ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO RECHAZA IMPUTAR A URDANGARIN Y TORRES POR BLANQUEO DE CAPITALES

El juez Castro rechaza imputar a Urdangarin 

y Torres por presunto blanqueo de capitales

• La petición había sido cursada por el sindicato Manos Limpias
• Anticorrupción se opuso al considerar que ya habían sido interrogados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado imputar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste por unpresunto delito de blanqueo de capitales, una petición que cursó el sindicato Manos Limpias y a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción al alegar que todos ellos ya han sido interrogados por este supuesto ilícito.

Así lo ha acordado el juez mediante un auto dictado este martes, en el que desestima de este modo citarles de nuevo a declarar en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba la acusación popular.

El propio Torres se opuso a que tanto él como su esposa fuesen encausados por este motivo, contraponiendo la actuación de Tejeiro al papel ejercido por la Infanta Cristina al frente de Nóos y de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Aizoon, a través de 71 argumentos. El juez José Castro dio diez días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de Manos Limpias.

Presuntamente responsables de un delito de blanqueo

En concreto, Manos Limpias considera en el escrito que presentó que los tres imputadosson presuntamente responsables de un delito de blanqueo por cuanto se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.

Dinero que, según la letrada que representa al sindicato, "es fruto de presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude fiscal y falsificación documental, entre otros". Manos Limpias sostiene asimismo que habrían lavado los fondos que supuestamente habían defraudado antes a la Agencia Tributaria.

Después de que el juez instructor del caso Nóos diese diez días de plazo a las partes personadas para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la petición de la acusación popular, la defensa de Torres presentó un escrito en el que desvinculaba a sus patrocinados de un presunto delito de blanqueo y hacía hincapié, por el contrario, en los gastos personales en que habrían incurrido los Duques a través de Aizoon o la presunta mediación del rey don Juan Carlos en favor de iniciativas promovidas por Urdangarin.

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ESPAÑA: URDANGARIN SERA IMPUTADO POR 5ª VEZ DENTRO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El juez prepara la imputación de Urdangarin por un quinto delito de blanqueo de capitales

El juez estudia sumar una quinta acusación por blanqueo de capitales contra Iñaki Urdangarin a las ya planteadas de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude. El delito conlleva una pena de entre 6 meses y 6 años de cárcel y, por tanto, dinamita un acuerdo extrajudicial con una pena rebajada. 

Los cuatro delitos por los que el juez pretendía acusar a Iñaki Urdangarin pueden convertirse en cinco. Según han revelado aVozpópuli fuentes cercanas al magistrado, José Castro está investigando la posibilidad de acusar al duque de Palma de un quinto delito de blanqueo de capitales que conlleva penas de entre seis meses y seis años de cárcel, según el artículo 305 del Código Penal. La medida implica dinamitar cualquier posible negociación sobre un cumplimiento de penas voluntario ya que debería incrementar hasta en seis años de prisión el punto de partida de esa negociación a la que también deberían sumarse las acusaciones.

Castro analiza si Urdangarín actuó "para ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos"

El magistrado investiga si Urdangarín actuó para “ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos (…) y para ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes o propiedad de los mismos”. El juez intenta determinar si –aunque la figura del blanqueo se introduce con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio—los fallos del Tribunal Supremo que ya habían fijado doctrina jurisprudencial antes de esa fecha permiten sostener la acusación de blanqueo de capitales".

Castro quiere analizar no sólo la jurisprudencia del Supremo sino también las pruebas que obtenga en la indagación que ha hecho en torno a ocho cuentas bancarias de Urdangarin. Castro tomará esa decisión tras el análisis de los movimientos bancarios que ha pedido que le remitan Caixabank, a la que ha solicitado información sobre cuatro cuentas y otras cuatro entidades: Banco Santander, Privat Bank Degroof, Caja Araba Eta Gazteiko Aurreski y Citibank.

Las penas crecen, las posibilidades de pacto disminuyen

La medida tiene una consecuencia jurídica inmediata: dinamita la posibilidad de que se alcance un acuerdo extrajudicial o pacto de conformidad en los términos negociados en 2013, que implicaban que Urdangaríi aceptaría una sanción inferior a los cuatro años de prisión. Ahora, en lugar de los 15 años de prisión que suman los otros cuatro delitos de los que se le acusa (prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos) Urdangarin se enfrentaría a sanciones de hasta 21 años de cárcel. Una rebaja de 16 años de pena sería inaceptable no sólo para la propia Fiscalía Anticorrupción sino también y, sobre todo, para las acusaciones populares cuyo visto bueno es imprescindible para ese acuerdo.

