VENEZUELA: MINISTRA ADMITE QUE HAY DISCOTECAS EN LAS CARCELES

Ministra de Venezuela admitió que existen 

discotecas en las cárceles

"Siempre han existido, por lo menos desde que la revolución llegó aquí", confesó Iris Varela, titular del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario tras la muerte por intoxicación de una visitante de 18 años

La ministra para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, dijo este jueves que las discotecas en las cárcelesvenezolanas "siempre han existido", después del escándalo desatado en el país por la muerte de una visitante y la evidencia de que estos espacios funcionan en los penales.

"El escándalo que tienen, que si 'las discotecas en las cárceles'. Las discotecas en las cárceles siempre han existido, por lo menos desde que la revolución (1999) llegó aquí. Lamentablemente, es una perversión", dijo Varela a los periodistas desde un penal en el estado Anzoátegui.

Informe de la CNN en donde se demuestra la existencia de centros recreativos en la cárcel de San Antonio

La ministra aseguró que "lo que ha hecho la gestión del Gobierno revolucionario es acabar con esas discotecas, cerrarlas".

Varela no hizo mención a los reportes sobre la muerte de una visitante de 18 años el domingo pasado producto del consumo de sustancias tóxicas, tras pasar todo el fin de semana en una discoteca de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua.

Hace exactamente un mes la ministra declaró que la crisis crónica de las cárceles venezolanas estaba llegando a su fin, al informar del desarme de los reclusos que ocupan una treintena de penales en un 85 % y anunciar la construcción de nuevos centros penitenciarios.

La Ministra junto al narcotraficante Teófilo Rodríguez, alias "Conejo", sindicado como el líder de los presos

Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en los primeros nueve meses de 2013 murieron más de 300 presos en las cárceles del país mientras que en 2012 fallecieron 591 internos, un 5,53 % más que en 2011.

El sistema penitenciario venezolano padece una crisis crónica por el ingreso de armas y estupefacientes en las cárceles y las altas tasas de asesinatos, un problema que el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) llegó a tildar de "cáncer" y que lo impulsó a crear hace dos años un ministerio dedicado al sector.

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ESPAÑA: SE INICIAN LOS TRAMITES PARA LA SUSPENSION DEL JUEZ SILVA

El CGPJ inicia los trámites relativos a la la 

suspensión de funciones del juez de Madrid 

Elpidio José Silva

La Comisión Permanente da trámite de audiencia al fiscal y al interesado

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha iniciado los trámites relativos a la suspensión de funciones del titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva Pacheco, una vez recibido el auto de apertura de juicio oral notificado hoy por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En su reunión de hoy, la Comisión Permanente del CGPJ ha tomado conocimiento de la resolución y ha dado trámite de audiencia por tres días al Ministerio Fiscal y al interesado, según lo establecido en el artículo 190.3 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial.

Una vez recibidas las alegaciones que estos estimen oportunas, la Comisión Permanente resolverá sobre la suspensión provisional del magistrado y acordará la misma si procede en derecho.

El artículo 190.2 del citado Reglamento señala que “procederá acordar la suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza”.

De acordarse, la suspensión provisional duraría “hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”, conforme a lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El juez o magistrado declarado en suspensión provisional quedaría privado del ejercicio de las funciones jurisdiccionales durante el tiempo de la suspensión, pero tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, salvo en caso de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo.

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ESPAÑA: EL MENU DEL CONGRESO SUBE A 9€, PERO EL GIN-TONIC SE MANTIENE A 3,5€

El menú del Congreso sube a 9 euros pero el precio del gin-tonic se mantiene

Sus señorías están pagando un poco más por el menú del día de la cafetería del Congreso. Desde este mes, el precio asciende a 9 euros, 22 céntimos más por servicio de lo que pagaban el año pasado. Eso sí, el precio del las bebidas alcohólicas se mantiene; el gin-tonic sigue costando 3,5 euros.

Eurest Colectividades ha aplicado esta subida en el menú pero ha mantenido el de las bebidas de alta graduación; el gin-tonic mantiene su precio en 3,5 euros. Tampoco cambia el Martini seco a 3,10 euros y el Blody Mary a 3,45. 

El año pasado, la Cámara baja sacó las bebidas alcohólicas de la lista de precios limitados tras el revuelo que provocó su bajo coste.

