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domingo, 2 de febrero de 2014

ESPAÑA: LA CONSTRUCCION DEL AVE DE LA MECA COSTARA EL AVAL AL GOBIERNO 6 VECES MAS QUE EL DEL CANAL DE PANAMA


El AVE del desierto se juega un aval público seis veces mayor al del Canal de Panamá

El mayor aval público que ha otorgado CESCE suma 1.000 millones de euros para construir el AVE de La Meca a Medina
La propia entidad reconoce que se ha disparado este tipo de avales a proyectos como el del Canal de Panamá, que ya asciende a 1.600 millones en el balance del organismo

Talgo inicia en diciembre la fabricación de las cabezas motrices de AVE La Meca-Medina
Las empresas, a la hora de exportar o de realizar proyectos en el exterior, buscan minimizar los riesgos con la cobertura de entidades aseguradoras. La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), con una participación estatal del 50,25% –aunque está en vías de privatización–, concede seguros y avales públicos a las compañías españolas en sus operaciones en el extranjero.
Los problemas en la construcción del Canal de Panamá han puesto el foco sobre las coberturas que realiza este organismo, al recordarse que tiene un aval comprometido por 160 millones de euros que peligra si el proyecto no sigue adelante. Sin embargo, este aval es mínimo comparado con el que la entidad pública tiene concedido al AVE del desierto en Arabia Saudí –el mayor contrato conseguido por empresas españolas en el extranjero– y para el que el organismo ha emitido garantías por 1.000 millones de euros.

Fórmulas para emitir avales

CESCE cuenta con numerosos sistemas para asegurar los riesgos por cuenta del Estado. En el caso de las fianzas, existen dos fórmulas de emitir avales para proteger a las empresas españolas. Por un lado, está el seguro a exportadores por riesgo de ejecución de fianzas y, por otro, el seguro a fiadores por riesgo de ejecución de fianzas. La diferencia es que en el primer caso el seguro se firma con el exportador que rubrica el contrato y, en el segundo, directamente con el banco que emite la fianza. Al final, estos dos tipos de garantías tienen el mismo objetivo: proteger de los riesgos de que no llegue a finalizarse el contrato. 
La segunda fórmula había registrado tradicionalmente volúmenes de contratación “insignificantes” sobre el total de la cartera de CESCE, según explican en su informe anual. Tanto el aval del AVE del desierto como el del proyecto del Canal de Panamá corresponden a una modalidad de cobertura. Su incremento en los últimos años, coincidiendo con la crisis, muestra las dificultades de las empresas españolas para encontrar avalistas que permitan su participación en contratos internacionales. En total, estos avales de CESCE ascendían a 1.600 millones de euros en 2012 (sobre un total de 6.575).

Es el caso de la cobertura del organismo para la construcción del AVE que unirá Medina con La Meca. De los 1.000 millones de euros del Estado comprometidos con la operación, 657,7 corresponden a dos pólizas de seguro de fianzas con exportadores españoles. A este montante se le unen cuatro pólizas de seguro de fianzas con bancos españoles por un importe de 354,6 millones de euros. Si se incumplen las condiciones del contrato (una situación muy extrema), el Estado tiene que poner ese dinero comprometido.
El consorcio hispano-saudí AlShoula Group, que llevará a cabo la obra, está constituido por doce empresas españolas –Adif, Renfe, Ineco, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Imathia, Inabensa, Indra, OHL y Talgo– junto con las saudíes Al Shoula y Al Rosan. El consorcio ganó una licitación por 6.736 millones de euros, que representa el mayor contrato de ámbito internacional logrado por empresas españolas, y construirá durante doce años, y operará en ella, la línea de alta velocidad entre Meca y Medina. Un gran proyecto que difícilmente podría haber sido llevado a cabo sin el apoyo de un organismo estatal como CESCE.
El plan se hizo famoso por el papel protagonista que el rey jugó en las negociaciones, según recogió  la prensa en el momento de la licitación. Hubo quien le atribuyó el mérito a la mujer de Khashoggi (otra conseguidora como la princesa Corinna), pero sólo la prensa especializada destacó que el proyecto era posible gracias al seguro público del Estado. Sin este requisito, el proyecto no hubiera podido salir adelante, máxime en un momento de restricción del crédito como en el que se firmó el contrato.

