Estados Unidos acusa a Bank of America de fraude

06/08/2013 - WASHINGTON, Estados Unidos. (Reuters).–  El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo hoy, martes, que presentó una demanda civil contra Bank of America por lo que abogados del Gobierno afirmaron era un fraude contra inversores por 850 millones de dólares en títulos respaldados por hipotecas.

El Gobierno presentó la demanda en la Corte de Distrito en Charlotte, Carolina del Norte, dijo el Departamento en uncomunicado.

En tanto, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) dijo que el banco falseó y omitió ciertos hechos materiales relacionados con un bono de 2008 respaldado por más de 855 millones de dólares en hipotecas residenciales, según documentos judiciales.

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ESTAFA AL RECIBIR SMS, FRAUDE QUE HACE CREER QUE LO MANDA UN CONOCIDO

Alertan de un fraude por sms que hace creer que lo manda un conocido

Los usuarios que respondan al mensaje, procedente del número 25413, activarán un servicio de mensajería cuyo coste es de 1,42 euros por mensaje

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, alerta del envío masivo de un sms en el que se informa al receptor que una persona conocida quiere retomar el contacto con él. Si el receptor responde al sms comenzará a recibir más mensajes cuyo coste es de 1,42 euros (impuestos incluidos) cada uno.

“hola encontré mi móvil antiguo y viendo mensajes lei los tuyos. Bua q de tiempo! Q tl estas? Yo me separe! Para cuando un café, puedes hoy?”. Con este reclamo se invita a los usuarios a responder, continuando una conversación a través de sms, desconociendo el usuario que en realidad, al responder al primer mensaje, se ha suscrito a un servicio de recepción de mensajes por los que tiene que pagar un importante precio.

El sms es recibido a través del número 25413. En el mismo no es identificada la empresa asignada a esa numeración. CONSUMUR ha podido conocer que se trata de la empresa Comercial Polindus 21, S.L.

La práctica fraudulenta del envío masivo de este mensaje, en el cual no se indica la procedencia del mismo, las condiciones del servicio ni el coste final, incurre en publicidad engañosa.

Así, el apartado 3.1.4 del artículo 3 (Normas sobre publicidad de los servicios) de la Resolución de 15 de septiembre de 2004, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se dispone la publicación del Código de Conducta para la prestación de los Servicios de Tarificación Adicional, se indica que “La publicidad o anuncios realizados por los prestadores de servicios de tarificación adicional deberá confeccionarse de tal forma que sea fácilmente perceptible por los consumidores, sin realización de ningún esfuerzo para su apreciación o interpretación. Tendrá que presentarse:

3.1.4.1 Con caracteres de tamaño y colores apropiados, y legibles para el consumidor, debiéndose situar en paralelo y en el mismo sentido de lectura al número de tarificación adicional publicitado.

3.1.4.2 La información sobre precios, identificación del prestador o cualquier otro dato obligatorio, deberá presentarse de forma estática, y en caracteres adecuados para su perfecta visualización o percepción.(…)”.

La asociación denunciará la práctica de esta empresa ante la Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación de la Región de Murcia.

CONSUMUR recuerda a los usuarios que se hayan visto afectados que pueden reclamar la devolución de las cantidades cobradas de forma indebida. Así mismo, podrán recibir mas información acudiendo a la organización.

Retiran del mercado una picadora eléctrica

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, CONSUMUR, alerta de la retirada del mercado de una picadora eléctrica por riesgo de sufrir lesiones diversas.

El producto retirado es de la marca ORBIT, modelo TRENDY, ref. 03120E1333. El mismo fue incluido en la red de alerta de productos industriales inseguros el pasado 29 de mayo.

El motivo de su retirada ha sido el riesgo de sufrir lesiones al poder acceder a las cuchillas del aparato cuando éste está en funcionamiento. La carcasa no tiene suficiente resistencia.

El órgano notificante de la alerta fue la Junta de Castilla y León y las medidas adoptadas han consistido en la prohibición de la comercialización del producto.

El usuario afectado podrá recibir información acudiendo a la asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, así como a través de su Oficina Virtual (www.consumur.org), a disposición del consumidor y/o usuario las 24 horas del día. También podrá solicitar información llamando al Teléfono de Información al Consumidor y Usuario: 968 22 30 82.