Tampoco varían el desayuno, que sigue costando 1,05 euros, ni el café, en 85 céntimos. | Vea aquí la composición de cada comida (desde página 37)

Ahorro del 20%

De los 2,4 millones de euros del presupuesto de licitación de los que el Congreso disponía se han utilizado 1,95 millones -ahorrando un 20%- en el nuevo contrato de gestión de sus restaurantes con el grupo Eurest, compañía que 'arrebató' el puesto al Grupo Cantoblanco, de Arturo Fernández, tras 22 años de servicio.

La nueva empresa pertenece a Compass Group también ha entrado en los restaurantes de la sede de Repsol en Madrid y la del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

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ESPAÑA: LA UE RETIRA A LA DIPUTACION DE ORENSE 1,3 MILLONES POR FRAUDE EN AYUDAS

La UE retira a la Diputación de Ourense 1,3 millones por el fraude de ayudas

Baltar destinó el dinero a regatas, carreras de coches y cría caballar

• Primer imputado por el fraude de ayudas en la Diputación de Ourense

Los gastos en promoción de regatas, carreras de coches o en la cría caballar que el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar autorizó con cargo a fondos comunitarios que tenían otra finalidad (y otros de proyectos que aún cumpliendo el objetivo fueron adjudicados a dedo o con “incumplimientos reiterados” de la ley) cuentan ya en el debe de la institución ourensana. La Unión Europea (UE) ha decidido no entregar a la Diputación 1,3 millones de euros que el organismo provincial se gastó entre 2000 y 2006 vulnerando, según los técnicos europeos, los principios básicos que rigen las contrataciones públicas. La UE, que había reclamado a la Diputación ese dinero, no esperará a que se lo devuelva el hijo de Baltar: lo ha deducido ya de la declaración de gastos de España. Aunque Bruselas sostiene que el proceso ya está cerrado, la Diputación no informó sobre ello. El PSOE ya anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía.

Bruselas sostiene que las irregularidades autorizadas por Baltar en los proyectos Pedece, Proforest, Sons e Acordes, Ilumina Lima y Vía Nova “fueron descubiertas por la Intervención General del Estado, el organismo de auditoría del Ministerio de Hacienda, en el transcurso de las inspecciones que hizo de los gastos incluidos en esos programas”. En un escrito de respuesta al eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo, el comisario europeo de Fiscalidad enumera entre las irregularidades detectadas “la falta o el carácter incompleto de la documentación” o “la infracción de la normativa sobre contratación pública”, es decir, las adjudicaciones a dedo.

Los informes del Ministerio de Hacienda en los que se ha basado la UE para bloquear la partida de 1,3 millones a la Diputación de Ourense incluían, en el año 2007, la recomendación de que se reforzaran los sistemas de gestión y control por parte de la institución provincial al Inorde para “que redunden en el respeto escrupuloso de la normativa”.

El 1 de junio de 2007 la Inspección de Hacienda desestimaba ya las alegaciones presentadas por Baltar. El expresidentes ourensano justificaba que “el hecho de que el procedimiento negociado sin publicidad no haya sido aislado y excepcional, sino sistemático, no significa que nos hallemos ante una infracción de la normativa sobre contratación pública”. Y añadía: “El hecho de que esos supuestos [que obligan al procedimiento con publicidad] sean más o menos frecuentes no es algo que dependa de la voluntad de los órganos de contratación”.

La Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE no encontró justificación para la mayoría de las partidas que certificó el Inorde. Los técnicos de Bruselas consideraron probado que hubo adjudicaciones “plenas de irregularidades” y “reiterados incumplimientos” de la norma de contratación pública además de gastos consignados “sin facturas” y “ausencia de toda regla” para conceder las ayudas.

Esta resolución de la Unión Europea —que califica de ilegales las actuaciones en esos planes autorizadas por el autodenominado “cacique bueno” y ejecutadas por el entonces responsable del Inorde, José Manuel Freire Couto— se suma a la reclamación de otros 10,1 millones de euros a la institución ourensana por la “gestión fraudulenta” de otros dos programas comunitarios, Daredo y Deputrans, de instalación de depuradoras que está siendo investigado por la justicia. Bruselas aprecia que en la gestión de la Diputación se pudieron cometer los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Durante tres meses, los diputados provinciales del PP de confianza de Baltar han investigado en una comisión integrada solo por ellos si este cometió las irregularidades que le imputa la UE. La comisión entregará el lunes las conclusiones al hijo-sucesor “y él decidirá si las hace públicas o no”, explica el portavoz del PP en la Diputación y miembro de la comisión, Plácido Álvarez. Los diputados citaron a declarar a “cuatro o cinco” técnicos de la institución que de alguna forma participaron en la concesión de las ayudas, sostiene Álvarez que, sin embargo, no desvela si también declaró el expresidente.

