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lunes, 2 de septiembre de 2013

EL FROB AMAGA CON LLEVAR A LA CARCEL A LOS QUE SE ENRIQUECIERON CON LAS CAJAS


El FROB amaga con llevar a la cárcel a los que se enriquecieron ilegalmente con las Cajas

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) parece dispuesto a encargar un análisis pormenorizado de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que durante los años de la burbuja se llevaron a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN.

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) parece dispuesto a encargar un análisis pormenorizado de todas aquellas operaciones supuestamente irregulares que durante los años de la burbuja se llevaron a cabo en las entidades ahora controladas por el Estado, es decir, Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN. Se trataría de llevar ante la Justicia a quienes se enriquecieron ilegalmente en el apogeo de la burbuja, mediante operaciones de tipo especulativo generalmente ligadas al boom inmobiliario.
La Agencia EFE daba ayer domingo cuenta de esta sorprendente decisión, cuyo objetivo sería doble: por un lado, tratar de saber dónde han ido a parar las ingentes sumas que la banca nacionalizada se ha visto obligada a provisionar tras llevarlas a fallidos, intentando recuperar en lo posible esas cantidades, y, por otro, sentar ante la Justicia a los que se hayan lucrado ilegalmente para, eventualmente, llevarlos a la cárcel.
El FROB registró al cierre del ejercicio 2012 unas pérdidas de 26.060 millones de euros y cuenta con un agujero patrimonial de 21.831 millones. De hecho, es una idea aceptada y extendida que el Estado no podrá recuperar la mayor parte de los 40.000 millones de fondos públicos que se inyectaron el año pasado en el sector bancario. Ante la evidencia de este escándalo, el organismo parece haber activado un protocolo de detección de las operaciones realizadas que podrían ser sospechosas, de modo que “ya trabaja con los servicios de auditoría interna de las cuatro entidades” antes citadas, según EFE.
El Fondo habla de revisar operaciones hechas “durante los últimos 5 años”, un tope que sorprende y hace sospechar de las intenciones últimas, puesto que las mayores tropelías se cometieron antes de 2008, es decir, en los años gloriosos de la burbuja inmobiliaria. Expertos consultados ayer por este diario aseguran que se trataría de “mirar todas las grandes operaciones, de prestatarios singulares y corporativas. Pero eso sería solo el principio, porque detrás quedaría mucho trabajo por hacer, a saber: créditos fallidos en cuantía significativa, préstamos a promotoras participadas por la propia entidad financiera, préstamos a sociedades públicas municipales, etc.”
En realidad, deberían considerarse bajo sospecha todas las operaciones que se han llevado contra resultados de dotaciones y fallidos de los últimos 10 años, los del boom inmobiliario. Los datos obran en poder del Banco de España y deberían estar a disposición del FROB y de la autoridad judicial competente. Otra cosa es que realmente se quiera proceder contra quienes ilícitamente se enriquecieron en los años del boom, muchas veces con la connivencia de los responsables de las Cajas ahora nacionalizadas.
El FROB contratará consultores externos para hallar las trampas
Según Efe, el FROB ha remitido una carta a los presidentes de Bankia, CatalunyaBanc, Novagalicia y BMN para que inicien los trabajos de localización de estas operaciones, facilitándoles una tipología de maniobras supuestamente irregulares en base a la “experiencia” adquirida en otros casos. A partir de ahí, la unidad de auditoría interna de las propias entidades elaborará un listado en detalle de esos movimientos, que pasará posteriormente por la Comisión Rectora del FROB.
En los casos en los que el Fondo lo crea necesario, contratará un “consultor forensic” para que analice las operaciones más llamativas, antes de decidir si llevarlas o no ante un juez. No sería la primera vez que el FROB acude a los tribunales, donde ha denunciado, por ejemplo, a la antigua cúpula del Banco de Valencia, entre ellos a su expresidente José Luis Olivas, y a varios empresarios en ocho acciones emprendidas en la Audiencia Nacional (AN).
Hasta la fecha, el juez Santiago Pedraz de la AN, que instruye todas ellas -además de la interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval)-, investiga por distintas operaciones supuestamente fraudulentas a 41 personas físicas y a otras 18 jurídicas. El FROB actúa también en la AN contra los exresponsables de la CAM, entre ellos su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López Abad, a los que el magistradoJavier Gómez Bermúdez ha impuesto una fianza de 35 millones.
Todo lo relatado, sin embargo, apenas sería un aperitivo de llevarse adelante esta gran investigación tendente a descubrir dónde han ido a parar, a qué bolsillos, los miles de millones que el Estado se ha visto obligado a emplear para rescatar a entidades estafadas por pillos de guante blanco con la connivencia, a menudo, de los propios gestores. Pero no convine lanzar las campanas al vuelo: el FROB está también constituido por la gran banca, la digamos “banca sana”, en principio muy poco proclive a iniciar ningún tipo de verificación como la apuntada, y mucho menos a exigir responsabilidades penales. De modo que habrá que verlo.

