ESPAÑA: EL GOBIERNO APRUEBA CERRAR MAS SERVICIOS PUBLICOS CON EL PROYECTO DE RACIONALIZACION

El Gobierno da luz verde al proyecto de racionalización del sector público

El Consejo de Ministros da luz verde a la norma que ahonda en la reforma de la Administración

El Gobierno ha dado luz verde durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes al proyecto de ley de racionalización del sector público, así como a otras medidas de reformas de la Administración.

El proyecto de ley de racionalización del sector público, que forma parte de la medida estrella de la número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, contempla la supresión, extinción o integración de organismos públicos para lograr un ahorro estimado de más de 33,5 millones de euros, según anunció la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

Más de seis meses después de presentar la reforma de la Administración, el Gobierno ya apremió el pasado lunes a las comunidades gobernadas por el PP a poner en marcha o profundizar en las medidas del proyecto estrella de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Entre ellas, nuevos recortes que el Ejecutivo se limitó a dejar en recomendaciones, por ejemplo, la supresión o reducción de organismos autonómicos como Defensores del Pueblo o Tribunales de Cuentas.

En una de las citas internas más tranquilas de las últimas semanas, según fuentes asistentes a la reunión celebrada en la sede nacional del PP, los consejeros de Presidencia del partido mayoritario se comprometieron ante la número dos del Ejecutivo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, además de María Dolores de Cospedal y Javier Arenas, a asumir las propuestas del Gobierno.

Por tanto, las comunidades, que llevan dos años aprobando recortes, deberán ahora adoptar nuevos ajustes con “las fórmulas que les permitan reducir el tamaño o el coste de sus aparatos administrativos mediante el redimensionamiento, supresión o la racionalización de organismos que se proponen en el Informe de la CORA [Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas], o mediante la adopción de medidas alternativas que consigan un efecto equivalente”.

El Gobierno agradeció además a “todas” las Administraciones su contribución “a la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria” y los esfuerzos por “afrontar reformas para favorecer la eficiencia administrativa”, según informó el PP en una nota.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO CONCEDE AVALES PUBLICOS A EMPRESAS PRIVADAS POR VALOR DE 1.450 MILLONES DE EUROS

El Estado tiene otros 1.450 millones de euros comprometidos en avales como el de Sacyr

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), participada por el Estado en un 50,25%, ha concedido avales públicos a empresas españolas como el otorgado a Sacyr para el proyecto de construcción del Canal de Panamá por un valor total de 1.450 millones de euros. Así consta en la memoria anual de Cesce correspondiente al ejercicio 2012, la última disponible. Entre las firmas beneficiarias de estos avales hay astilleros, fabricantes de material ferroviario y de otros bienes de equipo, pero, sobre todo, constructoras.

El riesgo que afronta el Estado en la operación del Canal, donde podría perder los 150 millones con los que avaló en 2009 a Sacyr, ha puesto a Cesce en el punto de mira. La firma de capital mixto comenzó a conceder avales a empresas españolas en 2007. Hasta ese momento, no ofrecía ese tipo de producto. Pero la necesidad de las marcas nacionales de salir al exterior para contrarrestar los efectos de la crisis en España llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a autorizar la concesión de este tipo de productos financieros, imprescindibles para que las firmas pudieran optar a grandes contratos.

El propio presidente de Cesce durante la etapa del Gobierno de Zapatero, Juan Badosa, reveló en una entrevista concedida en febrero de 2011 que los avales a empresas españolas se habían convertido en uno de los productos de más éxito de la corporación. “Una de las peculiaridades de los últimos dos años”, afirmaba Badosa entonces, “es que se han emitido casi 900 millones para operaciones en el exterior de las constructoras españolas (…) La cobertura del riesgo para obras públicas se ha convertido en un producto estrella que no se había utilizado hasta 2007”.

Crecimiento exponencial de las fianzas
Los 900 millones de euros de 2011 se transformaron sólo un año más tarde en 1.600 millones de euros, de los que 150 corresponden a una sola operación: el aval que Cesce concedió a Sacyr para que pudiera optar al contrato de ampliación del Canal de Panamá. El propio Badosa subrayaba en esa misma entrevista la especial importancia que tenía esa fianza para el grupo que presidía.
Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

La memoria de Cesce de 2012 también subraya el peso creciente de este tipo de producto. “Un rasgo novedoso de la cartera de riesgos de Cesce es el crecimiento del ‘riesgo España’. Efectivamente, los riesgos asumidos sobre empresas españolas, insignificantes hace pocos años, actualmente representan alrededor de 1.600 millones de euros. El grueso de esta cifra corresponde a operaciones de Fianzas a Fiadores en las que el riesgo que se cubre es el de impago por parte del exportador español del crédito en caso de ejecución de una fianza o aval que garantiza sus obligaciones contractuales en una operación en el extranjero”.

Ese es el supuesto en el que se encontrará Sacyr si finalmente desiste del compromiso para terminar el Canal de Panamá. La empresa contratista (Autoridad del Canal de Panamá) podría reclamar en ese caso la ejecución de la fianza de 300 millones de euros que presentó en el momento del concurso el consorcio del que forma parte la constructora española. De esos 300 millones, 150 tendrían que ponerlos Cesce, es decir, el Estado. El importe restante está avalado por Italia y Bélgica, países a los que pertenecen las otras empresas.

Un negocio que puede salir mal
En teoría, los 1.600 millones de euros prestados por Cesce en avales sólo deberían generarle ganancias. Únicamente en el caso de incidentes como el protagonizado por Sacyr la compañía de capital mixto tendría que afrontar los desembolsos correspondientes en concepto de avales. Las probabilidades de que todas sus apuestas en el exterior se vengan abajo son remotas pero la constructora presidida por Manuel Manrique está cerca de provocarle un enorme contratiempo.

Fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio recuerdan que los 1.600 millones en avales facilitados por Cesce han permitido, entre otros factores, “que empresas españolas hayan conseguido licitaciones en el extranjero por valor de 300.000 millones de euros”. “Las fianzas a la internacionalización y exportación son una práctica extendida en todos los países que es clave para ganar contratos y ser capaces de competir”, afirman desde el departamento dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad.
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ESPAÑA: EL GOBIERNO RECONOCE QUE EN 2014 SE PERDERAN 39.000 EMPLEOS

El Gobierno reconoce ante los inversores que en 2014 se perderán 39.000 empleos

En su presentación ante los inversores internacionales, el Tesoro admite que en 2014 se evaporará el equivalente a 39.000 puestos de trabajo a tiempo completo, una mejora sensible frente a los 552.000 perdidos en 2013 y los 824.000 desaparecidos en 2012.

En su presentación ante los inversores internacionales, el Tesoro admite que en 2014 se evaporará el equivalente a 39.000 puestos de trabajo a tiempo completo, una mejora sensible frente a los 552.000 perdidos en 2013 y los 824.000 desaparecidos en 2012 (vea aquí el documento en inglés).

El Gobierno sostiene que en este año que comienza habrá creación de empleo neta. Y lo justifica afirmando que la tasa de paro caerá hasta el 25,9 por ciento desde el 26,6 previsto para el cierre de 2013. Pero esa reducción de 0,7 puntos puede perfectamente corresponderse con una caída de la población activa, que desde el segundo trimestre de 2012 hasta ahora se ha desplomado en unas 382.000 personas, bien porque éstas se van fuera, bien porque desanimadas ya no buscan trabajo.

Sin embargo, al ofrecer la variación de la masa de empleo medida en puestos de trabajo a tiempo completo, el Ejecutivo reconoce que se perderá el equivalente a 39.000 ocupados. Esta cifra es coherente con la previsión recogida en Presupuestos según la cual el empleo en contabilidad nacional, o lo que es lo mismo en número de horas trabajadas, se recortará un -0,2 por ciento.

¿Y cómo se explica entonces que incluso con esos datos el Gobierno argumente que pronto habrá creación de empleo? El Ejecutivo sostiene que se generará empleo a tiempo parcial y que por lo tanto las horas trabajadas, aunque sean menos, estarán más repartidas.

Sin embargo, en su reciente informe sobre el mercado laboral español y los efectos de la reforma laboral, la OCDE destaca que el contrato a tiempo parcial no ha servido para crear nuevos ocupados, aunque sí que ha sido muy efectivo a la hora de evitar despidos porque los contratos a tiempo completo se convertían en tiempo parcial.

Enfrentado con semejante realidad, el Ministerio de Empleo acaba de reformar esta modalidad contractual para fomentar su uso en el caso de que la recuperación traiga puntas de actividad a las empresas. En concreto, por un lado los emprendedores podrán fichar a tiempo parcial con un periodo de prueba de un año sin indemnización. Por otro, el empresario podrá pactar con un trabajador indefinido una ampliación de hasta el 90 por ciento de la jornada con muy poca antelación.

No obstante, en España ni a los empresarios ni a los trabajadores les suele gustar este tipo de contratación. Los empleados consideran que ya ganan bastante poco como para echar menos horas. Y los patronos se quejan de las dificultades para organizarse con ellos, creen que se tratan de perfiles poco involucrados y suelen preferir en su lugar a los temporales.  

El Gabinete de Rajoy maneja estas estimaciones porque Bruselas le obligó a ceñirse a las previsiones del consenso de analistas, tal y como adelantó Vozpópuli. En privado, todos los miembros del área económica abrigan la esperanza de que las cifras sean mejores y apuntan a los recientes datos de afiliación de diciembre.

De hecho, a la luz de esos datos los expertos pronostican que puede crearse empleo en el segundo trimestre, con la llegada del buen tiempo y el repunte del sector servicios, si bien sólo será temporal, por horas y muy escaso. Fuera de la primavera, el verano y diciembre, la economía española tendrá muy difícil crear empleo.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO ADJUDICA EL 70% DE CONTRATOS DE LUZ A IBERDROLA Y GAS NATURAL

El Gobierno de Rajoy adjudica el 70% de sus contratos de luz a Iberdrola y Gas Natural

En sus dos primeros años de gestión, el Ejecutivo popular ha adjudicado más de 200 contratos de electricidad y el grueso de esas licitaciones ha ido a parar a las dos mayores eléctricas españolas. Endesa, en cambio, se queda muy atrás.

