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lunes, 30 de diciembre de 2013

ESPAÑA: JUEZ ELPIDIO JOSE SILVA: " LA MADRE DE LA CORRUPCION ESTA EN EL PODER JUDICIAL "


El juez Elpidio José Silva: "La madre de la 

corrupción está en el poder judicial"


Elpidio Silva, en su domicilio de Madrid

El juez que investigó el caso Blesa y fue suspendido cuatro meses recibe a 20minutos: "No quiero 

ser un juez estrella". Se ha reincorporado a su juzgado tras la sanción y asegura que el juez 

sustituto no ha hecho nada en la causa, "ha intentado quitársela de encima". Anuncia la 

presentación de un libro, 'La Justicia 

desahuciada', donde explica los manuales que usan los corruptos para desprestigiar a los jueces. 

"Los peritos del caso Blesa me dijeron que había personas que les estaban presionando y 

coaccionando", indica. 

"La noticia no es Blesa, es la impunidad", ha remachado.


Elpidio José Silva (Granada, 1959) no se considera un juez estrella, "ni lo era ni quiero serlo". Asegura que ante todo es un ciudadano que solo quiere defenderse. Aunque no buscara la fama, Silva se convirtió en noticia al ser el juez que metió en la cárcel a un banquero. Lo hizo dos veces y el 'caso Blesa' se convirtió en el 'caso Silva'. Miguel Blesa, ex presidente de Caja Madrid, salió de prisión y el juez fue suspendido cuatro meses y siete días mientras instruía el caso, lo que le apartó del mismo. 

Ya se ha reincorporado a su juzgado, el número 9 de Madrid, mientras la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid le acusa de prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia, y delitos contra la libertad individual por la detención ilegal del banquero.  

"No soy una estrella de rock, ni ningún tipo de atracción, es que ya no puedo más”, señala Silva a 20minutos. Habla tranquilo, confiado, sin alzar nunca la voz, extendiéndose en las respuestas y seguro de que los argumentos jurídicos le avalan. 

Utilizando metáforas costumbristas para explicar bien lo que dice. Se declara sorprendido y satisfecho por la avalancha de apoyo público recibido. Miguel Ángel Revilla, el expresidente de Cantabria, inició una campaña de apoyo en Change.org que ya lleva 130.000 firmas. No es la única. Hay otras seis campañas que muestran su apoyo en la misma web. Anuncia la publicación de un libro, titulado "La Justicia desahuciada. España no es país para jueces", y guerrero hasta el final, afirma que recurrirá los ocho días de vacaciones que le han quitado y le correspondían.  Ha vuelto a su juzgado tras cuatro meses de suspensión.

 ¿Cómo se ha encontrado la instrucción que dejó del 'caso Blesa'? He sido respetuoso y no me mirado la causa porque no corresponde, no es legal. Pero sí tengo constancia, porque así se me ha comunicado, que en la causa del Banco de Miami [la compra por parte de Caja Madrid del City National Bank of Florida] no se ha hecho nada. La juez sustituta ha intentado quitarse la causa de encima. La mandó a Decanato diciendo que no me correspondía a mi, siguiendo la tesis del fiscal de que yo me adjudiqué la causa arbitrariamente. Eso es una deslealtad. Y además no es verdad, yo no me adjudiqué nada. ¿Por qué ha tomado este camino la juez sustituta? Ha habido un retraso manifiesto en la causa. Ella durante cuatro meses no ha tramitado nada. 

Y la Fiscalía tampoco ha pedido nada. En cuatro meses se han podido hacer muchas cosas y puede que haya pruebas que se hayan perjudicado. Entiendo que el delito que me imputa el fiscal lo puede haber cometido él. Él me imputa un delito de retraso malicioso, y yo lo que afirmo es que en la causa del banco de Miami sí que hay indicios de un delito muy claro de retraso malicioso de la tramitación de la causa porque no la han tocado. 

No han impulsado pruebas.  ¿Qué había averiguado el juez Silva en la causa del banco de Miami hasta que fue apartado por la suspensión? Había indicios o evidencias, sin permiso de la Comunidad de Madrid y contra los criterios del Banco de España, de que se había adquirido un banco en condiciones sumamente gravosas para la entidad y con una plena conciencia de que se podía estar cometiendo un daño.  Si me amenazan y me coaccionan a los peritos no puedo instruir"Ha informado de que varios peritos del juzgado han denunciado presiones para investigar la causa. Estando la causa en trámite de recusación los peritos me informaron que tenían que poner una denuncia porque unos señores les estaban presionando y coaccionando. 

Y tengo que velar porque eso no pase. La prueba pericial en estos casos es esencial. Se trata de peritar, por ejemplo, si un banco de EE UU que vale 1.100 millones de dólares se ha comprado mal. De peritar toda la gestión de una entidad durante un tiempo, porque cuando ves que hay una irregularidad en un crédito como el de Díaz Ferrán [Caja Madrid le concedió 26,6 millones] tienes que ver si ha habido más irregularidades. Cuando hay que hacer un peritaje tan complicado el problema es que peritos en España no hay muchos. 

