ESPAÑA: LA UE INVESTIGA A LAS MUTUAS POR AYUDAS ILEGALES DE 100 MILLONES DE EUROS

POR COMPETENCIA DESLEAL

Bruselas investiga 100 millones de 

presuntas ayudas ilegales del Estado a 

las mutuas

La Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea investigará 100 millones de euros de presuntas ayudas ilegales indirectas del Estado a las mutuas, “una situación de competencia desleal en el sector de la prevención de riesgos laborales”, según la denuncia presentada por Martínez-Echevarría Abogados, en representación de la Federación ASPA y la Asociación ANEPA, a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Esta doble actividad, por un lado como entidades gestoras de la Seguridad Social y por otro como sociedades de prevención a través de filiales participadas al 100%, “hace muy difícil la separación entre la actividad pública y la mercantil creando una posición de dominio” de estas sociedades filiales en el mercado de la prevención de riesgos laborales con la resultante “distorsión en el ámbito de la competencia”, como recoge el escrito presentado. La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a la presentación de la información que estime conveniente previa instrucción de la denuncia.

Desde hace unos meses existe un debate sobre el Anteproyecto de Ley de Mutuas que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social remitió a los agentes sociales, en cuyo articulado se recoge, entre otros asuntos, la venta del 100% de las participaciones de las mutuas en dichas sociedades de prevención antes del 2015. La Comisión delegada que estaba revisando el Anteproyecto de Ley de Mutuas ya ha cerrado el borrador que en estos momentos estudia la Comisión de Subsecretarios previa a su aprobación en el Consejo de Ministros.

Sentencia del Tribunal Supremo

Hace apenas una semana que el Tribunal Supremo ratificó en sentencia que las mutuas incurrieron entre 2002 y 2005 en actos de competencia desleal en dicho sector ante una denuncia presentada por la Asociación de Servicios de Prevención Ajenos (ASPA) en 2002.

En la sentencia, el Supremo admite que este tipo de servicios, especializados en prevención de riesgos, “han soportado desde su creación la competencia desleal e intrusismo de las mutuas".

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Entre las prácticas denunciadas se encontraban "utilizar para su estructura recursos propios de la Seguridad Social; (...) utilizar para su funcionamiento recursos con cargo a cuotas; (...) utilizar información privilegiada de las empresas; (...) ofertar tarifas por debajo del coste real" y otras análogas. La sentencia del Supremo insiste en que estas afirmaciones pueden “reputarse sustancialmente avaladas por todas las instancias oficiales e incluso por el propio Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia y corresponden a la realidad de los hechos que se deducían del expediente".

Las mutuas recibieron 63 millones de euros entre 2002 y 2005. La Federación Aspara calcula que a estos 63 habría que unir aquellas ayudas que algunas sociedades de prevención han recibido de su matriz en los últimos ejercicios para hacerlas viables y que en algunos casos están recogidas en sus balances. “Si añadimos esto podríamos estar hablando de 70 millones de euros más. O sea, que con todas las dificultades de cálculo podrían superar los 100 millones de euros”, señala Agustín Azparren, socio internacional de Martínez-Echevarría Abogados en declaraciones a El Confidencial.

Una provisionalidad… de 16 años

Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social como entidades colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social (en la cobertura aseguradora de accidentes de trabajo y enfermedad profesional) entraron en el mercado de la prevención de riesgos laborales con carácter provisional. “Dieciséis años después, se mantiene la provisionalidad habiendo desaparecido las causas que justificaban la autorización provisional. Desde hace seis años, intervienen en el mercado de la prevención a través de sociedades filiales, las sociedades de prevención”, explica Azparren.

Fuentes del sector consultadas por El Confidencial destacan que las sociedades de prevención viven de las mutuas, aunque “casi todas están en números rojos”, reconocen estas fuentes, tras recordar que de aquí al 31 de diciembre tendrán que dejar de ser propiedad de las mutuas. Se prevé que en algunas de esas sociedades pasen a propiedad de los empleados en modo de cooperativa. Otras buscan compradores para minimizar la previsible pérdida de puestos de trabajo.