Iberdrola y Gas Natural son, con gran diferencia, las dos compañías preferidas por el Gobierno de Mariano Rajoy como suministradores de electricidad para los diferentes ministerios.

En sus dos años en el poder, el Ejecutivo popular ha resuelto, de acuerdo con los datos publicados en el BOE, más de 210 adjudicaciones para proporcionar luz a diferentes organismos de la Administración General del Estado. Y, tras un análisis de los resultados, la conclusión es evidente: las dos grandes ganadoras han sido, por este orden, Iberdrola y Gas Natural, que son también las dos grandes empresas españolas del sector. Entre ambas acaparan casi el 70% de los contratos.

Son cifras aproximadas, porque el BOE no recoge el resultado de todas las licitaciones que se han convocado hasta ahora. Además, es difícil precisar con exactitud cuánto dinero hay en juego y cómo se ha repartido, dado que el desglose de los contratos, cuando hay varios adjudicatarios, no siempre está disponible.

Es lo que ha ocurrido con las dos mayores licitaciones resueltas hasta ahora por el Ejecutivo de Rajoy: un acuerdo marco para el suministro al Ministerio de Defensa que tenía un presupuesto base de licitación de más de 195 millones de euros y un contrato de suministro a la Confederación Hidrográfica del Segura con un valor estimado de 24,3 millones. 

En cualquier caso, sumando esas cifras a los contratos de cuyo importe sí hay datos exactos, la cifra adjudicada por el actual Gobierno a las eléctricas es muy significativa, de alrededor de 370 millones de euros.  

Así, de esos más de 210 lotes, Iberdrola se ha adjudicado cerca de 80 (38% del total), incluyendo la licitación más importante de cuyo desglose existe desglose, un macrocontrato del Ministerio de Agricultura para suministrar energía a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, un organismo autónomo que abastece de agua a 2,4 millones de habitantes de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete. 

Por su parte, Gas Natural Fenosa se ha hecho con 63 contratos, de los que el de mayor importe (más de 12 millones de euros) corresponde al adjudicado por el Ministerio del Interior en agosto pasado para suministrar luz a las cárceles españolas. 

Ambas empresas también copan las adjudicaciones de entes autónomos (no adscritos a ningún ministerio) como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional o la empresa pública de gestión de residuos radiactivos, Enresa.

En tercer lugar en el ránking, muy rezagada (con 22 lotes), aparece Endesa, que es la segunda eléctrica en España, aunque, como ya se ha encargado de destacar en público (y en sede parlamentaria, aunque sin nombrarla directamente) algún miembro del Ejecutivo de Rajoy, ya no es de capital español sino italiano.

Un dato curioso: a la eléctrica que preside Borja Prado no le ha caído en estos dos años ningún contrato del Ministerio de Economía, encabezado por Luis de Guindos (que fue consejero de la empresa hasta su nombramiento), ni del de Agricultura, que pilota Miguel Arias Cañete, cuyo hermano fue alto directivo de la eléctrica hasta hace algo menos de dos años.

Entre las razones que podrían explicar la aparente marginación de Endesa como contratista de la Administración General del Estado está el hecho de que, en Madrid, las dos principales distribuidoras son, precisamente, Iberdrola y Gas Natural, mientras que la zona de influencia de Endesa corresponde principalmente a regiones periféricas: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña y Extremadura.

Sin embargo, el dominio de Iberdrola y Gas Natural como distribuidoras en la zona centro no ha impedido a dos empresas minúsculas, dedicadas a la comercialización de electricidad, hacerse un hueco relevante como contratistas públicos: la catalana Aura Energía (que en tiempo récord se ha consolidado como un importante suministrador de la administración estatal, autonómica y municipal), con 17 contratos de la Administración General del Estado, y una empresa sevillana, OnDemand Facilities, con nueve.

Por departamentos, los licitadores más activos son los ministerios de Empleo y Hacienda, que han resuelto más de un centenar de contratos para el suministro eléctrico de las distintas delegaciones de la Seguridad Social y Agencia Tributaria, respectivamente.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO AVALO A SACYR CON 150 MILLONES PARA LA OBRA DE PANAMA

CONFLICTO El apoyo público a la constructora española fue irregular

El Estado avaló 150 millones a Sacyr contra el criterio técnico

El Estado respaldó a Sacyr en 2009 asegurando una fianza de 200 millones de dólares [150 millones de euros al cambio actual] por la monumental obra de ampliación del Canal de Panamá. Y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un duro informe del Tribunal de Cuentas.

Este órgano fiscalizador da a entender en su documento que el Gobierno de la época, el de José Luis Rodríguez Zapatero, se volcó en apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española -entonces presidida por Luis del Rivero- improvisando fórmulas contractuales y saltándose las reglas de Cesce, el consorcio de capital mixto encargado de gestionar los seguros de la operación. El Ejecutivo asumió así un inusual riesgo para el Estado en esta modalidad de seguros por ejecución de fianzas.