Hay dos o tres empresas. Luego está el Banco de España, que es parte del problema. Tengo que pedirle explicaciones, y cómo voy a contar con peritos del Banco de España. Y luego está la Agencia Tributaria, que pertenece al Gobierno y hay implicaciones que pueden afectar al Gobierno y no tengo muy claro que pueda acudir a la Agencia. ¿Quién amenazó a los peritos? Son peritos de una empresa privada. Hay una causa en el juzgado número 9 y nadie hace nada. Una denuncia puesta desde mayo y junio de este año de dos peritos. Es gravísimo y nadie hace nada. ¿De que se trata? Blesa me denuncia para apartarme. La multa del Consejo consigue apartarme. La noticia ya no es Blesa. 

El problema en España es la impunidad, la forma en la que puedes atacar a un juez de a pie que tiene una posición reducida. Yo no existía para los medios ni hubiera existido nunca. Fíjate en el auto que dicté. Yo no quiero montar un escándalo y meto pocos correos, podía haber metido todos pero voy al mínimo. Lo que pasa es que hay gente que ese mínimo tampoco le bastaba. Corruptos hay en todos los países del mundo, lo que pasa en España es la impunidad que tienen. Apartan y difaman a los jueces. Hay un magistrado compañero que me acusa de juez justiciero que me he ganado a la opinión pública. 

Todos cometemos errores, pero en esta causa he tenido suerte, no ha habido errores. Lo que ha habido es una forma de trabajar muy rápida que no le ha venido bien a ciertos imputados. Ahora hay un conjunto de magistrados que van diciendo falsedades, infamias y cosas a mis espaldas. Van diciendo a amigos míos que soy peligroso. ¿Por qué? Es de cachondeo. Esta gentuza es la madre de la corrupción. 

La pelota de la corrupción está en el poder judicial. Mientras seamos así todos los corruptos brindan con champán. No me extraña que todo el narcotráfico europeo esté instalado en España. Machacas al juzgado, tumbas al juez, lo fríes a recursos, lo desprestigias y encima el Consejo del Poder Judicial le expedienta. Hemos creado un agujero de paraiso fiscal de los corruptos. 

Y los jueces y fiscales participamos en esta merienda de negros. Si no lo hiciéramos esto no pasaría. Un país no se puede permitir el lujo de no investigar lo ocurrido en CajaMadrid. Hemos pasado del 'caso Blesa' al caso de Elpidio Silva. ¿Cómo está su caso? Porque le pueden caer 40 años de inhabilitación. Lo que hay que hacer es archivar la causa en el Tribunal Superior de Madrid. Lo que es evidente es que Moix [Manuel Moix Blázquez, fiscal jefe] y el instructor Gavilán [el magistrado Jesús Gavilán] tienen un problema. Han hecho una querella disparatada y el TSJM ha admitido a trámite algo que jamas debería haber admitido. 

Yo prevariqué porque malinterpreté los correos, pues traiga usted los correos y yo le explico. Cometen esa falta grave y escuchan una declaración mía de siete horas que es para archivar la causa inmediatamente. Y luego las preguntas que me hicieron no tuvieron nada que ver con la imputación, eran absurdas. Me preguntaron si yo era amigo de Manos Limpios [una de las acusaciones particulares]. Claro que no. No tienen nada. Y los dos secretarios judiciales declaran que no hubo retraso malicioso. Explique lo del retraso. ¿De qué le acusan exactamente? 

Dicen que tardé dos meses. Dios mio. La juez Alaya [que instruye los ERE de Andalucía] ha tardado un año en algunas cosas. Y cuando tarda dos meses la Fiscalía le dice que ha ido muy rápido. Explícame porque vivimos todos en el mismo país. Los peritos y la Guardia Civil han refrendado mi actuación. No solo habría que archivar mi causa sino que abrir diligencias penales o disciplinarias al fiscal, a Moix. Esto no puede quedar así. No nos podemos callar, ni yo ni los ciudadanos. Yo trabajo para los ciudadanos, no para mi. El ciudadano paga porque un juez investigue. Al ciudadano no le interesa que estén machacando a un juez al que paga para que investiguen. Ante todos estos abusos la ciudadanía revienta. Yo no lo entiendo como ciudadano. 

El fiscal dice que los correos son falsos, que algunos correos publicados en prensa están manipulados, pues abre diligencias contra esos medios. No será que nunca se ha mirado los correos. ¿Se ha estudiado 9.000 correos y 16 tomos de documentación? En España hemos creado un paraíso fiscal para los corruptos. Si los jueces no participáramos en esta merienda de negros esto no pasaría"Su pasado ha salido a luz. Expedientes por falta de motivación en sus resoluciones, por desconsideración a funcionarios. También un desahucio de 2009 por un supuesto impago de alquiler. A mi no me desahuciaron. 

Hubo una reclamación de cantidad que había que pagar y ya está. Esto se monta por la estrategia del corrupto. He escrito un libro para explicar cómo actúan los corruptos en España. Lo primero que hace el corrupto es poner al juez en la diana, lo colocas en el linchamiento. Luego embrollas el procedimiento para que la ciudadanía no pueda enterarse y el periodista no sepa cómo explicarlo. Lo que teme el corrupto es a la ciudadanía. El poder lo tienen los ciudadanos. Luego los corruptos van de víctima, que están abusando de ellos, que es una causa general. 

