DOCUMENTO: HACIENDA SE CORRIGE A SI MISMA PARA NO IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA

EL SEGUNDO INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA REMITIDO AL JUEZ CONTRADICE EL PRIMERO

Hacienda se corrige a sí misma para evitar imputar un delito fiscal a la infanta Cristina

Hacienda corrige su criterio original para evitar imputar un delito fiscal a la hija del Rey. En su informe original de 21 de junio apreciaba fraude en la "amortización acelerada" y "contratación ficticia" de personal por valor de 173.542,50 euros. En un segundo informe fechado en septiembre cambia de criterio, consiente esas desgravaciones y reclama sólo 258 euros. El fisco no explica el por qué del cambio de opinión.

La Agencia Tributaria corrige su propio criterio para evitar la imputación de un delito fiscal a la hija del Rey, la infanta Cristina de Borbón Es lo que ha hecho en el segundo informe sobre las actividades económicas de los Duques de Palma. El fisco permite al matrimonio que se desgrave gastos que antes no consideraba legales lo que evita exactamente que el presunto fraude supere los 120.000 euros, el límite que constituye el delito fiscal.

La consecuencia práctica y más inmediata del nuevo criterio es que la infanta Cristina queda al margen de toda responsabilidad. Con las nuevas cuantías reclamadas no se incurre en delito fiscal en ningún ejercicio pese a que en todos ellos se bordea esa cifra. Así se reclaman 99,787,19 euros en 2007; 91.101,95 en 2008; 71.073,46 euros en 2009 y una cifra mucho menor en 2010 que suma apenas 19.148,78 euros.

El cambio de criterio queda patente desde el año 2007. En suinforme original sobre movimientos fechado el pasado 21 de junio, Hacienda constataba que la “apariencia de nuevas contrataciones de personal era, en primer lugar, el aumento de gastos deducibles y la correlativa disminución de la base imponible del Impuesto de Sociedades”. Hacienda cifraba ese presunto fraude al fisco en aquel ejercicio en 173.542,50 euros, una cuantía que superaba el límite del fraude fiscal.

Sin embargo, en su segunda opinión después de que el juez requiriera al fisco que cuantificara exactamente la cuantía de lo defraudado año a año, la Agencia Tributaria corrige su dictamen anterior y considera legal la desgravación de personal ficticio. De hecho, en las liquidaciones que propone para saldar las cuentas con el fisco y pese a haber denunciado “irregularidades” por amortizaciones aceleradas que antes valoraba en más de 170.000 euros, ahora plantea que esa deuda se salde con un ajuste de 258,41 euros.

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El nuevo informe aplica ese mismo nuevo criterio a los ejercicios no prescritos desde el año 2007 hasta la actualidad.

Un criterio extendido y no explicado

El informe está fechado en la Delegación Especial de Cataluña y viene firmado por los mismos dos inspectores identificados como NUMA 20.251 y NUMA 14.928 que en casos anteriores. Sin embargo, la Agencia Tributaria no justifica en ningún momento del documento el cambio de criterios contables ni las razones que le han llevado a considerar inicialmente como “irregulares” ciertas amortizaciones y desgravaciones que ahora son consentidas en el informe de liquidaciones de Aizoon S.L.

Ese criterio más flexible se extiende no sólo a las amortizaciones presuntamente irregulares ni a las contrataciones que el propio fisco describe como “ficticias”. También se amplía a conceptos de “gastos generales” y “cargas sociales” que antes se denunciaban y que ahora desaparecen de los ajustes exigidos.

HACIENDA Y OTROS CRITERIOS SORPRENDENTES

La Agencia Tributaria está sorprendiendo a los tribunales con nuevos criterios que permiten desgravaciones prohibidas hasta ahora en casos políticamente sensibles.

El más destacado ha sido el llamado "caso Bárcenas" por el que Hacienda ha permitido al Partido Popular desgravarse las donaciones ilegales que ingresó en los últimos años a través de su ex tesorero.

Las conclusiones están provocando tal estupor entre las acusaciones que algunas de ellas han presentado ya informes periciales para denunciar que Hacienda “llega a la conclusión sorprendente de que la realización de una actividad ilícita, prohibida por el ordenamiento, puede dar lugar al disfrute de un beneficio fiscal”. Esa conclusión es calificada de “absurda” y “contraria a la voluntad del legislador”.

Sin ese criterio, también en el caso del Partido Popular se habría producido un delito fiscal y, por tanto, la imputación correspondiente.

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DOCUMENTO: EL JUEZ SE CARGA DE INDICIOS PARA IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA

El juez Castro se carga de indicios para 

imputar a la infanta Cristina

El juez cuenta con tres informes que prueban que la hija del rey tuvo acceso al dinero negro que acumuló su marido

Un error en la información remitida por La Caixa impidió que los investigadores llegaran antes a esa conclusión

El empedrado camino para la imputación, por primera vez en la historia, de un miembro de la familia real española pareció este miércoles allanarse de forma inesperada. El juez José Castro cuenta ahora con un nuevo argumento para interrogar como imputada a Cristina de Borbón: tres informes prueban que la hija del rey tuvo acceso al dinero que obtuvo ilícitamente su marido, Iñaki Urdangarin. Con menos indicios, Castro dictó hace seis meses un auto citando a declarar a la infanta como imputada en el 'caso Nóos'.