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CUBA: EL GOBIERNO AYUDADRA A EMPRESAS EXTRANJERAS QUE INVIERTAN EN EL PAIS

Cuba flexibilizará las normas para atraer a 

la inversión extranjera

Una nueva ley que reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias y ofrece varios años de moratoria tributaria a la mayoría de los inversores reemplazará a la vigente desde 1995, promulgada tras la caída de la Unión Soviética

Cuba intentará atraer más capital con una nueva ley de inversión extranjera que reduce a la mitad el impuesto sobre las ganancias y ofrece varios años de moratoria tributaria a la mayoría de los inversores, según una copia del proyecto visto el miércoles por la agencia Reuters.

La nueva ley, que será aprobada el sábado por la Asamblea Nacional, reemplaza una legislación de 1995, cuando el derrumbe de su aliado la Unión Soviética obligó a Cuba a abrir partes de su economía a la inversión extranjera.

Según el proyecto, los inversores extranjeros pagarán un 15% de impuestos sobre sus ganancias, contra un 30 por ciento actual. La mayoría de ellos tendrá un período de gracia de ocho años antes de empezar a pagar.

La ley ofrece además mayor protección legal a los inversores extranjeros, por lo general adversos a arriesgar capital en la economía estilo soviético.

El nuevo marco legal para la inversión extranjera llega tras una serie de pequeñas reformas impulsadas por el presidenteRaúl Castro para abrir progresivamente la economía de la isla, controlada por el Estado.

Se espera que la Asamblea Nacional apruebe la ley con pocos cambios o sin alteraciones en una sesión extraordinaria prevista para este sábado.

Pero el proyecto de ley establece que las inversiones en la explotación de recursos naturales, incluyendo petróleo, podrían estar sujetas a mayores impuestos sobre utilidades de hasta un 22,5%, según el acuerdo que negocien con el Estado, reportó más temprano este miércoles la Juventud Rebelde.

En base a la actual ley de inversiones extranjeras de 1995, todas las exenciones fiscales son negociadas y las compañías extranjeras pagan impuestos sobre las ganancias de un 30%. Cuba aplica además un impuesto laboral del 20%, aunque está siendo reducido gradualmente.

Juventud Rebelde dijo que después de pagar un impuesto del 15% sobre sus utilidades netas, los inversores podrán repatriar el resto de sus ganancias.

Mayor apertura

Los adelantos sobre la ley de inversiones fueron divulgados cuando una delegación de empresarios brasileños visitaba Cuba.

Brasil es uno de los principales inversores en la isla, con multimillonarios proyectos de infraestructura.

"Es una ley que trae ventajas", dijo a Reuters el empresario Vladimir Guilhamat, del lobby industrial brasileño FIESP. "Eso da seguridad para que las empresas extranjeras hagan inversión a corto y a largo plazo".

Brasil es uno de los principales inversores en la isla, con multimillonarios proyectos de infraestructura

El Gobierno de Brasil acaba de financiar con u$s900 millones la modernización de Mariel, un puerto de contenedores en las afueras de La Habana ejecutado por el grupo de ingeniería Odebrecht, visto como clave para el desarrollo de la economía cubana.

"A diferencia de los años anteriores, vemos una coyuntura, un contexto de revitalización de la economía, en el sentido de una mayor apertura económica", dijo la representante de laagencia brasileña de inversiones Apex-Brasil, Sophia C. Costa.

Los empresarios brasileños ven oportunidades en sectores como laagricultura, la farmacéutica, cosmética, autopartes, logística, transporte y construcción.

Los inversores extranjeros tendrán que seguir contratando a sus empleados a través de empresas estatales, una de las mayores quejas de los empresarios. Pero según dijo Juventud Rebelde, los intermediarios no cobrarán más comisiones, lo que sugiere que los trabajadores recibirán más dinero y será más fácil negociar sus salarios.

Desde mediados de la década de 1990, Cuba recibió capital de empresas de Europa y más recientemente de China, Rusia y aliados como Venezuela y Brasil.

