Juzgan a 17 guardias civiles acusados de aceptar sobornos en el aeropuerto de Málaga
La Fiscalía solicita para algunos la suspensión de empleo o cargo público durante al menos tres años y multas que van de 30 a 600 euros
Diecisiete guardias civiles se sentarán a partir de mañana en el banquillo de los acusados para ser juzgados en la Audiencia Provincial por, presuntamente, aceptar sobornos de viajeros en el aeropuerto de Málaga a cambio de agilizar u omitir trámites aduaneros. El juicio se celebrará por el procedimiento de jurado después de que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia se declarara incompetente para el enjuiciamiento de los agentes.
La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales la suspensión de los 17 guardias civiles por supuestos delitos de cohecho, que en ocasiones lo eleva a continuado para algunos agentes. Alternativamente, también sustituye esta acusación por la de omisión del deber de perseguir delitos, según el escrito acusatorio, difundido por Efe.
El fiscal solicita para algunos de ellos la suspensión para empleo o cargo público durante un periodo de hasta tres años y nueve meses, así como el pago de multas que oscilan de 30 a 600 euros. En el escrito provisional del Ministerio Público también se acusa a un ciudadano asiático por un delito de cohecho por haber dado supuestamente dinero a algunos de los agentes para pasar alimentos.
Los agentes, adscritos a la sección fiscal del aeropuerto malagueño, habrían solicitado de forma directa o indirecta a determinados viajeros de ciertos vuelos cantidades de dinero bajo amenaza para que los productos alimenticios que llevaban consigo pudiesen entrar por la aduana española, según el Ministerio Público.
El fiscal destaca que los familiares y amigos, sobre todo en la comunidad china, advertían a los viajeros de que tenían que traer un billete de 50 euros en la mano «a fin de evitar problemas con la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto de Málaga».
Los imputados fueron detenidos el 12 de febrero de 2006, y durante la investigación se detectó que algunos de los agentes permitieron presuntamente la entrada en territorio español de alimentos prohibidos por seguridad alimentaria, a causa de las alertas de fiebre aftosa y gripe aviar.
La investigación, realizada por la propia Guardia Civil, comenzó meses antes. Ante la sospecha de supuestas irregularidades en el aeropuerto, un equipo de agentes de la Benemérita empezó a indagar en las actividades de la sección fiscal del aeródromo malagueño.
Los agentes que llevaron el caso se enfrentaron a la dificultad añadida de investigar a compañeros en un recinto cerrado de máxima seguridad, como es el aeropuerto. Para ello, se ideó un sistema para filmar a los sospechosos sin que se percataran. Movieron unos centímetros una de las cámaras de seguridad del aeródromo para que enfocara directamente a los guardias, e instalaron una microcámara y un micrófono camuflados en la torre de un ordenador en la habitación donde se inspecciona a los viajeros. Durante 12 días, los investigadores grabaron cada uno de los movimientos de los procesados. Las imágenes captadas permitieron desatar la redada en la que se detuvo a los 17 agentes.
Alimentos de Noruega
Algunos de los agentes imputados supuestamente también exigieron dinero a un matrimonio que traía alimentos de Noruega para su hija que vivía en España, pese a que las mencionadas prohibiciones no regían para ese país. Pero los agentes no sólo habrían reclamado pagos para permitir el paso de alimentos. Otro pasajero de origen indio supuestamente fue requerido para dar dinero a cambio de no retenerle prendas de ropa aparentemente falsificadas que portaba en su equipaje. A otros viajeros paquistaní y asiático les habrían exigido dádivas para dejarles pasar unos dulces, y varias piezas de plata y cuero, respectivamente.
Durante la instrucción del caso, los guardias civiles han mantenido siempre su inocencia. Algunos de sus abogados aseguraron que los agentes desde entonces están muy preocupados por su familia y desorientados por las acusaciones que pesan sobre ellos.
Todos los guardias civiles imputados pertenecen a la escala básica y llevaban destinados en el aeropuerto de Málaga entre diez meses y cerca de veinte años, por lo que algunos estaban a punto de jubilarse. La defensa de uno de los guardias civiles ha señalado que las acusaciones carecen de base porque se les acusa de recibir dinero de personas que en muchos casos no están identificadas, y sin determinar la cuantía económica recibida.
