INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

jueves, 17 de octubre de 2013

TUVISA CESA AL DIRECTOR POR APLICAR LA NUEVA REFORMA LABORAL


El director de la empresa pública Tuvisa, cesado por aplicar la nueva reforma laboral

El gerente de la empresa de los transportes urbanos de Vitoria desobedeció el mandato del consejo de administración y modificó la jornada laboral de los trabajadores por su cuenta. 
Bildu solicitó la apertura de un expediente disciplinario que finalmente ha desembocado en la suspensión de Javier de la Torre con los votos a favor de la oposición y en contra del PP.

El director de la empresa de Transportes Urbanos de Vitoria, Tuvisa, ha sido cesado en la reunión del Consejo de Administración celebrada esta mañana gracias a los votos de la oposición, PSE, Bildu y PNV, ya que el PP, el partido que Gobierna el Ayuntamiento, ha votado en contra. Bildu ya solicitó la semana pasada la apertura de un expediente disciplinario a Javier de la Torre por desobedecer una orden de obligado cumplimiento acordada por el consejo de admistración. Aplicó la reforma laboral al calendario de los trabajadores tras desoír el mandato del consejo. Bildu solicitaba, al conocer los hechos, que se estudiaran otras posibles consecuencias acordes a la gravedad de la infracción cometida por el mando entre las que no descartaban su cese, que se ha acordado esta misma mañana. 
Los servicos jurídicos municipales deberán estudiar la cuantía de la indemnización que le corresponde a De La Torre que fue nombrado director-gerente de la sociedad pública en el año 1993, durante el gobierno del peneuvista José Angel Cuerda.  
La primera valoración sobre la medida acordada llegaba de la concejala popular Marian Castellanos "Es imprudente, precipitado y desproporcionado porque los grupos se han negado a tener un informe jurídico para ver si realmente el gerente ha incumplido el convenio o no. Precisamente los que defienden el empleo cesan a una persona de más 50 años y 20 años de trabajo con los tres partidos que han gobernado en la ciudad", manifestaba Castellanos. 

Numerosos incumplimientos

Por su parte, el portavoz nacionalista Borja Belandia, miembro tambien del consejo de administración ha explicado que la aplicación de la reforma laboral en la plantilla en contra de lo acordado por los partidos políticos “ha sido la gota que ha colmado el vaso”. En las dos décadas que llevaba Latorre como gerente de la sociedad municipal de transporte han sido numerosos los casos en los que el técnico ha incumplido, según asegura el PNV, los acuerdos adoptados.
Además, en muchas ocasiones, el gerente ponía dificultades ante las instrucciones que le daban los consejeros si éstas no eran de su gusto. “El tiene un modelo muy claro de transporte público y lo llevaba adelante, aunque a menudo ese modelo no era el que le señalaba el consejo de administración. Bien es cierto que no dudamos de su capacidad técnica, pero consideramos que actuar a su libre criterio no es lo adecuado. Entre los consejeros y el gerente tiene que haber un nivel de confianza que no se daba en este caso", añade Belandia.
Los hechos por los que ha sido cesado el gerente se desencadenaron en junio, cuando el máximo órgano de dirección de la empresa acordó con los votos favorables de Bildu, PSE, PNV y la abstención del PP, la prórroga del convenio de Tuvisa mientras que el texto no estuviera firmado con el objeto de salvaguardar los derechos de los trabajadores. Al mismo tiempo pactaron no aplicar la reforma laboral.
Según la primera denuncia del concejal de Bildu David Pina, el gerente se saltó esa orden de obligado cumplimiento y modificó la jornada laboral de 15 trabajadores primero y otros tantos un mes después sin darles la oportunidad de elegir el día festivo correspondiente.

ATENCIONNNNN URUGAY DESTAPA UN BLANQUEO DE 4 MILLONES DE EUROS DE BARCENAS


Uruguay destapa un blanqueo de 4 millones de euros de Bárcenas

El juez Néstor Valetti citará a los responsables de las sociedades que supuestamente realizaron las transacciones, a quienes considera testaferros del extesorero del PP


