ESPAÑA: SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA DE FRAUDE CON LAS PREFERENTES CONTRA BANKIA Y CAJA MADRID

Vuelco judicial en el fraude de las preferentes

Bankia se enfrenta a una indemnizacion mil millonaria por las preferentes

El juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid ha aceptado, mediante auto dictado el 27 de febrero, la demanda colectiva interpuesta por ADICAE y otros 3.200 afectados contra Bankia y Caja Madrid Finance Preferred por el fraude de las participaciones preferentes. El Juzgado Mercantil número 5 de Madrid confirma la admisión de la demanda colectiva de ADICAE y suspende el procedimiento dos meses para que se sumen todos los afectados. El magistrado García Marrero acepta resolver sobre las reclamaciones de ADICAE en lo relativo a la acción de cesación, la de publicidad engañosa, la nulidad por abusividad de las condiciones y la petición de daños y perjuicios. El auto puede consultarse en el siguiente enlace: http://publicaciones.adicae.net/publicaciones/pdf/admisionpreferentesbankia.pdf

El magistrado, tras afirmar la competencia del juzgado mercantil para conocer de la acción colectiva de ADICAE y los aspectos objeto de reclamación, ha resuelto, conforme a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, realizar un llamamiento a sumarse al proceso a “quienes tengan la condición de perjudicados”, para lo cual ha ordenado la publicación de un edicto en el diario El País. Añade el auto que “tratándose de un proceso en el que el hecho dañoso perjudica a una pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación […] el llamamiento suspende el curso del procedimiento por un plazo de dos meses...”

El auto del Juzgado establece que estamos ante un supuesto contemplado expresamente en la LEC (art. 15.1 y 15.3) en el que la norma dicta que “se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual”

Con este auto se confirman las tesis defendidas por ADICAE sobre el carácter colectivo del fraude y la necesidad de abordarlo mediante la acción judicial colectiva que la LEC contempla para este tipo de casos, y se “tumban” las pretensiones de individualización del fraude que han caracterizado otras reclamaciones al estimar el juezgado la procedencia de abordar el mismo desde la perspectiva global y de abuso masivo que ADICAE ha denunciado junto con otros 3.500 afectados a los que, con este llamamiento, podrán sumarse decenas de miles.

Desde ahora y hasta finales del mes de mayo ADICAE llevará a cabo una intensa campaña de difusión de esta novedad clave en un fraude en el que dos tercios de los 300.000 afectados aún no han visto ninguna solución, y facilitará a los mismos la información necesaria para sumarse a esta acción colectiva en defensa de sus derechos y acreditar el engaño masivo y generalizado de la emisión y colocación de participaciones preferentes.

De esta forma y en toda España ADICAE celebrará Asambleas informativas, llevará a cabo repartos de información ante las sucursales de Bankia y desarrollará campañas de información a pie de calle para hacer llegar a los afectados la posibilidad judicial colectiva que finalmente la Asociación ha logrado abrir a pesar del interesado emplazamiento de abogados, pseudoasociaciones e incluso instituciones públicas a acudir a los tribunales en acciones individuales para probar el engaño concreto e individualizado como única vía de solución.

FUENTE

EE.UU.: GENERAL MOTORS ACUSADA DE 300 MUERTES POR ACCIDENTES

Vinculan a General Motors con más de 300 muertes por accidentes

Una organización privada en Estados Unidos indicó que más de 300 personas pudieron haber muerto en ese país por un defecto que cancela la activación de los airbags (bolsas de aire) delanteros en los vehículos de la empresa General Motors.

El Centro para la Seguridad Automotriz comisionó el estudio a la compañía Friedman Research, que analizó información de la Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera de Estados Unidos (NHTSA, por sus siglas en inglés) sobre las fallas de estos dispositivos entre 2003 y 2012.

Según esta organización, que criticó al organismo oficial por ignorar sus propia estadísticas, el número de muertes puede ser mayor porque la investigación solo se centró en dos modelos de la empresa.