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" NO CREAMOS MEDICAMENTOS PARA INDIOS, SINO PARA LOS QUE PUEDEN PAGARLO " , DIRECTIVO DE BAYER FARMACEUTICA

“No creamos medicamentos para indios, sino para los que pueden pagarlo”

El consejero delegado de Bayer pierde los nervios en una discusión sobre patentes

Dekkers se disculpa y afirma que su objetivo es tratar a todo tpo de personas

La discusión con las autoridades indias consiguió sacar de sus casillas al consejero delegado de Bayer. En juego estaba la patente de su anticanceroso Nexavar, un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y riñón. “No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”, saltó el consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Y varios medios lo han recogido después.

Un excolega de Dekkers, John LaMattina, le dio ocasión de disculparse después. En un artículo publicado en Forbes, el exdirectivo de Pfizer le recrimina sus palabras. Y así dio pie a que Dekkers se explicara. Bayer remite a esas declaraciones.

“Lamento que lo que una rápida respuesta en el marco de una discusión haya salido a la luz de una manera que yo no pretendía. No puede ser más contrario a lo que yo quiero y lo que hacemos en Bayer”, dice Dekkers. Como compañía “queremos mejorar la salud y calidad de vida de la personas, independientemente de su origen o ingresos”. “En cualquier caso, estaba especialmente frustrado por la decisión del Gobierno indio de no proteger la patente del Nexavar que nos había concedido la autoridad en patentes del país. Estoy convencido de nuestra capacidad para innovar y en una abierta discusión en la reunión, mientras expresaba mi frustración fundamental, tenía que haber aclarado esto”.

“En cualquier caso, me reafirmo en que hay ningún motivo para que un país debilite la protección de la propiedad intelectual. Sin nuevos medicamentos, tanto las personas de los países en desarrollo como las de otros más prósperos sufrirán”, añade. Y concluye con una mención a que si bien los fabricantes de genéricos tienen “un papel crucial que desempeñar”, “no invierten en investigación y no producen nuevas curas o tratamientos, ni para los mercados en desarrollo ni los desarrollados”.

El enfrentamiento con India es uno más de un gran laboratorio con un país que aplica rigurosamente una ley de patentes que les lleva a rechazar la protección de algunos productos punteros (la mayoría de los casos porque no permiten modificaciones en la patente original según avanzan las investigaciones en los medicamentos, por ejemplo buscando sales diferentes). Fue lo que llevó al conflicto con Novartis por otro anticancerígeno (el Glívec). Con esa política, el Gobierno indio no solo consigue que la patente dure menos (lo que obliga a los laboratorios a bajar sus precios para competir), sino que protege a su pujante industria de genéricos.

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ESPAÑA: BRUSELAS EXPEDIENTA A ESPAÑA POR LA JORNADA LABORAL DE LA GUARDIA CIVIL

La CE expedienta a España por la jornada laboral de la Guardia Civil

Bruselas ya ha denunciado al Gobierno por no aplicar la normativa de seguridad laboral

La Guardia Civil ya tiene quien la proteja de España. La patria por la que han jurado darlo todo les hace trabajar más horas de las que corresponderían y no les protege como debería de lesiones y otros riesgos para la salud. Es lo que miembros de la Benemérita llevan años denunciando y lo que también piensa la Comisión Europea, que ayer lanzó un ultimátum a España por no aplicar correctamente una directiva del 2003 sobre tiempos de trabajo. El ejecutivo comunitario "ha pedido a España que respete los derechos de la Guardia Civil a los periodos mínimos de descanso y al límite promedio de 48 horas semanales de trabajo", anunció ayer en un comunicado.

Es la segunda advertencia de Bruselas, que ya en el 2013 requirió al Gobierno español sobre el tema, explica un portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que denunció el caso en el 2010.

