LOS 10 MINISTROS DE PP Y PSOE QUE SE VENDIERON A FLORENTINO PEREZ POR 3.700 MILLONES DE EUROS

Los diez ministros de PP y PSOE que se vendieron a Florentino Pérez por 3700 millones de €

Diez ministros de PP y PSOE han otorgado a la empresa ACS-ESCAL-UGS, propiedad de Florentino Pérez, la concesión del “proyecto Castor”, una megalómana obra hidráulica frente a las costas mediterráneas de Cataluña y Comunidad Valenciana. La contrata es por 30 años, ha costado 1700 millones de euros, la construye ACS y el Estado la paga a razón de 250 millones anuales. Los beneficios son para Florentino, al que hay que indemnizar con 3700 millones como “lucro cesante” si la obra se suspende o la contrata se rompe y el Estado no lo denuncia por fraude en los estudios sismológicos aportados. Son un ejemplo de las numerosas concesiones públicas que se han suscrito en España y, al tiempo que han arruinado al país, hacen ricos a los que las firman. Y ahora hay que “cargar” con Castor, a pesar de que ha provocado 200 terremotos en Castellón y Tarragona a causa de las inyecciones submarinas de gas, que también paga el Estado por la vía ciudadana. Es el temido “fracking”, que está provocando protestas en todo el mundo. Estos son los diez ministros de PP y PSOE que han ayudado a Florentino a ganar 3700 millones de euros en el país de Europa con la energía más cara. ¿A cambio de qué?

Josep Piqué

Josep Piqué (1996 (PP): otorgó el primer permiso para el “proyecto Castor” mediante real decreto firmado el 6 de septiembre de 1996. Fue la “única solicitud presentada” y requería la “realización de diferentes estudios (incorporando los datos sísmicos disponibles en el Campo de Amposta”. El estudio sismográfico aparece en el primer contrato y es de obligado cumplimiento, aunque no fue capaz de prever que las inyecciones de gas iban a producir 200 seísmos. Políticos y técnicos del Ministerio de Industria aceptaron el edulcorado informe de ACS-ESCAL-UGS que la realidad se ha encargado de desmentir y hoy Piqué es consejero delegado y vicepresidente segundo de la constructora OHL (Villar Mir). Cuando se hizo rico, se divorció y se casó con la joven y ambiciosa periodista cercana al PP, Gloria Lomana, que de simple redactora fue meteóricamente ascendida a directora de informativos de Antena 3.

Anna Birulés

Anna Birulés (2000-2002 (PP): La que fuera presidenta del Consorcio para la Promoción Comercial de Cataluña (COPCA), bajo las ordenes del director general de Industria de la Generalidat, Josep Piqué, fue “recomendada” por este último para que asumiese las competencias de Industria como ministra de Ciencia y Tecnología porque él iba a ocupar la cartera de Exteriores. Estuvo dos años en el cargo hasta que regresó Piqué tras su sonado fracaso en Exteriores. Tras guardarle la silla y abandonar el cargo, Birulés atravesó la “puerta giratoria” de la administración y se hizo rica: el ex presidente socialista Felipe González la fichó como consejera de Tagua Capital, sociedad de capital-riesgo que administraba su fortuna. También fue secretaria general del Banco de Sabadell, consejera del Banco Mediolanum, de la aseguradora Pelayo, de Segur Ibérica (Mónica de Oriol) y presidenta del Grupo Laborsalus Gestión y del fondo de inversión Finaves, impulsado por la escuela de negocios IESE, vicepresidenta de la inmobiliaria Renta Corporación, directora general de Retevisión, secretaria general de Banco Sabadell y de consejos de administración de varias empresas del sector financiero como SMP-4B o la sociedad rectora de la Bolsa de Barcelona.

José Montilla

José Montilla (2004-2006 (PSOE). Elaboró el Plan Energético Nacional 2005-2011 que incluye Castor entre sus prioridades. Tuvo en sus manos un sondeo de ACS que revelaba que el proyecto Castor era peligroso a causa de “la porosidad de la roca por la presencia de procesos kársticos, así como la altísima capacidad de movilidad de fluidos en su interior, aspectos claves para el almacenamiento”. El citado sondeo geológico, denominado Castor-1, fue realizado entre diciembre de 2004 y enero 2005, fechas en las que el ministro de Industria era Montilla. Su secretario general de Energía, Antonio Fernández Segura, firmó la primera prórroga para el proyecto junto al director general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE. Como anécdota que supone una irónica mueca del destino, Montilla protagonizó un “sketch” del grupo humorístico catalán “Polonia” con el título de “El Castor”, animal que utilizó como mascota para poder eternizarse como líder del PSC-PSOE en Cataluña pero que a la postre resultó fatídico. El ex presidente de Cataluña ocupa hoy un plácido y bien remunerado escaño de senador, donde suele vegetar tres días a la semana durante tres semanas de cada mes.

Narbona y Borrell

Cristina Narbona (2004-2008 (PSOE). La ministra de Medio Ambiente aprobó una resolución ministerial del secretario general de su departamento, Arturo Gonzalo Aizpiri, en la que dice que tras haber estudiado “las medidas protectoras y correctoras indicadas por el promotor y las condiciones que se establecen en la presente resolución, no se deduce la posible existencia de impactos ambientales significativos que aconsejen someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”. Hija de dos conocidos periodistas del franquismo que fueron corresponsales en Italia (Francisco Narbona y María Francisca Ruiz Cortés), toda su vida política ha estado subida a un coche oficial: viceconsejera de la Junta de Andalucía (1982), directora del Banco Hipotecario, directora general de la Vivienda, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, diputada “cunera” por Almería (1996), concejal en el Ayuntamiento de Madrid (1999), diputada por Madrid (2004), ministra de Medio Ambiente (hasta 2008) y embajadora de España ante la OCDE. Pareja sentimental del también ministro y consejero de la constructora Abengoa, José Borrell, hoy ambos disfrutan de su millonaria fortuna y pensión como jubilados en un lujoso chalet del oeste de Madrid.