Cubrir el riesgo político

“En todas las administraciones se cubren los riesgos a las exportaciones –explica Jorge Blázquez, miembro de Economistas Frente a la Crisis–. Cuando se exporta a un país, no sólo existe el riesgo comercial, sino que también hay riesgos políticos“. En los grandes proyectos, como es el caso del AVE del desierto, indica Blázquez, las empresas privadas no lo hacen per se por ser muy caro.
La cobertura mediante fianzas que otorga CESCE debe proteger de los riesgos políticos del país que pudieran generar que no se efectuara un pago o que se expropiara la obra. “Hay distintas pólizas que se elaboran en función del proyecto, para cubrir los riesgos políticos como posibles expropiaciones o incumplimientos motivados por temas políticos”, precisa Javier Flores, responsable del departamento de estudios de ASINVER.
Arabia Saudí tiene un riesgo político bajo a corto y a largo plazo, por lo que la cobertura es abierta sin restricciones, según puede verse en la página de CESCE. Esto implica que en principio es un país seguro donde no deberían existir problemas con el proyecto. En el caso del AVE a la Meca, que se haya destinado una cantidad tan alta al aval puede provenir de una licitación de un proyecto elevada. “El monto es grande, pero la probabilidad de riesgo es pequeña”, señala Blázquez.
En el caso de Panamá, el riesgo político que marca CESCE a corto y largo plazo es algo mayor que el de Arabia Saudí –en su escala de colores pasa del verde al amarillo–, aunque a pesar de esto la leyenda señala que la cobertura también es abierta sin restricciones. Es en África, en algunos países de Sudamérica –como Venezuela– y en zonas con conflictos abiertos, como Siria, o inestables, como Ucrania, donde los tonos de la escala llegan al rojo. En estos países, las pólizas están restringidas en algunos casos en función del proyecto y en otros, totalmente cerradas debido a la inestabilidad del país.
“El problema es que en muchas ocasiones se pudiera utilizar CESCE más allá de su misión de cubrir el riesgo político y aportar capital en un proyecto que debería ser privado –especifica Flores–. En ocasiones puede resultar difícil decir que sólo se está avalando el riesgo político y no entrando como capital dentro de la operación”.
El Tribunal de Cuentas puso en cuestión “el respeto al marco legal contractual” del aval que otorgó CESCE a Sacyr, según consta en un informe sobre la actuación del organismo. En este documento, no se reprochan las condiciones en las que se pactó la operación y se asegura que CESCE debe apoyar a las empresas exportadoras españolas. Sin embargo, considera que el organismo debe conciliar al máximo los criterios de oportunidad junto al respeto del marco legal contractual y destaca, además, la “falta de iniciativa alguna” de CESCE para solicitar al Ministerio de Economía la aprobación por orden ministerial de una normativa que amparase las “peculiaridades” de la operación.

¿Por qué aumentan las fianzas de CESCE?

El incremento de las fianzas dadas por CESCE responde, según ellos, a “la reducción de la capacidad de los bancos de otorgar avales o fianzas”. Estos requisitos pueden llegar a conformar entre el 20% o el 30% del valor de los contratos, señalan. En el caso del AVE a la Meca, la cifra sería de alrededor de un 15% sobre el valor del contrato.
Apuntan también que esta caída de la oferta privada refleja una mayor aversión al riesgo dentro del proceso de desapalancamiento de la banca y el ajuste que han tenido que aplicar las entidades por los cambios en la regulación, que da un nuevo tratamiento a los riesgos fuera de balance.
“La situación se ha visto agravada, además, por la reducción del número de bancos españoles elegibles como avalistas a ojos de los clientes extranjeros, debido a las caídas de los ratings de muchas entidades”, añaden. “De ser un producto marginal en la cartera, la póliza de fianzas a fiadores ha pasado a ser uno de los principales productos en la cartera de riesgos, alcanzando niveles récords en 2012”, concluyen. 

lunes, 6 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO AVALO A SACYR CON 150 MILLONES PARA LA OBRA DE PANAMA


CONFLICTO El apoyo público a la constructora española fue irregular

El Estado avaló 150 millones a Sacyr contra el criterio técnico

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Elena Salgado y el ex...