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CORRUPCION, FINANCIACION ILEGAL, FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO, PLANEAN SOBRE EL PP, CON LA PRISION DE BARCENAS

Corrupción, financiación ilegal, fraude fiscal y blanqueo planean sobre el PP con la prisión de Luís Bárcenas

Que el ex-tesorero del Partido Popular y actual partido que gobierna España; Luís Bárcenas ingrese en prisión sin fianza, es motivo más que suficiente para que el propio Presidente del Gobierno convocara rueda de prensa inmediata y explicara muchas cosas. El auto de prisión, se apoya sobre el riesgo de fuga de Luís Bárcenas y los últimos movimientos que ha realizado desde cuentas en Suiza hacia paraísos fiscales y la falsedad documental en la aportación de documentación ficticia para apoyar sus ingresos.

Con estas premisas, el Juez ha dictado prisión provisional sin fianza y la sombra de financiación ilegal planea con fuerza sobre el Partido Popular, más allá de los problemas de los despidos en diferido del tesorero, de los cobros en sobres y de las declaraciones de préstamos de algunos de sus dirigentes. Que el propio presidente del Gobierno no haya dado explicaciones a estas alturas, es un síntoma oscuro y sospechoso de que es muy probable que haya mucha tela que cortar todavía sobre las cuentas del PP.

CONFIRMADO: HUBO FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA

OBSERVADORES EUROPEOS: "HUBO FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA"

A esa conclusión arribó una misión de veedores del Instituto de Altos Estudios, que estuvo presente durante la jornada de votación

Crédito foto: AFP

Según publica El Nuevo Herald, el gobierno de Nicolás Maduro incurrió en una “serie de delitos electorales” que generan dudas sobre los resultados de los comicios presidenciales de abril, concluyó una misión de observadores independientes delInstituto de Altos Estudios Europeos que estuvo presente en Venezuela durante la jornada de votación.

El presidente del instituto, Gustavo Palomares, quien encabezó la misión, dijo creer quelos delitos electorales pudieron haber alterado el verdadero resultado de los comicios.

“Yo creo que sin duda pudo haber habido una alternación importante en cuanto al resultado final”, declaró Palomares desde España, ofreciendo una opinión como experto electoral que va más allá de las conclusiones del informe.

“Creo que ante ese margen tan escaso de votos y con las más de 1.300 incidencias contabilizadas, y teniendo en cuenta que no se han cruzado los tres instrumentos de control de voto, que son el recuento en voto automático, el recuento en acta y en cuaderno de escrutinio, y teniendo en cuenta las bases fundadas que es sin duda posible (que la alteración haya ocurrido)”, explicó en una entrevista telefónica.

En su informe, la misión de observadores también cuestionó la legalidad de la candidatura de Maduro, señalando que existen suficientes indicios para concluir quevioló las disposiciones de la Constitución que le obligaban a renunciar de su cargo público antes de registrar sus aspiraciones presidenciales.

Maduro fue declarado el ganador de las elecciones presidenciales del 14 de abril por un margen inferior al 1.5 puntos porcentuales frente al opositor Henrique Capriles.

El informe explica que la elección fue llevada a cabo bajo un ambiente poco propensopara la realización de un proceso libre y transparente, ya que se caracterizaba por el abuso de las instituciones del Estado por parte de un régimen que mostraba el “firme propósito de conservar el poder a toda costa”.

“Se observa una abierta y reiterada violación de normas y procedimientos que conduce a acrecentar las sospechas de una suspensión del Estado de Derecho”, estableció el informe.

Para el instituto, la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE) genera dudas sobre su imparcialidad, asumiendo un papel de protagonismo y desempeñándose como “la institución más apta para salvaguardar la última voluntad del líder”, en referencia al fallecido ex presidente Hugo Chávez.

La sospecha de su parcialidad es incrementada por la negativa del organismo de atender la solicitud de una auditoría introducida por la oposición, resaltó.

El informe además concluyó sobre la aparente falta de independencia del poder judicial, señalando que una revisión de las últimas sentencias relacionadas con los procesos electorales constata una “muy preocupante permeabilidad de la voluntad del ejecutivo”.

“Una situación así pone en peligro y en serias dudas la necesaria neutralidad y objetividad imprescindible exigible a este órgano en un sistema democrático”, alertó el informe.