Folgado y Rato

Rodrigo Rato (2003-2004, PP). El que fuera vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, ordenó al secretario de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, José Folgado, y a la directora general de Política Energética y Minas, cuyo nombre se oculta en el BOE, que firmaran una orden ministerial en la que avalasen la salida del proyecto de “España Canadá Resources” para dárselo a ACS-ESCAL-UGS. Cuando esto ocurrió, Aznar acababa de nominar a Rajoy como sucesor en el PP con gran enfado de Rato, que al menos consigue colocar como ministro al castellonense Juan Costa, responsable de energía y del proyecto Castor como titular de Ciencia y Tecnología.

Joan Clos

Joan Clos (2006-2008, PSOE): El ministro de Industria en la primera legislatura de Zapatero dejó preparado el “decreto Castor” antes de abandonar el cargo. El texto lo firmaría Miguel Sebastián el 16 de mayo de 2008, solo 36 días después de acceder al sillón ministerial, aunque posteriormente se entregaría con un furor inusitado a darle cobertura política, legal y financiera al proyecto. Aunque no es diplomático sino anestesista, Joan Clos recibió como premio el cargo de embajador en Turquía y Azerbaiyán. Ahora ha desaparecido de la escena pública, pero está localizado en Nairobi (Kenia), donde reside como alto cargo de la ONU. Es un puesto de ejecutivo similar al de las ex ministras “Bibi” Aido y Leire Pajín, que compraron su cargo en la sede de la ONU en Nueva York gracias a las millonarias subvenciones que les otorgaron previamente. Anteriormente, Clos estuvo 24 años subido a un coche oficial, 15 como concejal y 9 como alcalde de Barcelona.

Zapatero y Sebastián

Miguel Sebastián (2008-2011, PSOE): el ministro de Industria de Zapatero firmó el “decreto Castor” que otorgaba la concesión durante 30 años y además pagó 1.273 millones de euros de las arcas públicas a ACS-ESCAL-UGS. Sebastián también le regaló a Florentino Pérez, propietario de la empresa, una cláusula mediante la cual si Castor fracasaba, serían los ciudadanos quienes asumirían los costes: “En el caso de que se produzca la anulación o extinción de la presente concesión y se efectúe el desmantelamiento de las instalaciones previa autorización, los costes prudentes en que se incurra se reconocerán como retribución de la empresa concesionaria, salvo en caso de dolo o negligencia grave imputable a la misma”.

Por fortuna, el Estado prevé en sus leyes que “en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria”. Si además se acreditara que se ocultó el riesgo sísmico de la zona, “la extinción de la concesión se producirá sin perjuicio de las sanciones a que dieran lugar las causas que la provocan”.

Antonio Hernández García

El decidido apoyo de Sebastián a Castor tuvo su continuidad con una orden ministerial de su director general de Política Energética y Minas, Antonio Hernández García, por la que otorga “autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública”  a Castor. El ministro autorizó además que fuera la propia empresa de Florentino la que contestara a las alegaciones y quejas por el proyecto: “Concluido el periodo de información pública de 20 días, se recibieron diversas alegaciones e informes de organismos y administraciones afectadas que fueron debidamente contestadas por «Escal Ugs, S.L.».

En consecuencia, el jefe de la dependencia del área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Castellón (cuyo nombre se omite en el BOE) “informó favorablemente el expediente de la adenda de cara a continuar con la tramitación del expediente, mediante informe de 30 de diciembre de 2009″. El propio Sebastián llevó al Consejo de Ministros otra orden de noviembre de 2010 sobre Castor que lo define como “pilar fundamental de nuestro sistema gasista” y “considera procedente otorgar a esta infraestructura categoría A Urgente, teniendo como fecha estimada de puesta en marcha el año 2011″.

El sultán Al Burtamani

Sebastián concedió además “autorización administrativa” y “reconocimiento de utilidad pública” a Enagás para que construyese las canalizaciones del proyecto. El consejero delegado de Enagás es Marcelino Oreja Arburúa, hijo del político del PP del mismo nombre, que tiene como socios al propio Estado vía SEPI y al Sultan Hamed Khamis Al Burtamani, a propuesta de Oman Oil Holdings Spain S.L.

Anteriormente, esta empresa pública fue privatizada y cayó en manos de Gas Natural, cuyo consejero es el ex presidente del Gobierno Felipe Gonzalez (130.000 euros anuales), quien dimitió del Consejo de Doñana un mes antes de que se autorizara a su empresa a perforar el Parque Natural. Sebastián también redactó otro real decreto de “artículo único” por el que “se otorga a Escal UGS, S.L. la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo de gas natural denominado “Castor”.

Marcelino Oreja, padre e hijo

Decretos del ministro Miguel Sebastián sobre Castor:
Decreto número 1 del ministro Miguel Sebastián sobre Castor

Decreto número 2 del ministro Miguel Sebastián sobre Castor

Decreto número 3 del ministro Miguel Sebastián sobre Castor

Decreto número 4 del ministro Miguel Sebastián sobre Castor

Elena Espinosa

Elena Espinosa (2008-2010 PSOE). La ministra de Medio Ambiente en la segunda legislatura de Zapatero autorizó el “proyecto Castor” con varias decisiones. Su secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera Rodríguez, firmó una resolución ministerial por la que “teniendo en cuenta todo ello, y a propuesta de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (el nombre del director general se oculta en el BOE), no se observa que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos, por lo que resuelve no someter el referido proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.Espinosa adjudicó ocho contratos, entre 2004 y 2008, a Rodman Polyships SAU, la empresa naviera para la que trabajó entre 1998 y 2004 como directora financiera y adjunta a la presidencia. La suma total de estas adjudicaciones asciende a 11,8 millones de euros.

Carmen Chacón (2008-2011 PSOE). La ministra de Defensa de Zapatero encargó en octubre de 2008 al teniente general Pedro Bernal Gutiérrez, director del Centro Nacional de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), un informe titulado “La crisis energética y su repercusión en la Economía, Seguridad y Defensa Nacional”, que coordinó el general de división del Ejército del Aire, Guillermo Velarde Pinacho. En ese texto, José Luis Díaz Fernández, catedrático de la Escuela de Ingenieros de Minas (UPM) y el abogado del Estado, Mariano Martín Rosadocatalogan Castor como un proyecto de “carácter estratégico”.

El ministro Soria y Fernando Martí Scharthausen

José Manuel Soria (2011-2013 PP). Su secretario de Estado de Energía, Fernando Martí Scharfhausen, firmó la orden ministerial por la que el Estado, “establece el procedimiento de subasta para la adquisición de gas natural destinado al nivel mínimo de llenado” del proyecto Castor. Esto significa que el erario público y los contribuyentes pagarán el gas inicial que la planta de la empresa ACS-ESCAL-UGS necesita. Su director general de Política Energética y Minas, Jaime Suárez Pérez-Lucas, otorgó la capacidad del proyecto Castor mediante otra resolución que modifica la compra de gas por parte del Estado que había firmado Sebastián, para darle una mayor “flexibilidad”.

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ACCIONA EN UN SERIO APRETO JUDICIAL POR EL DESFALCO MILLONARIO DE ZARAGOZA

El desfalco millonario de Zaragoza Plaza pone a Acciona en un serio aprieto judicial

Dos certificaciones de obra fraudulentas firmadas después de la modificación del Código Penal de 2010, que permite imputar penalmente a empresas, amenaza a la compañía de los Entrecanales, que ya tiene dos directivos encausados.

El supuesto desvío de millones de euros de dinero público de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) amenaza con salpicar de modo muy directo a la principal empresa de la UTE que participó en su construcción: Acciona. La existencia de dos certificaciones de obra sospechosas fechadas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal de diciembre de 2010 que permite la imputación de personas jurídicas amenaza con convertir a la empresa de los Entrecanales en algo más que un mero espectador en el sumario: estar imputada en un caso en el que ya están encausados dos de sus directivos, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Según fuentes conocedoras de la investigación, el análisis de la documentación incautada que están realizando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía será clave para determinar el 'futuro' judicial del grupo empresarial en el escándalo.

Hasta el momento, las investigaciones han detectado el desvío de 10 millones de euros, aunque en la denuncia se habla de una cantidad ocho veces superior

Hasta el momento, las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas. El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.

A raíz de ésta, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que desembocó el pasado 14 de agosto en una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.

Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. De hecho, en el sumario ya constan facturas de 80.000 euros pagados por obras realizadas supuestamente por una empresa de las hijas de uno de los implicados que, sin embargo, no tiene nada que ver con la construcción: se dedica a la enseñanza de niños pequeños. Además, han aparecido otras que suman más de un millón de euros emitidas por una empresa de automoción por trabajos que nada tienen que ver tampoco con su actividad mercantil. Sin embargo, la principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.

Un parking no hecho

Según los datos en poder de este diario, una de esas certificaciones de obra sospechosas se refiere a la construcción en una parcela de un parking para un hipermercado que al final no se instaló y que, como reconoció uno de los imputados, García Becerril, fue firmada como realizada pese a que no era así. La segunda se refiere, según las fuentes consultadas, a unas obras de saneamiento que ni siquiera se iniciaron. El exgerente de la plataforma logística aseguró ante el juez que era él quien plasmó las rúbricas en dichos documentos para que la UTE, en la que participaba Acciona, pudiera cobrar de la empresa pública, pero recalcó que lo hacía siempre a partir de los informes que emitían en su reunión de los lunes José María Jordán -al que sustituyó el otro directivo cuando la empresa de los Entrecanales destinó a aquel a Brasil- y los otros dos imputados en la causa.

Según fuentes conocedoras de los pormenores del sumario, si se confirmase que Acciona no tuvo la diligencia debida en el control de los dos directivos imputados, la empresa como persona jurídica podría ser imputada por malversación de caudales públicos. Una condena por este delito le impediría seguir contratando con laAadministración. Sin embargo, otras fuentes creen que la persona jurídica que podría resultar finalmente afectada por la acción de la Justicia sería la UTE en la que participaba mayoritariamente la compañía. Hasta ahora, como adelantó este diario el pasado 21 de septiembre, la conocida empresa se ha empleado a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados. De hecho, la compañía controlada por la familia Entrecanales presentó en el juzgado un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas que impuso a sus empleados el magistrado para devolverles el pasaporte y que ambos pudieran regresar a Brasil y Colombia, donde trabajan ahora para la compañía. 

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EL PP OCULTA LA IDENTIDAD DEL ENCARGADO DE BORRAR LOS ORDENADORES DE BARCENAS

El PP oculta la identidad del encargado de borrar los ordenadores de Bárcenas

Javier Barrero: "Yo no soy el responsable de informática del PP desde febrero de 2011".

El PP se niega a identificar a su actual jefe de informática. Eldiario.es ha podido confirmar por fuentes no oficiales que se trata de José Manuel Moreno, a quien nadie ha citado para dar explicaciones ante la justicia.

El Partido Popular oculta la identidad del empleado a quien se encargó el borrado de los ordenadores de Luis Bárcenas. Esa actitud podría haber llevado al juez Ruz a un claro error en la instrucción del 'caso Bárcenas' al investigar a la persona equivocada en relación con los equipos informáticos a cargo del extesorero y la valiosa información que en ellos se alojaba.