El Tribunal de Cuentas critica que se 'incumplieron prescripciones obligatoriamente aplicable'

Cesce, en la que el Estado posee la mayoría del capital, aseguró la fianza que Panamá cobraría si no se acaba la obra. Teóricamente, Cesce después se lo cobraría a Sacyr, pero el Tribunal de Cuentas ve riesgo de que finalmente se convierta en una factura para el Estado no sólo por las irregularidades producidas en el proceso de contratación del seguro, sino también teniendo en cuenta la «situación económico-financiera» de la constructora española.

«A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado», afirma en el informe.

El Tribunal de Cuentas critica en sus conclusiones que Cesce otorgó dos pólizas de seguro por riesgo de ejecución de fianzas para Sacyr en Panamá. «La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro. Y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la Entidad, con objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente». Así lo señala en un hasta ahora inadvertido informe que fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio y que se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.

En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza

El consorcio liderado por Sacyr se adjudicó el concurso ofreciendo completar la obra por 2.243 millones de euros, pero ahora reclama 1.200 millones adicionales por «los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y anuncia que suspenderá las obras por «incumplimientos graves de la Autoridad del Canal de Panamá».

En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza. De ellos, la mitad corresponden a Cesce y el resto a las aseguradoras públicas de Italia y Bélgica, puesto que las constructoras italiana Impregilo y la belga Jan de Nul participan también en el consorcio aunque de forma minoritaria.

Una de las anomalías es que al contrario de lo habitual en este tipo de seguros de fianzas, no hubo un documento único entre todas las partes. Cesce asumió el riesgo y sólo «separadamente» suscribió aparte con la constructora española «un acuerdo por el que ésta se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma».

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la obra?

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la emblemática obra? La constructora asegura ahora que una suspensión de los trabajos no dañaría sus cuentas, pero mantiene la mayor deuda en su sector al superar los 8.600 millones de euros y estuvo a punto del colapso a finales de 2011 hasta que logró refinanciarla.

Las tarifas establecidas por Cesce 'no eran las aprobadas y vigentes en ese momento'

El Tribunal de Cuentas critica distintas anomalías en el seguro de Cesce. Entre ellas cita que «se ha podido constatar que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación». «Así, los riesgos objeto de aseguramiento inicialmente aceptados por Cesce sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir, viéndose obligada ésta a aceptar la ampliación de los mismos, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce como aseguradora», agrega.

Sin embargo, la citada Comisión de Riesgos de la aseguradora pública procedió a autorizar la operación pese a que, según el Tribunal de Cuentas, no podía hacerlo por tratarse de una fórmula contractual no prevista en la orden ministerial reguladora. También señala que las tarifas establecidas en este caso por Cesce «no eran las aprobadas y vigentes en ese momento».

Fuentes gubernamentales consultadas por este diario critican la actuación del Ejecutivo presidido por Zapatero en el caso y aseguran que el entonces máximo ejecutivo de Cesce, Joaquín de la Herrán, actuó por órdenes superiores. «La Comisión Delegada de Asuntos Económicos [presidida en aquel momento por un saliente Pedro Solbes] mandató a Cesce. El riesgo final es del Estado, no de Cesce», aseguran.

'Era inimaginable no ayudar a una constructora'

Un ex ministro de la época justifica lo aprobado porque era «inimaginable no ayudar a una constructora española a conseguir un contrato internacional de aquella envergadura». A este respecto, el Tribunal de Cuentas señala que no entra en hacer «un juicio de reproche a las condiciones en que se pactó la operación», pero sí en «una llamada a maximizar los intentos de conciliar los criterios de oportunidad con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica».

El informe del Tribunal de Cuentas lanza esta reflexión para este tipo de operaciones: «Si bien es cierto que por parte de Cesce ha de prestarse el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas, dada la importancia que el sector del comercio internacional tiene para los intereses económicos del país, y que a veces la complejidad de determinadas operaciones demandasingularidades en el tratamiento jurídico de las mismas, también lo es que debe, por todos los medios, intentar conciliar el antedicho planteamiento con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones». «Todo ello, en un contexto de optimización del principio de seguridad jurídica, y teniendo siempre presente, como trasfondo, la naturaleza jurídica pública de CESCE».

Pastor, de mediadora en Panamá

• >Primero, el GUPC. La ministra de Fomento, Ana Pastor, tiene previsto reunirse hoy, lunes, con representantes del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en la ciudad de Panamá para tratar de desbloquear el conflicto. A la reunión asistirá también el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.
• >Después, Martinelli. Tras su encuentro con los representantes del GUPC, Pastor se entrevistará con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Junto a ella estará el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia.
• >Finalmente, con la ACP. La jornada de la ministra española se cerrará con una reunión con el ministro para Asuntos del Canal y con el administrador de la Autoridad del Canal (ACP), a los que trasladará las conclusiones de su mediación.
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EL CONGRESO RECHAZA ABRIR UNA INVESTIGACION SOBRE LOS CESES DE DIRECTORES DE HACIENDA

El Congreso rechaza con el voto de PP abrir 

una comisión de investigación sobre los 

ceses en la AEAT

 

  El Pleno del Congreso ha rechazado este martes la petición del PSOE de crear una comisión de investigación parlamentaria sobre los ceses y dimisiones ocurridos en la Agencia Tributaria (AEAT) en las últimas semanas.