El mes pasado, General Motors anunció que llamaba a revisión a más de 1.600.000 vehículos debido a desperfectos con el interruptor de encendido, pero la empresa automotriz solo ha vinculado 12 muertes por el problema con las bolsas de aire en dos de sus modelos, el Chevrolet Cobalto de 2005 a 2007 y el Saturn Ions de 2003 a 2007.

la NHTSA, el Departamento de Justicia, el Congreso y la empresa han iniciado investigaciones para determinar por qué el fabricante de automóviles tardó más de una década en llamar a revisión los vehículos afectados si las quejas con el interruptor de encendido se han repetido en los últimos años.

El problema

Un portavoz de General Motors dijo que el estudio del Centro para la Seguridad Automotriz no es riguroso y sus conclusiones son pura especulación.

Con respecto al fallo en el sistema de encendido, la empresa ya había indicado que un error en el diseño de los vehículos permite que la llave se coloque en posición de apagado de forma involuntaria.

Esto puede ocurrir si la llave de encendido está sujeta a un llavero demasiado pesado o si el vehículo circula por un terreno abrupto.

En esas circunstancias, las bolsas de aire del automóvil dejan de funcionar.

FUENTE

DEMANDA INTERNACIONAL PARA 16 BANCOS POR MANIPULACIN DE LA TASA LIBOR

FDIC demanda a bancos estadounidenses por manipular la tasa Libor



La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) demandó el viernes a 16 de los bancos más grandes del mundo, entre ellos varios estadounidenses, por haber manipulado la tasa interbancaria de Londres conocida como Libor. 

Los bancos acusados, entre ellos Bank of America Corp, Citigroup Inc y JPMorgan Chase & Co, han causado pérdidas sustanciales a 38 bancos que el regulador estadounidense administra desde 2008, según la FDIC. 

En su demanda, el regulador bancario estadounidense mencionó que las pérdidas de los bancos cerrados surgieron directamente “a partir de un daño a la competencia generada por fraude y colusión". 

La demanda, presentada en la corte federal del distrito de Nueva York, que se suma a una serie de acciones civiles ya presentadas, es la última acusación que se realiza en torno a una conspiración de instituciones financieras para manipular el Libor. 

Reguladores en Estados Unidos, Europa y Asia han estado investigando a numerosos bancos por acusaciones de manipulación de la tasa Libor y otros tipos interbancarios de referencia. 

La tasa Libor se considera ya como un instrumento financiero clave a nivel mundial, por ser referencia de más de 550 billones de dólares en productos financieros, desde hipotecas a negocios con derivados. 

Los reguladores europeos y estadounidenses, tras realizar investigaciones en torno a las tasas Libor y Euribor, han multado, hasta ahora, a 10 bancos y corredurías por 6000 millones de dólares, además de presentar cargos en contra de 13 individuos. -
FUENTE

ESPAÑA: VODAFONE DEMANDA A MOVISTAR Y ARRASTRA A JAZZTEL

Vodafone denuncia a Movistar por trasladar su monopolio del ADSL a la fibra óptica

Acabamos de conocer que Vodafone ha presentado una denuncia contra Movistar ante la CNMC al entender que esta ha trasladado su monopolio de ADSL al mercado de la fibra óptica. Piden a la CNMC el acceso a las ofertas comerciales de 50 y 100 Mbps para poder replicarlas. Todos los detalles a continuación.

Vodafone presentó el pasado 14 de febrero una denuncia contra la Movistar ante la CNMC por infracción de normas de Derecho español y de Derecho comunitario de la competencia, al entender que abusan de su posición dominante en el mercado de la fibra óptica, tal y como lo hacían en el ADSL.

La denuncia presentada por Vodafone ante la CNMC, alcanza también a Jazztel, ya que cuenta con un acuerdo con Movistar para el despliegue de fibra óptica. Vodafone estima que este acuerdo es anticompetitivo ya que supone el reparto de mercados y la imposición de condiciones comerciales discriminatorias.

Explican que la denuncia se fundamenta en la “estrategia exclusionaria” de Movistar para trasladar su monopolio en la red de ADSL a las redes de fibra óptica y por reforzar su posición de dominio en perjuicio de Vodafone y de otros competidores.

