agentes heridos. Pino volverá a reunirse este viernes con los cuatro sindicatos más representativos del cuerpo.
Malestar de las UIP con los políticos
La reunión fue divulgada por Interior. En la nota oficial, el Ministerio aseguró que Fernández Díaz agradeció la entrega de las UIP y subrayó que, a pesar del elevado número de manifestaciones que han producido en los últimos años, la gran mayoría han concluido sin incidentes significativos. “Estoy a vuestro lado. Muy cerca de todos vosotros. No detrás ni delante, sino a vuestro lado”, le dijo ayer el ministro a los agentes, intentando paliar el enfado que han provocado estos incidentes en la unidad. Los antidisturbios sospechan que Interior y la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid les ordenaron el 22-M que aguantaran las agresiones de los antisistemaporque ese fin de semana se había desplazado a la capital un equipo de observadores de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) para comprobar si el Gobierno de Mariano Rajoy respetaba el derecho de reunión.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (2d), visita a los antidisturbios en el centro policial de Moratalaz
Esa fue la parte del acto que difundió Interior. Pero en el encuentro también se abordaron otros asuntos. Fuentes presentes en la conversación consultadas por este diario aseguran que los mandos de la Policía revelaron que se está revisando la organización de las UIP para tratar de incrementar la seguridad de los agentes. Hasta ahora, el número mínimo de antidisturbios que puede intervenir en el mantenimiento del orden público es un subgrupo de las UIP, una formación integrada por sólo una quincena de agentes. La Dirección General de la Policía quiere que, tras los altercados del 22-M en los que un subgrupo fue literalmente vapuleado por una bolsa de una 1.000 radicales, cada vez que los antidisturbios intervengan en situaciones de ese tipo lo hagan como mínimo un grupo entero, es decir, al menos 50 agentes.
Revisión de los protocolos
Esa modificación obligará a revisar los protocolos por los que se rigen las unidades de antidisturbios desde que fueron creadas en 1989. Según las fuentes policiales consultadas, los cambios ya han comenzado a estudiarse, aunque será necesario que pasen por el Consejo de la Policía y otros órganos superiores para que sean aprobados definitivamente.
Además, para garantizar que todos los grupos de las UIP tengan siempre como mínimo medio centenar de agentes disponibles, Interior también anunció este miércoles en la reunión de Moratalaz que a partir de ahora cada grupo estará integrado por cuatro subgrupos, en lugar de por los tres actuales. Esta otra modificación permitirá garantizar que en todo momento haya al menos 50 policías listos para intervenir, ya que los subgrupos no suelen disponer de todos sus efectivos por libranzas, cambios de destino o bajas laborales, muy frecuentes en una de las secciones más expuestas de la Policía.
Concentración de antidisturbios para pedir responsabilidades a los mandos policiales por los errores del 22-M

El principal objetivo de Interior es que no se vuelvan a repetir las escenas que se vivieron el 22 de marzo tras la manifestación de las Marchas de la Dignidad. Cuando la convocatoria ya estaba concluyendo, un subgrupo del grupo 7 de las UIP de Madrid perdió contacto con el resto del despliegue y fue rodeado por un millar de violentos, que le lanzó cohetes, adoquines, piedras e incluso señales de tráfico. Los agentes también recibieron puñaladas, aunque la gran mayoría fueron absorbidas por sus chalecos antitrauma.
Condecoraciones a los agentes
Aunque no se trató explícitamente este miércoles, Interior también ha manifestado en los últimos días en diversas esferas su intención de condecorar a los agentes que participaron en el despliegue, especialmente a aquellos que sufrieron los daños más graves. El departamento de Fernández Díaz aún no ha concretado qué criterio utilizará para otorgar los galardones, pero ha apuntado que su objetivo es que todos los efectivos de las UIP que resultaron heridos durante el 22-M reciban la Medalla Roja al Mérito Policial,una enseña pensionada de por vida con un complemento en la nómina que ronda los 300 euros, dependiendo del puesto del agente. Interior también ha comunicado su intención de imponer la Medalla Blanca al Mérito Policial, que ocupa un escalón inferior y no está pensionada, a los policías de los grupos que también se vieron cercados por los colectivos antisistema.
Sobre los cambios propuestos por Interior, el representante del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en las UIP, Miguel Ángel Fernández, aseguró que el “refuerzo es positivo porque asegurará que siempre haya más agentes”, pero afirmó que será necesario estudiar en detalle la propuesta porque “si no se amplía el catálogo de puestos de trabajo puede conllevar la desaparición de unidades y de grupos por falta de efectivos”.
Por su parte, el representante de la Unión Federal de Policía (UFP) en las UIP,Emilio Martín Dueñas, también consideró que los cambios pueden ser positivos, pero recordó que hará “falta tiempo para que se concreten” y que “deberán ser estudiados en los órganos correspondientes”.

