Ocho de cada diez franceses apoyan la expulsión de gitanos rumanos y búlgaros
- Los franceses apoyan la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.
- Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo
- El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).
Una mayoría abrumadora de franceses apoya a su ministro del Interior, el socialista Manuel Valls, en sus pronunciamientos en favor de la expulsión a sus países de los gitanos rumanos y búlgaros, que salvo excepciones no se integran en Francia.
Este es el principal resultado de un sondeo del instituto demoscópico BVA para "Le Parisien" e "iTélé", según la cual, un 77 % de los encuestados están de acuerdo con las declaraciones de Valls esta semana que le valieron críticas de otros líderes de la izquierda e incluso de la Comisión Europea.
Un 21 % de los consultados, por el contrario, consideran que el ministro de origen español se equivoca al estigmatizar a ese grupo.
El respaldo a Valls es apabullante entre los electores de partidos de derechas (un 94 %), pero también es netamente mayoritario entre los de izquierdas (55 %).
De hecho, sólo entre los votantes de los ecologistas (62 %) y los del Partido de Izquierdas -que no forma parte de la coalición gubernamental- (60 %) son más numerosos los críticos con el miembro más popular del Ejecutivo del presidente François Hollande.
El juicio de los encuestados es casi unánime (93 %) en la constatación de que los gitanos se integran mal en la sociedad francesa, y de esos un 56 % llegan a asociarse a la idea de que en realidad se integran "muy mal".
La controversia sobre los gitanos llegados a Francia del este de Europa, que se estiman en unos 20.000 se ha ido calentando durante toda la semana y ayer tuvo su corolario con el desmantelamiento de un nuevo campamento ilegal en Roubaix, donde vivían unas 250 personas.
Esos campamentos suelen estar ubicados próximos a barrios populares con los que generan conflictos, un elemento que pesa en la posición favorable a las expulsiones de los alcaldes de izquierdas de muchas ciudades, como lo ilustra el ejemplo de la de Lille, la exministra Martine Aubry.
Sobre todo teniendo en cuenta que el próximo mes de marzo se celebran elecciones municipales en Francia, en las que se prevé un fuerte ascenso del ultraderechista Frente Nacional (FN). La cuestión de los gitanos está por el momento en el centro del debate de la precampaña electoral.
La polémica de esta semana nació con una entrevista en la radio a Valls, que subrayó que los campamentos ilegales de gitanos rumanos y búlgaros que han proliferado en Francia, y en los que abunda "la mendicidad y la delincuencia", deben ser desmantelados y sus ocupantes expulsados a sus países.
"Los gitanos tienen vocación de volver a Rumanía o a Bulgaria", donde las autoridades de ambos países tienen que "hacer esfuerzos para su integración", argumentó.
Al día siguiente, y al reiterar esa idea, la Comisión Europea le respondió recordando que "a libertad de circulación y la libertad del residir en otro país de la Unión Europea es un derecho fundamental que los ciudadanos tienen, sean búlgaros, rumanos o franceses".
Además de amenazarle con sanciones, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, reprochó a Francia no aplicar "la estrategia nacional para la integración de los gitanos".
Dentro del Gobierno francés, la ministra ecologista de Vivienda, Cécile Duflot, acusó a Valls de haber ido "más lejos de lo que pone en peligro el pacto republicano" al estigmatizar a un grupo como conjunto, una idea que también han desarrollado algunos miembros del ala más izquierdista del propio Partido Socialista.
Hollande no se ha pronunciado sobre esta cuestión aunque diversas filtraciones a la prensa de su entorno han dado a entender que apoya a su ministro de Interior.
El primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, sin entrar de lleno en el debate, hizo un llamamiento para abordar con "sangre fría" la gestión y recordó que su Gobierno divulgó el verano de 2012 una circular en la que se establecen los principios que justifican los desmantelamientos de campamentos ilegales, así como las medidas a adoptar para dar soluciones a sus ocupantes.
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