El PP ha permitido que el magistrado dé por hecho que el exjefe de informática de la formación, Javier Barrero, fue quien manipuló los discos duros en varias ocasiones. En un auto del 19 de septiembre Ruz identifica a Barrero como "la persona responsable de los servicios informáticos del Partido Popular en el periodo en el que Luis Bárcenas Gutiérrez fue gerente y tesorero de esta formación política. Intervino, además, en el "volcado" o trasvase de los datos contenidos en el ordenador marca Toshiba al ordenador marca Apple".

Sin embargo, el exjefe de informática del PP lo niega todo: ni ayudó a Bárcenas a sacar información, ni colaboró con el PP en su destrucción.

"Esos ordenadores no han pasado por mis manos", señala Barrero en declaraciónes a eldiario.es. En conversación telefónica Barrero afirma tajante: "Yo no soy responsable de informática desde febrero de 2011". Eldiario.es se ha puesto en contacto con el PP para preguntar quién es su jefe de informática. El partido de Rajoy y Cospedal ha declinado ofrecer este dato y tampoco quiere responder sobre las personas a quienes se encomendó la destrucción de los archivos informáticos del extesorero. Tampoco se sabe quién dio la orden ni el motivo.

Fuentes no oficiales del partido han confirmado a esta redacción que el responsable actual de informática en Génova 13 responde al nombre de José Manuel Moreno, persona a quien nadie ha citado judicialmente y que, en caso de ser el responsable último de la destrucción del material digital del extesorero, se encuentra por el momento a salvo de cualquier pesquisa judicial. Sin embargo, el PP se niega a confirmar si esta identidad se corresponde con la persona a quien en febrero de 2011 pusieron a cargo del departamento de "proyectos transversales", sustituyendo en sus funciones al hasta entonces jefe de informática. 

Mientras tanto, Barrero se enfrenta a la querella presentada por una de las acusaciones en la que se le señala como presunto responsable de un delito de encubrimiento. La querella presentada por el observatorio DESC se basa en el auto en el que el propio Ruz le señalaba como la persona de la que Bárcenas se sirvió para extraer información de sus ordenadores antes de abandonar la sede de Génova 13.

Borrados tras el ingreso en prisión de Bárcenas

El PP completó el borrado de los ordenadores de Bárcenas el pasado 3 de julio, seis días después del ingreso en prisión de Luis Bárcenas. La operación se produjo con nocturnidad, tal y como aclararon los expertos informáticos de la policía que certificaron en su informe que el borrado se efectuó entre las 21:14 y las 21:44 de aquella noche. Ese informe policial pone de relieve que María Dolores de Cospedal no dijo la verdad en sede judicial el pasado 14 de agosto cuando afirmó que los ordenadores seguían "custodiados" en las oficinas del PP. Contrariamente a lo dicho por la número dos del PP ante Ruz, esos ordenadores habían sido ya destruidos al menos un mes antes.

El juez Ruz ha decidido trasladar a los juzgados de Plaza de Castilla la investigación sobre la posible destrucción de pruebas por parte del PP y de Bárcenas. 

¿Qué motivo empuja al PP a ocultar la identidad de su jefe de informática? El propio Barrero señala que "a mí también me gustaría saberlo". Este experto informático lleva trabajando para el PP desde 1963. Ante las acusaciones que pesan sobre su persona afirma: "No me preocupa lo más mínimo. Tienen que buscar en otro sitio".

Barrero reconoce haber tenido una relación cercana con Luis Bárcenas e incluso recuerda que "yo le enseñé a encender un ordenador". Sobre el extesorero tiene buenas palabras: "No sé si robó o no, eso lo tienen que juzgar otros, pero en el trato personal conmigo siempre ha sido un caballero". Cuestión distinta es cuando se le pregunta si ayudó a Bárcenas a volcar datos comprometidos desde un portátil Toshiba a otro de la marca Apple. "En absoluto", responde cuando se le pregunta sobre ese particular.

Otro dato destacado que ofrece el exjefe de informática del Partido Popular es que Bárcenas seguía visitando la sede en enero de este año. En conversación con esta redacción afirma que "a Bárcenas dejé de verle a finales de enero de este año. Me encontraba con él con frecuencia, pero solo en la sede del partido". Para entonces, ya había trascendido que Bárcenas tenía una ingente cantidad de dinero oculto en Suiza.

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DOCUMENTO: EL JUEZ SE CARGA DE INDICIOS PARA IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA

El juez Castro se carga de indicios para 

imputar a la infanta Cristina

El juez cuenta con tres informes que prueban que la hija del rey tuvo acceso al dinero negro que acumuló su marido

Un error en la información remitida por La Caixa impidió que los investigadores llegaran antes a esa conclusión

El empedrado camino para la imputación, por primera vez en la historia, de un miembro de la familia real española pareció este miércoles allanarse de forma inesperada. El juez José Castro cuenta ahora con un nuevo argumento para interrogar como imputada a Cristina de Borbón: tres informes prueban que la hija del rey tuvo acceso al dinero que obtuvo ilícitamente su marido, Iñaki Urdangarin. Con menos indicios, Castro dictó hace seis meses un auto citando a declarar a la infanta como imputada en el 'caso Nóos'.

El pasado 30 de septiembre, los servicios jurídicos del BBVA enviaban al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un informe sobre la actividad de una tarjeta de crédito de la mercantil Aizoon a nombre de Doña Cristina de Borbón. La relevancia el uso de esa tarjeta radica en su titular, la empresa que poseen a partes iguales los duques de Palma, y que, según la investigación, sirvió para esconder parte de los fondos obtenidos irregularmente por Iñaki Urdangarin a través del Instituto Nóos, una ONG que obtuvo 5,8 millones de los Gobiernos del PP en País Valencià e Illes Baleares por apenas hacer nada. Con esa tarjeta, Cristina de Borbón pagó en restaurantes, compró flores y adquirió los libros de texto de sus hijos, entre otros usos.