El pasado 30 de septiembre, los servicios jurídicos del BBVA enviaban al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma un informe sobre la actividad de una tarjeta de crédito de la mercantil Aizoon a nombre de Doña Cristina de Borbón. La relevancia el uso de esa tarjeta radica en su titular, la empresa que poseen a partes iguales los duques de Palma, y que, según la investigación, sirvió para esconder parte de los fondos obtenidos irregularmente por Iñaki Urdangarin a través del Instituto Nóos, una ONG que obtuvo 5,8 millones de los Gobiernos del PP en País Valencià e Illes Baleares por apenas hacer nada. Con esa tarjeta, Cristina de Borbón pagó en restaurantes, compró flores y adquirió los libros de texto de sus hijos, entre otros usos.

La defensa de Cristina de Borbón mantiene que los manejos de Urdangarin eran ajenos a la infanta, incluidos los referentes a Aizoon, a pesar de que la infanta era dueña de la mitad de la empresa y aparecía como titular en la cuenta de constitución de la sociedad, allá por 2003. La Audiencia Provincial de Palma suspendió el 7 de mayo la citación a la hija del rey, pero dejó la puerta abierta a que fuera en un futuro imputada por fraude a Hacienda y blanqueo de capitales. En su auto, los jueces dejaban un recado al Ministerio de Hacienda: su investigación sobre el papel de Cristina de Borbón presentaba “zonas oscuras”. Pero un mes después, el departamento que dirige Cristóbal Montoro insistió en que los únicos responsables del entramado delictivo eran Urdangarin y Diego Torres. Con esa taxativa afirmación dejaban fuera a la infanta y anulaban el argumento del exsocio del duque de Palma, resumido en "si mi mujer está imputada, ¿por qué la de Iñaki no?".

Los informes sueltos

Pero eso no fue suficiente para quebrar la determinación del juez Castro, que ya caminaba en dirección opuesta al fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, con el que había ido de la mano desde el inicio del caso Palma Arena, la matriz de Nóos. En los últimos días, un nuevo indicio afloró entre los 10.000 folios de sumario. No se trataba de un informe adicional. La pista llevaba allí, entre los tomos, desde hacía tiempo. Se trata de un informe policial de 18 de junio de 2012 que contenía un análisis de los movimientos de una cuenta de Aizoon en el BBVA. Según ese apunte, a los pocos días de que Urdangarin dejara, solo formalmente, el Instituto Nóos, se produjo una salida de esa cuenta de 150.000 euros a una cuenta de La Caixa, en dos tiempos (125.000 más 25.000). Otro informe, este de marzo de 2012 y firmado por la Agencia Tributaria, decía que en esa cuenta figuraba como autorizada Cristina de Borbón. El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía cruzó recientemente ambos informes y alcanzó un nuevo indicio de blanqueo: la infanta tuvo acceso al dinero negro. Un error de La Caixa en informar del número de cuenta impidió llegar antes a esa conclusión. Esa cuenta es la misma que utilizó la pareja para pagar la hipoteca suscrita por el préstamo de cinco millones para reformar Pedralbes, préstamos de su majestad al margen.

¿Ayudó a blanquear la infanta el dinero del delito? El juez aguarda nuevas conclusiones de la Agencia Tributaria y un informe de la Policía sobre el modo en que el matrimonio pagó la reforma y el mantenimiento del palacete de Pedralbes. Datos remitidos a finales de septiembre por los peritos al juez Castro apuntan a que el matrimonio cargó la reforma de la casa a la empresa que ocultaba el dinero negro.

¿Y el posible fraude a Hacienda? En ese mismo informe de la delegación catalana de la Agencia Tributaria apuntaba que Cristina de Borbón cobró de su propia sociedad, Aizoon, por el alquiler de Pedralbes. Con los datos aún por llegar, Castro decidirá en las próximas semanas si sienta a declarar ante él a la hija del rey.

Consulta parte de la documentación sobre el uso de cuenta corrientes de Aizoon por parte de la infanta

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EL JUEZ ACUMULA DATOS FISCALES PARA VOLVER A IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA

El juez acumula datos fiscales para volver a imputar a la Infanta

El magistrado José Castro intenta demostrar la participación de doña Cristina en la empresa Aizóon, con la que su marido, Iñaki Urdangarin, había defraudado al fisco

El juez José Castro, que investiga desde hace tres años el entramado de empresas con las que Iñaki Urdangarín cometió supuestamente varios delitos de corrupción, acumula datos fiscales de la infanta Cristinapara plantear una nueva imputación.

El juez Castro consideró en abril pasado que había indicios suficientes en la causa abierta por el denominadocaso Nóos para citar a la Infanta como imputada. El magistrado apuntaba que la infanta conocía los negocios irregulares de su marido y que ella misma era copropietaria de la empresa Aizóon, cuyos ingresos procedían mayoritariamente de los contratos que Urdangarin cerraba con administraciones públicas.

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca decidió dejar en suspenso la imputación de la Infanta. No obstante, señaló al juez el camino para argumentar de manera más sólida la investigación y, en su caso, la imputación por posible blanqueo de capitales a través de la participación de la infanta en la empresa Aizóon, con la que su marido había defraudado al fisco.

La Agencia Tributaria no ha remitido aún al juez los datos que solicitó sobre ventas a terceros atribuibles a la hija del Rey, pero entre los nuevos informes que el juzgado ha incorporado al sumario figuran intentos de cobro por parte de doña Cristina cuya validez ha sido rechazada por Hacienda.

Esos intentos tienen que ver con la factura de 3.828 euros que la hija del Rey supuestamente giró a su propia empresa, Aizóon, en concepto de alquiler de la vivienda que la Infanta tiene en Barcelona. Aizóon intentó hacer pasar ese pago de alquiler a la Infanta como gastos de la empresa, pero Hacienda no lo admitió.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado entienden que el hecho de que la Infanta compartiera con Urdangarin la propiedad de Aizóon, a través de la que se defraudó a Hacienda, no es suficiente para imputar a la hija del Rey.

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