La isla no ha recibido, sin embargo, inversiones de Estados Unidos debido al embargo comercial que Washington aplica contra la isla desde poco después de la revolución liderada por Fidel Castro en 1959.

"Brecha de credibilidad"

La nueva ley de inversión estaba prevista desde el 2011, cuando Raúl Castro emprendió su agenda de reformas.

Paul Hare, ex embajador británico en Cuba y profesor de la Universidad de Boston, dijo que el Gobierno cubano enfrenta una "importante brecha de credibilidad" con el inversor extranjero.

"Los inversores quieren pruebas, no sólo la legislación, de que Cuba está dispuesta a permitir que los inversionistas ganen dinero, a contratar a los cubanos que seleccionen y no mover la portería cuando el éxito parezca ser demasiado gratificante", dijo.

El impuesto laboral del 20% será eliminado por completo, según una versión del proyecto publicada por el sitio webProgreso Semanal, basado en Miami.

"El impacto de la política se conocerá una vez que Cuba inicie la negociación de acuerdos con socios potenciales", dijo Phil Peters, director del Centro de Investigación sobre Cuba en Estados Unidos.

"Pero los incentivos y la flexibilidad de la nueva ley parecen estar diseñados para atraer el capital necesario para levantar la economía y hacer que las reformas tengan éxito", añadió.

Las reformas no se han traducido en un mayor crecimiento. De hecho se espera que el Producto Interno Bruto se desacelere a un 2,2% este año, desde un 2,7% en el 2013.

La nueva ley, igual que la versión de 1995, permiten que los inversores extranjeros controlen hasta el 100% de una empresa en Cuba. En la práctica, sin embargo, el Estado cubano ha insistido hasta ahora en tener una participación del 51% en todos los emprendimientos mixtos.

Cuba tiene actualmente unas 200 empresas conjuntas y otros proyectos relacionados con la inversión extranjera, la mitad que hace una década. La nación de gobierno comunista es considerada uno de los menos favorables a las inversiones en el mundo.

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ESPAÑA: REAL MADRID BAJO SOSPECHAS DE BRUSELAS POR LAS AYUDAS DEL AYUNTAMIENTO

Bruselas pone bajo sospecha las ayudas del Ayuntamiento de Madrid a Florentino para el nuevo Bernabéu

La CE da un plazo de un mes a España para que presente sus observaciones y advierte que el Real Madrid podría tener que devolver las ayudas

Ecologistas en Acción presentará documentación a la Comisión Europea con el objetivo de acreditar que “el Ayuntamiento de Madrid y el club Real Madrid, efectivamente actuaron al margen de la legalidad en la operación de ampliación del Estadio Santiago Bernabéu”.

Dicho colectivo anuncia sus planes en su página web después de recordar que ya recurrió “ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la modificación puntual del plan general de ordenación urbana de Madrid que ha permitido la recalificación de los terrenos del Paseo de la Castellana para permitir la ampliación del Estadio Santiago Bernabéu.

La Comisión Europea cuestiona que la cesión de parcelas al Real Madrid para la ampliación del estadio Santiago Bernabéu sea legal. Así se recoge en una carta remitida al Estado español y recogida en el Diario Oficial de la Unión Europea. El Ejecutivo comunitario, dentro del proceso de investigación, ha abierto un plazo de un mes para que cualquier persona interesada pueda presentar observaciones. Por todo ello, la Comisión solicita al Estado español información relevante y concisa que aclare las dudas suscitadas. 

En una carta publicada el pasado 7 de marzo, Bruselas cree que el Real Madrid "habría obtenido una ventaja económica de la transacción que no estaría justifi­cada en condiciones de mercado". Además, señala que la valoración la hizo el Ayuntamiento de Madrid, "aparentemente sin una tasación de un perito independiente".

Según recuerda Ecologistas en Acción, “en 1998 el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol establecieron un intercambio por el cual el Real Madrid cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva y recibía en contrapartida dos parcelas, una de ellas en Las Tablas”. Pero “en 2003, el Ayuntamiento estimó que no podía transferir a una entidad privada esos terrenos, por lo que debía indemnizar al Real Madrid·.