La defensa de Cristina de Borbón mantiene que los manejos de Urdangarin eran ajenos a la infanta, incluidos los referentes a Aizoon, a pesar de que la infanta era dueña de la mitad de la empresa y aparecía como titular en la cuenta de constitución de la sociedad, allá por 2003. La Audiencia Provincial de Palma suspendió el 7 de mayo la citación a la hija del rey, pero dejó la puerta abierta a que fuera en un futuro imputada por fraude a Hacienda y blanqueo de capitales. En su auto, los jueces dejaban un recado al Ministerio de Hacienda: su investigación sobre el papel de Cristina de Borbón presentaba “zonas oscuras”. Pero un mes después, el departamento que dirige Cristóbal Montoro insistió en que los únicos responsables del entramado delictivo eran Urdangarin y Diego Torres. Con esa taxativa afirmación dejaban fuera a la infanta y anulaban el argumento del exsocio del duque de Palma, resumido en "si mi mujer está imputada, ¿por qué la de Iñaki no?".

Los informes sueltos

Pero eso no fue suficiente para quebrar la determinación del juez Castro, que ya caminaba en dirección opuesta al fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, con el que había ido de la mano desde el inicio del caso Palma Arena, la matriz de Nóos. En los últimos días, un nuevo indicio afloró entre los 10.000 folios de sumario. No se trataba de un informe adicional. La pista llevaba allí, entre los tomos, desde hacía tiempo. Se trata de un informe policial de 18 de junio de 2012 que contenía un análisis de los movimientos de una cuenta de Aizoon en el BBVA. Según ese apunte, a los pocos días de que Urdangarin dejara, solo formalmente, el Instituto Nóos, se produjo una salida de esa cuenta de 150.000 euros a una cuenta de La Caixa, en dos tiempos (125.000 más 25.000). Otro informe, este de marzo de 2012 y firmado por la Agencia Tributaria, decía que en esa cuenta figuraba como autorizada Cristina de Borbón. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía cruzó recientemente ambos informes y alcanzó un nuevo indicio de blanqueo: la infanta tuvo acceso al dinero negro. Un error de La Caixa en informar del número de cuenta impidió llegar antes a esa conclusión. Esa cuenta es la misma que utilizó la pareja para pagar la hipoteca suscrita por el préstamo de cinco millones para reformar Pedralbes, préstamos de su majestad al margen.

¿Ayudó a blanquear la infanta el dinero del delito? El juez aguarda nuevas conclusiones de la Agencia Tributaria y un informe de la Policía sobre el modo en que el matrimonio pagó la reforma y el mantenimiento del palacete de Pedralbes. Datos remitidos a finales de septiembre por los peritos al juez Castro apuntan a que el matrimonio cargó la reforma de la casa a la empresa que ocultaba el dinero negro.

¿Y el posible fraude a Hacienda? En ese mismo informe de la delegación catalana de la Agencia Tributaria apuntaba que Cristina de Borbón cobró de su propia sociedad, Aizoon, por el alquiler de Pedralbes. Con los datos aún por llegar, Castro decidirá en las próximas semanas si sienta a declarar ante él a la hija del rey.

Consulta parte de la documentación sobre el uso de cuenta corrientes de Aizoon por parte de la infanta

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ADMITIDA UNA QUERELLA POR PREVARICACION CONTRA LOS MIEMBROS DE LA COMISION SINDE

Admitida una querella por prevaricación 

contra los miembros de la 'Comisión Sinde'

• La Sección Segunda de la CPI contradice un sobreseimiento judicial
• Considera en un caso que enlazar a descargas es comunicación pública
• El mismo día de su resolución, un tribunal penal dictaba lo contrario
• El juez ordena que se entreguen las actas del expediente correspondiente

La llamada 'Comisión Sinde', encargada de decidir la comunicación y retirada de contenidos supuestamente 'piratas' a petición de los titulares de los derechos de autor, se enfrenta a una querella criminal acusada de prevaricación administrativa por haber dictado una resolución totalmente opuesta a una decisión judicial sobre el mismo caso, y casi simultáneamente.

El administrador del sitio web de enlaces Multiestrenos vio hace un mescómo, en un mismo día, la Justicia archivaba su caso al no considerar el enlace como comunicación pública -imprescindible, hasta ahora, para considerar delito esta actividad- y el Ministerio de Cultura resolvía lo contrario -es decir, que sí supone una vulneración de la propiedad intelectual- a través de una resolución de la Sección Segunda de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI), conocida como 'Comisión Sinde'.

Ahora, su abogado, David Bravo, ha anunciado que ha sido admitida una querella contra los miembros de la 'Comisión Sinde' por un delito de prevaricación administrativa.

Mediante un auto, el juez ordena entre otras diligencias que se entregue una copia del expediente tramitado por la Sección Segunda de la CPI. En dichas actas aparecerán los nombres de los funcionarios que firman la resolución, un dato que Bravo asegura que no aparece en la copia de la misma enviada a su cliente.

En cualquier caso, la querella ha sido interpuesta contra la persona que ejerce la presidencia de la Sección Segunda -Teresa Lizaranzu Perinat- y contra un total de ocho vocales, titulares y suplentes de los mismos. La identidad de los mismos, revelada por este diario hace un año, permaneció en secreto bajo el amparo, según el propio Ministerio, de la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Los argumentos

Según el texto de la querella, son muchas las sentencias que consideran que la actividad de enlazar no supone comunicación pública de contenidos (aunque existen algunas excepciones, como la sentencia de la Audiencia de Vizcaya que condenaba a los responsables de fenixp2p.com y mp3-es.com en 2011) y, por tanto, no es delito.