    La iniciativa, derivada de una interpelación al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, del pasado miércoles, ha contado con el voto a favor de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC y BNG, frente a la abstención de CiU, PNV, CC-NC y Geroa Bai. Los 'populares' han sido los únicos en rechazar la propuesta, aunque su mayoría absoluta ha bastado para que no salga adelante.

   En el texto, el PSOE reclamaba una comisión de investigación donde citar tanto al propio ministro como a los inspectores de Hacienda vinculados con el caso y, si fuera necesario, también a los representantes de la multinacional Cemex y de los despachos de asesoría que le habrían aconsejado en relación con el expediente fiscal.

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA

   Además, pretenden que los miembros de la comisión tengan acceso a los expedientes polémicos que ha tramitado la AEAT, comenzando por el de Cemex, que según la Ley General Tributaria están sujetos a secreto y no pueden ser publicados ni divulgados.

   Asimismo, se insta al Gobierno a "garantizar que la AEAT actúa de acuerdo con los principios de legalidad, equidad, generalidad y eficacia en la lucha contra el fraude fiscal", así como con "independencia y autonomía", y a "prescindir de las injerencias ilegítimas" de los responsables en la Agencia y de la asignación de puestos en función de "intereses particulares". En este punto se ha incluido una enmienda de UPyD para que la negociación del estatuto de la AEAT que regulará estos aspectos se negocie con todos los grupos parlamentarios.

   La moción también pide al Congreso un rechazo de "la reiterada utilización por el ministro de Hacienda, en debates políticos y parlamentarios, de la información sobre el cumplimiento por determinados contribuyentes de sus obligaciones fiscales, a las que no debería tener acceso de acuerdo con la legislación tributaria".

ABORDAR EL PROBLEMA ANTES DE PASAR PÁGINA

   El portavoz socialista de Hacienda, Pedro Saura, ha defendido que las instituciones "le deben a los ciudadanos" la creación de esta comisión ante "un nuevo escándalo" de la AEAT, de manera que se pueda "saber toda la verdad" sobre lo sucedido con el expediente sancionador a la cementera mexicana Cemex.

   Así, aunque valora la oferta de negociación de un estatuto para la AEAT que hizo el ministro de Hacienda la semana pasada, el diputado socialista ha recordado que antes es necesario "abordar el problema directamente" para "obtener consecuencias" sobre lo que ha pasado, y no "pasar página".

   "La mejor forma de resolver la desconfianza hacia las instituciones es la transparencia y no el ocultismo. Para que no haya dudas sobre la Agencia y que vuelva a tener el nombre que siempre ha tenido y que todos deseamos que siga teniendo lo mejor es una comisión de investigación", ha insistido, acusando a los 'populares' de votar en contra porque "no quieren que se sepa la verdad de lo que ha sucedido".

   El portavoz económico de UPyD, Álvaro Anchuelo, ha asegurado que el país "no se puede permitir una Agencia Tributaria politizada" ni que los ciudadanos piensen que este ente "tiene dos varas de medir: una para grandes empresas, para la familiar real o para los partidos, y otra para el resto". "No lo podemos tolerar, no ya la situación, sino la sospecha de la situación", ha afirmado Anchuelo.

AL SERVICIO DE "OSCUROS INTERESES"

   Su homólogo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Alberto Garzón, ha criticado la "utilización" que el PP hace de las instituciones públicas "de forma partidista al servicio de oscuros intereses clientelares y caciquistas". "Es indigno que se use la Agencia para favorecer a determinados sectores sociales en detrimento del resto", ha dicho, citando el caso Bárcenas o la investigación sobre la Infanta Cristina como "ejemplos de la decadencia de este sistema".

   Teresa Jordà (ERC) ha ironizado con que la solución a la "pretensión de manipulación política escandalosa e ilegal" sobre la Agencia Tributaria no cambiará sólo porque "el Gobierno cambie 'rojerío' por 'facherío'". Y Olaia Fernández Davila (BNG) ha acusado a Montoro de "reírse de todos los ciudadanos" con su falta de explicaciones. "La AEAT no puede dar la imagen de ser benévola con quienes más tienen y tremendamente dura con los que menos tienen", ha añadido.

COMISIÓN PREMATURA

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha lamentado que se hable de un caso concreto en lugar de ver "el fondo" del problema, que es que, "en los últimos años, los grandes desprotegidos en las actuaciones de la inspección de la Agencia Tributaria son los contribuyentes". Por eso, ha reclamado una Agencia "efectiva, con una estructura jerarquizada, y coherente y homogénea en la aplicación de las normas tributarias", sin objetivos económicos en sus actas y que afronte también la economía sumergida.