Luis Bárcenas/Efe
Las investigaciones sobre la fortuna de Luis Bárcenas, que llegó a reunir 48 millones de euros en Suiza, están dando frutos también fuera de Europa. Un juez uruguayo, Néstor Valetti, ha estimado probado, indiciariamente, que Luis Bárcenas blanqueó más de cuatro millones de euros a través de testaferros en las sociedades anónimas Brixco, Tesedul, Rumagol, y Limed.
El juez, especializado en la lucha contra el crimen organizado,  ha acordado citar a declarar a los titulares de estas cuatro sociedades anónimas, que utilizó el ex tesorero del PP para realizar transferencias de dinero.
En este sentido, el diario uruguayoEl Observador adelanta que, de acuerdo al juez Néstor Valetti, el antiguo tesorero del PP transfirió unos 800.000 euros con Tesedul, creada el 11 de diciembre de 2008 y presidida por el empresario argentino Patricio Bel, uno de los presuntos testaferros de Bárcenas, que según los registros argentinos, era propietario de la sociedad argentina La Moraleja junto con el hijo del extesorero del PP Ángel Sanchis Herrero,también imputado en el caso Gürtel.
En el marco de una causa abierta en Uruguay por la que se investiga los fondos que Bárcenas envió a Montevideo, el juez Valetti citará a Bel para tomarle declaración indagatoria por presunto lavado de dinero.
El argentino figura también detrás de Rumagol, tal y como queda reflejado en los archivos de laDirección General de Registros (DGR) uruguaya. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que lleva el caso Bárcenas desde España, intentó en marzo de este año que el HSBC de Nueva York congelara las cuentas de esta empresa fantasma, pero Estados Unidos informó que las cuentas de esta sociedad habían sido clausuradas un mes antes.
El juez Ruz también pidió por entonces información sobre Brixco, otra de las sociedades uruguayas involucradas con las que se transfirieron 3 millones de euros. En el auto de procesamiento, el magistrado indicó: “El destino de la mayor parte de fondos trasvasados por Bárcenas fue la entidad HSBC de Nueva York, concretamente a las sociedades Brixco (tres millones de euros) y La Moraleja (dos millones)”.
Para el magistrado español, ambas sociedades son “propiedad de Ángel Sanchis Herrero, hijo de Ángel Sanchis Perales [extesorero del PP de 1982 a 1987 y amigo personal de Bárcenas]”. En los registros uruguayos, en cambio, figuran como presidentes de la sociedad Brixco Autín Martínez y Juan Santiago. Los dos también también serán citados por el juez uruguayo. Ambos ya declararon ante el departamento de combate al Crimen Organizado de la Policía de Uruguay.
Según adelantó la revista uruguaya Brecha el pasado 6 de septiembre, los tres millones de euros que fueron transferidos del HSBC a Brixco fueron retirados en una sucursal de Montevideo. A través de una cuarta sociedad, Limed, Bárcenas pudo haber transferido 370.000 euros.
El Observador también indica que la Justicia investigará además a las instituciones bancarias con las que se realizaron las transferencias, dado que no se ha cumplido con la legislación vigente que previene el lavado de dinero. De entrada, ninguna entidad bancaria ni la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central informaron sobre los movimientos de dinero que se hacía a través de estas cuatro sociedades vinculadas a Bárcenas.
El magistrado Valetti también indagará sobre el posible vínculo entre el antiguo tesorero del PP y el vicepresidente argentino Amado Boudou, investigado por enriquecimiento ilícito.
El juez Ruz solicitó el pasado mes de julio a Uruguay el bloqueo de todas las cuentas del extesorero en dicho país sudamericano y también las abiertas a nombre de la sociedad Tesedul. En un auto, Ruz justificó su decisión en las transferencias que, según la investigación, el extesorero ha venido realizando desde que estalló el caso en 2009. La investigación realizada por el juez uruguayo ha corroborado, indiciariamente, las transferencias sospechosas por hasta 4 millones de euros.

EL EX DIPUTADO JESUS MERINO COBRO MAS DE 800 MIL EUROS DE LA TRAMA GURTEL


El ex diputado Jesús Merino cobró más de 

800.000 euros de la trama 'Gürtel'

El ex diputado del PP Jesús Merino, tras declarar en el TSJ de Madrid en 2011. | Antonio Heredia