La querella explica además el origen de la 'Comisión Sinde', a la que describe como "un órgano creado expresamente para actuar contra páginas declaradas no infractoras de propiedad intelectual por los jueces y ello a base de interpretar y aplicar las mismas leyes de forma opuesta a estos".

La parte querellante sostiene que la resolución de la Comisión de Cultura es "arbitraria" y se contradice con resoluciones anteriores del mismo órgano. Alega que hasta la fecha se consideran a los sitios web de enlaces intermediarios, no infractores de la propiedad intelectual, siempre que no alojaran las obras. En este caso, re suele al revés: los enlaces son comunicación pública.

También destaca "la decisión de no suspender el procedimiento administrativo pese a que esa Comisión conocía que el el mismo hecho estaba siendo ya objeto de análisis en un juzgado con prioridad". Por último, recuerda que la propia Comisión, al saber que existía un proceso penal abierto, preguntó al tribunal si existía prejudicialidad pero dictó resolución sin esperar respuesta.

Por tanto, los argumentos de la parte querellante se resumen en que "la resolución de un juzgado se ha visto desautorizada en todos sus fundamentos el mismo día de su dictado por una resolución de un órgano administrativo y un ciudadano ha recibido de forma prácticamente simultánea dos resoluciones opuestas entre sí en todos los sentidos".

"Los hechos descritos tienen relevancia penal, al ser indicios serios de que sus protagonistas han dictado una resolución absolutamente arbitraria a sabiendas de su injusticia y sosteniéndola en argumentos absolutamente extravagantes", afirma el texto de la querella admitida a trámite.

Todo ello sucede a las puertas de una polémica reforma del Código Penal que cambiará sustancialmente el delito contra la propiedad intelectual y endurecerá su correspondiente castigo. La reforma, a punto de comenzar su tramitación parlamentaria, criminalizará con hasta seis años de cárcel la actividad de facilitar o enlazar a sitios de descarga no autorizada de contenidos protegidos por derechos de autor, con una notable excepción: los buscadores.

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ACS Y ESCAL HAN RECIBIDO DEL GOBIERNO 111,22 MILLONES POR EL CASTOR

ACS y Escal ya han recibido 111,22 millones del Estado por el Castor

El polémico almacén de gas Castor de Vinarós (Castellón) y que ha provocado cerca de 500 seísmos ya ha recibido ingresos del Estado a pesar de que hasta el momento de su paralización tan sólo estaba funcionando en pruebas porque no se completó la subasta del gas colchón de esta instalación.

Según consta en el folleto de la emisión de bonos por 1.400 millones para financiar este proyecto, los promotores de esta instalación ACS (66%) y Escal (25%) ya han recibido 111,22 millones en concepto de anticipos de las retribución.

El documento señala que esta partida se ingresa por las inversiones realizadas hasta 2010 y se restarán de la remuneración que se reconozca en caso de que el Gobierno no se decante por cesar de forma definitiva esta instalación que está provocando movimientos de tierra.

Rescisión de contrato

El folleto advierte a los inversores del riesgo de que el Ministerio de Industria apruebe una rescisión de la concesión. En tal caso, y siempre que no se demuestre fraude o negligencia, los promotores deberían ser indemnizados con cargo al sistema a través de las tarifas de gas.

No obstante, el documento señala que cabe la posibilidad de que no se reconozca al cien por cien la inversión realizada, ya que la cantidad recibida en concepto de indemnización puede variar, dependiendo de la razón por la que se rescinda la concesión. Precisamente, en este punto están trabajando los técnicos de Industria, que están a la espera de los resultados de la auditoría de la noruega DNV que se conocerá a finales de mes.

Pero el folleto deja claro que la indemnización no tiene por qué ser suficiente para cumplir con las obligaciones del crédito y con el vencimiento del mismo, donde BNP Paribas, Crédit Agricole, CaixaBank, Natixis, Santander y Société Géné- rale fueron las entidades colocadoras de la operación.

Además, el documento advierte a los inversores de la incertidumbre latente porque desde 2006 se ha modificado en varias ocasiones el régimen retributivo de esta instalación. En este sentido, incide en que los posibles desequilibrios entre los costes y los ingresos del sistema gasista y la posible generación. e déficit podría influir en la retribución de la instalación.

Por otro lado, la auditoría en marcha trata de justificar el encarecimiento de coste en los últimos años y que ha pasado de los 500 millones, hasta los 1.600 millones aunque posteriormente se rebajaron a 1.200 millones, según recoge el folleto. No obstante, los promotores han vuelto a elevar el coste del proyecto al solicitar 1.538 millones, al incluir 209 millones de intereses.

Además, el Gobierno puede denegar la autorización cuando lo considere de interés público hacerlo, aunque el documento no establece consecuencias específicas en el caso de cese por causa de fuerza mayor, aunque los promotores tienen pólizas de seguro para cubrir ciertos incidentes de fuerza mayor (como peligros naturales). Como posibles riesgos geológicos señala el posible estado de los pozos de Shell.

En este sentido, el folleto advierte de que no hay garantías de que dichas pólizas de seguro cubran las pérdidas sufridas por los promotores. Por el momento, si la instalación continúa parada podría ir a concurso al tener que atender el primer pago el 31 de diciembre.

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EL PRESIDENTE DE AFECTADOS POR LA HIPOTECA INTENTA SUICIDARSE

El presidente de Afectados por la Hipoteca en Pontevedra intenta suicidarse

El hombre se encuentra consciente y permanece ingresado en Urgencias del Hospital Montecelo

El presidente de Pontevedra de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Gonzalo de Francisco, permanece ingresado en Urgencias del Hospital de Montecelo tras un intento desuicidio con somníferos durante la pasada madrugada. El hombre, de 70 años de edad, permanece consciente.

Tras dos años de intentar solucionar su deuda con una entidad financiera por la hipoteca de su consulta de psicología y otra por la vivienda, nuevas dificultades le abocaron a esta dramática situación.

