ESPAÑA: ACCIONA ENCARGA LA VENTA DEL 49% DE LAS EOLICAS EN EMPRESAS EXTRANJERAS

Acciona encarga la venta del 49% de su negocio 

eólico en el extranjero

El grupo de infraestructuras y renovables Acciona ha encargado al banco de inversión Lazard que busque compradores para hasta el 49% de su negocio de energía eólica fuera de España, según ha informado a Reuters una fuente familiarizada con la situación.

De acuerdo con la fuente, varios bancos de inversión tiene en sus manos desde el pasado mes de diciembre el folleto para la venta de activos fuera de España con una potencia de 2.300 MW eólicos.

Estas plantas se corresponden con la práctica totalidad del negocio gestionado fuera de España por Acciona y se ubican, entre otros países, en EEUU, Australia, Canadá, Sudáfrica, México e India.

Acciona declinó hacer comentarios sobre la información al ser consultada por la agencia de noticias.

Según recoge el diario Expansión, Lazard es la firma encargada de mover la operación, que ya contaría con posibles interesados. En concreto, fondos como Ontario Teachers, Borealis, BTG Pactual y Adia ya habrían presentado una oferta no vinculante, de acuerdo con el rotativo.

De esta forma, la compañía sigue adelante con su política de desinversiones en eólica tras la reforma energética aprobada por el Gobierno, que implica un importante recorte en las primas al sector de las renovables. En función de la nueva normativa, el 37% de esta potencia instalada en España se quedará sin incentivos, siendo Iberdrola, ACS y la propia Acciona las empresas más afectadas, ya que cuentan en su cartera con instalaciones eólicas cuya puesta en marcha fue anterior a 2004.

Así, el pasado mes de diciembre Acciona vendía los 18 parques eólicos que tiene en Alemania, que suman 150,3 MW de potencia, al grupo Swisspower Renewables por 157 millones de euros.
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ACCIONA EN UN SERIO APRETO JUDICIAL POR EL DESFALCO MILLONARIO DE ZARAGOZA

El desfalco millonario de Zaragoza Plaza pone a Acciona en un serio aprieto judicial

Dos certificaciones de obra fraudulentas firmadas después de la modificación del Código Penal de 2010, que permite imputar penalmente a empresas, amenaza a la compañía de los Entrecanales, que ya tiene dos directivos encausados.

El supuesto desvío de millones de euros de dinero público de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) amenaza con salpicar de modo muy directo a la principal empresa de la UTE que participó en su construcción: Acciona. La existencia de dos certificaciones de obra sospechosas fechadas después de que entrara en vigor la reforma del Código Penal de diciembre de 2010 que permite la imputación de personas jurídicas amenaza con convertir a la empresa de los Entrecanales en algo más que un mero espectador en el sumario: estar imputada en un caso en el que ya están encausados dos de sus directivos, José María Jordán y Miguel Ángel Bretón. Según fuentes conocedoras de la investigación, el análisis de la documentación incautada que están realizando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía será clave para determinar el 'futuro' judicial del grupo empresarial en el escándalo.

Hasta el momento, las investigaciones han detectado el desvío de 10 millones de euros, aunque en la denuncia se habla de una cantidad ocho veces superior

Hasta el momento, las pesquisas policiales han conseguido documentar el desvío de cerca de diez millones de euros de la plataforma logística de Zaragoza, pero el volumen de facturas que aún queda por estudiar es tan elevado que los responsables de la investigación no dudan en que esta cifra se multiplicará al término de las pesquisas. El actual gerente de Plaza, Jesús Andreu, hermano del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, fue la persona que realizó la primera denuncia el pasado mes de mayo y la que aportó los primeros documentos del millonario fraude. Fue también él quien hizo una primera valoración del 'agujero' ocasionado presuntamente por las actividades de varios directivos de la propia empresa pública y de la UTE que participó su desarrollo: 80 millones de euros, un tercio de los cerca de 260 millones que costó finalmente la obra.