Las conductas denunciadas

La denuncia de Vodafone contra Movistar puede agruparse en tres categorías. En primer lugar, las prácticas que buscan demorar o hacer más ineficiente el despliegue de redes de fibra óptica de la competencia. En segundo lugar, los acuerdos discriminatorios contra terceros operadores, como el caso de Movistar-Yoigo o Movistar-Jazztel.

Por último, las prácticas abusivas en el empaquetamiento de servicios, que para Vodafone buscar expulsar del mercado a los principales competidores. La operadora británica entiende que no se puede replicar técnicamente la oferta de Movistar por carecer de fibra óptica ni por el precio de la parte móvil, que no cubre la prestación del servicio.

Evitar que “continúe alterando de manera ilícita y en beneficio propio la estructura de los mercados de comunicaciones fijas y móviles”

Razones para denunciar

En este caso, Vodafone ha decidido acudir a la CNMC por diversas razones como el haber agotado sin fruto alguno la negociación con Movistar para obtener acceso mayorista a la fibra óptica. Vodafone explica que ha propuesto modelos para invertir conjuntamente en la fibra.

También ha decidido denunciar para seguir siendo coherentes con sus actuaciones legales del pasado, por ejemplo, cuando denunciaron Fusión ante la CMT. Finalmente, entienden que las conductas denunciadas causan un grave daño a Vodafone en un momento crucial para el mercado.

¿Qué pide Vodafone a la CNMC?

Vodafone pide la adopción de medidas cautelares para conocer los precios orientados a costes en verticales y también obligar a Movistar a facilitar ofertas comerciales de 50 y 100 Mbps que puedan ser replicadas por la competencia. Entienden que estas medidas pueden adoptarse en unos 2 meses.

También piden la declaración de conducta anticompetitiva, lo que dará lugar a una posterior reclamación de daños y perjuicios en los tribuales. Para acabar, piden que se impongan una serie de obligaciones legales a Movistar para impedir que “continúe alterando de manera ilícita y en beneficio propio la estructura de los mercados de comunicaciones fijas y móviles”

FUENTE

TRIBUNAL DE DERECHOS HUMANOS DE EUROPA ELEVA LAS CONDICIONES PARA PONER UNA DEMANDA

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

endurece las condiciones para interponer una 

demanda

Los criterios para interponer una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se han endurecido desde que el pasado 1 de enero entró en vigor la nueva norma 47 del TEDH. Esta modificación, diseñada para mejorar la eficacia del Tribunal y acelerar el examen de las demandas, introduce dos cambios significativos que determinarán si una demanda es asignada a una formación judicial o si es rechazada, sin ni siquiera ser considerada por el Tribunal.

El primero de los cambios afecta a la información y a los documentos facilitados al Tribunal para posibilitar el examen de la demanda. Cualquier formulario enviado al TEDH deberá ser completado en su totalidad y acompañado por copias de los documentos relevantes. Así, cualquier documento incompleto será rechazado por el Tribunal, tal y como prevé ahora la normativa.

El segundo de los cambios afecta a la cuestión de la interrupción del periodo en el cual el recurso se tendrá que interponer ante el TEDH, esto es, dentro de los seis meses inmediatamente posteriores a la decisión definitiva del tribunal doméstico de última instancia. Para que el periodo sea interrumpido el recurso tendrá que cumplir las condiciones estipuladas en la Norma 47. El formulario tendrá que ser enviado al Tribunal, debidamente cumplimentado y acompañado de los documentos pertinentes, en el periodo previsto en el Convenio. Los expedientes incompletos no serán tomados en consideración de cara a la interrupción del periodo de los 6 meses.

Para ayudar a los solicitantes al cumplimiento de las nuevas normas el Tribunal ha asegurado que difundirá materiales informativos, en las lenguas oficiales de los Estados Parte de la Convención.

FUENTE

EE.UU. : SENADOR REPUBLICANO DEMANDA A OBAMA POR ESPIONAJE DE LA NSA

EE.UU.: Un senador republicano demanda a Obama por las políticas de la NSA




El senador republicano Rand Paul dice que está preparando una demanda contra el Gobierno de Obama por las políticas de recopilación de datos de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).


En su página web, Paul insta a los estadounidenses a unirse a la demanda, según sus palabras, "para evitar que la NSA de Barack Obama espíe al pueblo estadounidense", según publica Fox News.

En una entrevista la noche del viernes en el programa de Fox News 'Hannity', el republicano de Kentucky dice que cree que todo el mundo en EE.UU. con un teléfono celular podría ser elegible para unirse a la demanda como una petición colectiva.

Paul dice que las personas que se quieran unir a la demanda estarán diciendo al Gobierno que no puede tener acceso a los mensajes de correo electrónico y registros telefónicos sin permiso o sin una orden específica.

El pasado mes de noviembre, Paul afirmó que el propio presidente Obama podría estar bajo la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

El senador admitió que hizo este comentario "un poco chistosamente", pero señaló que las órdenes judiciales que autorizan las actividades de vigilancia en EE.UU. son "tan amplias, ilimitadas y no específicas que se aplican para todos los teléfonos móviles".
FUENTE

CANADA DEMANDA A ESPAÑA POR LAS RENOVABLES

El fondo de pensiones de Canadá demanda a España por las renovables

Solicita un arbitraje junto con su socio Isolux a través de una filial holandesa

PSP Investment gestiona 52.000 millones en activos para los funcionarios

• Ofensiva contra España por las renovables
• El fondo Eiser demanda a España por los recortes a las renovables

Hasta la Policía Montada de Canadá está involucrada ya en la avalancha de demandas contra España por sus reformas eléctricas. España figura ya como el país con más litigios en los registros de disputas de la Carta de la Energía, el principal tratado multilateral en la materia. Entre las últimas demandas registradas está la solicitud de un arbitraje por parte de una sociedad conjunta de Isolux y PSP Investment, el fondo de pensiones de los funcionarios, el Ejército y la Policía Montada de Canadá, que gestiona más de 76.000 millones de dólares canadienses (52.000 millones de euros) en activos.

Los socios de Isolux ya habían demandado a España en otro litigio presentado por la sociedad holandesa Charanne y por la luxemburguesa Construction Investments, las firmas a través de las cuales los empresarios Luis Delso y José Gomis controlan Isolux Corsán. Pero ahora se ha abierto otro arbitraje en el que el protagonista es la sociedad Isolux Infrastructure Netherlands, domiciliada en Holanda, que solicita una indemnización por los recortes sufridos en la retribución de las energías renovables, en particular la fotovoltaica.

Los socios de esa firma son el Grupo Isolux Corsán (GIC) y la firma Infra-PSP Canada, dependiente del fondo de pensiones Public Sector Pension Investment Board o PSP Investment. El fondo de pensiones de los empleados públicos canadienses llegó a un acuerdo en junio del año pasado para hacerse con el 19,23% de Isolux Infrastructure Netherlands, una sociedad de nueva creación a la que Isolux aportó sus participaciones en varias filiales dedicadas a la transmisión eléctrica, autopistas y generación de energía fotovoltaica, en el que opera a través de T Solar.

Aunque el fondo de pensiones canadiense se hacía con una participación minoritaria por su aportación de capital, el acuerdo le concedía derechos de veto sobre decisiones estratégicas y exigencia de mayorías reforzadas para otros asuntos. Por ello, al autorizar la operación, la Comisión Nacional de Competencia concluyó que existía un control conjunto

El Gobierno español se juega cientos de millones en los pleitos por las renovables

El importe de la demanda presentada por la sociedad no ha trascendido. El pleito será realizado al amparo del Tratado de la Carta de la Energía con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo.

Como abogados de la firma demandante actúa el despacho Bird & Bird, que también asesora a los socios de Isolux en el otro arbitraje, en el cual el Gobierno español ha contratado los servicios del bufete Herbert Smith Freehills para su defensa. Bird & Bird asesora además a la patronal Protermosolar en su batalla jurídica contra los recortes a las renovables.