La "gota que colmó el vaso" se produjo en los últimos días, cuando tras percibir casi 1.800 euros en concepto de devoluciones de las retenciones de autónomos el banco lo habría invertido en la deuda de la consulta en vez de hacerlo en la casa, como era intención de la pareja que ya daba por perdido el negocio.

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El Constitucional avala que los jefes vigilen el correo de sus empleados

El tribunal legitima la vigilancia tomando como norma un convenio colectivo

La empresa sospechaba que el empleado pasaba información a la competencia

Los tribunales habían avalado, hasta ahora, que las empresas pudieran vigilar el correo electrónico que facilitan a sus trabajadores siempre que, previamente y a través de una circular, hubieran advertido del control al que podían estar sometidos y hubiesen alertado de la prohibición de utilizar los medios informáticos para fines ajenos a los laborales. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia que exime a los empresarios de realizar esa advertencia previa y toma como única referencia un convenio colectivo que prohíbe “la utilización de los medios informáticos propiedad de la empresa para fines distintos de los relacionados con el contenido de la prestación laboral”.

El Tribunal Constitucional considera que con esa advertencia el trabajador no podía tener “una expectativa fundada y razonable de confidencialidad respecto al conocimiento de las comunicaciones mantenidas por el trabajador a través de la cuenta de correo proporcionada por la empresa”. Así, considera que no se ha vulnerado ni su derecho al secreto de las comunicaciones ni su derecho a la intimidad. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala ese límite de “expectativa razonable de intimidad” para considerar que se ha vulnerado el derecho fundamental.

“Con esta nueva sentencia, el Constitucional se aparta de la doctrina que existía hasta ahora y utiliza el convenio colectivo como única advertencia a los trabajadores de la posibilidad de que su empresa les someta a ese control”, señala Esther Carrizosa, profesora de Derecho del Trabajo y experta en Derechos Fundamentales de los trabajadores en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Fuentes de UGT han señalado que si un convenio colectivo es suficiente para limitar ese derecho fundamental del secreto en las comunicaciones, la vigilancia sobre los correos electrónicos de los trabajadores se podría extender a todo el colectivo, ya que el Estatuto de los Trabajadores señala que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”. Carrizosa entiende, sin embargo, que el Estatuto de los Trabajadores es demasiado genérico para “legitimar la injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones”.

Los límites del derecho fundamental a la intimidad

• Los derechos fundamentales recogidos en la Constitución tienen límites. Unos pueden colisionar con otros y los tribunales determinan cuál prevalece. Para la intromisión en un derecho fundamental, la medida adoptada ha de cumplir unos requisitos de proporcionalidad que se enumeran en la nueva sentencia del Constitucional.
• El acceso a los correos fue “justificado”, puesto que su práctica “se fundó en la existencia de sospechas de un comportamiento irregular del trabajador”.
  E Fue una medida “idónea”, ya que con el control sobre las comunicaciones del empleado, la empresa pudo verificar que “el trabajador cometía efectivamente la irregularidad sospechada: la revelación a terceros de datos empresariales de reserva obligada”.
• “La medida podía considerarse necesaria”, esgrime el tribunal en su fallo “dado que, como instrumento de transmisión de dicha información confidencial, el contenido o texto de los correos electrónicos serviría de prueba de la citada irregularidad ante la eventual impugnación judicial de la sanción empresarial”, que fue el despido.
• Además, el copiado del disco duro del trabajador ha sido considerado por el Constitucional como una medida “ponderada y equilibrada” porque se realizó con garantías, a través de la intervención de perito informático y notario.

En el caso sentenciado por el Constitucional, Alberto trabajaba en una empresa del sector químico dedicada a la actividad químico-industrial de obtención de alcaloides (morfina, codeínas). La industria cultivaba la planta adormidera y, posteriormente, trataba la cosecha en sus instalaciones industriales.

El 17 de junio de 2008, la empresa requirió la presencia de un notario que certificara la copia del disco duro del empleado realizada por un técnico. En él se encontraron correos electrónicos en los que había transmitido todos los datos relativos a la previsión de la cosecha de 2007 y 2008 a otra entidad, lo que la empresa consideró una “conducta de máxima deslealtad”, por la que le despidió.

El control se extendió al teléfono móvil propiedad de la empresa. Sin embargo, el despido a Alberto solo pudo basarse en lo encontrado en su ordenador porque el convenio del sector no hace referencia al uso del teléfono, y, dado que no se establecieron previamente las reglas para su utilización, esas pruebas fueron rechazadas por ser contrarias a su derecho a la intimidad.

El caso es que Alberto había pasado información a la competencia y, aunque el uso del ordenador para fines ajenos al trabajo está penalizado en su convenio colectivo como una falta leve, fue despedido. Aún así, el fallo del Constitucional no entra a valorar lo que se encontró en los mensajes del trabajador sino el hecho de que se accediera a los mismos.

Luis Coll de la Vega, abogado laboralista que llevó el caso del demandante, lamentó ayer el fallo del Tribunal Constitucional. A su entender, la empresa —que carece de convenio específico— debería haber prohibido expresamente el uso del correo electrónico para fines particulares. “Hasta ahora yo pensaba, como muchos colegas, que era necesario un protocolo específico de la compañía en el que se notificaran cuáles son las normas, pero la sentencia remite al convenio sectorial”, explicó el letrado. “La mayoría de los trabajadores, ni lo conocen”, añadió.