De hecho, la acusación popular ejercida por Manos Limpias ha sido, precisamente, la que pidió la imputación por el delito de blanqueo de capitales con el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es de perfecta adaptación, “no produciéndose una aplicación retroactiva de una ley penal desfavorable, toda vez que la reforma legal que introdujo dicha ley, lo que vino a hacer no fue otra cosa que confirmar la doctrina que jurisprudencialmente ya venía admitiéndose del autoblanqueo”, argumenta la abogada Virginia López Negrete en un escrito remitido al magistrado. 

EL "QUINTO ELEMENTO" DE LA ACUSACIÓN

El "quinto elemento" en el que trabaja Castro por "blanqueo de capitales" se suma a los otros cuatro delitos a los que la Fiscalía Anticorrupción ha dado su apoyo. Esas cuatro figuras delictivas daban lugar a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Tanto el juez como el Fiscal respaldaban las siguientes acusaciones:

• Prevaricación: El juez y la fiscalía acusan a Urdangarin de negociar con los gobernantes del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que violaron los procesos de adjudicación previstos por la ley y por los que el yerno del Rey ingresó a dedo 5,8 millones de euros. Esa adjudicación irregular convertiría a Urdangarín en corresponsable de esa prevaricación.
• Fraude a la Administración: Iñaki Urdangarín y Diego Torres facturaron presuntamente a través del instituto Noos trabajos ficticios para justificar esas adjudicaciones. Esa facturación de servicios inexistentes fundamenta la acusación.
• Falsedad documental. Los dos socios falsearon presuntamente contratos, fechas y servicios facturados al Instituto Nóos por empresas de su propiedad con las que traspasaron fondos de la compañía a sus cuentas particulares. La documentación del sumario avala la acusación de falsedad.
• Malversación de caudales públicos: Buena parte de los 5,8 millones de euros conseguidos fueron desviados a las cuentas particulares de Diego Torres e Iñaki Urdangarín. El enriquecimiento derivado de ese traspaso constituye, según la Fiscalía, el delito de “malversación de caudales públicos”. 

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ESPAÑA: LA FISCALIA DE SUIZA ALERTO SOBRE EL SENADOR FCO., GRANADOS (PP) SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES

acumuló 1,5 millones en el país helvético

Otro 'delfín' con cuenta en Suiza

Francisco Granados se suma a los altos cargos del equipo de Esperanza Aguirre con una cuenta en Suiza. Según la información que la justicia suiza remitió a la española, la abrió en BNP Paribas Ginebra en 1999, cuando era alcalde de la localidad sureña de Valdemoro (70.000 habitantes), y ha llegado a acumular 1,5 millones de euros. El propio Granados admitió ayer que la tuvo entre 1996 y 2000, cuando ya se dedicaba a la política. Su caso no es excepcional entre las filas populares de la capital. Guillermo Ortega, el que fuera alcalde de Majadahonda, y Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y Hacienda, también escondieron parte de su riqueza en la ciudad helvética.

Las sospechas cercan a destacados miembros del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Todos, además, están relacionados con Aguirre, queabandonó la Real Casa de Correos en septiembre de 2012 alegando motivos personales y que ayer pidió sin piedad a Granados que dé las pertinentes explicaciones sobre la procedencia de ese dinero. Francisco Granados utilizó su nombre y apellidos para abrir la cuenta en Suiza. No se sirvió de testaferros ni sociedades interpuestas, como se suele hacer en estos casos. Se escuda en que tener una cuenta en Suiza no es un hecho delictivo en sí mismo.

El foco de la investigación se pone en las adjudicaciones de obras y servicios y recalificaciones de suelo aprobadas durante su único mandato como alcalde de Valdemoro, de 1999 a 2003. En la localidad donde Granados consiguió su primer triunfo político, es vox populi que, en su etapa como máximo dirigente local, “era habitual pedir comisiones a las empresas que conseguían contratos de obras públicas”, aseguran a El Confidencialfuentes internas del consistorio. De hecho, el primer ingreso en la cuenta suiza lo hizo a los pocos meses de empezar la vida pública.  

Anteriormente, Granados había sido analista de la Bolsa de Madrid,ejerció de consejero en la eléctrica francesa SNET y Caja Madrid. El mismo año que dejó la alcaldía de su pueblo natal puso el primer pie en la Asamblea de Madrid como diputado. Es el único puesto que conservó cuando Aguirre lo destituyó fulminantemente como secretario general del PP tras las elecciones de 2011.