   El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, ha defendido la necesidad de que la Agencia tenga un "prestigio incuestionable" y ha alertado de que "cualquier sospecha" sobre "actuaciones de favor" hacia algunos contribuyentes puede conllevar "menos legitimidad" para exigir impuestos y una pérdida de conciencia fiscal de los ciudadanos. "Luz y taquígrafos", ha exigido a renglón seguido, aun considerando "un poco excesivo" que se pida una comisión de investigación en este momento, motivo de su abstención.

"LADRAN, SANCHO, LUEGO CABALGAMOS"

   Finalmente, la portavoz de Hacienda del PP en la Cámara Baja, Ana Madrazo, ha acusado a los socialistas de "descender a la parte más oscura y menos noble de la política" al presentar una moción que sólo busca "atacar y desprestigiar al ministro" Montoro por el único motivo de que les "escuece" que sus medidas estén teniendo resultados. "Ladran, Sancho, luego cabalgamos", ha dicho, citando 'El Quijote'. "El PSOE sigue ladrando y ladrando y, mientras, el PP seguirá cabalgando hacia la recuperación económica y la creación de empleo", ha apostillado.

   Además, ha criticado al principal partido de la oposición por "ofender" a la Agencia Tributaria, que es una "institución independiente, seria, rigurosa, que actúa con criterios técnicos y profesionales, y bajo el único mandato de la ley"; y también por "sembrar dudas y difamar" a sus profesionales, que "trabajan con enorme respeto y al margen de interferencias políticas".

   "Son rotundamente falsas sus acusaciones sobre la injerencia políticas en la AEAT", ha dicho la diputada, negando asimismo --como ya hiciera Montoro-- que se haya dado un trato de favor a Cemex o que la información sobre el expediente sancionador sea cierta. "No existe ninguna prueba documental de que ese expediente sancionador exista. ¿En qué se basan para hacer unas acusaciones tan graves? Porque si hubiera un funcionario que relevó datos sobre habría cometido una ilegalidad y ustedes deberían denunciarlo en los tribunales", ha añadido.

   En la misma línea, ha insistido en que los ceses de las últimas semanas que el PSOE "pretende pintar como una caza de brujas" es un "proceso normal de relevos" por la llegada a la Dirección de Santiago Menéndez hace apenas medio año. "Piensa el ladrón que todos son de su condición, porque cuando el PSOE llega al poder arrasa, se encarga de hacer limpieza ideológica allá donde va", ha añadido.

   Además, ha puesto el fallido proyecto de Eurovegas como prueba de que "este Gobierno no hace trajes a la medida de nadie" por mucho dinero que pretenda invertir. "La única táctica del PSOE es demoler, destruir, practicar la política de tierra quemada, y para ello no dudan en usar como herramienta una organización honorable y reconocida como una de las mejores del mundo por la OCDE", ha concluido.

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ESPAÑA: ACUSACIONES AFIRMAN QUE ANTICORRUPCION ACTUA AL DICTADO DEL GOBIERNO DEL PP

Las acusaciones afirman que Anticorrupción "actúa al dictado del Gobierno" del PP

Consideran "inconcebible" que el Ministerio Público "actúe como representante del Partido Popular", cuando es "el supuesto responsable del delito"

Las acusaciones del caso que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular han criticado con dureza la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, por servir de "correa de transmisión" del PP al presentar al juez Ruz el escrito de la formación política.

Las acusaciones consideran "inconcebible" y tachan de "absoluta anomalía procesal" que el Ministerio Público "actúe como representante del Partido Popular", cuando es "el supuesto responsable del delito" en el caso de la contabilidad B como "partícipe a título lucrativo". Es decir, tal y como dijo la Sala de la Audiencia Nacional, el PP es el "sujeto investigado" y podría haber delinquidoporque se habría lucrado con las donaciones supuestamente irregulares que anotaba Bárcenas en sus célebres documentos.

El letrado de la acusación representada por el Observatori Desc, Gonzalo Boyé, ha afirmado que analizarán "con lupa" la actuación del fiscal Anticorrupción, y no descartan presentar un recurso de queja contra su actuación, ya de por sí muy cuestionada en todo el procedimiento.

Por su parte, el abogado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, asegura que el fiscal se ha convertido en el "defensor del PP" y que está actuando en este caso "al dictado del Gobierno del Partido Popular". Santiago pedirá al juez que el escrito del PP sea retirado del procedimiento, y solicitará que sean llamados a declarar sus representantes para que expliquen los supuestos pagos en B por las obras de reforma de su sede nacional.

También el letrado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha cuestionado la actuación del Ministerio Público. Una forma de proceder, según sostiene, "al margen de la buena fe procesal". Liaño censura el carácter "prepotente" del escrito del PP y manifiesta desde su dilatada experiencia que "nunca había visto una situación semejante".Afirma que este escrito es "muy propio de partidos políticos que se dirigen a las instituciones al margen de las reglas procesales".