Así genera tiempo y busca la prescripción, tumba al juez, anular la causa y generar un ejército de gente que va hablando mal del juez. Es un esquema. Todos los que han actuado de manera prevaricadora o corrupta tienen que dar explicaciones y pagar por ello. ¿Quiénes son? Empezando por el Consejo del Poder Judicial, los instructores de mis expedientes disciplinarios, los testigos falsos de esos expedientes, los inspectores del Consejo que participaron en esa piltrafa, la jefa de la inspección del Consejo, el presidente del Consejo, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, la fiscal María Jesus Armesto que hizo una declaración falsa, Susana Polo [la magistrada del TSJM ponente de la querella contra Elpidio Silva]... habrá que empezar, vamos a tirar de la lista. 

El instructor Jesús Gavilán miente. Dice que se ha leído en 48 horas 9.000 correos. Son 80.000 folios, entre 48 horas son 1.600 folios por hora. Ha metido. Se ha equivocado. Pero imaginemos que los ha leído. También miente porque no todos los correos son íntimos. Yo diría que hay muy pocos. Lo importante del proceso es abrir la contradicción por parte del acusado, que yo pueda discutir si son íntimos o no, es así en el derecho penal, eso lo sabe hasta un estudiante de Derecho. Como la Audiencia Provincial ha declarado nulos esos correos. ¿Qué elementos de defensa le quedan? Con lo que yo declaré, lo que declararon los secretarios, los peritos y la Guardia Civil es para archivar la causa. 

Me defenderé y tendré que contar lo que pasa, y si lo cuento a lo mejor el sistema no puede aguantar.  Su crítica al estamento judicial es clara. No a todos. Jueces decentes hay muchos pero hay mucha gente que no está en el sistema democrático. Aquí ha habido 40 años de franquismo y yo creo que no todos los jueces han pasado pedagógicamente por un esquema democrático. 

Hay jueces que difaman a compañeros a escondidas, manipulando. El daño que se causa es tremendo. ¿Su carrera judicial ha acabado? Para nada. Está más marcado el que me ha atacado que yo. A mi carrera no le pasa nada. Si los ciudadanos entienden lo que yo hago mi carrera va bien. Y yo tengo una clara percepción de que entienden lo que yo hago. Los ciudadanos rechazan una carrera judicial corporativista, fascista, anquilosada, cerrada, entumecida, con los procesos detenidos y varados. Esto es un equilibrio de poderes. 

No puedes permitir que te pise el partido del Gobierno. Los ciudadanos quieren equilibrio de poderes. España sabe reaccionar a esto. ¿Su investigación relacionaba el 'caso Blesa' con el 'caso Gürtel? Había indicios graves de posible conexidad. 

En la causa Blesa había varias líneas de investigación. Lo que sería el Gürtel 3 no era el caso Blesa, y hubiera acabado automáticamente en el juzgado de Ruz [el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la Gürtel]. Lo que pasa es que si al hilo de una mala gestión bancaria nace el Gürtel la conexividad hay que estudiarla seriamente. Es una injusticia que solo se hable de Blesa. Está Matías Amat, Ildefonso Barcoj [los dos directores generales de Caja Madrid con Miguel Blesa]... más personas y todas estas personas tenían correo corporativo. ¿Por qué Fiscalía no ha actuado? La inspección que me hicieron estaba encaminada a apartarme del caso Blesa"  ¿De qué se arrepiente de su instrucción? Haga autocrítica. No, no ha habido errores. Le hemos dado tantos repasos a la causa que creo que no ha habido errores. Si yo hubiera ido lentamente hubiera preocupado más a los imputados, pero estás obligado a ir rápido. Además, yo todas las cosas complicadas las llevo rápido por un motivo muy sencillo. 


Yo tengo pocos funcionarios y no llegan todos los días a los juzgados diciendo queremos trabajar, estamos encantados, denos usted mucho trabajo. No, están quemados porque tienen maltrato por parte del Estado, porque han perdido nóminas, porque están quemados de lo que es el ámbito judicial, machacados y desmotivados… No quieren casos Blesa ni causas muy gordas que tengo en el juzgado.

 ¿Qué va a pasar en 2014? Hay que inhibirse a la Audiencia Nacional. El juez Andreu [Fernando Andreu ya investiga las supuestas irregularidades de la fusión y salida a bolsa de Bankia y la comercialización de preferentes] tiene que mirar para atrás, lo fundamental, de 2010 para atrás, porque Rato [expresidente de Bankia] es una persona que llega en operación de salvamento. El barco ya está hundido cuando llega. Cuando lo haga, como el caso Bankia y las preferentes son un delito societario tendrá que ponerse a mirar todo lo que tenga que ver con ello. Y delito societario también es prestar mal el dinero, comprar mal los inmuebles o comprar bancos de una manera extraña, por decirlo de la forma más suave del mundo. 