Jesús Merino, que dejó su escaño como diputado del PP al estar imputado en el 'caso Gürtel, cobró entre los años 2002 y 2008 un total de 805.300 euros procedentes de actividades que sus empresas mantuvieron con sociedades vinculadas a la red de corrupción liderada por Francisco Correo.
Un informe de la Agencia Tributaria remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz detalla que Merino percibió estos ingresos a través de las sociedades Serrano 50 Global Consulting, Algaba Consultores, Everland y Fuentelavanda, de las que era propietario junto a su familia o estaban controladas por supuestos testaferros.
Casi la mitad de estos ingresos procedía del Grupo Ros-Roca, dedicado al sector de bienes de equipo e ingeniería medioambiental y miembro de la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP). Según el informe, el grupo abonó facturas a sociedades de Merino por importe de 150.800 euros en 2006 y por valor de 193.430 euros en 2008.
Percibió en negro 129.210 euros en 2002, 138.600 en 2003 y 50.000 más en 2007, según la investigación
Los inspectores detallan en las conclusiones de su informe que en la investigación "no resulta acreditada la prestación de servicio al que se refieren las facturas" y que Merino aparece en las comunicaciones entre el Grupo Ros Roca y la organización liderada por Francisco Correa, presunto cabecilla de 'Gürtel', con las denominaciones 'Jesús Merino', 'J. Merino', 'Jesús' y 'J.M.'. De igual modo, el ex parlamentario fue "partícipe en la distribución de beneficios" por este negocio junto a 'PAC'(sin identificar) y los perceptores identificados con las siglas 'LB', 'GG', 'JS' y 'PC'.
Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que forma parte del sumario, Bárcenas, Merino y otros imputados favorecieron los intereses del grupo empresarial Ros Roca tanto en España como en el exterior. El grupo empresarial creó la sociedad Langa Duero Enercorr XXI para adjudicarse una planta de purines en Soria y el grupo de Correa y Bárcenas participó a través de la sociedad Spinaker, a la vez que hicieron las gestiones necesarias paraasegurarles el contrato.
La Agencia Tributaria también ha detectado que las sociedades de Merino emitieron facturas que previamente habían sido pactadas por el presunto 'número dos' de la trama 'Gürtel', Pablo Crespo, con las empresas Copasa y Viviendas y Obras Civiles S.A., por las cuales "tampoco ha quedado acreditada la prestación del servicio". El importe ascendió en 2008 a un total de 143.260 euros.
Además, la contabilidad B de la trama 'Gürtel', que fue incautada en un 'pen drive' al contable de la red, José Luis Izquierdo, en un piso de la calle Serrano de Madrid, detalla que bajo las denominaciones 'Jesús Merino', 'JM' o 'J', el ex diputado percibió en negro 129.210 euros en 2002, 138.600 en 2003 y 50.000 más en 2007.
De igual modo, los inspectores señalan que Merino y su esposa colaboraban con la organización de Correa para que sus empresas participaran en concursos públicos aunque no han logrado determinar si, al igual que en Spinaker, el ex diputado llegó a participar en los beneficios de Tango, otra de las sociedades vinculada a la trama.

UN CLIENTE DEL BANCO CEISS RECUPERA LOS 39.000 EUROS DE SUS PREFERENTES


Un cliente de Banco Ceiss recupera los 39.000 euros de sus preferentes
La sentencia, ditada por el juzgado de primera instancia número 4 de Gijón, estima que no se facilitó al titular la información adecuada


Norberto Rodríguez, de 83 años, cliente del Banco Ceiss, decició invertir la mayor parte de sus ahorros en un producto que en su día valoró como "bueno" para sus intereses. Pasado el tiempo la realidad fue buen diferente. Aquella inversión resultó ruinosa para sus intereses al tratarse de preferentes.


De ahí que conocida la 'toxicidad' de su producto decidió pleiterar con la entidad financiera. Ahora el magistrado juez del juzgado de primera instancia número 4 de Gijón ha emitido una sentencia en la que obliga a la entidad a devolver el dinero.

El fallo estima que, pese a que la entidad bancaria aseguró que se había proporcionado al cliente "previa y suficiente información como para poder adoptar una decisión informada acerca del producto contratado", en realidad "es dudoso que esta información, de haberse facilitado, haya sido adecuada para que el señor Rodríguez López pudiera saber y entender, a ciencia cierta, qué era lo que estaba adquiriendo" cuando tuvo lugar la operación, en noviembre de 2007.

El nivel formativo del cliente tiene un peso determinante en la sentencia, máxime si se tiene en cuenta que la entidad bancaria hizo constar en el "test de conveniencia" que se le efectuó que Norberto Rodríguez tiene "estudios superiores", en tanto que éste afirmó en el juicio que "sólo estudió hasta los catorce años y que trabajó en talleres y almacenes de Endesa como listero".

El test de conveniencia obligatorio no se le aplicó, por otra parte, a la esposa del contratante, que era cotitular de sus cuentas y de la operación. Y subraya el juez que "no hay constancia" de que la información que reciben los empleados de las entidades financieras sobre los riesgos de las preferentes fuese transmitida al cliente "de forma comprensible para su nivel de conocimientos y formación" y que en el caso de su esposa, cuya firma falta en uno de los documentos de la operación, "se puede presumir sin temor a equivocarse que la información fue inexistente o mínima".

LOS COCHES SIN ITV AL DIRECTAMENTE AL DESGUACE


Los coches sin ITV, ¿directamente al desguace?


Industria ultima el sistema telemático 'Itici' para detectar mejor los coches sin ITV y que vayan directamente al desguace si no son reparados en el plazo que marca la ley.
El subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Antonio Muñoz, ha advertido de que aquellos automóviles que no hayan acudido a la Inspección Técnica de Vehículos cuando les correspondía serán captados más fácilmente por el 'Itici', un nuevo sistema telemático, actualmente en pruebas, que en 2014 estará a disposición de la Guardia Civil. Así pues, los coches sin ITV podrían ir directamente al desguace si no son reparados antes en el taller. Y todo ello, después de que sus dueños sean sancionados por circular en esas condiciones.