Finalmente, continua recordando Ecologistas, “en 2011, ambas partes firmaron un convenio por el cual el Consistorio asumía una deuda con el club deportivo de 19.772.357 euros, derivada en buena medida del supuesto valor de la parcela. Eso suponía una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas once años antes”.

“Para pagar la deuda, el Ayuntamiento cedió al Real Madrid cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Sobre estos terrenos, el club de fútbol planea la ampliación del estadio y la construcción de un hotel y un centro comercial”.

Lo que ha sucedido, aclara Ecologistas en su web, es que “según la Comisión Europea este intercambio de parcelas podría considerarse ayuda estatal de apoyo al club y podría incumplir el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir el Real Madrid, gracias a esa operación obtendría un beneficio selectivo que afectaría a la competencia y al comercio entre estados miembros”.
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ESPAÑA: EL DUEÑO DE PANRICO PAGA EN LUXEMBURGO Y PIDE AYUDAS A ESPAÑA

El dueño de Panrico elude impuestos vía 

Luxemburgo y pide ayudas en España

Panrico está pidiendo subvenciones a cada una de las comunidades autónomas donde tiene sus fábricas -Cataluña, Madrid, Castilla y León, Andalucía y Aragón- pese a que su propietario, el fondo de inversión Oaktree, tiene a la matriz de la empresa en Luxemburgo para ahorrarse impuestos.

De acuerdo con los datos del Registro Mercantil, el accionista único del fabricante español de bollería, propietario de marcas como Donuts o Bollycao, es Circle 3 Luxembourg Holding, una sociedad instrumental domiciliada en el Gran Ducado, que controla la totalidad de los derechos de voto.

De hecho, las últimas cuentas que Panrico ha enviado al Registro, las correspondientes al año 2012, que hubo que reformular, no están firmadas en Barcelona, donde se encuentra su sede social, sino en Luxemburgo. Fue el pasado 11 de octubre, con la compañía en preconcurso de acreedores y pidiendo ya ayuda financiera a los gobiernos autonómicos.

Diferencias fiscales

Invirtiendo a través de una sociedad luxemburguesa, los dividendos y ganancias patrimoniales que Oaktree pudiera obtener en España, incluidas las de una posible venta en el futuro de su participación en Panrico, tributan sólo al uno por ciento. Además, Oaktree no tiene que tributar por los ingresos derivados de los intereses que Panrico le tenga que pagar por los préstamos concedidos, por un importe total de algo más de 70 millones.

José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, explica, no obstante, que "como la sociedad está en pérdidas, la matriz habrá aplazado el pago de los intereses, por lo que la principal ventaja en este momento es la facturación de servicios", que están exentos de IVA en Luxemburgo. Es decir, Circle Holding puede facturar a la compañía española, incrementar así sus gastos operativos, y no tener que tributar por ello por los ingresos recibidos.

"Hay empresas que incluso tienen la propiedad de sus marcas registrada a favor de una matriz en Luxemburgo y pagan un canon por ello", explica Mollinedo, que recuerda que mientras que esos servicios facturados estén acreditados se produce sólo una elusión fiscal, es decir, ingeniería financiera completamente legal. El problema es cuándo no lo están, porque entonces habría fraude, algo que por ahora no se ha demostrado en Panrico.

En cualquier caso, la empresa, que tiene centros de producción en Santa Perpetua (Barcelona), Paracuellos del Jarama (Madrid), Zaragoza, Puente Genil (Córdoba) y Valladolid, tiene que abonar en España el impuesto de Sociedades por su actividad.

Plan de viabilidad

En los últimos cinco años Panrico, que ha esquivado por ahora el concurso de acreedores, ha perdido 710 millones de euros debido, según aseguran desde Oaktree, a los elevados costes de producción, a la competencia de la marca blanca y a la caída en el consumo de sus productos por la recesión económica.

El 25 de septiembre de 2013 la dirección planteó un plan de viabilidad con un expediente de regulación de empleo que afectaba, en principio, a 1.914 personas (casi la mitad de la plantilla) y una reducción del sueldo de entre el 35 y el 45 por ciento para los que se quedaran.