La Comisión Europea cree que España ha abusado de las excepciones que permite la directiva europea para autorizar a ciertos niveles de guardias civiles realizar jornadas laborales por encima de ese límite. Las salvedades deberían reservarse a "ejecutivos, dirigentes o personas con poder de decisión autónomo". Sin embargo, explica Bruselas, con la legislación española "determinadas categorías de trabajadores de la Guardia Civil" no gozan de estos derechos, en concreto, "quienes ejercen funciones de mando, gestión, enseñanza e investigación", lo que a juicio de las autoridades comunitarias no es conforme con la directiva europea.

Para quienes trabajan en los departamentos de investigación, ya sea en Policía Judicial o en Información, sencillamente, no hay horarios. "Si te toca trabajar en fin de semana o empalmar jornadas y el jefe dice que las libranzas no se recuperan no hay dónde reclamar", explica el responsable jurídico de la AUGC, Eugenio Nemiña. Peor es la situación de los comandantes de puesto. "Su obligación es plena disponibilidad los 7 días de la semana. Y no hablamos sólo de oficiales; muchos jefes de cuartel son sargentos e incluso cabos", explica Nemiña, para quien las excepciones de la directiva sólo deberían aplicarse de teniente coronel para arriba.

"Los trabajadores afectados de la Guardia Civil española se ven expuestos a un número excesivo de horas de trabajo sin periodos de descanso suficiente", afirma el comunicado, donde se deja claro que no son suficientes los cambios realizados en los últimos años. Un portavoz de la Guardia Civil informó ayer a La Vanguardia de que se está trabajando en una nueva orden general de jornada laboral adaptada a la directiva que verá la luz "en breve".

El problema es que España tiene dos meses para modificar su legislación e informar a Bruselas de los cambios. Si en ese plazo de tiempo no recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión amenaza con elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE.

Las diferencias entre Madrid y Bruselas sobre cómo regular el trabajo del cuerpo armado no se quedan aquí. La Comisión ya denunció el pasado mes de septiembre a España ante la Justicia europea por no velar adecuadamente por la seguridad laboral de los agentes. España, explicó Bruselas, reconoció que "en algunos lugares de trabajo de la Guardia Civil las evaluaciones de riesgos no se han llevado a cabo por falta de personal cualificado y equipamiento adecuado". AUGC denuncia que la mayoría de comandancias y cuarteles carecen de oficina de riesgos laborales.
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ESPAÑÁ: MUERE UN TESTAFERRO DE BARCENAS 1 SEMANA ANTES DE DECLARAR

Fallece un testaferro de Bárcenas una semana antes de declarar ante Ruz

Francisco José Yáñez Román, citado como imputado para el 29 de enero, falleció el pasado miércoles, según fuentes jurídicas

• El juez Ruz imputa a un nuevo testaferro de Bárcenas por blanqueo de capitales

Francisco José Yáñez Román, antiguo trabajador del área económica del PP, ya jubilado, y padre de Iván Yáñez, el principal testaferro en Suiza del ex tesorero Luis Bárcenas, falleció el pasado miércoles en Madrid, según han confirmado distintas fuentes jurídicas próximas a la familia y se ha publicado en la página web del tanatorio de la M-30 y laweb de esquelas Rememori. El óbito se ha producido por causas naturales una semana antes de su comparecencia como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que había sido fijada para el próximo 29 de enero. El juzgado no pudo notificar siquiera el auto de imputación, firmado el pasado 17 de enero, ya que Yáñez se encontraba ingresado en estado crítico en un hospital.

Ruz imputaba a Yáñez padre un supuesto delito de blanqueo de capitales en la pieza separada de los papeles de Bárcenas. Según la investigación, el fallecido supuestamente utilizó una cuenta en el banco privado Lombard Odier de Ginebra (Suiza), denominada Obispado, en la que ocultó 177.973 euros que en realidad pertenecían a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, y que tenía guardados en otra cuenta de esa misma entidad. Así consta en un documento entregado recientemente por las autoridades suizas en el marco de una comisión rogatoria -procedimiento de auxilio judicial entre Estados-. Bárcenas llegó disponer de hasta 25 millones de euros en el Lombard Odier en el año 2007, cuando las acciones que poseía allí alcanzaron su máxima cotización.

En el auto por el que citaba a Francisco Yáñez, el magistrado recordaba que el 12 de febrero de 2009, días después de que estallara el caso Gürtel, Bárcenas dio instrucciones al gestor de sus cuentas en la entidad suiza para realizar la transferencia de todos sus activos a la cuenta Obispado, en la que estaba apoderado su amigo Francisco José Yáñez. El fallecido, empleado de la gerencia del PP con el fundador Manuel Fraga hasta su jubilación, en época de José María Aznar, aparece en varios apuntes de los papeles de Bárcenas, la contabilidad paralela del extesorero popular.