Actualmente, los vehículos que no superen de forma satisfactoria la Inspección tienen un plazo de dos meses para subsanar los defectos antes de volver al centro autorizado y repetir las pruebas. Entre tanto, solo pueden circular hasta el taller donde vayan a ser reparados y de ahí a la estación de ITV. En caso de no hacerlo, se tramita automáticamente la baja.

Muñoz ha explicado que el sistema telemático 'Itici' ya se experimenta en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el objetivo de detectar los coches sin ITV que estando obligados a pasar Inspección por su antigüedad, no lo han hecho. Se calcula que cuando esté en poder de la Guardia Civil obligará al 50% de estos vehículos a pasar por el taller para ser reparados o a ser destinados al desguace.

Estas declaraciones han tenido lugar en la apertura del XVIII Congreso de Calidad en la Automoción que se celebra en Valladolid. Está organizado por la Asociación Española para la Calidad (AEC) y reúne a medio centenar de responsables y técnicos de las principales empresas del automóvil.
FUENTE

PP, PSOE, CIU Y PNV RECHAZAN UNA INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ACCIDENTE DE SANTIAGO



PP, PSOE, CiU y PNV rechazan una investigación parlamentaria del accidente de Santiago
Tren Alvia



La diputada Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural, considera que la formación de la comisión es "una cuestión de pura higiene democrática". El texto reclama una moratoria en la construccion de líneas de ferrocarril de alta velocidad "hasta que concluya la auditoría" de Fomento. El PP considera que el Gobierno ya está tomando medidas suficientes en este asunto y considera la moratoria del AVE una "gravísima irresponsabilidad"


El PP, PSOE, CiU y el PNV han avanzado este miércoles en el Pleno del Congreso que rechazarán a la petición de la Izquierda Plural de constituir una comisión de investigación que depure las posibles responsabilidades penales en el accidente del Alvia que tuvo lugar el pasado 24 de julio en Santiago, y que causó la muerte de 79 personas y dejó más de un centenar de heridos. La propuesta de Izquierda Plural pretende también "esclarecer las responsabilidades políticas" La diputada de la federación de izquierdas Ascensión de las Heras ha planteado a través de una moción la necesidad de constituir esta comisión de investigación que contribuya a "esclarecer, también desde el Congreso, las responsabilidades políticas" del suceso, sin tener que esperar a los resultados de la investigación judicial, que "llevará mucho tiempo hasta saber lo que realmente sucedió". 

Para este objetivo, la subcomisión parlamentaria aprobada hace apenas unos días "no es suficiente" según la diputada. "Es una cuestión de pura higiene democrática. No se trata de sustituir ni de interceder en la vía judicial, sino más bien de responder a las demandas de las víctimas y de la sociedad, que no entienden por qué ante un siniestro de esta dimensión y frente a presuntas responsabilidades políticas no se toman las medidas necesarias", ha añadido, en referencia a la imputación del presidente de Adif por parte del juez instructor de la causa. 

Además, el texto de la Izquierda Plural, que se deriva de una interpelación a la ministra de Fomento, Ana Pastor, también reclama una moratoria en la construcción de la alta velocidad "al menos hasta que concluya la auditoría que está llevando a cabo" el Ministerio y se conozcan las conclusiones de la nueva subcomisión. Moción "oportuna" El BNG, UPyD y Compromís sí apoyarán la moción de Izquierda Plural Con este análisis ha coincidido la diputada del BNG Rosana Pérez, que ha agradecido la propuesta, similar a dos planteadas por los nacionalistas gallegos y que "por obra y gracia de la mayoría absoluta del PP" no se han aceptado.     

Así, ha afirmado que sobre este accidente quedan "muchas cosas por aclarar" y ha defendido que una comisión de investigación contribuiría "en gran medida" a lograrlo, subrayando que se trataría de un organismo dedicado en exclusiva a "esclarecer las causas de un accidente concreto" y que, por lo tanto, sería diferente de la subcomisión parlamentaria, que estudiará la seguridad en el conjunto de la red. En la misma línea, UPyD ha considerado que la moción es oportuna y ha apoyado también la moratoria en la construcción de AVE. Compromí también ha anunciado que apoyará la moción y ha pedido una labor similar para el accidente del Metro de Valencia. Se están tomando medidas Por contra, la 'popular' María de la Concepción Santa Ana ha defendido que el Gobierno está tomando medidas "con rigor, seriedad, responsabilidad y urgencia" desde el primer momento tras el accidente, como las auditorías que se están realizando en toda la red, y ha subrayado que el sistema ferroviario español es seguro.     