Tendrá que investigarlo todo. Se ha hundido una entidad y nadie da explicaciones. ¿Hay causa contra Blesa sin los correos de Blesa? Los correos no valen para nada. La causa está en las pruebas documentales. Me refiero a que los correos adornan y lo hacen muy bien, no voy a decir que no. La causa Blesa es la prueba documental. Y con ella en la mano hay indicios y sospechas de criminalidad muy graves. Los correos ayudan.

 Algunos son evidencias de criminalidad. Otros ayudan y abren nuevas vías y permiten ver una línea de trabajo. Pero aunque no existieran claro que habría causa contra Blesa. Si ahora se empieza a trabajar la causa Blesa con lo que ya se sabe, yo no me tengo que ir solo a los correos corporativos de esos imputados. Tendría que entrar a saco en muchos correos corporativos de directores generales, directores de riesgos…¿Por qué yo no me metí en eso? Porque esa causa no era para quedármela yo. Yo estaba instruyendo lo indispensable para que Andreu viera que la causa era de él. Habría mirado dos o tres créditos más y se lo habría enviado. Ahora, la situación en la que colocan a Andreu respecto a la causa es tremenda porque va a tener que sacarle la tapa a la entidad y mirarlo todo.

 Y cuando vaya a descargar en bloque los servidores de correo… Jueces decentes hay muchos, pero también hay muchos que no están en el sistema democrático  ¿Cree que el juez Andreu lo va a hacer? Yo creo que debería, se lo pedirán las partes y creo que va a haber acontecimientos importantes en las próximas semanas, querellas muy fuertes. Esto no se va a quedar así. Se trata de que una entidad se hunde, de que nos vamos a un rescate que nos coloca en una situación prácticamente de pérdida de soberanía y acabamos con dos o tres generaciones comprometidas. 

Yo creo que un país no se puede permitir el lujo de no investigar. Esto no tiene más remedio que investigarse. Cuanto más se tape, peor será. Ahora creo que lo que sucede es que nadie quiere reconocer sus errores. Insiste en que la querella contra usted, la supuesta persecución contra su juzgado, no va a quedar así. Esto cuesta dinero. Esto es una prima de riesgo de inseguridad jurídica. 

El otro día se vendió Novacaixagalicia por 1.000 millones de euros. Antes se le habían dado 9.000 millones, de dinero público para sanearla. Me lo tienen que explicar. Esto no son comportamientos normales. ¿De qué va esto? Estamos oliendo mal y aquí se compra a la baja. Esa prima de riesgo de inseguridad jurídica y corrupción nos manda al desastre. ¿Cómo es posible que Italia tenga 30 puntos más de deuda pública que España y en cambio pague lo mismo que nosotros por deuda soberana? Eso supondría no tocar la Sanidad o la Educación. ¿Si la causa al final iba a quedar en manos del juez Andreu, por qué machacar al juez Silva? Lo que me han hecho a mí es un aviso a navegantes. Ya sabes lo que te espera. Cuidadito. 

Se mandan mensajes claros al que sea. Hay muchas grandes causas. Es que es otro mundo. Y así no se puede trabajar en un juzgado de instrucción. ¿Cómo ve la reforma de la justicia de Gallardón? Que sea el fiscal, teóricamente independiente pero nombrado por el Gobierno, y no el juez como ahora, el que dirija la instrucción, la investigación del delito.  Es una trampa. Si no generas un ministerio fiscal independiente hemos acabado ya en el desastre. ¿Qué tiene que hacer la ciudadanía? Organizarse. La pelota es de todos. El rollo de los partidos hay que cortarlo. Cuando un partido quiera conectar con la ciudadanía, que monte plataformas. 

No podemos seguir en manos de los partidos. Los españoles, o tocamos la pelota o pasamos de todo. Tiene que haber una plataforma con 4 millones de mujeres a las que no le dé la gana que su cuerpo a disposición del Gobierno del PP. No cabe una España del poltrón y del pasar de todo. España ha cambiado mucho aunque haya quien diga que no ha cambiado y que todo sigue igual. 

Esa es su estrategia. Tenemos una situación que es irreversible. Los políticos han llegado a un grado de desconexión y los distintos poderes del Estado han llegado a desconectar tanto de los problemas y del sentido común e incluso del canon europeo que los ciudadanos tienen que empezar a tocar la pelota. Usted tiene una Fiscalía que no acusa, que depende del Gobierno y que no instruye bien. Pues tendremos que crear plataformas para ejercer la acusación popular.
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jueves, 28 de noviembre de 2013

ESPAÑA: EL FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE AMENAZA CON RECURRIR TODAS LAS DECISIONES DEL NUEVO CGPJ


El Foro Judicial Independiente amenaza con recurrir todas las decisiones del nuevo CGPJ

La asociación planteara recursos por la vía contencioso administrativa contra todas las resoluciones que respondan a criterios políticos y no jurídicos.

Sede del Consejo General del Poder Judicial

La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)tras la polémica reforma impulsada por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón ha provocado una avalancha de protestas en la carrera judicial que no van a acabar con el nombramiento de los nuevos vocales.