Los sindicatos rechazaron esta propuesta y se movilizaron contra su aplicación, llegando incluso a una huelga indefinida en algunas plantas, como la de Barcelona, que está paralizada desde el 12 de octubre y que podría ser cerrada en breve. Aunque finalmente el 14 de noviembre se llegó a un preacuerdo que conllevaba 745 despidos y una rebaja salarial del 18 por ciento, el actual consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, no ha cesado de reunirse con distintos dirigentes autonómicos para pedirles dinero a cambio de mantener abiertas las instalaciones.

En los últimos años, la mayor parte de las autonomías ha concedido ya subvenciones millonarias a Panrico, aunque algunas como Andalucía, que ha dado 6,6 millones, han anunciado que exigirán la devolución de las mismas si la empresa no cumple la normativa de incentivos para mantener el empleo.

Oaktree se hizo fuerte en Panrico en el año 2012. En ese momento llegó a un acuerdo con su anterior propietario -otro fondo de inversión denominado Apax Partners, que también había situado a la matriz en Luxemburgo- para reestructurar el pasivo de la empresa, que se elevaba entonces a 380 millones y capitalizar su deuda. Con ello, el fondo norteamericano incrementó su participación del 20 al 86%, para llegar al cien por cien el pasado junio.

La compañía se quedó así sin deuda financiera, pero con préstamos participativos concedidos por su matriz luxemburguesa, que se contabilizaron como fondos propios. Panrico cerró 2012 con una facturación de 513,5 millones de euros y unas pérdidas de 98,3 millones, tres veces menos que los 278 millones que perdió en un año antes.

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ESPAÑA: LA UE RETIRA A LA DIPUTACION DE ORENSE 1,3 MILLONES POR FRAUDE EN AYUDAS

La UE retira a la Diputación de Ourense 1,3 millones por el fraude de ayudas

Baltar destinó el dinero a regatas, carreras de coches y cría caballar

• Primer imputado por el fraude de ayudas en la Diputación de Ourense

Los gastos en promoción de regatas, carreras de coches o en la cría caballar que el expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar autorizó con cargo a fondos comunitarios que tenían otra finalidad (y otros de proyectos que aún cumpliendo el objetivo fueron adjudicados a dedo o con “incumplimientos reiterados” de la ley) cuentan ya en el debe de la institución ourensana. La Unión Europea (UE) ha decidido no entregar a la Diputación 1,3 millones de euros que el organismo provincial se gastó entre 2000 y 2006 vulnerando, según los técnicos europeos, los principios básicos que rigen las contrataciones públicas. La UE, que había reclamado a la Diputación ese dinero, no esperará a que se lo devuelva el hijo de Baltar: lo ha deducido ya de la declaración de gastos de España. Aunque Bruselas sostiene que el proceso ya está cerrado, la Diputación no informó sobre ello. El PSOE ya anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía.

Bruselas sostiene que las irregularidades autorizadas por Baltar en los proyectos Pedece, Proforest, Sons e Acordes, Ilumina Lima y Vía Nova “fueron descubiertas por la Intervención General del Estado, el organismo de auditoría del Ministerio de Hacienda, en el transcurso de las inspecciones que hizo de los gastos incluidos en esos programas”. En un escrito de respuesta al eurodiputado del PSOE Antolín Sánchez Presedo, el comisario europeo de Fiscalidad enumera entre las irregularidades detectadas “la falta o el carácter incompleto de la documentación” o “la infracción de la normativa sobre contratación pública”, es decir, las adjudicaciones a dedo.

Los informes del Ministerio de Hacienda en los que se ha basado la UE para bloquear la partida de 1,3 millones a la Diputación de Ourense incluían, en el año 2007, la recomendación de que se reforzaran los sistemas de gestión y control por parte de la institución provincial al Inorde para “que redunden en el respeto escrupuloso de la normativa”.