Coll sostiene que el hecho de que en un convenio sectorial aparezca como falta leve el uso de las herramientas informáticas para fines no profesionales no debe dar lugar al despido del empleado, sino a que sea sancionado por haber incumplido dicha norma. “Además, aquí la cuestión no es simplemente si el conocimiento del contenido de los mensajes de mi cliente vulnera su derecho a la intimidad porque en ellos aparezcan datos de su vida personal, sino si la empresa puede acceder al correo. El Constitucional afirma que en este caso sí fue legítimo”, según el abogado. “Hasta donde yo sé, la mayor parte de convenios sectoriales no recogen la prohibición de emplear los medios informáticos para usos particulares. La normativa de Industrias Químicas es muy extensa, incluye dos o tres páginas de descripción de conductas sancionables”, considera Coll. “Como mucho, algunos convenios de empresa establecen que es falta grave la utilización de las herramientas de la compañía para uso particular, pero este punto se refiere normalmente al empleo de enseres que son propiedad de la empresa, no a la informática”, concluyó.

Los argumentos del Constitucional indican que la medida de acceder a los correos electrónicos del empleado cumplen los requisitos para su adopción. Y señala que la vigilancia de su comunicación fue justificada, idónea, ponderada y equilibrada.

El razonamiento del Tribunal

Atendidas las circunstancias del supuesto, frente a la alegación del recurrente, tampoco apreciamos que el acceso por la empresa al contenido de los correos electrónicos objeto de la controversia haya resultado excesivo o desproporcionado para la satisfacción de los indicados objetivos e intereses empresariales. Al respecto, a la luz de nuestra doctrina sobre el carácter no ilimitado del derecho a la intimidad en su colisión con otros intereses constitucionalmente relevantes, debemos recordar que ―para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres siguientes requisitos o condiciones: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)‖ (STC 96/2012, de 7 de mayo, FJ 10; o SSTC 14/2003, de 28 de enero, FJ 9; 89/2006, de 27 de marzo, FJ 3).

Aplicando similar razonamiento al seguido en nuestra STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 7, relativa a la instalación de un circuito cerrado de televisión en el lugar de trabajo, con igual conclusión a la allí alcanzada, ha de afirmarse aquí que el acceso por la empresa a los correos electrónicos del trabajador reunía las exigencias requeridas por el juicio de proporcionalidad. Se trataba en primer lugar de una medida justificada, puesto que, conforme consta en la sentencia de instancia, su práctica se fundó en la existencia de sospechas de un comportamiento irregular del trabajador. En segundo término, la medida era idónea para la finalidad pretendida por la empresa, consistente en verificar si el trabajador cometía efectivamente la irregularidad sospechada: la revelación a terceros de datos empresariales de reserva obligada; al objeto de adoptar las medidas disciplinarias correspondientes. En tercer lugar, la medida podía considerarse necesaria, dado que, como instrumento de transmisión de dicha información confidencial, el contenido o texto de los correos electrónicos serviría de prueba de la citada irregularidad ante la eventual impugnación judicial de la sanción empresarial; no era pues suficiente a tal fin el mero acceso a otros elementos de la comunicación como la identificación del remitente o destinatario, que por sí solos no permitían acreditar el ilícito indicado. Finalmente, la medida podía entenderse como ponderada y equilibrada; al margen de las garantías con que se realizó el control empresarial a través de la intervención de perito informático y notario, ha de partirse de que la controversia a dirimir en este recurso se ciñe a los correos electrónicos aportados por la empresa como prueba en el proceso de despido que fueron valorados en su decisión por la resolución judicial impugnada: en concreto, los relativos a datos sobre la cosecha de 2007 y 2008. No consta en las actuaciones que el contenido de estos mensajes refleje aspectos específicos de la vida personal y familiar del trabajador, sino únicamente información relativa a la actividad empresarial, cuya remisión a terceros, conforme a la sentencia recurrida, implicaba una transgresión de la buena fe contractual. De ahí que, atendida la naturaleza de la infracción investigada y su relevancia para la entidad, no pueda apreciarse que la acción empresarial de fiscalización haya resultado desmedida respecto a la afectación sufrida por la privacidad del trabajador. En consecuencia y como ya se ha indicado, una vez ponderados los derechos y bienes en conflicto en los términos vistos, este Tribunal considera que la conducta empresarial de fiscalización ha sido conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad.

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EE.UU. ARRESTAN A CONGRESISTAS QUE APOYABAN LA MANIFESTACION DE LA REFORMA MIGRATORIA

Arrestan a congresistas que apoyaban la reforma migratoria

Un grupo de ocho miembros del Congreso de EE.UU. fue arrestado hoy frente al Capitolio en un acto de desobediencia civil a favor de una reforma migratoria integral para la legalización de la población indocumentada en Estados Unidos.

Entre los arrestados están los demócratas Luis Gutiérrez (Illinois) y John Lewis (Georgia), cofundador del movimiento de los derechos civiles en la década de los sesenta; además de los congresistas por Nueva YorkCharles Rangel y Joe Crowly, el legislador por Arizona Raul Grijalva, y el representante por Minesota Keith Ellison, todos ellos también demócratas.

Los seis líderes delCongreso, entre más de un centenar de activistas, algunos de ellos sentados en la calle, se unieron a los actos de desobediencia civil dispuestos a ser arrestados en protesta por la falta de determinación de sus colegas de la Cámara de Representantes para aprobar un texto bipartidista.

Desde el mediodía, con consignas como "¡Sí se puede!" y "Se ve, se siente, el pueblo está presente", los activistas comenzaron a llenar el "Mall", el parque central entre el monumento a Washington y el Capitolio, ondeando banderas de Estados Unidos.

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Cierre del Gobierno afecta a numerosas familias en EE.UU.

La meta es denunciar nuevamente las rupturas de las familias inmigrantes enEstados Unidos debido a las deportaciones y exigir que elCongreso apruebe de una vez una reforma migratoria que legalice a los once millones de indocumentados en este país.

El acto de desobediencia civil fue la culminación de esta jornada de protesta en la que participaron miles de personas y que además incluyó un concierto gratuito de los artistas Lila Downs y la banda de música norteña mexicana Los Tigres del Norte.

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