Un empresario estafa 4,4 millones a la Comunidad en cursos de formación
El Gobierno regional reclama el dinero a las asociaciones defraudadas
Un empresario cordobés llamado José Luis Aneri Molina es por ahora el único sospechoso de la desaparición de 4,4 millones de euros que la Comunidad de Madrid destinaba a subvenciones para cursos de formación. Se trata de una estafa a gran escala que afecta a unas treinta asociaciones empresariales que recibieron el dinero y le dieron todos los poderes de la gestión a Aneri. El Gobierno regional reclama ahora la devolución del dinero público a las asociaciones aunque algunas de ellas no pueden afrontar estos pagos.
Fueron los propios técnicos de la Dirección General de Formación los que dieron la voz de alarma en febrero de este año y señalaron las irregularidades que se estaban produciendo en la justificación de las subvenciones del año 2011. José Luis Aneri, la persona que figuraba como apoderado y persona de contacto para una treintena de asociaciones no contestaba a los requerimientos de la Dirección ni enviaba los justificantes de las ayudas. Ante la falta de comunicación con Aneri, los técnicos se pusieron en contacto con las asociaciones y descubrieron que estas no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando: desconocían que estuvieran incumpliendo con la justificación de las ayudas y no tenían ni idea de que la Comunidad les estuviera apremiando a pagar con la amenaza de embargo.
Las asociaciones contaron a los técnicos de la Dirección General de Empleo cómo José Luis Aneri se había convertido en su representante. Según ese relato, el empresario, apoderado único de la empresa Sinergia Empresarial, con domicilio en la calle de Orense número 27, se presentó a las entidades en 2011 para venderles cursos de formación no presenciales a través de su plataforma de Internet. No solo logró vender los cursos, también les convenció para que le pusieran como persona de contacto para recibir él mismo todas las comunicaciones de la Comunidad de Madrid y para gestionar las solicitudes de las subvenciones. En la base de datos de los técnicos todas las asociaciones tenían como domicilio el 27 de Orense.
Aneri logró además que las organizaciones le transfirieran el importe de las ayudas que habían recibido de la Comunidad en función de los alumnos que iban a apuntarse a los cursos. Se aseguró así el control de todo el proceso desde de la petición de las ayudas, la enseñanza de los cursos y la presentación de justificaciones a la administración.
José Luis Aneri se presentó a los colectivos para dar clases en Internet
El Ejecutivo regional asegura que no ha existido falta de control
Aneri realizó los cursos pero no justificó debidamente toda la documentación que le exigía la Comunidad de Madrid. Fue ahí cuando los técnicos empezaron a investigar. Entre otras cosas, se dieron cuenta de que algunos alumnos habían sido duplicados. Uno de ellos, por ejemplo, había asistido a 25 cursos entre el 1 y el 30 de noviembre de 2012, año en el que se impartían las actividades de formación con las ayudas concedidas en 2011.
Todas estas cuestiones se encuentran en un informe de la Dirección General de Empleo de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura al que este periódico ha tenido acceso. El informe, firmado por el jefe de Área de Formación Continua, Vicente Ferreras Carpintero, está fechado el 28 de octubre de este año. “A lo que se ha dedicado este señor desde principios de año”, concluye el informe “es a crear una barrera entre el Área de Formación Continua y las entidades, alargando un posible desenlace en los problemas que se plantean en la justificación”. “Al constar en las solicitudes como persona de contacto”, prosigue el escrito, “todas las comunicaciones que se realizan para que justifiquen y certifiquen alumnos, van a él y no pasa la información a las entidades para que sepan lo que está ocurriendo”.
Según el escrito, el plan de Aneri era posponer el problema hasta que ya fuera demasiado tarde para actuar. “Las entidades solo se enterarían del asunto cuando aplicando el Reglamento de Recaudación, la Agencia Tributaria procediese a embargar sus cuentas corrientes o iniciara apremio sobre su patrimonio. Esto ocurriría en un plazo que puede ser de varios años”, concluye el informe.
La cantidad estafada podría ascender a 4,4 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Empleo. El organismo ha reclamado ya a las asociaciones que devuelvan 2,7 millones. El resto, 1,7 millones, está todavía en fase de justificación. Es decir, las asociaciones están buscando toda la documentación posible para que las cuentas cuadren. Por ahora, la información que la Comunidad de Madrid ha recibido no es suficiente. Se da la circunstancia además que ese dinero procede de la cantidad que da el Estado central a las comunidades para formación, es decir, que es el Estado ante el que hay que justificar en último término qué es lo que se ha hecho con las subvenciones.
Según la Consejería no ha habido falta de control por parte del organismo público. “Se han puesto más medios de lo que marca la ley para hacer un seguimiento de la formación continua”, asegura un portavoz del organismo autonómico a este periódico. “En la formación presencial se visitaban los cursos, pero esto es teleformación, a distancia, y él se ha valido de eso”, concluye.
Las asociaciones afectadas confiesan que no saben cómo afrontar las deudas
Un hermano del empresario está ayudando a los colectivos estafados
Las asociaciones estafadas supuestamente por Aneri no saben muy bien a quién recurrir y qué hacer todavía con este caso que podría dejarles un agujero en sus cuentas del que resultaría muy difícil salir. Muchas de ellas no son grandes organizaciones aunque algunas tienen una existencia de más de cuarenta años. Estas entidades engloban a empresarios de diferentes gremios, desde carniceros a propietarios de locales de copas. “No sabemos muy bien qué hacer con este señor. Tendremos que denunciarle ante la justicia, pero estamos viendo si lo hacemos todos juntos”, adelanta uno de los responsables de APROSA (Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas), una de las organizaciones estafadas.
“Le dimos el 100% de la subvención que nos dieron pero él no justificó los cursos ni hizo parte del trabajo”, explica el responsable. Algunos asociaciones como APROSA han acudido a sus organizaciones patronales como la CEIM, Confederación Empresarial de Madrid, para que les asesore. El consejo solo puede ser uno, según la CEIM: pongan sus cuentas al día con la Administración. Fuentes del sector señalan que algunas organizaciones corren peligro de desaparecer si finalmente les embargan y reconocen que han pecado de exceso de confianza al darle todos los poderes a una sola persona.
Es un familiar de Aneri el que está intentando ayudar a las empresas a justificar lo que sea posible con los expedientes que han encontrado. Este periódico habló con él ayer. Su explicación permite dibujar ligeramente el perfil de un empresario al que todo el mundo está buscando. El familiar, muy enfadado, dijo por teléfono que la empresa ha desaparecido y que Aneri dejó de pagar a sus empleados hace tres meses. “Hay trabajadores que no han obtenido el despido”, señaló el familiar. Explicó que, desde hace un año y medio, coincidiendo con su separación, José Luis Aneri entró en una espiral que le ha hecho desatender a su familia y a su profesión. “Esto ha sido obra suya de principio a fin”, zanja el familiar que no pudo aportar datos sobre el paradero del empresario.
Nadie contesta al teléfono de las oficinas del 27 de la calle de Orense y todos los teléfonos de su página web son respondidos por un contestador. Nadie ha aportado por ahora más datos que expliquen por qué Aneri lleva más de un año y medio engañando a todos sus clientes y a la Administración y mucho menos del paradero de los 4,4 millones de euros de las arcas públicas que ahora tendrán que reponer las asociaciones que han sido estafadas.