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CASO NOSS, EL JUEZ ATRIBUYE A CAMPS Y BARBERA, MALVERSACION, FRAUDE Y FALSEDAD

El juez del caso Nóos atribuye a Camps y Barberá malversación, fraude y falsedad

El magistrado advierte de que las adjudicaciones a Urdangarin estuvieron marcadas por el "favoritismo" y el "amiguismo"

RAMÓN FERRANDO | VALENCIA José Castro, el juez de Palma que investiga el caso Nóos, considera que el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá pudieron cometer los delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Castro ha remitido al TSJ una exposición razonada en la que a lo largo de setenta páginas desgrana las presuntas irregularidades que se produjeron en la contratación de Nóos para tres ediciones del congreso deportivo Valencia Summit y la preparación de los fallidos Juegos Olímpicos Europeo. El magistrado ha llegado a la conclusión de que Camps y Barberá "asentían verbalmente a lo que les ofrecía" Urdangarin porque era el yerno del Rey y que los contratos se iniciaron sin absolutamente ningún procedimiento administrativo de adjudicación hasta el punto que se prescindió "del sentido común". Castro advierte de que en las adjudicaciones primaba el "amiguismo" y el "favoritismo".

El juez Castro explica en la exposición razonada para inhibirse en favor del TSJ que el Instituto Nóos comenzó a trabajar en el primer certamen de Valencia Summit meses antes de la firma del convenio. Castro destaca que la clave es la reunión que organizó Urdangarin con Camps y Barberá en enero de 2004. "La realidad que se vivió al margen de la documentación del convenio fue que Iñaki Urdangarin concertó con Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y Rita Barbera, alcaldesa de Valencia, una cita que para mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela. El objeto de la reunión era el de obtener la adjudicación -como consecuencia de un acto meramente voluntarista y al margen de cualquier procedimiento administrativo- de la organización de los que se llamarían eventos Valencia Summit". El magistrado precisa que la reunión en la Zarzuela presuntamente se produjo el 29 de enero. "En esta reunión ya quedó definitivamente decidido que la organización de los eventos del Valencia Summit le sería adjudicada al Instituto Nóos y buena prueba de ello es que a partir de entonces la adjudicataria ya empezó a trabajar en la encomienda".

El juez instructor incide en que los directivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias -que pagó a medias a Nóos con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- confirmaron que el convenio "nunca estuvo precedido de la realización de absolutamente ningún informe sobre la viabilidad técnica, financiera, jurídica o estudio de los precios de mercado para eventos similares". El magistrado lamenta que los responsables del convenio "despreciaron olímpicamente la necesidad" de un estudio serio que justificara la firma del contrato con Nóos.

Tres millones

El juez precisa que Nóos percibió de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia 1.044.000 de euros por cada una de las tres ediciones del Valencia Summit sin que quienes gestionaban los fondos públicos "llevaran a cabo un estudio documentado sobre los costes y repercusión" del primer congreso. Además, advierte de que el Consell y el ayuntamiento aceptaron las propuestas del duque de Palma y su socio, Diego Torres, "sin discusión o negociación".

José Castro destaca que las contrataciones fueron actos "estrictamente voluntaristas" que no obedecían a intentar procurar el interés general sino "solo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de Su Majestad el Rey" con adjudicaciones a dedo. El juez sostiene que Camps y Barberá aceptaron todo lo que les ofrecía Urdangarin "en marcos geográficos absolutamente inapropiados y orillando por completo las normas sobre contratación pública".

Juegos Europeos

Las dos administraciones también firmaron un convenio con Nóos para preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia, que nunca se celebraron. El juez apunta que existen indicios de que en este convenio también se prescindió de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del "amiguismo".

El magistrado de Palma añade que "parece elemental que la finalidad directamente perseguida era la de favorecer a Urdangarin por su real parentesco". Castro remarca que "sin el beneplácito del presidente Francisco Camps no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias de Iñaki Urdangarin". El juez recuerda que el objetivo del convenio de los Juegos Europeos "nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunitat Valenciana se vieron reducidas en 382.203 euros".

Los delitos imputados están castigados con entre siete y quince años de prisión
Los delitos que atribuye el juez al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pueden sumar entre siete y quince años de prisión, y entre 21 y 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según las penas establecidas en el Código Penal.