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ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO LLAMARA A DECLARAR A GALLARDON EN EL CASO NOOS

El juez Castro, dispuesto a citar a declarar a Ruiz Gallardón en el 'caso Nóos'

Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ha pedido su opinión al Fiscal y las partes. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga". 

José Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo revelan fuentes cercanas al magistrado que aseguran que el juez contempla tomar declaración al ministro con el mismo sistema con el que declaró Francisco Camps, es decir, por escrito y en su despacho. El magistrado tomará una decisión definitiva pasados los diez días que ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las pruebas aportadas por Diego Torres: trece e-mails, mensajes y fotografías que probarían la relación entre Urdangarin y el exalcalde que --según el socio del duque de Palma-- derivaron en el pago de 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid al Instituto Nóos.

Fuentes de su entorno subrayan que la predisposición actual del magistrado es la de dar al exresponsable del Ayuntamiento de Madrid "el mismo trato" que se dispensó al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al expresident de Baleares Jaume Matas, a los que el juez instructor del 'caso Nóos' ha citado como testigos. 

Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga"

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se pronunciará a favor de esa declaración según su abogada, Virginia López Negrete, que ya reclamó en septiembre la imputación de Gallardón.La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se han pronunciado sobre la declaración de quien es jerárquicamente su superior. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga a la declaración". Castro anunciará su decisión después del 8 de febrero, la fecha en que debe declarar la infanta Cristina. 

Un mensaje del juez

El pasado mes de septiembre, el juez desestimó citar a declarar como imputado al exalcalde de Madrid, tal y como pedía la acusación popular. Castro pudo entonces haber dictado su toma de declaración en calidad de testigo pero renunció a hacerlo. Cuatro meses después el socio de Urdangarin ha aportado nuevas pruebas que pueden variar la decisión del magistrado. Fuentes de su entorno aseguran que será la única clave de su decisión aunque reconocen que en estos cuatro meses la campaña de desprestigio contra el magistrado y las presiones políticas que ha recibido la causa pueden también jugar contra Gallardón al que el mensaje de "todos iguales ante la ley" obligaría a citar como se citó a Camps o a Matas. 

El Ministerio asegura oficialmente que "confía en que el pronunciamiento del juez será el mismo al que ya tuvo el pasado mes de septiembre" y que, por tanto, se "descartará la prueba testifical".

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ESPAÑA: EL JUEZ SILVA ANUNCIA UNA QUERELLA CRIMINAL CONTRA EL JUEZ GAVILAN

El juez Silva anuncia una querella criminal contra el juez Gavilán

El juez Elpidio Silva, en rueda de prensa junto a sus abogados. FERNANDO SÁNCHEZ

El juez Elpidio José Silva ha anunciado esta tarde en una rueda de prensa que presentará una querella criminal la semana siguiente contra el magistrado Jesús Gavilán por “parcialidad” en la causa que lleva contra él.

La querella ya cuenta con el apoyo simbólico a través de la plataforma change.org de casi 200.000 personas, entre ellas las del secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Silva ha anunciado esta medida después de que se diese a conocer el auto por el que se le abre juicio oral al considerar que el juez prevaricó en su investigación al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.

En su declaración, Silva ha criticado duramente el auto que su abogado Gonzalo Boyé, ha calificado de “esotérico”. Entre otros errores, el letrado asegura que se le acusa de un delito de revelación de secretos que no estaba en el procedimiento y “por lo que nadie ha preguntado antes”.

El juez hizo un repaso por todos los agravios que asegura haber vivido desde que en el año 2010 le llegó una diligencia penal para conocer los préstamos que Blesa le había hecho al empresario y ex presidente de la patronal CEOE Gerardo Díaz Ferran, actualmente en la cárcel, y empieza a investigar.

Es entonces cuando considera que se inicia una campaña contra él con el objetivo de “ponerme en la diana” y menoscabar su trabajo. Una situación que, a su juicio, acaba hoy con el auto de apertura oral notificado a las 12:30 horas, cuando se encontraba trabajando.

“Los ciudadanos saben que fue una opereta tenebrosa para favorecer a los corruptos, afortunadamente hay medios y jueces que son decentes y una parte de la ciudadanía que quiere saber qué pasó exactamente con Blesa y Caja Madrid”, ha concluido el magistrado.