ESPAÑA: PACTO OCULTO DEL PP Y PSOE PARA NO DESCLASIFICAR LOS DOCUMENTOS DEL 23-F


Pacto soterrado de PP y PSOE para no desclasificar documentos secretos del 23-F hasta 2031

Los dos principales partidos mantienen un acuerdo tácito que supone respetar los tiempos marcados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cinco de los 13 cabecillas de la intentona golpista todavía están vivos. Ofensiva de IU en el Parlamento para desenmascar al 'elefante blanco'. Zarzuela ya negó en 2012 que el Rey simpatizara con los militares sublevados, según un telegrama del embajador alemán en España en 1981.

Instantánea de los militares implicados en el frustrado golpe de Estado, durante el transcurso del juicio.
La alternancia en el poder de PSOE y PP incluye como acuerdo tácito no despertar viejos fantasmas sobre el episodio menos conocido de la historia reciente de España: la intentona golpista del 23-F. Entre los dos grandes partidos existe un pacto soterrado para evitar cualquier desclasificación de documentos secretos que puedan comprometer los hechos probados y juzgados en la sentencia que dictó en su día el Tribunal Supremo.
Según ha podido saber Vozpópuli, esta postura consensuada en la trastienda de Moncloa y respetada desde entonces por cada gobierno, de distinto signo, sigue vigente y cobra estos días más fuerza que nunca, justo cuando se vuelve a poner al Rey Juan Carlos en el punto de mira sobre la autoría intelectual de la sublevación militar de 1981.
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario sostienen que "ya hubo una investigación política, que acreditó la figura del Rey como máximo garante de la democracia. En cuanto a la investigación judicial, añaden, "el Supremo dictó sentencia condenatoria contra treinta individuos y acordó el secreto de sumario hasta 25 años desde la muerte de los procesados o 50 desde la fecha del golpe". Ello, enfatizan las mismas fuentes, "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración".
De esta forma, dado que todavía permanecen vivos cinco de los treces cabecillas del golpe (fueron procesados 33), ladesclasificación de documentos secretos por parte del Alto Tribunal no llegará antes de 2031. De esa camarilla que gestó el asalto al Congreso, al menos dos integrantes, el exteniente coronelAntonio Tejero y el excapitán Jesús Muñecas, participaron el pasado 23 de febrero en la paella del 33 aniversario organizada en un cuartel de la Guardia Civil.
El secreto de sumario que dictó el Supremo "no puede verse violentado con la publicación de informes confidenciales de la Administración", afirman fuentes gubernamentales
Los escritos confidenciales bajo custodia del Supremo --también el CNI, antiguo Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), guarda informes secretos-- no tendrían un carácter accesorio, sino que recogerían relevantes cuestiones de fondo de aquel episodio. Las fuentes antes citadas recuerdan que en los últimos años sólo en el 30 aniversario de la intentona golpista el expresidente del Congreso José Bonohizo públicas las actas oficiales de la Cámara Baja del 23-F, redactadas por los cuatro parlamentarios que eran secretarios de la Mesa aquel día, entre ellos el propio exministro de Defensa. Sin embargo, esta revelación por iniciativa de Bono, explican las fuentes, no entrañaba ninguna cuestión espinosa. No se veía afectado, por tanto, ese pacto tácito.
Tanto PP como PSOE dejaron entrever ayer que no respaldarán a la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en su ofensiva parlamentaria para esclarecer lo sucedido en la intentona golpista del 23-F y desenmascarar al elefante blanco. Desde IU reclamaron la apertura de una comisión de investigación y registraron, además de una batería de preguntas, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a desclasificar todos los documentos y grabaciones telefónicas, incluidos los de los servicios de inteligencia, sobre lo ocurrido el día del fallido golpe de estado.
Además, este grupo pide también que se conozca la información que circuló a la mañana siguiente por el Congreso y por La Zarzuela, así como de las actas de las reuniones entre el Rey y el entonces presidente del Ejecutivo, Adolfo Suárez.
"Simpatía" hacia los golpistas
El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, señaló que estas iniciativas no llegan a raíz el avance del libro de Pilar Urbano (la periodista sostiene que "el Rey nos salvó in extremis de un golpe que él mismo había puesto en marcha", sino que se enmarcan en la estrategia de su grupo para que la transparencia alcance todos los rincones de la instituciones.
De hecho, IU, a través del diputado Gaspar Llamazares, ya se interesó por contrastar una versión similar, la que publicó en 2012 el semanario alemán Der Spiegel. Esta cabecera reprodujo un cable desclasificado por las autoridades germanas en el que el embajador alemán en España en 1981, Lothar Lahn, decía que el monarca mostró "comprensión" y "simpatía" hacia los autoresdel intento de golpe de Estado.
Llamazares remitió una carta a Zarzuela sobre este telegrama, tras ser vetadas sus preguntas en el Congreso, y obtuvo respuesta de la Casa del Rey. El jefe de esta institución, Rafael Spottorno, le replicó con otra misiva en la que decía que "ni su Majestad ni la Casa Real acostumbran a valorar escritos u opiniones de terceros, que es una responsabilidad exclusiva de sus autores y que, en este caso, no se compadecen con la realidad de unos hechos, cuyo desarrollo y corolario final son de público conocimiento". De momento, respecto al último relato de Urbano, todavía no se conoce respuesta de Zarzuela.