El Gobierno español se juega cientos de millones en los pleitos por las renovables. El miedo a los litigios explica, según algunas fuentes del sector, que el Gobierno no haya sido más agresivo en los recortes a las renovables. El incremento exponencial de las primas está entre los factores que han provocado que el sistema eléctrico español tenga déficit (costes superiores a los ingresos) a pesar de que el recibo de la luz es uno de los más altos de Europa. Las dificultades para cuadrar el círculo han llevado al Gobierno a intentar ir poniendo un parche tras otro sin mucho éxito. Las contradicciones del Gobierno y la subasta de la semana pasada son solo los últimos episodios de un problema que dista mucho de estar resuelto.

España tiene ya frentes abiertos en tres tribunales de arbitrajes diferentes por los recortes a las renovables. La primera demanda fue la presentada en 2011 por una serie de 16 inversores en energía solar fotovoltaica (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH & Co., NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL.

En segundo lugar, los arbitrajes registrados por la organización del Tratado de la Carta de la Energía ante la Cámara de Comercio de Estocolmo son ya tres: el inicial de los socios de Isolux, el nuevo de la firma controlada con el fondo de pensiones canadiense y el presentado por la filial luxemburguesa de Abengoa CSP Equity Investment con el asesoramiento de Cuatrecasas, en la que la firma reclama 60 millones de compensación anual por lo que considera una “expropiación” de derechos a sus plantas termosolares.

El tercer frente es el abierto el mes pasado por los fondos RREEF y Antin, vinculados a Deutsche Bank y BNP, respectivamente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los recortes de retribución a las centrales Andasol 1 y Andasol 2. A esas dos demandas hay que sumar otra del fondo británico Eiser.

Y todos los expertos creen que la batalla jurídica internacional no ha hecho más que empezar.

FUENTE

FILIALES DE BNP Y DEUTSCHE BANK DEMANDAN A ESPAÑA ANTE EL BANCO MUNDIAL POR LOS RECORTES DE LAS RENOVABLES

Ofensiva contra España por las renovables

RREEF y Antin, dos grandes fondos vinculados a Deutsche Bank y BNP, demandan a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial por los recortes a la termosolar

La reforma eléctrica se complica cada vez más. Los grandes fondos de inversión internacionales han pasado de las amenazas a los hechos. Por primera vez, han demandado a España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo de arbitraje que forma parte del Banco Mundial. España tendrá que defenderse ante el principal centro de arbitrajes contra Estados para la protección de inversiones. Es el mismo organismo ante el que Repsol demandó a Argentina por la expropiación de YPF. El Estado español se jugará cientos de millones de euros en los tribunales por los recortes a las renovables.

De momento, los inversores internacionales han presentado dos solicitudes de arbitraje en el Ciadi frente a España. La primera la suscriben RREEF Infrastructure Limited y RREEF Pan-European Infrastructure II Lux. La segunda ha sido presentada por las sociedades Antin Infrastructure Services Luxembourg y Antin Energía Termosolar BV.

RREEF Infrastructure es un vehículo de inversión promovido por Deutsche Bank que tiene en España inversiones en energías renovables, tanto eólica como solar. Antin es una firma francesa de inversión en infraestructuras en la que BNP es socio de la gestora y el principal inversor del fondo con el que arrancó su actividad. Tiene inversiones en Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España, entre otros países. En España controla Axión (competidor de Abertis en el negocio de torres de comunicaciones) y también tiene inversiones en energía solar, las que provocan el pleito.

España se juega cientos de millones en los pleitos de las renovables

RREEF y Antin compraron a ACS el 90% de las centrales termosolares Andasol 1 y Andasol 2, en una operación que supuso una valoración en torno a los 830 millones de euros, deuda incluida. Cada uno de los inversores compró el 45% del capital, mientras que la empresa presidida por Florentino Pérez retuvo el 10% restante. Según las cuentas anuales de ACS de 2012, Andasol 1 y 2 tenían en 2012 unos activos de 620 millones y una cifra de negocio de 101 millones. Las dos plantas están situadas en Guadix, Granada, a unos 1.100 metros de altitud, y empezaron a operar en 2008 y 2009.