Eterno rival de Ignacio González

Una vez que Esperanza Aguirre conquistó la Real Casa de Correos en las elecciones más polémicas celebradas en la Comunidad de Madrid, Granados presidió la comisión del ‘tamayazo’, el caso de transfuguismo político que aupó a Esperanza Aguirre a la cúspide de la región. Granados ocupó por primera vez un cargo de peso en la Comunidad con Esperanza Aguirre, que lo nombró consejero de Transportes.

Tras una agria disputa con Ignacio González, que ayer pidió explicaciones al acusado, Granados se hizo con la secretaría general del partido en 2004. En aquellos años también acumuló la cartera de Transportes y la de Presidencia, agrandando su cuota de poder en la Real Casa de Correos y acercándose cada vez más al núcleo más íntimo de Aguirre. El recelo entre los dos hombres más cercanos de la presidenta por apartar al otro del lado de la lideresa acabó en un enfrentamiento personal. En 2009 se aireó que Granados había sido quien encargó a expolicías y exguardias civiles realizar escuchas y trabajos de inteligencia a miembros del Gobierno regional y del Ayuntamiento de Madrid. Entre los espiados salieron los nombres de Ignacio González, actual presidente de la Comunidad; Manuel Cobo, entonces vicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada,el consejero de Justicia al que él sucedió.  

David Marjaliza, un empresario de la construcción amigo de Francisco Granados desde la infancia, fue la persona que supuestamente pagó el informe sobre Ignacio González elaborado por la agencia de espías Método 3 y que fue encargado en el verano de 2006. Así al menos lo atestiguan las facturas de la agencia, que revelan seis pagos del constructor entre 2007 y 2008 a través de su empresa Servicios Logísticos e Inmobiliarios. Marjaliza abonó 223.000 euros.

El descenso a los infiernos de Granados

Aguirre nombró a Granados consejero de Presidencia, Justicia e Interior tras las elecciones de mayo de 2011. Nada más revalidar la mayoría absoluta, lo destituyó como consejero y lo mandó al Senado, un cargo que aún mantiene. La secretaría general del partido madrileño pasó a manos de Ignacio González y Granados se quedó como diputado raso en la Asamblea. Tras la salida de Aguirre de la Real Casa de Correos, fue González y no Granados quien heredó la presidencia de la Comunidad. 

De las sospechas de corrupción en el núcleo duro del PP de Madrid no se libra ni el propio presidente regional madrileño, Ignacio González, a quien se le señala por la compra supuestamente ilegal de un ático de lujo que posee, junto con su esposa, Lourdes Cavero, en Málaga. De momento, la única imputada es su mujer. La única urgencia para Aguirre y los suyos es prevenir que el frente judicial no derive en una imputación de González, ya que se vería forzado a dejar la presidencia, lo que provocaría una fuga mayor de votos en Madrid. Entonces habría que ocupar la interinidad que dejaría el delfín de Esperanza hasta mayo de 2015. Y es ahí donde aparece el nombre de Lucía Figar, consejera de Educación, con escaño en la Asamblea, buena imagen y moderna, 39 años, valorada en Génova. También cuenta con la simpatía de Mariano Rajoy. Pero no sería suficiente para que el presidente la colocase en la cabeza de la lista electoral.

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ATENCIONNNNN URUGAY DESTAPA UN BLANQUEO DE 4 MILLONES DE EUROS DE BARCENAS

Uruguay destapa un blanqueo de 4 millones de euros de Bárcenas

El juez Néstor Valetti citará a los responsables de las sociedades que supuestamente realizaron las transacciones, a quienes considera testaferros del extesorero del PP

Las investigaciones sobre la fortuna de Luis Bárcenas, que llegó a reunir 48 millones de euros en Suiza, están dando frutos también fuera de Europa. Un juez uruguayo, Néstor Valetti, ha estimado probado, indiciariamente, que Luis Bárcenas blanqueó más de cuatro millones de euros a través de testaferros en las sociedades anónimas Brixco, Tesedul, Rumagol, y Limed.

El juez, especializado en la lucha contra el crimen organizado,  ha acordado citar a declarar a los titulares de estas cuatro sociedades anónimas, que utilizó el ex tesorero del PP para realizar transferencias de dinero.