Foro Judicial Independiente se plantea recurrir todas aquellas resoluciones del nuevo órgano de gobierno de los jueces que “que no respondan a criterios jurídicos sino políticos”, según adelantó a elboletin.com el presidente de esta asociación, Angel Dolado Pérez.

En el último comunicado de esta asociación de jueces y magistrados recuerdan que desde su fundación, en 2002, vienen “denunciando de manera reiterada el sistema de designación política de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial ya que cuestionan la constitucionalidad del sistema de designación política de los vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial.

Algo que consideran se ha agravado con la reforma de Gallardón “en flagrante incumplimiento del programa electoral con el que el partido ahora en el Gobierno concurrió a las pasadas elecciones generales”.

Hacen notar desde la asociación que han denunciado “hasta la extenuación durante la tramitación de dicha ley orgánica, la reforma perpetúa y profundiza aún más en el sistema de designación política de los vocales, facilitando en grado sumo que los partidos políticos mayoritarios puedan disponer de un número suficiente de candidatos que sean de su agrado”.

Y recuerdan que por este motivo Foro Judicial independiente, que cuenta con unos 300 miembros, acordó en su Asamblea de 8 de noviembre de 2012 no participar en el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, “ante la evidencia de que la elección de los próximos vocales iba a venir determinada por criterios políticos, siendo además la única asociación que ha cumplido estrictamente su compromiso, al no haber presentado candidato alguno, ni tampoco concurrido ninguno de sus asociados”.

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viernes, 18 de octubre de 2013

CESAN AL COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA JUDICIAL


Cesan al comisario general de la Policía Judicial

   La Dirección General de la Policía que dirige Ignacio Cosidó ha anunciado a última hora de esta tarde una profunda remodelación de la Junta de Gobierno de la Policía que, entre otros cambios, conlleva el cese del Comisario General de Policía Judicial, José García Losada, responsable último de todas las investigaciones relacionadas con la corrupción.

   Este cargo será desempeñado a partir de ahora por el comisario principal Santiago Sánchez Aparicio. Se trata del tercer mando policial que desempeña este cargo en la presente legislatura. Tras la victoria del PP en las elecciones, Cosidó nombró a su propia Junta de Gobierno y situó al frente de la Policía Judicial al comisario Enrique Rodríguez UIla, sin embargo tan sólo seis meses después fue cesado por falta de confianza.

   Su lugar lo ocupó José García Losada que ha permanecido en el cargo desde julio de 2012, algo más de un año. Del comisario general de Policía Judicial dependen diversas unidades como la UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), que lleva investigaciones como el 'caso Palau' o los 'papeles de Bárcenas', o el 'caso Gürtel', entre otras.

   En caso de Santiago Sánchez Aparicio quisiera contar con gente de su confianza, el de Losada podría no ser el único cambio en esa Comisaría General en las próximas semanas.

   El nuevo máximo responsable del área de Policía Judicial es licenciado en Ciencias de la Información y ha sido jefe de la Unidad de Análisis y Tratamiento de la Información e impulsor del sistema de inteligencia criminal. Actualmente era el jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.

   Por su parte, García Losada El comisario principal José García Losada asume la jefatura de la División Económica y Técnica. En la nota enviada por la Policía recuerdan que "García Losada está licenciado también en Derecho y ha sido Jefe Superior de Policía en Galicia, vocal del Consejo Asesor y secretario general de la División económica y Técnica, entre otros destinos", pero no cita su paso por la Policía Judicial.

"NECESARIA REMODELACIÓN"

   A través de este comunicado, la Dirección General de la Policía ha enmarcado estos cambios en una reestructuración "con el objetivo de impulsar la cooperación internacional y mejorar las áreas de gestión interna".

   "Al inicio de la actual legislatura la Dirección General de la Policía realizó un profundo cambio de sus equipos de mando que afectó a la casi totalidad de su Junta de Gobierno y la mayoría de las Jefaturas Superiores. Ahora, en el ecuador de la misma, resulta necesaria una remodelación de la Junta de Gobierno que dé un nuevo impulso al proyecto de transformación de la Policía Nacional en marcha, mejore la gestión interna del Cuerpo y refuerce la cooperación policial internacional", explica el Departamento de Cosidó.

   Sostiene la Dirección General que la nueva Junta de Gobierno responde a la creación de la División de Cooperación Internacional en la estructura de la Dirección General de la Policía". Esta nueva división aglutina la Oficina Nacional de INTERPOL, la unidad nacional de EUROPOL, la oficina de SIRENE y es la responsable de gestionar y coordinar todos los asuntos relacionados con la cooperación policial internacional. El comisario principal Javier Albadalejo ha sido designado jefe de esta nueva unidad. Ha sido designado por su amplia trayectoria profesional en el área internacional, especialmente en la Unión Europea.

   El comisario principal Pedro Polo ha sido nombrado subdirector general de Logística. En su carrera profesional destacan sus destinos como jefe de la División de Documentación y Archivo, --cargo que ocupaba en la actualidad--, o la jefatura de las Comisarías Especiales del Congreso y de la Audiencia Nacional. "La apuesta de la Policía por impulsar el área de Logística se produce por el interés en modernizar los procedimientos de contratación y adecuarse a las nuevas pautas de la Administración", explica la nota.