El PP considera que el Gobierno ya está tomando medidas y considera la moratoria del AVE una "gravísima irresponsabilidad" Se ha mostrado convencida de que la subcomisión servirá para analizar la situación actual y proponer mejoras "con consenso" porque "ésa es la voluntad" de la ministra Pastor, y también ha asegurado que el Gobierno mantiene una colaboración "máxima y diligente" tanto con la Justicia como con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.     

Finalmente, ha rechazado la moratoria del AVE, afirmando que se trata de "una gravísima irresponsabilidad porque lanza un mensaje intranquilizador a los ciudadanos de que esas líneas pueden no estar ejecutándose correctamente". 


"Pero la planificación, ejecución y explotación de esas líneas responden a todas las prescripciones técnicas que exige la UE", ha zanjado. Por su parte, Rafael Simancas, del Grupo Socialista, ha afirmado estar de acuerdo con los objetivos de Izquierda Plural, aunque discrepa de los métodos propuestos, ya que cree que se debe dar al menos "una oportunidad" a la subcomisión parlamentaria para arrojar resultados. Además, ha preguntado a De las Heras si han preguntado sobre la moratoria del AVE a sus compañeros andaluces, asturianos o murcianos, que reclaman alta velocidad en sus regiones. CiU y PNV han coincidido al rechazar una comisión de investigación mientras esté abierta la investigación judicial y en su apuesta por la alta velocidad, aunque "con racionalidad" y priorizando los proyectos de más utilidad económica y social para el país.
FUENTE

EL PSOE PAGA 10 MILLONES POR UN CUADRO DE GOYA QUE NO VALE NI LA MITAD


El PSOE pagó 10 millones de euros por un óleo de Goya que no vale ni la mitad


El portavoz socialista en el Senado, Marcelino Iglesias. (EFE)
El Gobierno aragonés, presidido entonces por el actual portavoz socialista en el Senado y ex número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, pagó 10 millones de euros en 2006 por un cuadro de Francisco de Goya que no vale ni la mitad de esa cantidad, según han reconocido a El Confidencial varios tasadores y expertos en patrimonio artístico. "Es una auténtica barbaridad", sostienen fuentes del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte.
La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) asegura que el Retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga, que Goya pintó en 1783, "fue adquirido por más del doble de su valor real", y advierte que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue si hubo malversación de caudales públicos en la operación de compraventa del óleo.
El retrato lo compró en noviembre de 2006 la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), uno de los mayores centros logísticos de Europa, creada seis años antes por el Ejecutivo autonómico de Iglesias. El Gobierno aragonés es el accionista mayoritario (51,5%), y el resto de las participaciones se lo reparten el Ayuntamiento de Zaragoza (en aquella época también controlado por el PSOE) e Ibercaja. El cuadro está ahora a nombre de la Fundación Plaza, responsable de los "programas de responsabilidad social corporativa" de la plataforma logística.
Precisamente, el pasado lunes el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza levantó el secreto de sumario del llamado caso Plaza, en el que se investiga elpresunto desvío de más de 50 millones de euros en el proyecto de construcción de la plataforma logística. De momento hay cinco imputados por malversación, cohecho y blanqueo, entre ellos el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y dos directivos de Acciona, una de las empresas encargadas de las obras.
El caso de presunta corrupción fue destapado por un extrabajador de Acciona, que informó de las irregularidades al actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El pasado mes de mayo, el gerente denunció los hechos ante la Fiscalía Anticorrupción, que abrió de inmediato una investigación. Y en agosto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía practicó las primeras detenciones.
Obras similares
Según fuentes del Consejo Español de Peritos Tasadores de Arte, el precio del retrato de Goya adquirido por Plaza debería haber rondado los 2 millones de euros, no los 10 que se pagaron. Ese cálculo se basa en las operaciones de compraventa de obras de similares características (autor, formato, época...) en el mercado. En 2007, por ejemplo, la casa de subastas Sotheby's vendió por 1,7 millones el Retrato de la actriz Rita Luna, de Goya; y en 2009 el Retrato del príncipe Alois Wenzel von Kaunitz, también de Goya, por 1,4 millones.
El pasado mes de febrero, Sotheby's sacó a subasta el último retrato que el pintor aragonés hizo de su nieto preferido. Pero la puja más alta por el Retrato de Mariano Goya fue de 4,1 millones de euros, por debajo del precio mínimo establecido por el vendedor, por lo que el cuadro se quedó sin comprador. Finalmente fue adquirido, a comienzos de este mes, por el Museo Meadows de Dallas (EEUU), que no quiso desvelar el precio pagado.
El catedrático Arturo Ansón, que imparte Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza y está considerado uno de los mayores expertos en la obra de Goya, aseguró ayer a este diario que el precio del Retrato de Don Luis María de Borbón y Villabriga "es desorbitado y está claramente sobrevalorado". Y añadió: "No me cabe la menor duda de que se pagó por él mucho más de lo que se debería haber pagado". 
El cuadro fue encargado a Goya en 1783 por el infante Luis de Borbón, y a la muerte de este pasó a su viuda, María Teresa de Vallabriga. La última propietaria del retrato fue María del Rosario Álvarez de Toledo, quien encomendó su venta a la galería madrileña Caylus Anticuario, que hizo de intermediaria en la venta del óleo al Gobierno aragonés. Enrique Gutiérrez de Calderón, uno de los directores de Caylus, aseguró ayer a El Confidencialque los 10 millones pagados fueron "un precio correcto, porque el cuadro lo valía". 