A raíz de ésta, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación que desembocó el pasado 14 de agosto en una operación policial en la que fueron detenidos el exgerente de la plataforma, Ricardo García Becerril, su director técnico, Miguel Ángel Pérez, y el ingeniero de la consultora contratada para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos, Nico Groeneveld. Además, se registraron una veintena de inmuebles, entre ellos las oficinas de la propia sociedad Plaza y un contenedor de obra donde se localizó ingente cantidad de documentación de las obras bajo sospecha. Poco después, el juez extendió la acusación a los dos directivos de Acciona. Los delitos de los que se acusa a los cinco imputados hasta ahora son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental continuada y blanqueo.

Los investigadores apuntan a que el supuesto desvío de dinero se produjo por cuatro vías diferentes: el cobro de trabajos de saneamiento no realizados, sobreprecios sobre otras obras sí realizadas, certificaciones fraudulentas y facturas falsas para cargar gastos inexistentes. De hecho, en el sumario ya constan facturas de 80.000 euros pagados por obras realizadas supuestamente por una empresa de las hijas de uno de los implicados que, sin embargo, no tiene nada que ver con la construcción: se dedica a la enseñanza de niños pequeños. Además, han aparecido otras que suman más de un millón de euros emitidas por una empresa de automoción por trabajos que nada tienen que ver tampoco con su actividad mercantil. Sin embargo, la principal amenaza para Acciona como empresa es mucho más concreta: las certificaciones de obras supuestamente expedidas por sus directivos y que, en al menos dos casos, se realizaron cuando la reforma del Código Penal ya hacía a las empresas responsable penal de los delitos de sus empleados si no hubieran ejercido sobre ellos el control debido o si la propia mercantil hubiera sido la principal beneficiada del fraude.

Un parking no hecho

Según los datos en poder de este diario, una de esas certificaciones de obra sospechosas se refiere a la construcción en una parcela de un parking para un hipermercado que al final no se instaló y que, como reconoció uno de los imputados, García Becerril, fue firmada como realizada pese a que no era así. La segunda se refiere, según las fuentes consultadas, a unas obras de saneamiento que ni siquiera se iniciaron. El exgerente de la plataforma logística aseguró ante el juez que era él quien plasmó las rúbricas en dichos documentos para que la UTE, en la que participaba Acciona, pudiera cobrar de la empresa pública, pero recalcó que lo hacía siempre a partir de los informes que emitían en su reunión de los lunes José María Jordán -al que sustituyó el otro directivo cuando la empresa de los Entrecanales destinó a aquel a Brasil- y los otros dos imputados en la causa.

Según fuentes conocedoras de los pormenores del sumario, si se confirmase que Acciona no tuvo la diligencia debida en el control de los dos directivos imputados, la empresa como persona jurídica podría ser imputada por malversación de caudales públicos. Una condena por este delito le impediría seguir contratando con laAadministración. Sin embargo, otras fuentes creen que la persona jurídica que podría resultar finalmente afectada por la acción de la Justicia sería la UTE en la que participaba mayoritariamente la compañía. Hasta ahora, como adelantó este diario el pasado 21 de septiembre, la conocida empresa se ha empleado a fondo en defender a sus dos ejecutivos imputados. De hecho, la compañía controlada por la familia Entrecanales presentó en el juzgado un aval de 8 millones de euros para hacer frente a las fianzas que impuso a sus empleados el magistrado para devolverles el pasaporte y que ambos pudieran regresar a Brasil y Colombia, donde trabajan ahora para la compañía. 

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EL HERMANO DEL PRESIDENTE DE ACCIONA, VENDIO LAS ACCIONES ANTES DEL DESPLOME, ¿INFORMACION PRIVILEGIADA?