   La División de Formación estará al cargo del comisario principal Rafael  Abeledo, licenciado en Derecho y con una extensa experiencia en distintas áreas policiales. Ha sido consejero técnico de la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos, jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada, director del Gabinete de Delegación del Gobierno en el Plan Nacional sobre las Drogas y Coordinador de las Comisarías Especiales. En Formación el objetivo es potenciar y modernizar el grado de especialización.

   El nuevo jefe de la División de Personal será el comisario principal Eusebio Escribano, hasta ahora jefe de la Unidad de Gestión de esta División. Escribano está licenciado en Derecho y fue jefe superior de Policía en Extremadura en 2003. Además posee una amplia experiencia en planificación y gestión ya que ha sido jefe de Planificación y Recursos Humanos, jefe de Servicio del Instituto de Estudios de la Policía y responsable de la Unidad de Planificación en la Dirección Adjunta Operativa.

   La División de Documentación y Archivo tendrá desde ahora como jefe al comisario principal José Aranda. En su carrera profesional Aranda ha pasado por distintos puestos de responsabilidad dentro de la Comisaría General de Información, ha sido agregado en la Embajada de Washington y consejero Técnico en la Subdirección General de Gestión y Recursos Humanos.

   Finalmente se nombra también al comisario principal José Mª Rodríguez Calderón como subdirector de Inspección de Personal y Servicios de la Seguridad. Rodríguez Calderón deja su puesto como subdirector de Logística y asume esta nueva responsabilidad.
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jueves, 25 de julio de 2013

BARCENAS PEDIRA UN CAREO CON COSPEDAL


Bárcenas pedirá un careo judicial con Cospedal

La defensa del extesorero planea solicitar la comparecencia de políticos o empresarios incluidos en la contabilidad b



La defensa del extesorero del PP Luis Bárcenas planea solicitar un careo de los políticos o empresarios incluidos en su contabilidad b como donantes o perceptores para que en sede judicial le desmientan, según fuentes próximas a su defensa legal. La primera víctima de tal estrategia de su letrado, Javier Gómez de Liaño, sería Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, cuyo testimonio solicitó la fiscalía Anticorrupción “para que explique el procedimiento de recepción de las donaciones anónimas percibidas por el partido”. Bárcenas, en sede judicial, ya le ha imputado a Cospedal dos actuaciones irregulares: el cobro de sobresueldos opacos en 2008 y la percepción de 200.000 euros en 2007 a través de su gerente en Castilla-La Mancha del PP, José Angel Cañas, supuestamente procedentes de una comisión por una adjudicación de un contrato millonario de basuras en Toledo por el PP.
La dirigente popular niega haber percibido sobresueldos opacos. Y enmarca los 200.000 euros recibidos de Bárcenas por su gerente en un mero aporte de la tesorería nacional a las cuentas regionales del PP, pero cuyo soporte documental ni aparece en la contabilidad oficial ni facilita.
El letrado Liaño ya ha pedido otras dos diligencias explosivas más al juez del caso. Sobre la contabilidad manuscrita del PP, cuya autoría ya admite Bárcenas, su letrado señala a Ruz que en tales folios aparecen dos firmas: “Una y lo explicó él [Bárcenas] en su comparecencia judicial, es la suya, la otra, pertenece al entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta”. Y, por ello, solicita que “se compruebe si en efecto esa segunda firma que aparece en los folios fue estampada por Lapuerta”. El PP esgrime que los papeles de Bárcenas contienen datos falsos. Su letrado plantea el interrogante de por qué entonces están visados por alguien fuera de toda duda en el partido como Lapuerta.
Por último, la defensa del extesorero preso exige que el PP “haga entrega al juzgado de los dos ordenadores portátiles que Bárcenas tenía en su sede y que por técnicos cualificados, en presencia de las partes, se descarguen los archivos en la memoria de ambos dispositivos informáticos”. Presuntamente, en tales ordenadores Bárcenas dispondría de información adicional y comprometedora de pagos y donativos opacos del PP.

sábado, 6 de julio de 2013

ESPAÑA: CONDENAN A UN JOVEN POR ROBAR UNA GALLINA


España: Un joven podría ser condenado a un año de cárcel por robar una gallina




Un juzgado penal de Madrid decidió que un joven de 22 años podría ser condenado a un año de cárcel por haber intentado robar una gallina de un patio aparentemente deshabitado, pese a que el delito se consideró como una tentativa.
Los hechos sucedieron el 17 de diciembre de 2009 en la localidad madrileña de Las Rozas, cuando el ahora condenado tenía solo 18 años de edad. El joven acompañado por un menor de edad trepó el muro, entró al patio y se apoderó de la gallina (tasada en el proceso judicial en 5 euros). Después saltó el muro de nuevo y fue interceptado por agentes de la Policía, que recuperó el animal inmediatamente, según la sentencia.

La abogada del joven señaló que ni el acusado ni su acompañante fueron vistos en el interior del patio por la Policía ni por nadie, por lo que el robo ni siquiera estaba probado. El joven declaró en el juicio que el menor saltó el muro para coger una pelota y que él le esperó sentado en el muro para ayudarle a salir. En ese momento llegó la Policía y luego apareció la gallina al lado de un coche.