El Estado respaldó a Sacyr en 2009 asegurando una fianza de 200 millones de dólares [150 millones de euros al cambio actual] por la monumental obra de ampliación del Canal de Panamá. Y lo hizo en contra del criterio de los servicios técnicos de la compañía pública aseguradora Cesce e incumpliendo procedimientos y normas, según un duro informe del Tribunal de Cuentas.
Este órgano fiscalizador da a entender en su documento que el Gobierno de la época, el de José Luis Rodríguez Zapatero, se volcó en apoyar financieramente la victoria en el concurso de la constructora española -entonces presidida por Luis del Rivero- improvisando fórmulas contractuales y saltándose las reglas de Cesce, el consorcio de capital mixto encargado de gestionar los seguros de la operación. El Ejecutivo asumió así un inusual riesgo para el Estado en esta modalidad de seguros por ejecución de fianzas.
El Tribunal de Cuentas critica que se 'incumplieron prescripciones obligatoriamente aplicable'
Cesce, en la que el Estado posee la mayoría del capital, aseguró la fianza que Panamá cobraría si no se acaba la obra. Teóricamente, Cesce después se lo cobraría a Sacyr, pero el Tribunal de Cuentas ve riesgo de que finalmente se convierta en una factura para el Estado no sólo por las irregularidades producidas en el proceso de contratación del seguro, sino también teniendo en cuenta la «situación económico-financiera» de la constructora española.
«A pesar de lo manifestado por la Entidad [Cesce] en fase de alegaciones, se incumplieron en la práctica prescripciones de las Condiciones Generales obligatoriamente aplicables a dicha clase de seguro; y, al estar en curso los riesgos cubiertos por la operación, no se puede determinar en este momento la trascendencia económica de la operación para el Estado», afirma en el informe.
El Tribunal de Cuentas critica en sus conclusiones que Cesce otorgó dos pólizas de seguro por riesgo de ejecución de fianzas para Sacyr en Panamá. «La primera de ellas se suscribió sin someterse en todos sus aspectos significativos a lo previsto en las condiciones generales para esta modalidad de seguro. Y para la segunda se aceptó su cobertura, a pesar de las reservas manifestadas por los servicios técnicos de la Entidad, con objeto de evitar un empeoramiento del riesgo asumido anteriormente». Así lo señala en un hasta ahora inadvertido informe que fue remitido al Congreso de los Diputados el pasado mes de julio y que se encuentra a la espera de ser debatido en la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas.
En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza
El consorcio liderado por Sacyr se adjudicó el concurso ofreciendo completar la obra por 2.243 millones de euros, pero ahora reclama 1.200 millones adicionales por «los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles» y anuncia que suspenderá las obras por «incumplimientos graves de la Autoridad del Canal de Panamá».
En caso de que cumpla su amenaza y no termine la obra, Panamá se embolsará los 400 millones de dólares de fianza. De ellos, la mitad corresponden a Cesce y el resto a las aseguradoras públicas de Italia y Bélgica, puesto que las constructoras italiana Impregilo y la belga Jan de Nul participan también en el consorcio aunque de forma minoritaria.
Una de las anomalías es que al contrario de lo habitual en este tipo de seguros de fianzas, no hubo un documento único entre todas las partes. Cesce asumió el riesgo y sólo «separadamente» suscribió aparte con la constructora española «un acuerdo por el que ésta se obligaba al pago de la prima y a reembolsarle el importe de la indemnización en el caso de que llegase a producirse el pago de la misma».

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la obra?

¿Pagará Sacyr en caso de fiasco en la emblemática obra? La constructora asegura ahora que una suspensión de los trabajos no dañaría sus cuentas, pero mantiene la mayor deuda en su sector al superar los 8.600 millones de euros y estuvo a punto del colapso a finales de 2011 hasta que logró refinanciarla.
Las tarifas establecidas por Cesce 'no eran las aprobadas y vigentes en ese momento'
El Tribunal de Cuentas critica distintas anomalías en el seguro de Cesce. Entre ellas cita que «se ha podido constatar que las necesidades totales de aseguramiento que el exportador español requería no fueron íntegramente conocidas por la Comisión de Riesgos Cubiertos por Cuenta del Estado al tiempo de autorizarse la operación». «Así, los riesgos objeto de aseguramiento inicialmente aceptados por Cesce sólo resultaron ser una parte de los que finalmente hubo que cubrir, viéndose obligada ésta a aceptar la ampliación de los mismos, pese a su envergadura, para evitar, en caso contrario, la inviabilidad de la operación de exportación y las consiguientes pérdidas que se hubieran producido para todas las partes, incluida la propia Cesce como aseguradora», agrega.
Sin embargo, la citada Comisión de Riesgos de la aseguradora pública procedió a autorizar la operación pese a que, según el Tribunal de Cuentas, no podía hacerlo por tratarse de una fórmula contractual no prevista en la orden ministerial reguladora. También señala que las tarifas establecidas en este caso por Cesce «no eran las aprobadas y vigentes en ese momento».
Fuentes gubernamentales consultadas por este diario critican la actuación del Ejecutivo presidido por Zapatero en el caso y aseguran que el entonces máximo ejecutivo de Cesce, Joaquín de la Herrán, actuó por órdenes superiores. «La Comisión Delegada de Asuntos Económicos [presidida en aquel momento por un saliente Pedro Solbes] mandató a Cesce. El riesgo final es del Estado, no de Cesce», aseguran.