El 1 de junio de 2007 la Inspección de Hacienda desestimaba ya las alegaciones presentadas por Baltar. El expresidentes ourensano justificaba que “el hecho de que el procedimiento negociado sin publicidad no haya sido aislado y excepcional, sino sistemático, no significa que nos hallemos ante una infracción de la normativa sobre contratación pública”. Y añadía: “El hecho de que esos supuestos [que obligan al procedimiento con publicidad] sean más o menos frecuentes no es algo que dependa de la voluntad de los órganos de contratación”.

La Oficina de Lucha Antifraude (OLAF) de la UE no encontró justificación para la mayoría de las partidas que certificó el Inorde. Los técnicos de Bruselas consideraron probado que hubo adjudicaciones “plenas de irregularidades” y “reiterados incumplimientos” de la norma de contratación pública además de gastos consignados “sin facturas” y “ausencia de toda regla” para conceder las ayudas.

Esta resolución de la Unión Europea —que califica de ilegales las actuaciones en esos planes autorizadas por el autodenominado “cacique bueno” y ejecutadas por el entonces responsable del Inorde, José Manuel Freire Couto— se suma a la reclamación de otros 10,1 millones de euros a la institución ourensana por la “gestión fraudulenta” de otros dos programas comunitarios, Daredo y Deputrans, de instalación de depuradoras que está siendo investigado por la justicia. Bruselas aprecia que en la gestión de la Diputación se pudieron cometer los delitos de prevaricación, falsedad documental y tráfico de influencias.

Durante tres meses, los diputados provinciales del PP de confianza de Baltar han investigado en una comisión integrada solo por ellos si este cometió las irregularidades que le imputa la UE. La comisión entregará el lunes las conclusiones al hijo-sucesor “y él decidirá si las hace públicas o no”, explica el portavoz del PP en la Diputación y miembro de la comisión, Plácido Álvarez. Los diputados citaron a declarar a “cuatro o cinco” técnicos de la institución que de alguna forma participaron en la concesión de las ayudas, sostiene Álvarez que, sin embargo, no desvela si también declaró el expresidente.

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ESPAÑÁ: AYUNTAMIENTO DE HUELVA CONDENADO POR QUEDARSE CON 295.000 EUROS DE AYUDAS DE EMPLEO

Condenado el Ayuntamiento de Huelva por quedarse con ayudas de empleo

Palos obliga a la Corporación de Pedro Rodríguez a devolver 295.000 euros

El Ayuntamiento de Huelva, gobernado por el PP, se ha quedado indebidamente con dinero recibido de la Unión Europa (UE) para desarrollar proyectos en el marco del programa Interreg III de fomento del empleo y de la formación. Así lo recoge una sentencia de un juzgado contencioso administrativo que le condena a devolver 295.000 euros al Consistorio de Palos de la Frontera, también gobernado por los populares y que demandó a la capital en 2010.

El Ayuntamiento de Huelva asumió en 2005 la gestión de las subvenciones europeas de los municipios onubenses de Punta Umbría, Gibraleón, Aljaraque y Palos; también de la Cámara de Tavira y Faro, en Portugal. De estas, el Ayuntamiento gobernado por Pedro Rodríguez no ha entregado desde 2007, supuestamente, 1.400.000 euros del proyecto europeo, que finalizó en 2006. El equipo de Gobierno declinó ayer pronunciarse al respecto.

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, Miguel Ángel Mejías, calificó la actuación del gobierno del PP de “vergonzosa”. “La sentencia viene a confirmar la nefasta gestión económica, el caos en el que está sumido el Ayuntamiento y el desprecio que sus dirigentes tienen hacia el empleo y las demás entidades”, añadió Mejías.

Advertencia

El dirigente socialista subrayó que el Consistorio recibió en 2008 una carta del Gobierno central advirtiéndole que se estaba apropiando de “un dinero que no le correspondía y que debía ingresar de forma inmediata en las cuentas de los demás socios”. Posteriormente, en 2009, la Autoridad de Pago, el organismo competente de velar por el cumplimiento de las subvenciones llegadas de Europa, conminó nuevamente al equipo de Gobierno popular a efectuar el ingreso que “no había ejecutado tras un año de demora”.