LA COMISION EUROPEA MAS CERCA DEL PARAISO FISCAL DE GIBRALTAR


La Comisión Europea estrecha el cerco sobre el paraíso fiscal de Gibraltar

La Comisión Europea alberga "dudas graves" sobre sus posibles ventajas a algunas empresas

La pesquisa, anunciada por Almunia, responde a una denuncia de España de junio de 2012


La Comisión Europea quiere escudriñar a fondo el sistema fiscal de Gibraltar. Ya no se trata solo del procedimiento abierto este miércoles por las autoridades de Competencia —que se limita a estudiar la legalidad de las exenciones a ciertas rentas que generan las empresas—. En paralelo a la investigación formal que acaba de nacer, el departamento que encabeza el comisario Joaquín Almunia ha iniciado una inspección más amplia, por ahora de carácter informal, sobre la aplicación de las normas fiscales que ejercen las autoridades del Peñón. Como ya ocurrió con Holanda, Luxemburgo e Irlanda, los servicios de Competencia europeos han enviado a las autoridades británicas un cuestionario para que expliquen si Gibraltar ha llegado a acuerdos bilaterales con empresas para favorecer su tributación, según han confirmado a este periódico fuentes conocedoras del proceso.
La notificación recibida por Londres recuerda a la que envió la Comisión los pasados meses de junio y julio a Holanda, Irlanda y Luxemburgo. En estas misivas, las autoridades de Bruselas pedían explicaciones sobre las ventajas que estos tres países conceden a grandes multinacionales y que permiten que gigantes como Apple paguen en impuestos menos del 2% de sus ingresos.
Ahora el foco se amplía al territorio gibraltareño. Los dos procesos se hallan en una fase primigenia para analizar la ley del impuesto sobre la renta que Gibraltar aprobó en 2010. El primero, el que este miércoles recibió el visto bueno del Colegio de Comisarios, se inicia ahora concediendo el derecho a réplica de las autoridades afectadas. Terceras partes —como el Gobierno español o empresas afectadas— podrán exponer también sus argumentos. Este procedimiento, que nace a raíz de la queja planteada por España en junio del año pasado, podría derivar en la devolución de las ayudas que se consideren contrarias a la normativa comunitaria. En este momento de la investigación, el equipo de Almunia estima que la exención fiscal por intereses pasivos y rentas por cánones puede equivaler a una forma de ayuda estatal contraria a la ley, porque se separa del sistema general de impuesto de sociedades. Según interpretan en Bruselas, este aspecto podría suponer una ventaja especial para las empresas que generan este tipo de rentas.

El segundo procedimiento, por ahora con un carácter informal, observará de una forma más general la fiscalidad gibraltareña. Por una parte, Bruselas quiere analizar la forma en la que se está aplicando el principio de territorialidad, según el cual pagan impuestos todas las actividades derivadas de Gibraltar o acrecentadas ahí. La idea es examinar si se conceden ayudas de Estado contrarias a la legislación comunitaria. Por otra parte, en Competencia están interesados en la posibilidad de que las autoridades del Peñón hayan llegado a acuerdos bilaterales con determinadas compañías para atraerlas a cambio de pagar menos impuestos, tal y como se investiga en Irlanda, Holanda y Luxemburgo.
La Comisión niega que la apertura de la investigación formal esté relacionada con el aumento de la tensión entre España y Gibraltar. Al lanzamiento por parte del Peñón de bloques de hormigón en la bahía de Algeciras siguió la respuesta española de endurecer los controles fronterizos. “No hay ningún vínculo entre las dos cosas”, respondió el portavoz de Almunia, que dijo que la Comisión se ha limitado a seguir el procedimiento habitual.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, tildó de “magnífica noticia” la decisión de Bruselas de investigar a Gibraltar por su impuesto de sociedades. “Viene a compensar los esfuerzos que la diplomacia española lleva haciendo en este terreno durante mucho tiempo. Espero que termine con un procedimiento de infracción. Es decir, que se conmine a Gibraltar a acabar con un régimen que es claramente injusto y claramente perjudicial para las sociedades españolas”, dijo el ministro, según informa Efe. El Gobierno de Gibraltar, por su parte, dijo estar “satisfecho” con la investigación, ya que solo se refiere “a dos aspectos limitados” de su régimen fiscal de ayuda estatal a las empresas. “Se pueden adoptar medidas legislativas con rapidez con el fin de resolver los problemas que preocupan a la Comisión”, añadió.

50 JUECES DECIDIRAN LA PRIVATIZACION SANITARIA DE MADRID


50 jueces decidirán si se reactiva la privatización sanitaria en Madrid

El PSOE recusará al magistrado que presidirá el pleno por su relación con el PP

Martínez Tristán aspira a formar parte del Consejo del Poder Judicial


Un pleno de 50 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene en su mano el éxito o el fracaso del mayor proceso de privatización de la gestión sanitaria emprendido en España. La Comunidad de Madrid (PP) abrió un concurso para entregar a empresas la gestión de seis hospitales construidos en 2008, un plan que lleva paralizado cautelarmente desde el 11 de septiembre por decisión judiciala la espera de que haya sentencia firme. Lo que parecía el golpe definitivo a las intenciones del Gobierno regional —el fallo podía demorarse entre año y medio y dos años— acaba de dar un vuelco. El presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Gerardo Martínez Tristán, ha decidido concentrar todos los recursos en el pleno, bajo su presidencia.
La decisión, por tanto, depende ahora de los 50 magistrados que forman ese pleno, que con su voto —tienen solo uno, incluido el presidente— determinarán si se reactiva el proceso de privatización. Martínez Tristán acordó el 11 de octubre agrupar “todos los recursos existentes” al considerar que las resoluciones que ya han dictado dos secciones de la Sala (la tercera y la octava) “resultan o pueden resultar contradictorias”. La decisión afecta a los recursos ya en marcha y a los que se puedan presentar en el futuro.
El PSOE anunció ayer que va a recusar a Martínez Tristán porque considera que su relación con el Partido Popular le resta imparcialidad. Esta formación recordó que el magistrado está casado con una consejera del Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, actual titular de Fomento en este Ejecutivo y anteriormente alto cargo de la Comunidad de Madrid. Martínez Tristán también es, según subrayó ayer el PSOE, uno de los 55 candidatos entre los que el Congreso deberá elegir a los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes próximas al CGPJ, se trata de un magistrado “muy conservador”.
La sección tercera, en su auto de septiembre pasado, ordenó la suspensión cautelar del proceso de privatización de la gestión de los hospitales. Explicitó que se debía mantener la prestación sanitaria tal y como está hasta que haya sentencia, lo que podía suponer entre año y medio y dos años. Sin entrar en el fondo del asunto, apuntaba a irregularidades en el concurso de adjudicación. Estimaba así el recurso de la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, que había denunciado, entre otras cosas, que el Gobierno regional cambió las condiciones del concurso y redujo a casi una décima parte la garantía que deben depositar las empresas concesionarias (de 233 a 28 millones). La sección tercera afirmó en el auto que el cambio “supone una modificación sustancial de las condiciones” que “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.
La decisión de Martínez Tristán se produjo el 11 de octubre. No la podría haber tomado de no existir un auto fechado dos días antes en el que la sección octava de la misma Sala inadmite el recurso de Comisiones Obreras contra el proceso de privatización. Fue el propio tribunal, presidido por Inés Huerta Garicano, el que planteó la inadmisibilidad y finalmente acordó rechazar el recurso del sindicato, del que afirma que “ha errado el planteamiento procesal”.
Huerta Garicano es candidata a una vacante en la sala tercera del Tribunal Supremo y, según fuentes jurídicas, cuenta con el apoyo de los vocales conservadores. Expertos jurídicos consultados por este diario se han mostrado extrañados por la decisión del presidente de la sala. En primer lugar, señalan que la avocación a pleno (trasladar la competencia para resolver en un asunto desde un órgano jerárquicamente inferior a otro superior, en este caso, el pleno) es algo “inusual” en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por otro lado, consideran que las resoluciones de la sección tercera —la que ordenó paralizar el proceso hasta que haya sentencia— y la octava no son exactamente contradictorias.
Miguel Ángel Muga, abogado de AFEM, dijo ayer estar “sorprendido” porque se haya tomado la medida ahora, “justo cuando la sección tercera tenía que resolver los recursos de reposición que habían presentado la Comunidad de Madrid y las empresas concesionarias”, y no al principio de los procesos judiciales. “No nos parece adecuado, pero confiamos en lo que decidan los magistrados”, añadió. Muga considera que, en casos como este, en los que hay varios recursos con el mismo objeto tramitados por distintas secciones, “estos pueden acumularse, es decir, tramitarse todos juntos en la sección correspondiente, o debería tramitarse solo el primero y dejar en suspenso los demás hasta que se dicte sentencia”.
El acuerdo de Martínez Tristán se adopta en base al artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), según el cual “podrán ser llamados, para formar Sala, todos los magistrados que la componen, aunque la ley no lo exija, cuando el presidente, o la mayoría de aquellos, lo estime necesario para la administración de justicia”.
“Lo lógico sería que, por apariencia de conflicto de interés, o por conflicto de interés potencial, el presidente de la Sala se abstuviera de este asunto. No tanto por ser marido de quien es, que también, sino por depender de los votos del PP para sus aspiraciones profesionales”, señaló el portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire. “La Justicia no puede estar al servicio de un partido político”, afirmó el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez.
El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, consideró una “medida absolutamente imprescindible” la decisión de agrupar los recursos, en declaraciones remitidas por escrito a los medios. El presidente madrileño, Ignacio González, afirmó en la Asamblea de Madrid que la medida es “razonable”, que espera que “se resuelva todo de una vez” y señaló que algunas decisiones de los tribunales son “un exceso desde el punto de vista de su actuación”, ya que es a “la Administración a la que le corresponde decidir como organizar sus servicios”, informa EP.