El delito de malversación, tipificado en el artículo 432.1 del Código Penal, se atribuye a la autoridad o funcionario que, "con ánimo de lucro", sustraiga o consienta que un tercero, "con igual ánimo" sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Está penado con entre tres y seis años de cárcel, y entre seis y diez años de inhabilitación. El delito de prevaricación, recogido en el artículo 404, contempla pena única de inhabilitación, que va desde los siete hasta los diez años de prisión. Se atribuye a la autoridad que, "a sabiendas de su injusticia", dicte una resolución "arbitraria" en un asunto administrativo. El delito de fraude a la Administración, y contempla penas de prisión de entre uno y tres años, e inhabilitación para cargo público de entre seis y diez años. El delito de falsedad en documento oficial, está castigado con de tres a seis años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años. europa press valencia

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EL JUEZ CASTRO ACUERDA INVESTIGAR A LA INFANTA CRISTINA

El juez Castro acuerda investigar a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal

El magistrado abre la puerta a imputar a la alcaldesa de Valencia Rita Barberá y al expresidente Francisco Camps un supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos

La infanta Cristina, imputada por el juez Castro en relación con el caso Nóos, a su llegada a la sede central de La Caixa en la avenida Diagonal de Barcelona para incorporarse a su puesto de trabajo Efe / Andreu Dalmau

Redacción / Agencias (Barcelona).- El juez del caso Nóos, José Castro, ha acordado investigar a la infanta Cristina por presunto fraude fiscal. El magistrado ha incorporado a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta Cristina y ha pedido a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la Infanta además de más datos sobre su marido, Iñaki Urdangarin.

El magistrado, que investiga un supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, adopta esta decisión en un auto en el que además solicita a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de diputados del expresidente de esta comunidad Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. De esta forma, Castro abre el camino para imputar a los dos dirigentes del PP.

La decisión del magistrado llega mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco. Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50% de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

La Sala incide asimismo en que, si bien la duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

En esta misma línea, la Audiencia señala que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".

Pudo "impedir la defraudación"

Es más, los magistrados recalcan que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que "podría estar en condiciones de impedir la defraudación" a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.

De acuerdo con este planteamiento, el tribunal recalca que a partir de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejó la junta directiva de Nóos, de la que era vocal- o meses antes "ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".

Así, sostiene que, como socia de la mercantil y "teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria". "Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta", señala.

En el marco de esta causa, los investigadores apuntan a que el Duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Y es que en un extenso informe al que tuvo acceso Europa Press, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).

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DE LO QUE SOMOS CAPACES DE HACER EN CRISIS

Un español se amputa una mano para cobrar 2 millones de euros de once aseguradoras


 

Un español se ha amputado una mano con la intención de reclamar 2,1 millones de euros de once compañías aseguradoras diferentes. Sin embargo, sus explicaciones acabaron levantando sospechas de fraude en los investigadores de las compañías.

"Había varias cosas que no cuadraban. El particular aseguró que la sección de la mano se había producido cuando su coche se salió de la carretera y cayó por un terraplén, pero comprobamos que los ángulos de giro y la velocidad teórica no encajaban con esa versión. Además, el corte de la mano era demasiado limpio, sin afectar al hueso, algo casi imposible en un accidente de tráfico", explicó José Luis Nieto, presidente de Gesterec, una firma especializada en la reconstrucción de siniestros.

Nieto describió esta demanda como "una de las más memorables" del año pasado, durante el que se llevaron a cabo casi 150.000 investigaciones de reclamaciones sospechosas, que han aumentado un del 11,9 por ciento en comparación con 2011. En un caso similar registrado el año pasado, un hombre de Valencia se amputó un brazo a la altura del codo y reclamó 600.000 de euros (más de 780.000 de dólares) esgrimiendo que había sufrido un accidente con una sierra eléctrica.

El aumento de las reclamaciones fraudulentas en España coincide con los peores índices de desempleo en el país desde que comenzaron los registros en 1970. El 27,2 por ciento de la población y el 57 por ciento de los menores de 25 años no tienen trabajo. La cantidad de los españoles que buscan empleo es mayor que la población de Dinamarca.

Se ha registrado un drástico aumento de los suicidiosde dueños desesperados porque no pueden pagar sus hipotecas.

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