Las demandas de arbitraje se deben a los recortes en la retribución de las actividades termosolares. En la información sobre los activos de RREEF, Deutsche Bank señalaba para justificar su inversión que “ambas plantas se benefician de un marco regulatorio transparente, estable y atractivo con la venta de su producción garantizada durante sus vidas operativas”. RREEF y Antin pagaron un alto precio por Andasol 1 y 2 a ACS contando con la rentabilidad asociada a las primas a las renovables. Consideran que el recorte de la rentabilidad viola la seguridad jurídica de sus inversiones y supone un cambio retroactivo de las reglas del juego.

Según fuentes del Ciadi, ambas presentaron sus solicitudes de arbitraje el pasado 22 de noviembre. Ambas están representadas por la oficina londinense de Allen & Overy, el despacho de abogados más activo en las demandas contra España por los recortes en las renovables. Por parte del Estado español será la Abogacía General del Estado y la Dirección del Servicio Jurídico del Estado quienes tengan que hacer frente al pleito.

El sector espera una oleada de nuevas reclamaciones

España solo había recibido hasta ahora otras dos demandas de inversores internacionales ante el Ciadi en los 19 años en que ha formado parte del organismo. La primera fue en 1997, cuando el argentino Agustín Maffezini demandó por una inversión en el sector químico a España, que acabó siendo condenada a pagar unos 350.000 euros. La segunda fue una demanda presentada el año pasado por una firma venezolana (IGB) por inversiones inmobiliarias en Las Rozas (Madrid) por unos 25 millones de euros.

Los países más demandados ante el Ciadi son con frecuencia los que tienen más problemas de seguridad jurídica. A la cabeza se encuentran Venezuela (que ha decidido dejar el organismo tras la avalancha de reclamaciones) y Argentina, por las frecuentes expropiaciones e incumplimientos de contratos.

Pero España afronta ahora el riesgo de recibir también un aluvión de demandas ante el Ciadi y otros organismos internacionales de arbitraje, no solo por los recortes a la retribución de las renovables ya realizados, sino también por los que están en marcha a punto de aprobarse.

Pleitos contra México y Egipto

Cuatro de las últimas cinco solicitudes de arbitraje registradas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), el organismo del Banco Mundial, tienen sello español. Junto a las dos demandas de fondos internacionales contra España por los recortes en las renovables, hay también dos pleitos entablados por empresas españolas contra otros países.

El pasado 6 de noviembre, Cemusa, filial de FCC especializada en mobiliario urbano, presentó una demanda contra México en la que actúan como asesores de la española los abogados mexicanos de Von Wobeser y Sierra. El pasado 17 de noviembre, las partes acordaron nombrar como árbitro al argentino Horacio Grigera Naón.

Por su parte, Cementos La Union y Áridos Jativa han presentado una solicitud de arbitraje contra Egipto para proteger sus inversiones en el país del norte de África. La firma valenciana invirtió más de 110 millones en una fábrica en Egipto después de comprar una firma local.

Empresas españolas mantienen muchos otros pleitos abiertos en el Ciadi. El más importante es el de Repsol contra Argentina por la expropiación de YPF, pero la demanda será retirada si se cierra un acuerdo sobre la expropiación.

Los recortes a la retribución de la energía fotovoltaica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya provocaron algunas demandas internacionales que denunciaban la violación del Tratado de la Carta de la Energía al aplicar, en su opinión, recortes con carácter retroactivo. Alegando esa violación, un grupo de 16 inversores (AES, Solar, Ampere Equity Fund, Element Power, Eoxis Energy, European Energy, Foresight Group, GreenPower Partners, GWM Lux Energía Solar, HGCapital, Hudson Clean Energy, Impax Asset Management, KGAL GmbH, NIBC Infrastructure Partners, Scan Energy y White Owl Capital) presentaron en noviembre de 2011 una demanda contra España bajo las reglas de arbitraje de la UNCITRAL, que fuentes del sector cifraban en unos 600 millones.