EL JUEZ ABRE UNA VIA PARA QUE LOS EX-DIRECTIVOS DE LA CAM PAGEN DE SU BOLSILLO A LOS CLIENTES ESTAFADOS


Gómez Bermúdez abre una vía para que los exdirectivos de la CAM paguen de su bolsillo a los 'clientes estafados'

La Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas) espera que en diciembre concluya la instrucción del caso.

Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional

Los afectados por los títulos tóxicos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cada vez tienen más opciones de recuperar sus ahorros perdidos después de que el juez Gómez Bermúdez haya decretado el embargo de varios inmuebles de la antigua cúpula de la entidad a fin de garantizar las responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento penal que se instruye en la Audiencia Nacional.

En concreto, al expresidente de la CAM Modesto Crespo se le ha decretado el embargo de tres inmuebles y dos plazas de garage (Elche) y 600 acciones de Telefónica; al exdirector general Roberto López Abad, un inmueble en Alicante y otro en Madrid e inversión en deuda pública del estado; a la también directora general Dolores Amorós, un Garage y dos viviendas en San Vicente, cinco cuentas, obligaciones del Estado, dos planes de ahorro y dos planes de pensiones.

Al exdirector de la CAM Vicente Soriano se le embargan dos viviendas, dos plazas de garage y un trastero en Alicante, así como cuatro imposiciones de plazo fijo, tres cuentas corrientes, dos fondos de inversión, tres planes de pensiones, dos seguros y tres coches (Golf, Lexus y Toyota). Por último, a Teófilo Sogorb, que también ostentó este cargo, dos inmuebles urbanos en Alicante y otros dos en Biar, el 50% de seis cuentas y un Mercedes. 

Se trata de los bienes designados por los cinco miembros de la excúpula de la CAM imputados por su actuación en la entidad para hacer frente a la fianza solidaria de 35 millones de euros que les impuso el magistrado en junio.

En declaraciones a EL BOLETÍN, Carlos Pena, asesor de la Plataforma CAM (integrada por titulares de preferentes, subordinadas y cuotas participativas), ha señalado que estos bienes bloqueados ya darían “ampliamente” para cubrir los 13 millones de euros que reclaman los afectados para poder recuperar el 100% de sus ahorros.

Esta tarde la Plataforma CAM celebrará una reunión informativa en Alicante, en la que se informará a todos los afectados de la actualidad de estos asuntos. Si se cumplen los plazos que manejan los afectados, en diciembre se terminaría la instrucción del caso y posteriormente se celebraría la vista, que en principio se realizaría a través de un juicio rápido. 

Los juicios rápidos se aplican a los delitos castigados con pena de prisión que no exceda de cinco años, o con otras penas, como multa, arresto, privación del permiso de conducir vehículo a motor, prohibición de aproximarse a la víctima, etc. cualquiera que sea su cuantía, cuya duración no exceda de diez años, que se impongan como pena única, o bien conjunta o alternativamente”, según explica el Poder Judicial en su página web. 

Asimismo, es indispensable que se trate de un “delito flagrante” y que el proceso se inicie por un atestado policial y que la policía haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del juzgado de guardia o que, sin detenerla, la haya citado ante dicho juzgado en calidad de denunciada.

FUENTE