En 2010, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera decidió acudir a los tribunales para reclamar su parte y el juzgado le ha dado la razón en esta sentencia.

Miguel Ángel Mejías afirmó que la propia Unión Europea ha cambiado los criterios de pago de los fondos para reingresarlos directamente “El equipo de Gobierno no ha vuelto a percibir un euro de la convocatoria de Interreg perjudicando finalmente a los desempleados”, concluyó el político socialista.

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MADRID DESTINA EL 74% DE LAS AYUDAS A FUNDACIONES ANTIABORTISTAS

Madrid asigna el 74% de las ayudas para 

mujeres gestantes a fundaciones antiabortistas



Trece de las 19 fundaciones beneficiarias de ayudas de la Red de Madres son entidades cristianas 

contrarias al aborto. Se reparten el 74% del presupuesto. La Comunidad les concedió en 2013 

ayudas por valor de 260.000 euros. Reciben subvenciones grupos ultra como Provida, RedMadre 

 Fundación Vida. "En la Red de Madres está lo más ultra de la Iglesia", denuncia la oposición
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Siete de cada diez euros destinados por la Comunidad de Madrid para atender a "mujeres embarazadas y madres jóvenes en riesgo de exclusión" recalan en fundaciones vinculadas a la Iglesia y con postulados abiertamente antiabortistas. De las 19 fundaciones que integran la Red de Madres, trece son organizaciones neoconservadoras y, en conjunto, han recibido en 2013 subvenciones por valor de 259.557 euros, el 74% de los 349.800 euros del total de la partida presupuestaria, a la que ha tenido acceso 20minutos. 


En el listado de las fundaciones religiosas y conservadoras que reciben dinero de fondos públicos aparecen la Fundación Integra, la Fundación Defensa para la Vida, el Grupo Provida, la fundación RedMadre, la Comunidad de San Egidio, el Instituto Secular Cruzada Evangélica, la Fundación Internacional de Educación o la Fundación Vida. Muchas de estas entidades forman parte del Foro por la Familia, organización que lleva tres años organizando protestas para exigir la derogación de la ley del aborto de 2010, que el Gobierno va a reformar con el anteproyecto presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, calificado ya como el más restrictivo de la democracia. Centradas en la defensa de la familia, estas asociaciones beneficiarias de ayudas públicas se definen en Internet como "humanitarias" y de "carácter marcadamente conservador". El 70% del presupuesto 

La Red de Madres de la Comunidad de Madrid es una plataforma que depende directamente del Instituto del Menor y la Familia (IMMF). La Comunidad convoca anualmente subvenciones para atender las necesidades de las mujeres gestantes en situación de exclusión, misión encomendada a las entidades de la Red de Madres. Su partida presupuestaria se ha ido reduciendo en los últimos años (de 700.000 euros en 2010 a 350.000 en 2013), pero siempre el 70% del dinero público ha ido a parar a organizaciones religiosas. 

Diputadas regionales de Izquierda Unida y del PSOE denuncian que en la Red de Madres de la Comunidad "está lo más ultra de la Iglesia" y lamentan que las entidades antiabortistas copen la mayoría de los recursos para embarazadas. En el PSOE denuncian, además, que algunas de estas organizaciones reciben la encomienda de atender a las jóvenes gestantes que tutela la propia Comunidad de Madrid. "Las convencen de que no interrumpan su embarazo y que den el niño en adopción. Detectamos chicas jóvenes a las que acogían familias mientras duraba la gestación y luego las convencían para que dejaran allí mismo al niño. 

No puedes decir que les paguen dinero a cambio del hijo, pero sí en especie". Acogida de menores El proyecto que  más fondos recibió en 2013 es una casa de acogida y atención integral a madres con hijos gobernada por el Instituto Secular Cruzada Evangélica. Recibión 56.612 euros. 

El Grupo Provida, por su parte, recibió 28.000 euros para financiar dos proyectos de ayuda "en la inserción sociolaboral de madres lactantes en exclusión" en Madrid y Alcalá de Henares. Otra de las asociaciones que recibe financiación pública es la Fundación Internacional de Educación (FIE), una asociación constituida por tres familias que comparten un edificio construido en terreno cedido por el Arzobispado en donde acogen temporalmente a menores tutelados. 