'Era inimaginable no ayudar a una constructora'

Un ex ministro de la época justifica lo aprobado porque era «inimaginable no ayudar a una constructora española a conseguir un contrato internacional de aquella envergadura». A este respecto, el Tribunal de Cuentas señala que no entra en hacer «un juicio de reproche a las condiciones en que se pactó la operación», pero sí en «una llamada a maximizar los intentos de conciliar los criterios de oportunidad con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones en aras del principio de seguridad jurídica».
El informe del Tribunal de Cuentas lanza esta reflexión para este tipo de operaciones: «Si bien es cierto que por parte de Cesce ha de prestarse el apoyo necesario a las empresas exportadoras españolas, dada la importancia que el sector del comercio internacional tiene para los intereses económicos del país, y que a veces la complejidad de determinadas operaciones demandasingularidades en el tratamiento jurídico de las mismas, también lo es que debe, por todos los medios, intentar conciliar el antedicho planteamiento con el respeto al marco legal contractual que ha de aplicarse a todas las operaciones». «Todo ello, en un contexto de optimización del principio de seguridad jurídica, y teniendo siempre presente, como trasfondo, la naturaleza jurídica pública de CESCE».

Pastor, de mediadora en Panamá

  • >Primero, el GUPC. La ministra de Fomento, Ana Pastor, tiene previsto reunirse hoy, lunes, con representantes del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) en la ciudad de Panamá para tratar de desbloquear el conflicto. A la reunión asistirá también el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.
  • >Después, Martinelli. Tras su encuentro con los representantes del GUPC, Pastor se entrevistará con el presidente panameño, Ricardo Martinelli. Junto a ella estará el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Manuel Gracia.
  • >Finalmente, con la ACP. La jornada de la ministra española se cerrará con una reunión con el ministro para Asuntos del Canal y con el administrador de la Autoridad del Canal (ACP), a los que trasladará las conclusiones de su mediación.
  • FUENTE

domingo, 8 de septiembre de 2013

AUMENTA EL NUMERO DE DESHACIOS POR AVALAR A UN FAMILIAR


Aumenta el número de casos de desahucios por avalar a un familiar

También aumentan los casos desahucios entre autónomos cuya vivienda estaba vinculada a su negocio


Es un drama que evoluciona y lo constatan desde las plataformas. Hasta ahora los rostros de los desahucios eran sobre todo los de personas cercanas a la exclusión social, trabajadores por cuenta ajena con pocos ingresos o parados.
Ahora, tal y como explica Mikel Sánchez, de la plataforma Stop Desahucios en Guipúzcoa, , empiezan a darsecasos de personas que avalaron a otros con sus viviendas.
El perfil de estos nuevos afectados gira en torno a "personas que tenían su casa pagada y que han avalada a un familiar: a un hijo, un sobrino. Ahora no pueden hacer frente a la hipoteca y se ven arrastrados en un procedimiento de ejecución hipotecaria y, por lo tanto, en el riesgo de perder su vivienda que ya tenían pagada hace mucho tiempo", explica Mikel.
Además, en la mayoría de los casos hablamos de personas mayores que viven gracias a sus pensiones.
También aumentan los casos desahucios entre autónomos cuya vivienda estaba vinculada a su negocio. Ante esta situación, exigen a los bancos que ofrezcan a los afectados las viviendas vacías que tienen en alquiler social.