 
Guardia Civil
Patio donde se produjo el supuesto robo de la gallina.


Sin embargo, la Fiscalía y el juez consideran que se trata de un delito de robo con fuerza en las cosas, agravado por haber sido realizado en el patio de una casa habitada, según el artículo del diario 'Público'. La defensa del joven considera la sentencia "ridícula" y la condena "totalmente injusta" y presentará el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tendrá la última palabra.

ESPAÑA: EL GOBIERNO NOS ESPIA LLAMADAS Y CORREOS ELECTRONICOS


¿Nos espía Rajoy? El Gobierno escruta sin control judicial llamadas y correos electrónicos

 

¿Dispone el Gobierno de las herramientas tecnológicas necesarias para espiar nuestras comunicaciones? ¿Puede Mariano Rajoy emular a Barack Obama o David Cameron y pisotear impunemente derechos fundamentales protegidos por la Constitución? La respuesta unánime de los expertos consultados por El Confidencial es un rotundo .

La herramienta se llama Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), un proyecto que el Ejecutivo de José María Aznar puso en marcha en 2001 -siendo Rajoy ministro del Interior-, que José Luis Rodríguez Zapatero utilizó masivamente y que ahora el PP, de nuevo, usa supuestamente para combatir el “terrorismo” y el crimen organizado, pero que puede ser también empleado para escrutar de forma indiscriminada, aprovechando un clamoroso vacío legislativo, llamadas telefónicas y correos electrónicos.

El SITEL es un avanzado sistema electrónico que permite interceptar y grabar en tiempo real cualquier conversación telefónica, correo electrónico o mensaje de móvil, además de almacenar en formato digital todos los datos de esas comunicaciones para su posterior análisis. El programa lo controla el Ministerio del Interior, lo utilizan indistintamente la Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Centro Nacional de Inteligencia, y su aplicación requiere de la imprescindible -y obligada- colaboración de las operadoras privadas.

¿Tienen las Fuerzas de Seguridad y los servicios secretos del Estado cobertura legal para pinchar teléfonos y correos electrónicos a través de SITEL? En teoría, sólo si cuentan con autorización judicial. Pero las leyes que regulan en España la intervención de las comunicaciones privadas son, según los mismos expertos, un auténtico coladero que permite eludir fácilmente el escrutinio de los jueces.

Nuestros vecinos franceses se dieron ayer de bruces contra esa misma realidad, cuando se desayunaron con una información del prestigioso diario Le Monde según la cual el Gobierno de François Hollande dispone de un sistema de espionaje que controla diariamente millones de llamadas telefónicas, emails y mensajes de móvil bajo el paraguas de un marco legal muy difuso.

Restricción de derechos fundamentales

El primer agujero de la legislación española salta a la vista de cualquier jurista: la restricción de derechos y libertades fundamentales, como el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales, tiene que ser regulada mediante una ley orgánica, es decir, con el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, tal y como señala la Constitución. Pero el endeble entramado legal que sostiene la intervención de las comunicaciones incumple flagrantemente ese precepto de la Carta Magna.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 -y el reglamento posterior que la desarrolla, aprobado en 2005- y la Ley de Conservación de los Datos de las Comunicaciones Electrónicas, que entró en vigor en 2007, no tienen ese rango normativo: son leyes ordinarias, que requieren de una mayoría simple del Parlamento para su aprobación.

En la legislatura anterior, cuando Rajoy aún era líder de la oposición, el PP tachó repetidamente de “ilegal” e “inconstitucional” el programa SITEL porque, a su juicio, permitía sortear fácilmente esa legislación. El entonces responsable de Comunicación del partido, Esteban González Pons, llegó a acusar a Alfredo Pérez Rubalcaba, en ese momento ministro del Interior, de “controlar la intimidad de los españoles”. Pero desde que llegaron a La Moncloa, en 2011, los populares no han movido un dedo para corregir esas lagunas.

La legislación actualmente en vigor obliga al control judicial de la interceptación de las comunicaciones. Pero esa normativa encierra en sí misma varios atajos para poder burlarla. Y de hecho es burlada frecuentemente, según aseguran los expertos consultados por este diario, que han exigido el anonimato. Todos salvo el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Torres Muro, que asegura disponer de información de que “la violación de esos derechos fundamentales es algo más que un temor”, y la abogada Ofelia Tejerina, experta en tecnologías de la información y asesora legal de la Asociación de Internautas.

Fuera de control

Según Tejerina, la ley permite a los llamados agentes facultados -policías, guardias civiles y espías del CNI- exigir a las operadoras de telefonía, “con carácter previo a la autorización judicial, información sobre la identidad de las personas que se comunican, sus números de DNI o de pasaporte, la hora, la fecha, el lugar de origen de las llamadas y el de destino… Y todo ello antes de que intervenga el juez, lo que deja fuera de control una parte importante del proceso de interceptación y colisiona con el derecho fundamental a la protección de datos personales”.