ESPAÑA: UN HOMBRE DE 52 AÑOS SE SUICIDA AL NO PODER HACER FRENTE AL PAGO DE SU HIPOTECA


Se quita la vida en pleno proceso de desahucio


  • La PAH hace público el suicidio de una de las personas a las que venía ayudando por no poder pagar la hipoteca, un hombre de Pego y 52 años de edad
La tragedia que tanto temía la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Dénia y la Marina Alta se ha producido finalmente. Una de las decenas de personas que atiende esta organización en la comarca, un hombre de 52 años de edad y natural de Pego, se quitó la vida este martes en el domicilio donde residía con su madre, de 85 años, en Els Poblets.
Representantes de la PAH, durante la rueda de prensa en la que alertaron del riesgo de suicidios entre las personas a las que la plataforma está ayudando.
No hacía ni un mes y medio que la propia PAH, en una rueda de prensa celebrada en la Casa de Cultura de Dénia, había alertado del riesgo de que alguna de las personas a las que atiende pudiera quitarse la vida -ya había habido varios intentos- y realizaba una llamamiento a los psicólogos de la zona para que colaboraran con la plataforma.
Según informa la PAH en un comunicado, el fallecido, divorciado y con dos hijos, “ha decidido no sufrir más” después de varios episodios de depresión desde que se inició el proceso de desahucio. El último, el pasado viernes, cuando la plataforma “habló con él y con su familia, y se adoptó la estrategia de que fuera un familiar y un miembro de la PAH, y no él, quien tuviera contacto con el banco”. Y que éste “no le volviera a llamar, ya que esas llamadas le producían desesperación”.
Fuentes de la PAH explicaron a este periódico que las gestiones para solucionar el problema hipotecario de este afectado “estaban bien encaminadas” últimamente para que el banco aceptara la dación en pago. No obstante, en los últimos días la entidad bancaria le había solicitado al hombre que aportara nueva documentación, lo que quizás, según las mismas fuentes, le habría hecho decaer en su ánimo.
El hombre ya había intentado suicidarse en dos ocasiones anteriores. Tras la última, estuvo cuatro días ingresado en el hospital de Dénia.
El miércoles pasado, 26 de marzo, asistió a su última asamblea de la PAH en Dénia, cuyos miembros pensaban “que era la primera de su nueva vida después de haber recibido el alta médica de Marina Salud, y le aplaudimos y abrazamos, por pensar que estaba restablecido de su dolencia”. Pero desgraciadamente “no era así”, lamenta ahora la plataforma.
Concentración en recuerdo del fallecido. La PAH llevará a cabo una concentración silenciosa el próximo viernes delante del Ayuntamiento de Dénia, a las 20 horas, para recordar “a nuestro compañero” y “hacer visible un problema que quieren silenciar”.