Sobre la acusación de prevaricación, Silva se defiende asegurando que “cuando una entidad tan grande se hunde y supuestamente ha estado concediendo créditos con inicios de criminalización, lo lógico es ver si hay una relación entre una cosa y otra”.

También rechazó la acusación de haber querido incomunicar a Blesa cuando, según el juez, “nunca ha sido así, si seguimos en esta línea me van a acusar de que me he llevado algo del Museo del Prado”, concluyó.

Finalmente, Silva cree que la semana que viene será apartado de su carera y que su querella contra el juez Gavilán se archivará. En este caso anunció que dará una visión de la irregularidad del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y le dará argumentos para su defensa.

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ESPAÑA: CONDENADA LA EX-DELEGADA DE XUNTA POR MALTRATO A SU MARIDO

Condenan a una exdelegada de la Xunta por maltrato

Cristina Fernández admitió que pegó a su exmarido, que se resistió cuando fue detenida y que empujó a un agente

La que fuera delegada en Ourense de la Consellería de Xustiza con el PP en el año 2003, Cristina Fernández Rodríguez, compareció ayer en el Juzgado de lo Penal 1 para ratificar el acuerdo de conformidad pactado con la fiscalía en noviembre y por el que se reconoce autora de los delitos de los que se le acusaba: haber agredido a su exmarido, en su despacho profesional de la calle Bedoya el 1 de agosto de 2012, resistencia a los agentes de la Policía Local que trataron de identificarla y por las lesiones que le causó a uno de los policías al empujarlo por la escalera.

La acusada se conformó con la sentencia de conformidad que le impone 57 días de trabajos en beneficio de la comunidad por el delito de maltrato, seis meses de prisión por el delito de resistencia y cuatro meses por el de lesiones. La exdelegada no tendrá que cumplir la pena de prisión, que queda suspendida si no vuelve a delinquir en el plazo de tres años, al no tener antecedentes penales.

El suceso había levantado mucha expectación, pues sucedió en una tarde de verano en pleno centro de Ourense. La mujer había acudido al despacho donde su exmarido trabajaba como abogado, después de haberle llamado por teléfono y reprocharle temas relativos a la pensión de los hijos que tienen en común.

Agresión al excónyuge

Llegó al despacho acompañada de sus dos hijos menores y, según consta en el relato de hechos del escrito del fiscal que recogerá la sentencia de conformidad, cogió varios objetos de la estancia y agredió a su exmarido, al que tiró al suelo y dio varias patadas. El excónyuge había renunciado a presentar denuncia por estos hechos.

Los vecinos, alertados por el escándalo, llamaron a la Policía Local. Los agentes llegaron y trataron de mediar entre la pareja y pidieron a la agresora que se identificase, a lo que ella se negó. Ante su resistencia e intentos de agresión, la detuvieron, pero no fue esposada, porque ella finalmente había accedido a acompañarles y porque en el lugar estaban los hijos y la madre de la acusada.

En la escalera

Los agentes la llevaban agarrada uno por cada brazo. Según el escrito acusatorio, al llegar a la escalera la acusada empujó a uno de los policías y lo tiró por la escalera, lo que le causó, entre otras lesiones, una fractura de la meseta tibial externa de la rodilla izquierda. El agente herido necesitó 300 días para recuperarse totalmente de esta lesión y 180 de ellos fueron impeditivos, según recoge el escrito de conformidad.

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ESPAÑA: IKEA ABANDONA EL PROYECTO FOTOVOLTAICO Y SE LO PASA AL BANCO SANTANDER

Ikea se queda 'pillada' en su mayor proyecto fotovoltaico en España y se lo traspasa al Santander

Harta de los recortes de primas al sector, la filial española del gigante mundial del mueble y la decoración traspasa una planta de 10 MW en un pequeño pueblo en la provincia de Cuenca al banco, que financió gran parte de la inversión. La multinacional puso en marcha la instalación en 2007, en pleno boom solar, aunque nunca lo hizo público.

Ikea redecora su mayor inversión en energía solar en España con la misma discreción con la que la puso en marcha hace ya más de seis años. La multinacional se ha cansado de los sucesivos recortes aplicados por los dos últimos gobiernos (el actual y el anterior) a las primas a la producción de energía fotovoltaica y, sin tan siquiera esperar a lo que depare el nuevo hachazo que prepara el Ministerio de Industria para la retribución de las renovables, que tiene en vilo a todo el sector (y a las entidades financieras), ha decidido entregar a la banca acreedora las llaves de un gran proyecto que promovió en 2007, en pleno boom solar.

