Admitida a trámite la denuncia por el desalojo de la corrala de Buena Ventura en la capital
El Consistorio malagueño y la Junta de Andalucía son las instituciones denunciadas
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga ha admitido a trámite la demanda de 15 afectados por el desalojo de la corrala de la Buena Ventura en la capital. Éstos, en su condición de padres, han denunciado al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta por la desprotección en que quedaron los menores a su cargo que les acompañaban por no tener otro sitio donde vivir.
Según la demanda, el Consistorio, al haberles obligado a abandonar los pisos, habría vulnerado los derechos fundamentales de los menores, recogidos en la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y de obligado cumplimiento internacional, en España desarrollada por la Ley Orgánica 1/1996. Ésta recoge que: «Los Estados Partes (...) proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda». De ser admitido por el juez para fallar a favor de las familias desalojadas, el caso sentaría un precedente histórico.
Además de ésto, el texto se sustenta en reiterados incumplimientos derivados de la negociación con el Ayuntamiento y Junta, que se comprometieron con los 'ocupas' a ofrecerles otras alternativas de vivienda, dada la situación de indefensión, sin trabajo y sin ingresos suficientes, de las trece familias involucradas. Así, en el pleno del 3 de junio pasado, los grupos políticos municipales aprobaron una moción que trataba de dar solución a la problemática.
En aquella moción se decía, y se incluye en la denuncia, que: «El Ayuntamiento de Málaga pondrá a disposición de las familias que se han realojado en las corralas de Las Luchadoras, Buen Ventura y la Comunidad de la Esperanza todos los recursos sociales y de viviendas disponibles, al mismo tiempo que se ofrece a asesorar, mediar y acompañar a estas familias en la búsqueda de la mejor solución a su situación, como la cesión de uso de las viviendas, el pago de un alquiler social y otras soluciones sociales».
El abogado de la causa, José Cosín, enumera promesas realizadas por las autoridades como ayudas al alquiler, cursos de formación, trabajo y hasta un puesto en mercadillos solidarios si se iban pacíficamente. De todo esto sólo se ha cumplido el pago de una pequeña cantidad de dinero equivalente a dos meses de alquiler social, y el ofrecimiento, reciente, de una vivienda a uno de los denunciantes, quedando muchos de ellos con sus hijos realojados en casa de familiares y pasando noches durmiendo en sus coches.
El 3 de octubre, el desalojo de las 13 familias derivó en una acción de protesta de tres activistas, que se resistieron subiéndose al tejado del bloque, mientras el grueso de los vecinos no opuso resistencia real al abandono de la misma.
