Carlos Carnicer: “Los políticos
sospechosos tienen que dimitir”
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, considera necesario que “los políticos sospechosos dimitan” sin necesidad de estar imputados “para que la política recupere la afección de los ciudadanos”. En un desayuno informativo organizado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), Carnicer ha apuntado a la corrupción y la desafección política como los principales problemas que actualmente padece la sociedad española. Considera, además, que la Justicia tiene que ser implacable con todo el que “que toque el dinero público, ya que quiebra la convivencia de los ciudadanos”.
El presidente de la Abogacía cree que la prevaricación puede convertirse en el “peor cáncer” si no se busca “un mayor rechazo social hacia la corrupción y erradica tajantemente”. Cree que ha llegado el momento de que el ciudadano diga “vale ya” y considera que los corruptos deben ser rechazados socialmente como lo son los pederastas. “Si los políticos quieren recuperar la afección de la ciudadanía, en el momento en el que sean sospechosos tienen que dimitir”, ha apuntalado.
En el mismo acto, Carnicer arremetió contra las reformas emprendidas por el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al que acusa de no haber sido un “buen ministro” ya que muchas veces ha legislado de forma “bastante mediocre” a través de reales-decretos, cuyo contenido ha resultado “insatisfactorio para todo el mundo, no solo la Abogacía”.
“No ha sido un buen ministro hasta ahora ya que no ha hecho algo “fundamental” como es “oír a todo el mundo”, afirmó el presidente de la Abogacía, que, sin embargo, se mostró confiado en que a partir de ahora haya un mayor dialogo con el Ministerio para tratar el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales o participar en una comisión que examinará los efectos de las reformas de Justicia.
Una vez más, Carnicer rechazó ayer el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales y afirmó que “no se puede trocear ni dividir la profesión de abogado”, como pretende la reforma al eliminar la colegiación obligatoria para buena parte de estos profesionales.
Tasas judiciales
Carnicer ha anunciado que solicitará al Tribunal Constitucional que agilice su pronunciamiento sobre la “barbaridad” que supone exigir tasas judiciales “indiscriminadas a todos los españoles” porque “se están violando todos los días derechos fundamentales”. “El drama se está consolidando”, ha añadido, para constatar que las tasas están disuadiendo de litigar especialmente en la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
Asimismo, ha confesado que el actual Consejo General del Poder Judicial le ha causado “mucha frustración” y que tiene “miedo” al nuevo modelo de órgano de gobierno de los jueces ya que sus vocales tendrán “escaso rendimiento” si compatibilizan su cargo con el ejercicio de su profesión.
Carnicer ha explicado que la relación comenzó favorablemente con la firma de varios acuerdos entre la Abogacía y el Consejo del Poder Judicial, pero luego ésta “se enfrió? y “no ha habido el fruto que se esperaba”. “¿Cómo va a ser el próximo Consejo? Tengo mucho miedo, ya me he pronunciado en contra de esa reforma”, ha zanjado.
En cuanto a la nueva composición del CGPJ, ha defendido la participación de letrados en activo ya que la Constitución se refiere explícitamente a la presencia de abogados y juristas de reconocido prestigio. “Tengo un fuerte presentimiento de que son más elegidos por su condición de catedrático que como abogado en ejercicio. El gran problema de la Justicia española es la desconsideración a la Abogacía”, ha concluido.
La prisión permanente
Por otra parte, el presidente del Consejo General de la Abogacía ha expresado su valoración “absolutamente negativa” hacia la reforma del Código Penal y ha subrayado que el Gobierno no ha explicado de qué forma el endurecimiento de algunos delitos reducirá las tasas de delincuencia. “Si no es inconstitucional, lo está rozando”, ha agregado sobre la prisión permanente revisable, coincidiendo con el criterio del Consejo de Estado que considera inoportuna e innecesaria esta medida de prisión.
En su opinión, esta pena dirigida a homicidios causados por terroristas y los asesinatos más graves no es necesaria en un momento en el que se dice que ETA es “historia pasada”, en el que España tiene el mayor número de reclusos de Europa y uno de los menores índices de delincuencia. Lo que hace falta, a su juicio, es revisar la situación de los enfermos mentales en las cárceles, cosa que podría resolverse si se hiciera cargo la sanidad pública mental.
“¿La prisión permanente qué es un mecanismo para ganar votos?”, se ha preguntado Carnicer, para responder: “Pues sinceramente me parece muy mal”. “No se puede legislar por clamor social”, ha remachado, para defender las razones de equidad en las penas.