Javier Gómez de Liaño también considera cuanto menos "curioso" que la Fiscalía presente al juez este escrito "precisamente hoy", en vísperas de las relevantes declaraciones sobre la contabilidad B previstas para el lunes 16 de diciembre, cuando comparecerán entre otros el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y el arquitecto Gonzalo Urquijo.

Según el sello que figura en el margen superior derecho del escrito del PP, la formación política presentó el texto a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de diciembre, pero el Ministerio Público lo ha entregado al juez esta mañana.

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ESPAÑA: LAS ELECTRICAS AMENAZAN CON NUEVA SUBIDA SI EL GOBIERNO NO LES PAGA 3.600 MILLONES

La factura de la luz volverá a subir si el 

Gobierno no aporta 3.600 millones a las 

eléctricas

Las eléctricas amenazan, si el Gobierno no cumple su compromiso de aportar 3.600 millones de euros por el deficit tarifario, las facturas al consumidor subirán. Es la respuesta del sector a las palabras del ministro Luis de Guindos, que aseguró que hay que buscar alternativas de financiación.

Que tiemblen las facturas de electricidad porque, según el presidente de la patronal, van a volver a subir. Esta decisión va a suponer un encarecimiento a medio plazo del recibo eléctrico.

Montes se refiere a la decisión anunciada por el ministro de economía de no incluir en los presupuestos los 3.600 millones que iba a asumir el estado para regular el déficit tarifario.

Para regular el déficit de tarifa, que asciende a 27.000 millones, el gobierno acordó un sistema en el que todos tendríamos que arrimar el hombro, consumidores, eléctricas y estado.

Las empresas denuncian que el Gobierno quiere cargar la parte que le correspondía a sus cuentas, lo que, a la larga, según acaban de anunciar, acabará repercutiendo en las facturas que pagan los ciudadanos.

En los últimos 10 años, el recibo ha subido más de un 70%. Abonamos de media 615 euros al año, cuando en 2003 pagábamos 360 euros. Esta tarta se la reparten, en su mayoría, las cinco grandes empresas.

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41 MILLONES DE EUROS PARA QUE EL GOBIERNO NOMBRE A DEDO A 837 ASESORES

41 millones de euros para que el Gobierno nombre a dedo a 837 asesores

La Fundación Ciudadana Civio pide que se publiquen en el BOE los nombramientos de asesores de los ministros y del presidente del Gobierno

La ley no obliga a hacer públicos los nombres de los cargos de confianza de los políticos ni a exigir titulaciones específicas al personal eventual

Los políticos tienen libertad para elegir a quién de su confianza seleccionan como asesor durante el desempeño de funciones públicas. Esos trabajadores eventuales son de "confianza o asesoramiento personal" y también un cuerpo que engrosa la Administración Pública de manera opaca, ya que la legislación no obliga a publicar los nombres de los cargos elegidos a dedo.

El Gobierno –incluidos ministerios y agencias– tiene un total de 837 trabajadores designados a dedo que cuentan con un presupuesto de 41,46 millones de euros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta quiénes son los benefactores de esa partida. Hasta agosto de este año, Mariano Rajoy ha gastado un 8,8% más en este tipo de contrataciones frente al 2,1% de caída que sufrieron los funcionarios de esta Administración.

El presidente dispone de un total de 245 asesores designados a dedo bajo el paraguas denominado "personal eventual", que se define como aquel que, "con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial". Rajoy tiene 53 asesores directos más que José Luis Rodríguez Zapatero, que contrató a 192 trabajadores de este tipo.

El Gobierno no tiene que dar explicaciones sobre estas contrataciones en las que se incluye a personas que no poseen ninguna titulación académica. Los Presupuestos Generales del Estado de 2013 apuntaban que 68 asesores del presidente no tenían graduado escolar. El Ejecutivo se defendió alegando, en una respuesta parlamentaria dirigida a UPyD, que para el nombramiento del personal eventual "no se exige el requisito de estar en posesión de titulación alguna".

La Fundación Ciudadana Civio ha lanzado una petición en la que solicita a Mariano Rajoy que los nombramientos del personal eventual se publiquen en el BOE. Civio expresa que se debe dar a conocer también el currículum de estos empleados que "trabajan para nosotros". "Tenemos derecho a saber quiénes son", argumenta la plataforma, que recuerda que sí se publican los nombramientos de altos cargos mientras que los ciudadanos no pueden saber quiénes asesoran a sus representantes, ni el tiempo en el que lo hacen, ni si están preparados para ello. 

Los nombramientos opacos de personal eventual no son exclusivos a nivel estatal: las comunidades autónomas y las corporaciones locales tampoco tienen la obligación de dar a conocer quiénes están trabajando en la Administración por ser de la confianza de los representantes públicos.

El sindicato de funcionarios CSIF calcula que existen unos 19.000 puestos de trabajo con estas características, de los que 16.000 forman parte de las corporaciones locales. El salario medio de estos empleados asciende a 50.000 euros, lo que conlleva un gasto público de 1.000 millones de euros, según publicó ABC.

Civio pone como ejemplo a Ángel Carromero, el líder de Nuevas Generaciones del PP condenado en Cuba por el homicidio de dos disidentes en un accidente de tráfico, que es uno de los 213 asesores en los que Ana Botella se gasta un total de nueve millones de euros.