ESPAÑA: LA IGLESIA PAGA 30€ POR UNA MEZQUITA DE 23.000 M2 CON 1.200 AÑOS


Un negocio caído del cielo: la Iglesia paga 30€ por una mezquita de 23.000 m2 y más de 1200 años

Desde que la registrara como propiedad de la Iglesia en 2006, el Obispado recibe por explotación de la Mezquita de Córdoba un total de 9  millones de euros libres de impuestos. Los 8 euros de la entrada se consideran un “donativo”. El trámite del registro le costó solo 30 euros. Se trata de un monumento de 23.000 m2 y 1200 años de historia.

Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid, acompañado por el obispo de Córdoba.
El episodio más reciente ha sido la polémica acerca de la titularidad de la Mezquita de Córdoba, por cuya explotación comercial la Iglesia Católica percibe cerca de 9 millones de eurosde los que no tributa ni un céntimo al fisco. Los ocho euros que cuesta la entrada a la Mezquita se consideran “un donativo” y, si se tiene en cuenta que las visitas alcanzan los 1,2 millones al año, el asunto compensa -al clero, por supuesto-.
Pero este no el único caso, ni mucho menos. Como la Mezquita de Córdoba hay más de mil propiedades y monumentos del Patrimonio Histórico cuya titularidad -y explotación- está en manos de la Iglesia Católica, que –en el caso de Córdoba- había tardado unos cuantos siglos en pasar por el registro para reclamarla.
La Iglesia ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 1946 que el Gobierno de José María Aznar llevó a cabo en 1998. Inicialmente, la norma vigente durante el franquismo, en su artículo 206, permitía a la Iglesia la inmatriculación (registro) de algunos bienes que carecían de propietario, excepto los lugares de culto. En su primera legislatura, el PP retiró esa excepción, lo que permitió a la Iglesia registrar como suyas desde capillas o ermitas hasta iglesias y catedrales.
23.000 metros (y 1220 años de historia) a cambio de 30 euros
En el año 2006el Obispado de Córdoba inmatriculó – es decir, registró- la Mezquita-Catedral de Córdoba, la cual había sido declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1984 por la Unesco. Después de pagar 30 euros –lo que cuesta la gestión-, el prelado se hizo con una finca de 23.000 metros por la que además no paga IBI, ya que el edificio está dedicado al culto religioso. La acción fue hecha después de que en 1998, el PP retirara la excepción de la Ley Hipotecaria con los lugares de culto, lo que permitió a la Iglesia registrar desde capillas o ermitas hasta catedrales.
La Iglesia ha registrado como suyas más de mil propiedades en los últimos 16 años gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria que Aznar llevó a cabo en 1998.
Según la Plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba el monumento es propiedad de la ciudadanía, Bien de Interés Cultural, Monumento Nacional y Patrimonio Mundial. Es decir, el obispado ha perpetrado una apropiación jurídica, económica y simbólica del edificio. Cada una por una razón específica. Es jurídica porque ni la inmatriculación o el registro en 2006 supone la validez como título de propiedad ni la “Consagración” que aduce el Obispado de Córdoba justifica o sirve para acreditar tal título. Es económica por que el Obispado de Córdoba, que no paga impuestos por el usufructo de este tipo de monumentos, recibe ingresos con las entradas y es simbólica porque el Obispado de Córdoba le ha retirado a la Mezquita la denominación Mezquita-catedral para referirse a esta como Santa Iglesia Catedral de Córdoba, tal y como es posible comprobar al visitar su página Web.
Construida en el 785, con 23.400 metros cuadrados, la de Córdoba fue la segunda mezquita más grande del mundo en superficie, por detrás de la Mezquita de la Meca, sólo alcanzada posteriormente por la Mezquita Azul (Estambul, 1588). Recibe al año 1.200.000 visitantes, cada uno paga 8 euros para poder acceder a ella -37 euros con visita guiada-. Es decir, dinero que va a parar a las arcas del Obispado
Otros casos: Navarra, Cáceres y Alicante
Uno de los informes más detallados y citados en lo que a registro y titularidad de determinados bienes se refiere, lo realizó el Parlamento navarro en 2008, tras una consulta de Izquierda Unida. Entonces, se realizó un recuento de las inmatriculaciones de todos los juzgados de la región entre 1998 y 2007. El Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales eran lugares de culto (iglesias, catedrales, ermitas …). Hasta 1998, la Iglesia sólo había inscrito en el Registro de la Propiedad fincas urbanas y rurales.
Entre 1998 y 2007, el Arzobispado de Pamplona y Tudela había registrado 1.086 bienes, el 60% de los cuales eran lugares de culto.
Ocurre en otras comunidades. La iglesia fortaleza de San Bartolomé, en Xàbia, Alicante, sufrió una suerte similar. El 21 de agosto de 2009, el Arzobispado de Valencia inscribió este edificio en el Registro de la Propiedad y lo hizo suyo, sin el consentimiento ni el conocimiento del Ayuntamiento de Xàbia, quien junto con una iniciativa ciudadana llevó el asunto a los tribunalesLa Diócesis de Valencia ha utilizado el mismo método para adueñarse de la ermita de la Muntanyeta en Alberic, y la del Lluch, en Alzira. Sin embargo, el caso de Xàbia es el más llamativo y el que mayor respuesta popular ha generado.
El Obispado de Plasencia –en Cáceres- ha incluido en su patrimonio en los últimos años las iglesias de 11 localidades de la comarca de la Vera (Cáceres): Madrigal de la Vera, Villanueva de la Vera, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Robledillo de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Aldeanueva de la Vera, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Torremenga y Pasarón de la Vera. Los pueblos de Madrigal de la Vera y Villanueva de la Vera reaccionaron. En 2009, los vecinos de Madrigal de la Verareclamaron la devolución de los terrenos colindantes a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que antiguamente eran utilizados como cementerio municipal. Casos similares se han registrado en Castilla y León, así como también en Galicia y Madrid.

ESPAÑA: LOS DIRECTIVOS DE TV CATALANA HACEN RECORTES MIENTRAS COBRAN 100.000 EUROS


Los diez directivos que ultiman recortes en TV3 cobran 100.000 euros al año

Los empleados denuncian los salarios "escandalosos" de la dirección. El presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, Brauli Duart, asegura que el ahorro es "absolutamente necesario" para no acabar "como otras televisiones". Continúa en el aire qué empresa gestionará la publicidad del ente público...

Brauli Duart es el presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.
Los diez directivos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) cobran 100.000 euros de media. Así lo reconoció el presidente del ente público, Brauli Duart, en sede parlamentaria y así lo denuncian los empleados de TV3 y Catalunya Radio, en el marco de la larga batalla que disputan contra la dirección a cuenta de los hipotéticos recortes. Además, los trabajadores de los medios públicos se muestran radicalmente en contra de la externalización de la gestión de la publicidad. En medios catalanes se da por hecho que dicha gestión, que supone un negocio de unos 60 millones de euros, irá a manos del Grupo Godó. 
Según las fuentes consultadas por este diario, está previsto que en breve se conozcan los sueldos que los directivos tuvieron en 2013. Pero los datos de 2012, publicados por la Generalitat un año atrás, indican que el sueldo más bajo de los directivos de la CCMA asciende a 96.594 euros. Perciben esta cantidad los cinco miembros del Consejo de Gobierno, elegidos por el Parlament a propuesta de los partidos políticos (dos de CiU, dos del PSC y uno del PP). Los sueldos más altos son para el director de TVC y el director de Catalunya Radio, con 164.965 y 106.557 euros respectivamente. El presidente de la Corporación recibe 129.679 euros al año. Y, además, los directores de la Estrategia de Marca y de Gestión de Recursos superan los 105.000 euros. 
En el Parlament
El pasado viernes el citado Duart compareció en el Parlament. Y durante la comparecencia reconoció que se mantienen estos salarios que suman 1,1 millones de euros, según recuerdan los periodistas del ente público. Estos califican de "escandalosas" estas retribuciones y reclaman su inmediata y drástica reducción, en el marco de la negociación de un nuevo convenio colectivo que se ha alargado hasta finales de mayo. Como ya informó este diario, ahora mismo la Generalitat ha congelado estos recortes y espera llegar a algún tipo de acuerdo antes de la fecha citada. La plantilla, por su parte, sigue presionando con sus protestas. La última se celebró precisamente el pasado viernes, casi a la misma hora que Duart hablaba en el Parlament. 
La plantilla de TV3 y Catalunya Radio quiere evidenciar "las maniobras de CiU, PP y PSC para pagar favores que deben al grupo Godó"
El motivo principal de dicha protesta es la externalización de la gestión de la publicidad en el ente público. A priori, este asunto ya ha sido ratificado en dos ocasiones por el Parlament (la última el pasado 13 de marzo) y, por ello, no está sobre la mesa de negociación que mantienen abierta los empleados y la dirección. Sin embargo, los periodistas de TV3 y Catalunya Radio aún reclaman que no se externalice dicho servicio. Y lo hacen, según un comunicado publicado estos días, porque pretenden evidenciar "las maniobras políticas de CiU, PP y PSC para pagar los favores que deben al grupo Godó". No es ningún secreto que el grupo mediático de Javier Godó mantiene excelentes relaciones con CiU. Y, como ya adelantó Vozpópulien el conglomerado esperan la ayuda, en forma de subvenciones, de la Generalitat
Todo este embrollo se escenificó, como se ha dicho, el pasado viernes. Mientras los empleados de la corporación protestaban a las puertas del Parlament, en su interior Duart respondía a los diferentes grupos parlamentarios catalanes sobre los asuntos más candentes. Y, entre otras cosas, el presidente del ente público remarcó una vez más que los recortes son "absolutamente imprescindibles" para la supervivencia de la CCMA, que, sin dichas medidas de ahorro, podría acabar "como otras televisiones", en clara referencia al cierre de la Radiotelevisión Valenciana. Y ratificó, una vez más, que la externalización de la publicidad es necesaria. 
Ahora mismo la Generalitat debe decidir si Godó o Zeta pasan a gestionar la publicidad de la Coporación pública
En concreto, Duart explicó que esta polémica medida no tiene el objetivo de "ceder el control total" de los anuncios, pues "el control diario y la ubicación de la publicidad" recaerían siempre en la Corporación, lo que "está en la línea de lo que se planteó en el 2011". Según detalló, el primer objetivo de la externalización es "asegurar un incremento de los recursos en publicidad". Grupos como ERC e ICV están en contra de esta iniciativa, en línea con el argumento que repiten los empleados: "La gestión de la publicidad no debe utilizarse para engrosar la cartera de clientes del grupo Godó, ni de ningún otro grupo de comunicación privado". Ahora mismo, se espera que la Generalitat decida de una vez qué grupo mediático se hace con los servicios de externalización de la publicidad. Este diario ya reveló que Godó y el grupo Zeta son los únicos aspirantes a quedarse con este negocio
La relevancia del asunto de la publicidad es tal que prendió la mecha de los problemas entre la dirección y la plantilla a finales de 2013. Desde entonces las tensiones han ido creciendo en el seno de la corporación, sobre todo después de que el citado Duart explicase su plan de bajar los sueldos a los empleados. La dirección llegó a anular el convenio colectivo. Y una de las protestas de la plantilla mutó en un encierro de los directivos en las oficinas durante 12 horas. Ahora, con el plazo hasta mayo como telón de fondo, las aguas parecen algo más calmadas. Pero las fuentes consultadas aseguran que la pelea va a continuar en los dos próximos meses. 

