Agustín Marco.
Si en España o cualquier país occidental murieran más de 300 personas en una fábrica por trabajar en condiciones inhumanas, el escándalo nacional serie de tal magnitud que los funerales se considerarían cuestión de Estado. Quizás nadie iría a la cárcel (miren los últimos casos de personajes públicos o políticos), pero el duelo pondría la piel de gallina a cualquier persona de bien. Sin embargo, como decía un forero esta semana al leer en El Confidencial que Mango se ha visto implicada en un incendio mortal en un centro textil de Bangladesh, que levante la mano quién no tiene en su armario un producto fabricado en China o alrededores.
En España no se permitiría trabajar -en el caso de haber empleo- a 46 grados de temperatura porque el riesgo para la vida de los obreros sería evidente. Ni se aceptaría que un trabajador estuviera en esas condiciones climáticas en una fábrica sin ventilar más de 12 horas al día, siete días a la semana, sin agua potable y con un menú ofrecido por la empresa consistente en arroz de primero y arroz de segundo. Un dieta sin proteínas para soportar dormir hacinados en las propias fábricas porque no pueden ir y volver a su aldea a ver a su familia. Todo por 40 dólares al mes en Bangladesh, 80 en Camboya.
Eso es lo que ocurre en los países donde se producen el 90% de las prendas que visten los clientes occidentales, donde se ha deslocalizado la confección que antes se hacía en pueblos españoles como Sonseca y Gálvez (Toledo), cuya industria textil ha desaparecido incapaz de competir en costes con los talleres que se han levantado en Turquía, Jordania, Bangladesh y Camboya. Las grandes multinacionales de la costura prefieren contratar la elaboración de sus diseños en esas latitudes asiáticas porque la mano de obra es tan barata que, incluidos los costes del transporte por barco y avión, les permite obtener importantes márgenes de beneficio.Varias empresas textiles españolas, como Inditex y Mango, se han visto involucradas en sucesos que han provocado miles de muertos en Bangladsh
Es lo que se llama la globalización que, sin embargo, tiene un precio muy alto, sobre todo en vidas humanas. Esta semana ocurrió un nuevo incendio en Daca, la capital bengalí, que se ha llevado la vida de más de 300 personas que trabajaban en condiciones inhumanas. Un suceso que implica de forma indirecta a la española Mango, cuyo nombre se suma al de Inditex, que en enero se vio salpicada por otro siniestro textil que mató a ocho personas (dos menores de edad) y al de C&A, involucrada en la catástrofe de noviembre de 2012, con 112 fallecidos.
Un problema de dimensión internacional que ha saltado a las portadas de The Wall Street Journal, entre otros medios mundiales, porque, además de las españolas, allí fabrican empresas como Wal-Mart, Disney, GAP, Nike, Primark o Benetton, por citar algunas de las más conocidas. Un asunto tan grave que exige preguntarse por qué se suceden estas desgracias de forma tan continuada.
La respuesta es tan sencilla como hipócrita. Las multinacionales supervisan esos talleres con auditores locales de escasa cualificación, que avisan a los dueños los días que van a acudir al centro para que lo tengan todo aparentemente en regla. Entrevistan a unos 50 trabajadores que previamente han sido advertidos de las consecuencias de decir la verdad y toda la verdad. El resultado es que por entre 500 y 1000 dólares por auditoria (depende del tamaño de la fábrica), el retailer consigue el visado para autorizar la fabricación y para poder incluir en su informe de Responsabilidad Social Corporativa que cumple con todas las normas de la Organización Mundial del Trabajo (OMT) y de la Salud (OMS). Son lo que se conoce en el sector como auditorias al peso. Las multinacionales revisan estos talleres con auditorias al peso condenando a las víctimas al abandono social y la prostitución
Las consecuencias de ese sistema de revisión son conocidos: miles de muertos al año. Con el añadido de que las mujeres y huérfanos de los fallecidos son abandonadas ya que en aquellos países domina la ley islámica, que exige que la herencia pase a la familia del marido (Sura 4.11 y 4.12). Las esposas y a las hijas quedan excluidas y condenadas a la prostitución. Se convierten en un colectivo vulnerable y sometido que no puede reclamar ningún derecho porque en los pueblos todo se resuelve mediante la Salís.
Una especie de tribunal que aplica justicia de acuerdo a las leyes islámicas, a cuyos juicios las mujeres no pueden asistir ni recurrir la sentencia. Son estigmatizadas por violar las normas morales o códigos religiosos de honor. Muchas de las que dan el paso son quemadas con ácidos, casos que la policía ni los tribunales oficiales registran y que el país esconde.
Un problema que, por difícil que parezca en la sociedad de consumo actual, tiene solución. Un remedio que ha desarrollado un español, Javier Chércoles, un exdirectivo de Inditex que se ocupó de auditar estas fábricas durante nueve años para el grupo gallego. Sus continuos viajes a poblados remotos que no aparecen ni en los mapas para comprobar que en esos talleres no habían niños trabajando, entre otras atrocidades, le llevó a desarrollar una tesis doctoral cuando la multinacional de Amancio Ortega prescindió de sus servicios por celo excesivo. El trabajo, presentado el año pasado en la escuela de negocios ESADE, tenía como objetivo calcular cuánto le costaría a estas multinacionales asegurar la vida de sus empleados en Bangladesh o Pakistán.Asegurar la vida de estas personas apenas costaría 0,23 euros, según la tesis doctoral de un exdirectivo del grupo gallego de Amancio Ortega
La respuesta es tan alarmante como vergonzosa para el mundo occidental. 0,23 euros al año por trabajador en Pakistán, 0,58 en Indonesia y 7,83 en Turquía. Por lo que una fábrica con 1.000 empleados tendría un coste de apenas 230 euros en el primer caso, 580 euros en el segundo y 7.830 en el tercero. Esa sería la prima que cualquier líder mundial del textil apenas pagaría a una aseguradora como Allianz, Mapfre o Munich Re para que los empleados tuvieran, como cualquier obrero del primer mundo, una cobertura mínima.
Como reflexión, una multinacional como Inditex hace al año unas 2.000 auditorias, por lo que invierte entre uno y dos millones de euros en revisar su cadena de producción en el exterior. Un gasto que evidentemente no ha impedido el uso de trabajo que recuerda a la esclavitud en Brasil, India y Argentina o las muertes en Bangladesh. Con ese coste, sostiene la tesis, se podría asegurar la vida de miles de personas y transformar el círculo vicioso del consumo a gran escala. Una rueda sobre la que pocos se preguntan cuando adquieren sus productos porque están de moda.
Sean felices y humanos
FUENTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario