EX-PROFESOR MULTADO DESPUES DE 120 DIAS APOSTADO EN EL PORTAL DE LA VIVIENDA DE LA CONSEJERA DE EDUCACION

Multado un exprofesor tras 120 días apostado ante el portal de la consejera de Educación en Zaragoza

La Delegación del Gobierno en Aragón ha multado a un exprofesor de instituto tras permanecer apostado dos horas diarías a lo largo de 120 días ante el portal de la casa de la consejera de Educación en Zaragoza, en protesta por la política educativa. Antonio Aramayona ha afirmado que "en principio, mi intención es no alegar y no pagar".

En la carta le indican que ha sido multado por "presunta responsabilidad en negativa a abandonar el portal de la consejera de Educación a requerimiento de los agentes denunciantes, el día 23 de octubre", y con un importe de 300,51 euros, según escribe en su 'diario de un perroflauta motorizado'.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de octubre, durante la jornada de huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes. La Policía solicitó a Aramayona que se retirase del portal porque "tenemos que montar un puesto de vigilancia".

El exprofesor de Filosofía ha señalado que enviará un escrito al delegado del Gobierno, Gustavo Alcalde, exponiendo sus motivos para permanecer en el portal de la consejera Dolores Serrat, "con la esperanza de convencerle hasta tal punto que el delegado mismo, racionalmente persuadido, acabe también en el portal con alguno de los carteles que gustosamente le prestaríamos".

Aramayona permanece desde hace cuatro meses dos horas diarias, de lunes a viernes, ante el domicilio de Serrat en una calle céntrica de Zaragoza y, con su silla de ruedas, se ha convertido en un punto de referencia al que acuden ciudadanos para saludarle o hacerse una foto con él y sus carteles que renueva periódicamente.
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ACCIONA EN UN SERIO APRETO JUDICIAL POR EL DESFALCO MILLONARIO DE ZARAGOZA

El desfalco millonario de Zaragoza Plaza pone a Acciona en un serio aprieto judicial

Dos certificaciones de obra fraudulentas firmadas después de la modificación del Código Penal de 2010, que permite imputar penalmente a empresas, amenaza a la compañía de los Entrecanales, que ya tiene dos directivos encausados.

El supuesto desvío de millones de euros de dinero público de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) amenaza con salpicar de modo muy directo a la principal empresa de la UTE que participó en su construcción: Acciona. La existencia de dos certificaciones de obra sospechosas fechadas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal de diciembre de 2010 que permite la imputación de personas jurídicas amenaza con convertir a la empresa de los Entrecanales en algo más que un mero espectador en el sumario: estar imputada en un caso en el que ya están encausados dos de sus directivos, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Según fuentes conocedoras de la investigación, el análisis de la documentación incautada que están realizando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía será clave para determinar el 'futuro' judicial del grupo empresarial en el escándalo.

Hasta el momento, las investigaciones han detectado el desvío de 10 millones de euros, aunque en la denuncia se habla de una cantidad ocho veces superior

Hasta el momento, las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas. El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.

A raíz de ésta, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que desembocó el pasado 14 de agosto en una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.

Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. De hecho, en el sumario ya constan facturas de 80.000 euros pagados por obras realizadas supuestamente por una empresa de las hijas de uno de los implicados que, sin embargo, no tiene nada que ver con la construcción: se dedica a la enseñanza de niños pequeños. Además, han aparecido otras que suman más de un millón de euros emitidas por una empresa de automoción por trabajos que nada tienen que ver tampoco con su actividad mercantil. Sin embargo, la principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.

Un parking no hecho

Según los datos en poder de este diario, una de esas certificaciones de obra sospechosas se refiere a la construcción en una parcela de un parking para un hipermercado que al final no se instaló y que, como reconoció uno de los imputados, García Becerril, fue firmada como realizada pese a que no era así. La segunda se refiere, según las fuentes consultadas, a unas obras de saneamiento que ni siquiera se iniciaron. El exgerente de la plataforma logística aseguró ante el juez que era él quien plasmó las rúbricas en dichos documentos para que la UTE, en la que participaba Acciona, pudiera cobrar de la empresa pública, pero recalcó que lo hacía siempre a partir de los informes que emitían en su reunión de los lunes José María Jordán -al que sustituyó el otro directivo cuando la empresa de los Entrecanales destinó a aquel a Brasil- y los otros dos imputados en la causa.

Según fuentes conocedoras de los pormenores del sumario, si se confirmase que Acciona no tuvo la diligencia debida en el control de los dos directivos imputados, la empresa como persona jurídica podría ser imputada por malversación de caudales públicos. Una condena por este delito le impediría seguir contratando con laAadministración. Sin embargo, otras fuentes creen que la persona jurídica que podría resultar finalmente afectada por la acción de la Justicia sería la UTE en la que participaba mayoritariamente la compañía. Hasta ahora, como adelantó este diario el pasado 21 de septiembre, la conocida empresa se ha empleado a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados. De hecho, la compañía controlada por la familia Entrecanales presentó en el juzgado un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas que impuso a sus empleados el magistrado para devolverles el pasaporte y que ambos pudieran regresar a Brasil y Colombia, donde trabajan ahora para la compañía. 

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UN COMANDO REVINDICA EL ATENTADO DE EL PILAR DE ZARAGOZA

El "Comando Mateo Morral" reivindica la 

colocación del artefacto del Pilar

El denominado «Comando Insurreccional Mateo Morral», el mismo que se atribuyó la colocación de un artefacto en la catedral de La Almudena de Madrid el pasado mes de febrero, ha reivindicado hoy la colocación ayer de un artefacto en la basílica del Pilar de Zaragoza.

Según han confirmado a Efe fuentes policiales, este grupo anarquista ha reconocido en las redes sociales que es el autor de la colocación ayer de una bombona de cámping gas junto al órgano de la basílica, que explosionó sobre las 13.45 horas causando daños materiales, pero ningún herido.

Se trata del mismo supuesto comando que el pasado 8 de febrero reivindicó la colocación, el día anterior, de un artefacto en La Almudena que fue retirado por la Policía sin que llegara a explotar y que contenía un detonador y cerca de 1.200 gramos de explosivo.

En un comunicado publicado por varias páginas web anarquistas, el «Comando Insurreccionalista Mateo Morral» afirma que «el objetivo del ataque explosivo es claro: dar caña (golpear) a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados».

«Demostramos que vuestras guaridas santificadas son vulnerables. Los cimientos de vuestro poder han temblado por los kilos de nuestra pólvora sacrílega que busca romper con vuestra paz cívica basada en muertos y personas encerradas por años en el talego (cárcel). Esto es la venganza», añadía.

El supuesto comando lleva el nombre del anarquista Mateo Morral Roca (1880-1906), responsable del atentado contra el rey Alfonso XIII y la Reina Victoria Eugenia el día de su boda el 31 de mayo de 1906.

Precisamente este intento de magnicidio fue cometido desde el número 84 de la calle Mayor de Madrid, muy cerca de la catedral de La Almudena.

Un mes después de la colocación del artefacto en La Almudena, el 12 de marzo, la Policía explosionó de forma controlada un artefacto junto a la Fiscalía de Madrid que contenía tres kilos de explosivo, y los investigadores apuntaron la posibilidad de que ambas acciones hubieran sido perpetrados por grupúsculos anarquistas conectados entre sí.

Los mismos grupos también podrían ser los autores del envío, en meses anteriores, de varios paquetes con explosivos a personas relacionadas con la iglesia, entre ellos dos «consoladores», con explosivos, remitidos al arzobispo de Pamplona y al director de un colegio de Madrid, que explotó en Correos.

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