ESPAÑA: EL PODER JUDICIAL PIDE UNA 3ª PRORROGA PARA ELABORAR SU INFORME SOBRE EL ABORTO


El CGPJ pide una tercera prórroga para emitir su informe sobre la reforma del aborto




   La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado una tercera prórroga de 30 días para emitir su informe sobre el anteproyecto que reforma la ley del aborto dada la importancia y dificultad de la materia, según informaron fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

   La Comisión Permanente ha tomado esta decisión en una reunión que ha sido presidida por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Ángel Juanes, al encontrarse el presidente del CGPJ Carlos Lesmes en Chile para participar en la Cumbre Judicial Iberoamericana.

   El artículo 591 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita al vicepresidente a sustituir al presidente del Supremo y del Consejo en supuestos de vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo.

   La Comisión solicitó el pasado 6 de marzo al Ministerio de Justicia una prórroga de 30 días para elaborar el informe, tras haber solicitado antes 15 días más a contar desde el pasado 17 de febrero para redactarlo. El Consejo Fiscal demandó también más tiempo para dar su opinión.

DOS PONENTES PARA EL INFORME

    Para la elaboración de este informe se designó a las ponentes Pilar Sepúlveda, de tendencia progresista, y Carmen Llombart, de carácter conservador, que podrían elaborar un informe conjunto o bien presentar cada una su propuesta para que sea aprobada por el Pleno del órgano de gobierno de los jueces.

   La primera de las posibilidades parece la más improbable, y más si se tiene en cuenta el contenido de un borrador del texto que prepara Sepúlveda, del que se conoció los duros términos que empleaba contra la reforma del ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

   En dicho borrador se instaba la retirada del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, entre otros motivos, porque "da una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo.

   Se señalaba también que el anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma".

   Justicia informó entonces de que ya había recibido la mitad de los informes solicitados sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada.

   El Ministerio requirió los dictámenes entre el 10 y el 15 de enero a órganos como los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal, la Agencia de Protección de Datos o las comunidades autónomas.

   Una vez reciba todos ellos, remitirá el texto, que podrá incluir sugerencias de los distintos órganos, al Consejo de Estado, y cuando este de su dictamen, lo someterá a la aprobación del Consejo de Ministros para su remisión al Parlamento.

ESPAÑA: LA AUDIENCIA NACIONAL ANULA EL ERE DE LA EMPRESA TRAGSA


La Audiencia Nacional anula el ERE de 


TRAGSA que afectó a 726 empleados

Según la Sala Social, no se respetaron los criterios de “mérito y capacidad” de los trabajadores seleccionados

La Audiencia Nacional ha anulado el ERE de la empresa pública TRAGSA que afectó a 726 empleados y ha ordena la "inmediata readmisión" de los trabajadores despedidos, así como el abono de los salarios que han dejado de percibir.
La Sala Social aprecia causa de nulidad por la forma en que se seleccionó a los trabajadores que iban a ser despedidos, sin respetar los criterios de mérito y capacidad de los empleados. Asimismo, recuerda que, en el caso de las administraciones públicas, "es exigible una precisión mucho más estricta que permita la determinación de los trabajadores afectados sin acudir a decisiones arbitrarios o discrecionales sin relación con los principios de mérito y capacidad".
En este supuesto "los criterios no han sido  fijados en el periodo de consultas ni en su momento inicial ni en la decisión final, siendo totalmente imprecisos y permitiendo múltiples aplicaciones". De esta forma, la Audiencia Nacional da la razón a los sindicatos que recurrieron el despido colectivo.
La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo. Por otro lado, el  recurso de TRAGSATEC todavía no ha sido resuelto por la Sala. 