Algunas comunidades autónomas son algo más transparentes y muestran cuántos cargos eventuales tienen y su dedicación, como La Rioja, aunque no desvela los nombres de sus miembros de confianza, que ascienden a 46. Cataluña se lleva la palma en grado de transparencia al tener un portal dedicado a esta información: publica el nombre, el cargo y el salario anual de los altos cargos y del personal eventual.

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EL GOBIERNO RECULA Y REBAJA A UN TERCIO LAS SANCIONES MAS DURAS DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD

Interior recula y rebaja a un tercio las sanciones más duras de la Ley de Seguridad

El Ministerio del Interior ha decidido rebajar considerablemente la contundencia de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana tras la polémica que generó la semana pasada la revelación de los preceptos más controvertidos del texto. Según ha podido saber El Confidencial, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha revisado el borrador inicial del anteproyecto para reducir la calificación de las infracciones y recortar el importe de las multas correspondientes. Aproximadamente un tercio de las infracciones que en un principio eran consideradas muy graves pasarán a ser simplemente graves y muchas de las graves se convertirán en leves.

Los cambios que ha realizado Interior en los últimos días son numerosos y suponen un claro paso atrás en las aspiraciones iniciales de Fernández Díaz. El borrador original de la Ley de Seguridad Ciudadana calificaba 21 comportamientos como muy graves, es decir, sujetos a multas administrativas que podían oscilar entre los 30.001 euros y los 600.000. Pero, tras las correcciones que se ha visto obligado a realizar Interior, el texto (aún sujeto a matizaciones) incluye ahora menos de una decena de conductas de la máxima gravedad. Las que abandonan esa categoría pasan a convertirse en infracciones graves, justo en el escalón inferior. Y, a su vez, parte de las infracciones graves han sido rebajadas a la consideración de leves, las de menor relevancia. Así, en la versión más actualizada del anteproyecto, el régimen sancionador de la ley se compone de menos de una decena de infracciones muy graves, 30 graves y 19 leves.

Cambios en los artículos más polémicos  
Estos ajustes tendrán una importante traducción práctica. En un primer momento, Interior calificó como infracción muy grave la celebración de manifestaciones no comunicadas o prohibidas en las inmediaciones del Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas. Se trata de una conducta que no persigue la actual Ley de Seguridad Ciudadana, del año 1992, pero Interior quiso incluirla en su propuesta para evitar nuevas concentraciones como las celebradas por los movimientos del 15-M en las inmediaciones de la Cámara Baja.
Más de mil personas se concentran frente al Congreso de los Diputados. (EFE)Con el borrador inicial de Interior, los organizadores de una manifestación de este tipo se exponían a multas de hasta 600.000 euros, una sanción que fue duramente criticada por los partidos de la oposición y numerosas plataformas sociales. Finalmente, Interior ha escuchado las críticas, aunque sólo parcialmente. No elimina esa infracción, pero la rebaja de muy grave a grave. Con el nuevo texto, convocar una protesta en las inmediaciones del Congreso se castigará con multas de hasta 30.000 euros.

Fotografiar a policías deja de ser “muy grave”
Otro de los comportamientos sancionables que Interior ha decidido incluir en su anteproyecto es la grabación de los agentes encargados de mantener el orden público, una novedad que también ha sido denostada con vehemencia. En concreto, en el primer borrador, tomar imágenes de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad del Estado durante manifestaciones o protestas que puedan vulnerar su derecho al honor o poner en riesgo su integridad se consideraba una infracción muy grave, sujeta también a multas de hasta 600.000 euros. Sin embargo, en la última versión del articulado, esta conducta ha sido transformada en grave.
Interior también incluyó en el anteproyecto sanciones para los insultos a policías. En concreto, su primer texto consideraba una infracción de nivel grave “amenazar, coaccionar, injuriar o vejar” a agentes de la autoridad encargados del mantenimiento del orden público. Pero, en la versión más reciente de la ley, la persecución de esta conducta también se ha visto modificada. Se convierte en una infracción leve, multada con un importe máximo de 1.000 euros.

Al Consejo de Ministros del viernes
No ha sufrido ningún cambio la prohibición de provocar desórdenes públicos en eventos culturas o deportivos, solemnidades, oficios religiosos o reuniones numerosas; o celebrar manifestaciones en infraestructuras consideradas críticas, como aeropuertos o centrales nucleares. El texto que maneja en estos momentos Interior mantiene la calificación de muy grave para ambas infracciones, castigadas por tanto con multas de hasta 600.000 euros.

El texto aún está en proceso de elaboración y puede sufrir nuevas modificaciones antes de ser presentado en el Consejo de Ministros. Interior quería elevarlo al gabinete el pasado viernes, pero fue aplazado a última hora por decisión de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, que exigió que se pulieran sus puntos más controvertidos. Fuentes de Interior consultadas por este diario aseguran que, finalmente, el anteproyecto será presentado en el Consejo de Ministros de este viernes. 
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