INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

Mostrando entradas con la etiqueta financio. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta financio. Mostrar todas las entradas

martes, 3 de septiembre de 2013

LA TRAMA DE 30 EMPRESARIOS EN NUMEROS ROJOS QUE FINANCIO EL PP EN 2011


La trama de 30 empresarios en números rojos que financió al PP en 2011

PP

Las Islas Canarias, posiblemente la comunidad autón0ma con menos esquiadores de España, ha estado a punto de tener una pista de esquí cubierta a pocos kilómetros de la playa. Uno de los 100 mayores caciques de España, el constructor canario Ambrosio Jiménez Quintana, logró en 2005 permiso para construir el megaproyecto de Montaña Pacho. En sus 182.000 metros cuadrados, además de la pista de esquí, tenía proyectados cuatro polideportivos, 11 campos de fútbol, cuatro pistas de tenis, edificios residenciales y el centro comercial más grande de La Laguna. No obstante, el proyecto fracasó y se suspendió tras la construcción de algunos campos de fútbol y un colegio público.
Jiménez Quintana logró el permiso gracias a los votos a favor del PP y Coalición Canaria del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de La Laguna. La adjudicación fue a parar a Construcciones Industriales de Tenerife, empresa de la que el constructor grancanario es “administrador único” y que hizo entregas de dinero al PP. La ley sólo obliga a los partidos a elaborar un listado de donantes desde 2007. Desde entonces, la empresa ha entregado 100.000 euros al PP, en 2008, y otros 100.000, en 2011, los años en los que se celebraron las dos últimas elecciones generales. El ingreso está recogido en la contabilidad oficial del PP, incluida en el sumario del caso Bárcenas y a la que ha tenido acceso La Marea.
El constructor grancanario realizó más donaciones en 2011, a través de Promociones Horneras (50.000 euros) y Proyectos Inmobiliarios Las Arenas (50.000 euros). Aunque Jiménez Quintana reconoce pagos al PP y a todos los partidos políticos “como un detalle”, la Ley de Financiación de Partidos Políticos, de 2007, indica que las donaciones deben proceder de “personas físicas o jurídicas, que no contraten con las administraciones públicas”.
Además de haberse podido beneficiar de una decisión del PP, fuentes del caso Bárcenas señalan otra posible incompatibilidad entre donar 300.000 euros y despedir al 44% de los trabajadores de las tres empresas entre 2008 y 2011.
Y el caso de Jiménez Quintana no es único. La Marea ha analizado las cuentas desde 2007 de las 50 compañías que donaron, de forma legal, 1,3 millones (el doble que en 2008) al PP en 2011. Éstas reflejan que, en 2011, la mayor parte se encontraba en una situación económica asfixiante: 32 de ellas redujeron sus plantillas en un 31% de media desde 2007 (732 trabajadores despedidos, antes de hacer las donaciones) y 19 cerraron el ejercicio de 2011 con pérdidas (-16.021.330 euros, en total). A pesar de esto, donaron un total de 735.000 euros.
Otra empresa en apuros que financió al PP es Carma s.XXI SA, empresa de “alimentación al servicio de la hostelería”, que entregó 70.000 euros. La compañía balear llevaba cinco ejercicios seguidos perdiendo entre dos y cuatro millones. Un portavoz de la empresa, que no quiere dar su nombre, no ve incompatible donar dinero después de la salida de 54 de sus 151 trabajadores desde 2007. Y se defiende alegando que no realizaron ningún ERE, sino “salidas organizadas”.
Los grandes donantes son empresarios ligados a la construcción, el turismo o la hostelería. Decenas de ellos eran en 2011 constructores desesperados por la ruina de sus negocios. Con la venta de viviendas estancada, desde 2007 trataron de abrir nuevas brechas en los pocos pelotazos que todavía se podían conseguir en España: el turismo, las privatizaciones en Sanidad y Educación, o los contratos de obra y servicios de las administraciones públicas (muchas de éstas, gobernadas por el PP). Y algunos lo hicieron a cualquier precio: donando dinero al PP a través de empresas pantalla o, incluso, beneficiándose de relaciones amorosas. Varios han sido imputados por estos y otros motivos.

CONTINUA PINCHA AQUI

viernes, 12 de julio de 2013

AGUIRRE SE FINANCIO ILEGALMENTE, LO CONFIRMA ANTICORRUPCION


Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

 

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito


La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. 

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas. 

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. 

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.