En este sentido, el diario uruguayoEl Observador adelanta que, de acuerdo al juez Néstor Valetti, el antiguo tesorero del PP transfirió unos 800.000 euros con Tesedul, creada el 11 de diciembre de 2008 y presidida por el empresario argentino Patricio Bel, uno de los presuntos testaferros de Bárcenas, que según los registros argentinos, era propietario de la sociedad argentina La Moraleja junto con el hijo del extesorero del PP Ángel Sanchis Herrero,también imputado en el caso Gürtel.

En el marco de una causa abierta en Uruguay por la que se investiga los fondos que Bárcenas envió a Montevideo, el juez Valetti citará a Bel para tomarle declaración indagatoria por presunto lavado de dinero.

El argentino figura también detrás de Rumagol, tal y como queda reflejado en los archivos de laDirección General de Registros (DGR) uruguaya. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que lleva el caso Bárcenas desde España, intentó en marzo de este año que el HSBC de Nueva York congelara las cuentas de esta empresa fantasma, pero Estados Unidos informó que las cuentas de esta sociedad habían sido clausuradas un mes antes.

El juez Ruz también pidió por entonces información sobre Brixco, otra de las sociedades uruguayas involucradas con las que se transfirieron 3 millones de euros. En el auto de procesamiento, el magistrado indicó: “El destino de la mayor parte de fondos trasvasados por Bárcenas fue la entidad HSBC de Nueva York, concretamente a las sociedades Brixco (tres millones de euros) y La Moraleja (dos millones)”.

Para el magistrado español, ambas sociedades son “propiedad de Ángel Sanchis Herrero, hijo de Ángel Sanchis Perales [extesorero del PP de 1982 a 1987 y amigo personal de Bárcenas]”. En los registros uruguayos, en cambio, figuran como presidentes de la sociedad Brixco Autín Martínez y Juan Santiago. Los dos también también serán citados por el juez uruguayo. Ambos ya declararon ante el departamento de combate al Crimen Organizado de la Policía de Uruguay.

Según adelantó la revista uruguaya Brecha el pasado 6 de septiembre, los tres millones de euros que fueron transferidos del HSBC a Brixco fueron retirados en una sucursal de Montevideo. A través de una cuarta sociedad, Limed, Bárcenas pudo haber transferido 370.000 euros.

El Observador también indica que la Justicia investigará además a las instituciones bancarias con las que se realizaron las transferencias, dado que no se ha cumplido con la legislación vigente que previene el lavado de dinero. De entrada, ninguna entidad bancaria ni la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central informaron sobre los movimientos de dinero que se hacía a través de estas cuatro sociedades vinculadas a Bárcenas.

El magistrado Valetti también indagará sobre el posible vínculo entre el antiguo tesorero del PP y el vicepresidente argentino Amado Boudou, investigado por enriquecimiento ilícito.

El juez Ruz solicitó el pasado mes de julio a Uruguay el bloqueo de todas las cuentas del extesorero en dicho país sudamericano y también las abiertas a nombre de la sociedad Tesedul. En un auto, Ruz justificó su decisión en las transferencias que, según la investigación, el extesorero ha venido realizando desde que estalló el caso en 2009. La investigación realizada por el juez uruguayo ha corroborado, indiciariamente, las transferencias sospechosas por hasta 4 millones de euros.

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SE PRESENTA INBLAC, LA UNICA ASOCIACION EN ESPAÑA DE EXPERTOS EN PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

Se presenta INBLAC, la única asociación 

en España de expertos en prevención de 

blanqueo de capitales

El próximo viernes, 18 de octubre, tendrá lugar la presentación del Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC), asociación pionera en España formada por docentes universitarios, profesionales e investigadores que desarrollan su actividad en esta materia. El acto tendrá lugar a las 11:30 en el Colegio de Abogados de Barcelona y será retransmitido en directo por videostreaming.

Los miembros de su junta directiva, Gregorio Labatut, presidente de honor y doctor en ciencias económicas y empresariales; Juan Carlos Galindo, presidente ejecutivo y consultor empresarial; Víctor Altimira, vicepresidente ejecutivo y socio fundador de ENATIC y Francisco Bonatti, secretario ejecutivo y socio fundador de Bonatti Defensa Penal, analizarán cómo cambiará el panorama en la lucha contra el blanqueo de capitales ante las recientes novedades legislativas.