Gracias a estas ayudas también acogen a "jóvenes gestantes y madres con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión". Y cabe destacar la presencia de la Fundación RedMadre, organización establecida en casi toda España cuya misión se centra en la lucha contra el aborto. RedMadre además tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón para gestionar el 'call center' de la Casa de la Mujer, encargado de dar asesoría y asistencia a las embarazadas en riesgo de exclusión social que lo soliciten. En su presentación el alcalde de Alcorcón, David Pérez, aseguró que el aborto "es el mayor fracaso de la política social" y añadió que "el que atenta contra la vida atenta contra la paz" en referencia a las interrupciones voluntarias del embarazo.
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ESPAÑA: MAS DE 9.000 DEPENDIENTES HAN MUERTO A LA ESPERA DE LA PRESTACION

Más de 9.000 dependientes han muerto en Barcelona a la espera de la prestación

Otras 8.000 personas fallecieron mientras aguardaban a que se resolviese su petición de la ayuda

Alrededor de 17.000 barceloneses han muerto desde 2007 en medio del largo camino que traza la Ley de Dependencia para recibir alguna de las prestaciones que contempla la legislación. La consejera de Bienestar Social, Neus Munté, ha confirmado en una respuesta parlamentaria por escrito que 9.084 personas a las que ya se les había reconocido la dependencia, han fallecido desde la entrada en vigor de la ley en 2007, a la espera del Programa Individual de Atención (PIA), es decir, aguardando a que se les asignase la prestación adecuada a su estado y grado de dependencia.

En respuesta a preguntas del Partido Popular, la consejera también informó de que otros 7.974 barceloneses fenecieron mientras esperaban a que el Servicio de Valoración de la Dependencia de la Generalitat (SEVAD) evaluase su grado de autonomía y reconociese su dependencia. Aunque no todas las solicitudes de valoración acaban siendo aprobadas, la propia Munté reconoció que, de las 102.616 peticiones registradas desde 2007 en la ciudad, alrededor del 90% reconocieron la dependencia de los solicitantes.

Munté cifró en 2,8 meses el tiempo de espera en la primera fase del recorrido

El proceso para acceder al circuito de cobro de las prestaciones que contempla la ley dura, según la Generalitat, poco más de medio año en Barcelona. Munté cifró en 2,8 meses el tiempo de espera en la primera fase del recorrido, esto es, desde que se presenta la solicitud de valoración hasta que la SEVAD realiza las pruebas pertinentes y notifica oficialmente su valoración. Así, en el caso de un usuario que sea reconocido como dependiente, la titular de Bienestar Social, calcula que el tiempo medio de espera para que se haga efectiva la PIA es de 4,5 meses.

Sin embargo, patronales y entidades del sector rechazan estas cifras. “Oficialmente son seis meses, pero a la hora de la verdad es mucho más tiempo. Los PIA tardan en llevarse a cabo pero ¿qué más da, si cuando se hacen efectivos, los usuarios no reciben las prestaciones que les tiene que dar porque no hay dinero?”, lamenta Iñaki Antón, vicedirector de la Asociación de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad). Según Munté, desde la puesta en marcha de la ley se han resuelto 47.569 de las 50.090 PIA realizables en Barcelona, por lo que todavía quedan más de 2.500 a la espera de decisión.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Centros de Atención a la Dependencia (ACAD), Lluis Bou, afirma que el proceso para acceder a las prestaciones es de “entre seis y nueve meses”, aunque asegura que la delicada situación del sector puede prolongar más la espera: “El problema no es que tarden en entrar, sino que ya no entran más porque no se tiran adelante los proyectos. No hay dinero y se queda todo parado”.

Munté también señaló que, a fecha del 30 de junio de 2013, constan 8.437 ancianos en lista de espera para acceder a una plaza en geriátricos públicos. Bou asegura, en cambio, que las listas de espera rondan “las 15.000 personas”.

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