domingo, 11 de agosto de 2013

"YO NO PAGO" LOS GRIEGOS RECONECTAN ILEGALMENTE LA ELECTRICIDAD EN HOGARES POBRES


'Yo no pago': Activistas griegos reconectan ilegalmente la electricidad en hogares pobres



Parece que los ciudadanos griegos ya se han acostumbrado a las políticas de austeridad de su gobierno. Pero también hay quienes no se resignan y actúan, por ejemplo, conectando la electricidad a aquellos hogares a los que se les cortó por impago.

Una luz de esperanza, es lo que representa para algunas familias griegas, los activistas del movimiento 'Yo no pago', que últimamente ha ganado gran popularidad en el país heleno. Este colectivo se dedica a reconectar de manera ilegal el servicio de electricidad a las casas en que ha sido suspendido por falta de pago. Lo hacen en unos 200 edificios por año gratuitamente.

A veces también desconectan la energía eléctrica en los peajes, haciendo imposible el cobro a los automovilistas que por allí transitan. Otras veces se ocupan del metro.
La gran mayoría de la gente está sumida en la pobreza, mientras que solo algunas familias poseen el 99% de las riquezas en el mundo  "La gran mayoría de la gente está sumida en la pobreza, mientras que solo algunas familias poseen el 99% de las riquezas en el mundo. Es algo que no queremos que siga así, queremos derrocar esto en Grecia y en todo el mundo", afirma Ilias Papadopoulos, miembro de 'Yo no pago'.

El movimiento tiene ya más de 10.000 miembros en el país heleno y el número de sus partidarios sigue en aumento. Sin embargo, algunos de los activistas ya son objeto de varias demandas judiciales. Y es que las medidas de austeridad del gobierno, parecen empujar a los griegos a actuar al margen de la ley.

"El movimiento tiene legitimidad ante los ojos del pueblo"

"Debemos infringir o no respetar una ley que dice que miles de personas no tendrán electricidad para cocinar, ver televisión o encender el aire acondicionado. Este movimiento continuará luchando, porque tiene legitimidad ante los ojos de la gente", opina por su parte el economista Leonidas Vatikiotis de la Universidad Libre de Varna, Chipre.

Christina, una desempleada de Atenas, lleva dos años sin tener medios para pagar sus cuentas de electricidad. No puede encontrar trabajo, tampoco lo puede hacer su hermano, dos hijas y ni su esposo. Las alarmantes estadísticas muestran que uno de cada cuatro ciudadanos del país está en la misma situación.

"Mientras las facturas a pagar se van acumulando, yo debo elegir mis prioridades, y la comida es lo primero. Quiero pagar las cuentas y quiero quedar bien con el Estado, pero el Estado no queda bien con nosotros", comenta Christina.

Los equipos como el aire acondicionado, frigoríficos y ordenadores, son concebidos como elementos indispensables para la existencia. Pero para algunos, hasta la electricidad se convierte en un lujo que no se pueden permitir. Los activistas logran reconectar este servicio, pero queda cuesta arriba reinstalar la confianza de los ciudadanos en su gobierno.

viernes, 12 de julio de 2013

AGUIRRE SE FINANCIO ILEGALMENTE, LO CONFIRMA ANTICORRUPCION


Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

 

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito


La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. 

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas. 

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. 

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.