Este año, Abengoa, a través de su filial CSP Equity Investment Sarl, ha demandado al Gobierno español como firmante del Tratado de la Carta de la Energía por lo que considera una “expropiación” de sus legítimos intereses en las plantas termosolares Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2. El arbitraje será realizado en La Haya de acuerdo con las reglas del Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, según desveló Abengoa en un folleto de emisión registrado en Estados Unidos.

Pero fuentes del sector consideran que la ofensiva no ha hecho más que empezar y esperan muchas más demandas de los inversores, tanto por los recortes de primas a las renovables de finales del pasado año como por los que llegarán cuando se empiece a aplicar el concepto de “rentabilidad razonable” previsto en la reforma del sector, contestada también en los tribunales españoles por las empresas nacionales. España se juega cientos, si no miles, de millones en una reforma del sector eléctrico que se ha convertido en un gran negocio para los abogados.

FUENTE

DESESTIMADA LA DEMANDA DE PROTECCION AL HONOR PRESENTADA POR COSPEDAL CONTRA BARCENAS

El juez desestima la demanda de protección al 

honor interpuesta por Dolores de Cospedal 

contra Luis Bárcenas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Toledo ha desestimado en una sentencia la demanda sobre protección al honor de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, interpuesta contra el ex tesorero de esta organización Luis Bárcenas.

Previamente, el titular del Juzgado, Jesús Yunta García-Prieto, dictó también un auto por el que desestimaba la suspensión del procedimiento civil planteada por Luis Bárcenas y el ministerio Fiscal.

El origen de la demanda por intromisión al honor fue la filtración al diario “El País” de unos papeles contables que la demandante consideró de falsos, confeccionados por el propio Bárcenas, en los que se reflejaba que la actora habría cobrado del Partido Popular unas cantidades de “dinero b” a modo de sobresueldos, información falsa que vulneraba su derecho al honor.

Se adjunta auto de fecha  25 de noviembre  de 2013 y sentencia de fecha 30 de noviembre de 2013. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 de Toledo

Resumen: Demanda de protección del derecho al honor.  Procedimiento Ordinario 78/2013

-El Auto desestima la solicitud de suspensión del procedimiento civil por prejudicialidad penal planteada por el demandado y por el Ministerio Fiscal.

Dicha decisión está basada, según los razonamientos jurídicos del Auto, en que el procedimiento civil se fundamenta en un objeto específico que no es otro que la protección del derecho al honor por la existencia de intromisión ilegítima en el mismo. Este objeto, según el Auto, nada tiene que ver con el proceso penal que se sigue en la Audiencia Nacional, ya que el proceso civil no se centra en la veracidad o no de los hechos que se investigan en el ámbito penal sino en determinar si se ha atentado o no contra el derecho al honor de la demandante. Siendo lo objetos de ambos procedimientos, civil y penal, diferentes. (Razonamiento Jurídico Segundo).

-La Sentencia desestima la demanda planteada.

En la fundamentación jurídica de la resolución se estima probado “el carácter difamatorio de los hechos reflejados en los papeles contables” y que se publicaron en un medio de comunicación. Según el Juzgador, “no se prueba de manera concluyente” por parte del demandado la veracidad o no de los papeles confeccionados, aunque afirma  en la sentencia  que “su interrogatorio carece de suficiente credibilidad” “no deja de ser una persona con un interés evidente” “teniendo, a pesar de negarlo, una evidente animadversión hacia la actora, puesta de manifiesto en su interrogatorio judicial” (Fundamento Jurídico Cuarto).

Aunque la parte demandante “prueba la intromisión ilegítima y el carácter infamante o difamatorio de la información proporcionada” al medio de comunicación, lo que no ha quedado probado es la autoría de la filtración por parte de demandado. Según la Sentencia, “pueden existir sospechas, pero no pruebas concluyentes que permitan darlo por probado en este procedimiento” (Fundamento Jurídico Quinto), lo que hace que la demanda se desestime.