El hermano del presidente de Acciona vendió en bolsa antes del desplome

• El día 11 de julio, 24 horas antes de la aprobación de la reforma, el consejero dominical de Acciona Daniel Entrecanales vendió en el mercado 44.225 acciones del grupo a 41,25 euros por acción.
• Acciona bajo el viernes 12 un 8,5%, y otro 8,1% el lunes siguiente. Los inversores deshicieron posiciones en masa ante la evidencia de que el grupo que preside José Manuel Entrecanales era el más afectado por la la reforma.

La reforma energética que va a pasar una onerosa factura de 2.700 millones de euros a las compañías del sector ha sembrado el terror antes y después de su aprobración. Los peores presagios se han cumplido para la mayoría de los grandes grupos energéticos del país, pero algunos de los consejeros y directivos de las compañías tomaron precauciones para evitar en lo posible el impacto del tsunami que se llevó 4.000 millones de capitalización bursátil en el sector en cuestión de horas.

Es el caso de Daniel Entrecanales Domecq. El día 11 de julio, 24 horas antes de la aprobación de la reforma, el consejero dominical de Acciona y hermano del José Manuel, el presidente del grupo, vendió en el mercado 44.225 acciones del grupo a 41,25 euros por acción. Una operación valorada en 1,8 millones de euros que le permitió escapar en gran parte -mantiene otro paquete de acciones igual- de la brutal caída sufrida por el valor.

Acciona bajo el viernes 12 un 8,5%, y otro 8,1% el lunes siguiente. Los inversores deshicieron posiciones en masa ante la evidencia de que el grupo que preside José Manuel Entrecanales era el más afectado por la la reforma. Acciona es dueña de algunos de los parqués eólicos con más antigüedad del país. El hecho de que el Gobierno vaya a penalizar su retribución de forma retroactiva convierte al grupo constructor y de servicios en la víctima número uno de la reforma.

La realidad es que Daniel Entrecanales Domecq vendió a 41,25 euros acciones que dos días después valían en el mercado 34,87 euros. Es decir, que 'salvó' alrededor de 300.000 con una operación que se puede considerar como de manual. La cotización del grupo ha reaccionado en los últimos días con sendas subidas del 3,5%, pero el valor sigue cotizando casi cinco euros por debajo del precio al que vendió el hermano del presidente.

El resto de los consejeros y directivos de Acciona ha aguantado a pie firme el desplome de la cotización, que sólo en lo que va de año ha perdido la tercera parte de su valor tocada y hundida por la incertidumbre regulatoria. Al cierre de 2009, el año en el el que el grupo vendió su 25% de Endesa a Enel, la acción de Acciona se situaba por encima de los 90 euros y el valor en bolsa alcanzaba los 6.000 millones. Ahora, apenas supera los 2.000 millones.

Mientras la compañía estudia acciones legales contra unas nuevas reglas del juego que se asestan un golpe posiblemente mortal a las primas renovables, los inversores profesionales cercan el valor en bolsa. Los valores prestados alcanzan ya al 10% del capital del grupo -una cifra sin precedentes en Acciona- y las posiciones cortas que apuestan por una caída del valor crecen en los últimos días.

El precedente de Martínez-Simancas

Como publicó Teinteresa.es el pasado día 17 de julio, otros hombre fuerte del sector eléctrico español movió ficha antes de la reforma. El 9 de de julio, tres días antes de que la reforma saliera a la luz, el secretario general y del consejo de Iberdrola, Julián Martínez-Simancas, vendió 50.607 acciones de la eléctrica a un precio de 3,98 euros por acción por algo más de 200.000 euros.

Con la operación, el hombre al que Sánchez Galán tiene encomendada toda la estrategia legal del grupo -su papel ha sido clave en los pleitos que han jalonado la batalla contra la ACS de Florentino Pérez- dio un paso más en su estrategia de vender títulos de la compañía a lo largo de una primera mitad de año marcada por la incertidumbre regulatoria. Con la reforma sobre la mesa, Iberdrola-que hoy presenta resultados- tendrá que reformular sus estimaciones de ingresos y beneficios y ya se verá si su política de dividendos.

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