EE.UU.: EL GOBIERNO RESTRINGE LAS COMPRAS DE MEDICAMENTOS A GLAXO-SMITHKLINE


EE.UU. restringe importaciones de farmacéutica


GlaxoSmithKline
Las autoridades en Estados Unidos están amenazando con restringir la importación de drogas fabricadas por GlaxoSmithKline y de cualquier nueva medicina hecha con los ingredientes de la compañía, a raíz del descubrimiento de irregularidades en una planta en Irlanda.
Inspectores estadounidenses de la Agencia de Alimentos y Medicamentos encontraron que un ingrediente clave para antidepresivos se había contaminado con desechos farmacéuticos.
Los inspectores dijeron que GlaxoSmithKline -una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo- no investigaron totalmente sus hallazgos, continuaron embarcando sus medicinas y no notificaron a sus clientes.
La compañía expresó que no hubo riesgos para la salud de los seres humanos.
Sin embargo, está retirando algunos lotes fabricados en Cork.

ESTUDIO REVELA QUE LOS REFRESCOS LIGHT PROVOCAN ENFERMEDADES DEL CORAZON



Estudio: Los refrescos dietéticos provocan enfermedades del corazón





Empresas estadounidenses han desarrollado en las últimas décadas refrescos dietéticos ('light') para evitar el exceso de calorías, pero según una nueva investigación, el consumo de más de dos de estas gaseosas al día provoca enfermedades mortales.


El Colegio Americano de Cardiología anunció que según un nuevo estudio las mujeres que bebían dos o más refrescos 'light' cada día tenían un 30% más probabilidades de experimentar un ataque cardíaco y un 50% más de probabilidades de morir. 

El Dr. Ankur Vyas, un especialista en enfermedades cardiovasculares de la Universidad de Iowa (EE.UU.), dijo que el equipo examinó a 60.000 mujeres de mediana edad. 

"Nuestro estudio sugiere una asociación entre un mayor consumo de bebidas dietéticas y la mortalidad", dijo Vyas el pasado sábado, cuando fueron presentados los resultados del estudio. 

El 8,5% de las encuestadas que consumían al menos dos bebidas de este tipo diariamente tenían algún tipo de enfermedad del corazón, lo mismo ocurría con el 6,8% de las que toman menos de cuatro de estas gaseosas a la semana. De las mujeres que bebían dos o menos refrescos 'light' al mes, el 7,2% tenían algún tipo de enfermedad del corazón. 

Las que bebían una mayor cantidad eran más propensas a tener presión arterial alta, sobrepeso, fumar, y estar en riesgo de una serie de enfermedades que pueden ser mortales. 

"Hemos encontrado una asociación, por eso podemos decir que las bebidas 'light' causan estos problemas", aseguró Vyas
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ECUADOR: EL GOBIERNO PERMITE LA ENTRADA DE CUBANOS SIN CARTA DE INVITACION


Ecuador permite ingreso a cubanos sin carta de invitación


Raúl Castro y Rafael Correa
La Cancillería de Ecuador anunció que a partir de este martes se suprime el requerimiento de carta de invitación para los ciudadanos cubanos que viajen al país y se queden hasta tres meses.
Según el comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, "esta decisión se fundamentó en el marco de las excelentes relaciones bilaterales, en los campos de la cooperación mutua en diversas materias, una de las cuales es la migratoria, en la que se han logrado varios entendimientos en beneficio de los dos países".
Igualmente, porque "profesionales de nacionalidad cubana, prestan sus servicios en ramas como la salud, educación, deporte, áreas técnicas, entre otras, constituyendo al igual que ciudadanos de otras nacionalidades un aporte para el desarrollo del país".
En enero de 2013 se empezó a solicitar el documento para "ordenar y controlar de manera eficaz los flujos migratorios".