La planta en cuestión fue construida por la empresa de ingenieríaElecnor y requirió una inversión total cercana a los 65 millones de euros, financiados en su mayoría por Banesto (integrado desde el año pasado en Santander) y por el banco japonés Sumitomo Mitsui mediante la modalidad de project finance (deuda sin recurso al accionista y con el propio proyecto como garantía del préstamo), como muchas otras instalaciones de este tipo en los años dorados del boom solar. 

El proyecto, puesto en marcha a precios de burbuja, constaba de un centenar de instalaciones fotovoltaicas con una potencia total de 10 MW en Olmedilla de Alarcón, un municipio conquense que tiene apenas 159 habitantes.

Sin embargo, tras la limitación de primas a la fotovoltaica aprobada con Miguel Sebastián al frente de Industria en diciembre de 2010 y después de los recortes aplicados posteriormente porJosé Manuel Soria, en diciembre de 2012 (a través del denominado impuestazo eléctrico) y en febrero del año pasado, la filial de Ikea en España ha decidido que no aguantaba más pérdidas.

Ante la caída de ingresos con respecto a lo que prometió en su momento el Gobierno socialista, ha decidido quitarse de encima la planta y le ha entregado a Banesto (o, mejor dicho, a Santander) su propiedad, junto con la deuda asociada.

"A Ikea le da igual que Santander le ponga en una hipotética lista negra de morosos; le sobra músculo financiero", dice un experto del sector

La operación se ha realizado mediante la transmisión al banco, por un importe que no se ha desvelado, del 99% deOlmedilla Planta Solar AIE, una Agrupación de Interés Económico (fórmula habitual para estructurar los project finance) que Ikea Ibérica constituyó con Banesto (que tenía el restante 1% de esa AIE) a través de Poal Investments XXIII.

Esta última sociedad, que hasta hace apenas unos meses estaba presidida por el sueco Krister Mattsson, alto directivo del área financiera de la multinacional del mueble y la decoración, ha quedado disuelta y extinguida.

Las cifras de Olmedilla Energía SL, la sociedad a través de la cual la empresa Fotowatio se encargaba de explotar la planta a través de un contrato de arrendamiento operativo con opción de compra firmado con Ikea Ibérica, dan idea del descalabro, que puede extenderse a todo el sector.

Así, en 2012, su cifra de negocio fue de 6,6 millones de euros (un 26% menos que en 2009) y su auditora, Deloitte, advirtió de una “incertidumbre significativa sobre la capacidad de la sociedad para continuar con sus operaciones” al haberse “reducido significativamente el volumen de ingresos inicialmente estimado en el plan de negocios de la planta” por los cambios normativos.

Ni Ikea, ni Santander, ni Fotowatio han querido hacer ningún comentario sobre este asunto, que confirma las advertencias del sector fotovoltaico del riesgo de ejecuciones masivas de instalaciones por parte de la banca acreedora, en un sector apalancado hasta las cejas en los años del crédito fácil.

A la multinacional del mueble y la decoración “le da igual que Santander le ponga en una hipotética lista negra de morosos, porque le sobra músculo financiero”, dice un experto del sector energético, ante la decisión del gigante del mobiliario 'low cost'.

Hasta ahora, la apuesta de Ikea por las energías renovables en España se había quedado, al menos públicamente, en un plan anunciado en el año 2011 para cubrir los tejados de todas sus tiendas y centros logísticos con placas fotovoltaicas. Cuando trascendió la creación de Poal Investments XXIII, en 2008, la empresa aseguró a través de una portavoz que no había ningún proyecto "concreto" en mente, pero a la vista está que no era cierto.

El caso de Olmedilla deja claro que la multinacional de origen sueco (domiciliada en Países Bajos por motivos fiscales) tenía decidido ir mucho más allá, como muchos otros inversores que entraron en ese negocio al calor de las desorbitadas primas que ofrecía el BOE antes de la crisis.

La inseguridad jurídica que, ante la perentoria necesidad de enjugar el multimillonario déficit de tarifa, ha convertido a España en líder mundial en litigios internacionales por los cambios regulatorios al sector, le ha quitado al grupo las ganas de seguir perdiendo dinero.

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