Son precisamente esos datos asociados a las comunicaciones privadas o metadatos los que, según revelaba ayer Le Monde, recopilan masivamente las autoridades francesas a espaldas de los ciudadanos. Se trata, en definitiva, de saber “quién contacta a quién, recolectando los datos de las llamadas de millones de abonados, identificando a los interlocutores, el lugar, la fecha, la duración del mensaje. Y lo mismo con los correos electrónicos o los SMS, y toda actividad que pase por Google, Facebook, Yahoo…”, añadía el diario parisino.

Para tratar de frenar ese caos y llenar en parte el vacío jurídico, la Fiscalía General del Estado dictó el pasado mes de enero la circular 1/2013 sobre Pautas en relación con la diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas, que dedica un amplio apartado al programa SITEL. Pero la gran complejidad de las recomendaciones contenidas en esa circular, unida a la “falta de formación de jueces y fiscales en esa tecnología”, como señala Tejerina, hacen que las intenciones de la Fiscalía, probablemente, queden atrapadas entre los tentáculos del Gran Hermano.
El Confidencial

miércoles, 22 de mayo de 2013

EL JUEZ QUE ENCARCELO A BLESA, SE ENFRENTE A LA POSIBLE EXPULSION DE LA CARRERA JUDICIAL


El juez que encarceló a Blesa se enfrenta a la posible expulsión de la carrera judicial

LO LLAMAN DEMOCRACIA, Y NO LO ES.....ES UNA DICTADURA, ESO ES

El Consejo del Poder Judicial le investiga por retrasos y por el trato al personal de su juzgado

El órgano de gobierno de los jueces intentó incapacitarle en 2008, pero no prosperó

Elpidio José Silva ha sido sancionado en otras tres ocasiones, pero el Supremo anuló dos

El juez Elpidio José Silva Pacheco. / MIGUEL COLMENERO

Elpidio José Silva Pacheco, el juez que envió el pasado 17 de mayo a la cárcel a Miguel Blesa, se enfrenta a su posible expulsión de la carrera judicial. El Consejo General del Poder Judicial abrió el pasado mes de abril un expediente disciplinario contra el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por dos faltas muy graves y una grave, que no están, sin embargo, relacionadas con la causa del expresidente de Caja Madrid. Las faltas muy graves, de ser confirmadas, conllevan la suspensión del juez, su traslado forzoso o la separación de la carrera judicial.

La Comisión Disciplinaria del órgano de Gobierno de los jueces inició el expediente contra Silva Pacheco por su retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y por falta de motivación de sus resoluciones —lo que constituyen motivos de falta muy grave— así como por desconsideración hacia los funcionarios de su juzgado —que se encuadra en falta grave—. Un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid instruye el expediente contra el juez, y tendrá que presentar en el plazo de seis meses una propuesta de sanción a la Comisión Disciplinaria del Consejo. La decisión que tome después la comisión es recurrible al pleno del Consejo del Poder Judicial y ante la sala tercera del Tribunal Supremo.

La Fiscalía de Madrid también le investiga, a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales
El juez, con un extenso historial de problemas disciplinarios, está siendo investigado también por la Fiscalía de Madrid. El Ministerio Público abrió hace un par de meses diligencias a raíz de una denuncia por “comportamiento poco adecuado” durante sus actuaciones judiciales, según ha confirmado a EL PAÍS el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix. La Fiscalía tendrá que decidir si concede verosimilitud a la denuncia y presenta una querella contra el juez, si la archiva o bien la remite al Consejo porque entiende que no hay delito pero sí posible sanción disciplinaria. También tiene seis meses de plazo para hacerlo.

Elpidio José Silva, de 54 años, es uno de los magistrados más conflictivos de la carrera judicial, según admiten fuentes del Consejo. Acumula sanciones e incluso un intento del Consejo de jubilarle por incapacidad. El órgano de gobierno de los jueces trató de incapacitarle en 2008 porque entendía que no estaba en condiciones para seguir ejerciendo la función judicial, debido a las múltiples denuncias y sospechas de irregularidades en su actuación con la toga. El expediente—insólito, que se ha aplicado solo a media docena de jueces en la historia—, no prosperó, porque el servicio médico dictaminó en contra.

 

En junio de 1994 el Consejo le impuso su primera sanción, por falta muy grave: le suspendió durante tres meses por desatención de su órgano jurisdiccional, que entonces era el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Roque (Cádiz).
En abril de 2009 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros de multa por falta grave, por “incumplimiento o desatención” a los requerimientos de sus superiores y “obstaculización de sus funciones inspectoras". El juez recurrió al Supremo y el tribunal estimó su recurso, dejando sin efecto la sanción. En febrero de 2010 volvió a ser sancionado por la misma falta grave, pero el Supremo la dejó otra vez sin efecto, aunque por un motivo distinto: había caducado. Las faltas graves prescriben al transcurso de un año desde que fueron cometidas, según la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Silva Pacheco es además un atípico juez desahuciado. En 2009 fue condenado por una colega a pagar 7.115 euros por las rentas que debía —más intereses y costas— a la inmobiliaria familiar que le alquilaba el piso. El proceso, de desahucio por falta de pago, terminó con el juez desalojado de su casa y declarado en rebeldía.