La normativa vigente, del 2010, cuyo reglamento está aún por aprobar tras recibir las alegaciones de INBLAC a finales de septiembre, establece unas veinte categorías de sujetos obligados, sectores económicos que por su actividad podrían verse implicados, sin saberlo, en tramas de blanqueo, como son los despachos de abogados, asesorías, joyerías o el sector de las antigüedades y artículos de lujo. INBLAC tiene como misión concienciar a estas empresas de su vulnerabilidad y de la necesidad de implementar programas de prevención de blanqueo de capitales para evitar exponerse a duras sanciones.

La presentación de INBLAC se enmarca en la celebración de la jornada ‘Despachos de abogados y blanqueo de capitales’, que organiza Bonatti Defensa Penal, bufete especializado en Derecho penal, Prevención de blanqueo de capitales y Propiedad intelectual.

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LA INFANTA ACORRALADA CON OTRA ACUSACION POR BLANQUEO

La acusación estrecha el cerco sobre la Infanta con otra acusación por blanqueo

La próxima imputación de la infanta Cristina de Borbón sobrevuela desde hace días tras el último informe de la Agencia Tributaria que confirma que la hija del Rey gestionó los movimientos de la empresa Aizoon, titularidad al 50 por ciento junto a su marido Iñaki Urdangarin, uno de los principales imputados en el ‘caso Nóos’. Mientras que el fiscal general del Estado ha dejado claro que no hay indicios para imputar a la Infanta, la acusación va a pedir de nuevo su imputación.

El sindicato Manos Limpias va a pedir al juez José Castro en los próximos días que impute de nuevo a Cristina de Borbón por un delito de blanqueo de capitales. Según fuentes de esta acusación, los últimos informes de Hacienda constatan que quien manejaba Aizoon era la hija de Don Juan Carlos. Era ella quien se encargaba de firmar contratos de alquiler ficticios, hacer contratos falsos de trabajadores y utilizar la Visa de la empresa.

De los últimos datos estas acusación concluye que Cristina gestionaba Aizoon mientras que su marido hacía lo propio con el Instituto Nóos, por lo que está actualmente imputado.

Sin embargo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, mantiene que no hay nuevos datos para sostener una imputación de la Infanta. “Desde el Ministerio Público no se está dando un trato de favor a la hija del Rey por ser quien es ni se ha dado ninguna orden directa al fiscal del caso para que se oponga a su imputación”. El representante de Anticorrupción se opuso frontalmente a la decisión de Castro de imputar a la infanta, recurso que fue admitido por la Audiencia Provincial de Palma al entender que no hay indicios de que Doña Cristina fuera conocedora ni participe de los negocios presuntamente delictivos de su marido.

Cuando la Audiencia Provincial ordenó a Castro retirar la imputación de la esposa de Urdangarin como cooperadora necesaria de todos los delitos cometidos por su marido le dejó una puerta abierta para volver a imputarla si encontraba algún delito fiscal. Desde entonces, el instructor no ha cesado hasta que la Agencia Tributaria ha encontrado movimientos de la Infanta sospechosos. Desde entonces, Castro ha realizado varias diligencias relacionadas con la hija del Rey.

La pasada semana dictó una providencia para investigar las salidas de fondos de seis cuentas de Aizoon, que habrían recibido elevadas cantidades de dinero del entramado Nóos. Así, ha requerido a la Agencia Tributaria que solicite a tres entidades bancarias información sobre los movimientos registrados en esas cuentas.

Fuentes conocedoras del caso sostienen que la próxima pronunciación del juez sobre la posible imputación de la Infanta puede ser inminente. Castro quiere darse prisa en adoptar una decisión antes de que se intente adoptar otra maniobra para quitarle el caso como ocurrió cuando hace unas semanas la Fiscalía Anticorrupción solicitó que se inhibiera de la totalidad del asunto al Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El Ministerio Público utilizó una estrategia para quitarle el caso al sostener que había indicios suficientes de criminalidad contra la alcaldesa y el ex presidente valenciano, Rita Barberá y Francisco Camps, por aprobar contratos a dedo a Nóos, y al ser estos aforados, el TSJCV debía asumir la totalidad de la causa. Sin embargo, la jugada no salió como estaba previsto al rechazar el tribunal la causa al entender que no había indicios de delito contra los dirigentes de su comunidad autónoma.

La acusación está dispuesta a querellarse contra el fiscal anticorrupción en Palma y la Audiencia Provincial balear por un delito de prevaricación si vuelven a oponerse a la imputación de la Infanta cuando ha quedado constatado, según esta acusación, que Aizoon es una empresa instrumental para defraudar a Hacienda y doña Cristina era dueña al 50 por ciento.

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