Se desestima la demanda al no existir suficientes pruebas de que el demandado  “fuera la persona que está detrás de la campaña difamatoria, o que fuera quien entregó los papeles a esa tercera persona que se los proporcionó al periódico, lo que no implica que no lo fuera, pues tampoco hay pruebas concluyentes que lo descarten” (Fundamento Jurídico Sexto).

La sentencia no impone costas a la parte demandante “por concurrir serias dudas de hecho, pues la parte demandante tenía motivos para creer o pensar, a la vista de los indicios existentes” que el demandado fue el autor de la filtración. (Fundamento Jurídico Sexto).

Nota: Este resumen ha sido elaborado por el Gabinete de Comunicación a los efectos informativos y carece de vinculación legal con ambas resoluciones.

FUENTE

EL PP RETIRA LA DEMANDA CONTRA EL PAIS POR LOS PAPELES DE BARCENAS

El PP retira la demanda contra EL PAÍS por los papeles de Bárcenas

El partido cree que ha "desvanecido el interés" después de que Bárcenas reconociera la autoría

Rato, Arenas, Acebes y Mayor también retiran la demanda igual que hizo Cospedal

La formación solicita que en el juicio de la semana que viene no se interrogue a Bárcenas

El Partido Popular ha presentado ante el juzgado de primera instancia número 83 de Madrid un escrito en el que formaliza su renuncia a la demanda que interpuso contra EL PAÍS por la publicación de los papeles de Bárcenas, y atribuye esa decisión al reconocimiento de la autoría de los apuntes por parte del extesorero.

La formación tramita esta decisión de forma conjunta con el exvicepresidente económico Rodrigo Rato, el exministro Ángel Acebes, el actual vicesecretario de Política Local y Autonómica del PP, Javier Arenas, y el portavoz popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja. "Los recientes hechos tienen, a juicio de los demandantes, una trascendente influencia jurídica en esta litis, que conlleva, entre otras cuestiones, el desvanecimiento del interés legítimo" que sustentaba la acción judicial, mantiene el escrito de renuncia en referencia al reconocimiento de la autoría de Bárcenas.

Los cuatro dirigentes populares ya anunciaron su intención de retirar la demanda contra EL PAÍS el pasado 18 de octubre, "en coherencia" con la decisión tomada por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, antes del juicio contra el antiguo responsable de finanzas celebrado en Toledo.  El abogado de la número dos del partido mayoritario comunicó ese día que "la razón de demandar a EL PAÍS ya no tiene el fundamento que tenía inicialmente".

El PP también solicita, en este último escrito fechado el 19 de noviembre, que en el juicio previsto para la semana que viene, en los días 25 y 28, no se interrogue a Bárcenas y a algunos testigos y peritos.

El pasado 6 de marzo, el PP  presentó una demanda por vulneración del derecho al honor contra la empresa editora de EL PAÍS y “contra el autor de los falsos papeles publicados que, según dicho medio de comunicación, es Luis Bárcenas, aunque él lo haya negado públicamente y ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Con esta fórmula —similar, según fuentes populares, a la utilizada en la demanda— el partido anunció a través de un comunicado la presentación de una acción legal conjunta más de un mes después de la publicación de los apuntes contables del que fue responsable de las cuentas del PP durante casi veinte años como gerente y tesorero.

FUENTE

EE.UU. : EL BANCO BEAR STEARNS DEMANDA A MOODY'S, S&P Y FITCH

Liquidadores de fondos del banco Bear Stearns presentan demanda contra Moody's, S&P y Fitch

El reclamo, presentado ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, acusa a las agencias de asignación fraudulenta de clasificaciones.

Los liquidadores de dos fondos de cobertura del quebrado banco de inversión Bear Stearns presentaron el lunes una demanda contra las tres principales agencias calificadoras de crédito, acusándolas de la asignación fraudulenta de calificaciones infladas a valores de los fondos.

La demanda contra Moody's Investors Service, Standard & Poor's y Fitch Ratings busca una indemnización por daños y perjuicios vinculados a más de US$1.000 millones en pérdidas sufridas por los fondos.

El reclamo fue presentado ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
FUENTE