Un antiguo caso de corrupción salpica al expresidente
asturiano Álvarez Areces
El Parlamento asturiano aprobó ayer viernes la reprobación de ocho altos
cargos socialistas del Ejecutivo bipartito (PSOE-IU), que
gobernó la comunidad autónoma entre 2007 y 2011, por un escándalo que, en sus
orígenes, en febrero de 2010, no parecía tener demasiada trascendencia. Sin
embargo, casi tres años y medio después ha dado paso a la mayor
instrucción judicial sobre corrupción desde que Asturias se transformó en
comunidad autónoma (1983), con 29 procesamientos ya decididos.
También a una comisión parlamentaria cuyas conclusiones ensombrecen la
gestión de Vicente Álvarez Areces, el presidente que más tiempo
ha pasado al frente del Principado gracias a tres victorias electorales
consecutivas. Porque los 17 votos del PSOE, que, después del paréntesis de un
año impuesto por la investidura de Francisco Álvarez-Cascos, ha vuelto al poder
en minoría, no bastarán para salvar del reproche del pleno a Areces y siete de
sus altos cargos. Los otros cuatro grupos de la Cámara (el Foro Asturias
casquista, PP, IU y UPyD) suman 28 escaños y con ellos ratificarán el dictamen
que la comisión entregó la semana pasada.
Ni rastro de todo esto podía atisbarse en el horizonte durante las primeras
semanas de 2010, cuando la prensa regional empezó a informar de las
irregularidades atribuidas a Marta Renedo, una funcionaria
hasta entonces desconocida de la Consejería de Administraciones Públicas. Estaba
en el punto de mira de la Agencia Tributaria desde octubre del año anterior y, a
finales de febrero, sus superiores políticos decidieron su cese. Se la acusaba
de haber usado información de los registros públicos para usurpar identidades
con las que creaba falsas empresas a las que atribuía contratos
menores, sin necesidad de concurso, mediante la falsificación de firmas
de los directores generales. Aunque el asunto causó revuelo sobre los
procedimientos administrativos del Principado, quedó circunscrito en principio a
la deslealtad de una trabajadora que se había aprovechado de su posición para
lucrarse. 
Representantes de todos los sectores y partidos asisten al
funeral de marqués
Sin embargo, la instrucción judicial del caso tuvo extraordinarias
consecuencias. El secreto del sumario resguardó sus avances de la vista de los
medios y de la opinión pública durante casi un año, hasta enero de 2011.
Mientras tanto, la juez Ana López Pandiella descubrió que,
además de las primeras irregularidades que se le atribuían, Renedo había
recibido pagos habituales de dos empresas: Igrafo y Almacenes Pumarín (APSA). Se
trataba de dos de los principales proveedores de la Administración autonómica,
que constituían prácticamente un duopolio en el suministro de material de
oficina y consumibles informáticos. Y, lo que resultaba más espectacular, la
juez sostenía que el dinero recibido por Renedo era solo una mínima
parte de un vasto sistema de entregas a cambio de contratos
públicos.
Se había puesto en marcha
lo que la policía, usando las iniciales de la funcionaria, bautizó como
operación Marea. Su resultado sí sacudió la política asturiana cuando se
anunciaron cinco detenciones.
Se había puesto en marcha lo que la policía, usando las iniciales de la
funcionaria, bautizó como operación Marea. Su
resultado sí sacudió la política asturiana cuando se anunciaron cinco
detenciones. La más prominente era de la un exconsejero de Educación,
José Luis Iglesias Riopedre, un hombre cercano a Areces en toda su
carrera política que había abandonado el cargo por motivos de salud
sólo unos meses antes. Junto a él, fue arrestada su mano derecha en el
departamento, la directora general de Planificación de Centros, María
Jesús Otero. También pisaron la cárcel la propia Renedo y dos de los
propietarios de Igrafo y Pumarín, Víctor Muñiz y Alfonso Sánchez. Todos pisaron
la cárcel y se encuentran ahora en libertad bajo fianza a la espera de
juicio.
Cambio de jueces
La instrucción había comenzado en un juzgado de Gijón. Sin embargo, a medida
que crecía, se refería cada vez más a hechos presuntamente cometidos en Oviedo.
Aunque Pandiella luchó por quedarse con el caso, el sumario acabó en manos de un
juez de la capital asturiana, Ángel Sorando. Muchos vieron en
ese cambio una maniobra para desactivar la investigación, pero las diligencias
no se han detenido en los dos últimos años.
Las pesquisas han agrandado el tamaño de la trama hasta 43
imputados. El sistema de Igrafo y Pumarín para asegurarse contratos
públicos no se detuvo en el Gobierno regional. Se extendió a los principales
ayuntamientos -se ha señalado a funcionarios de Oviedo, Gijón, Avilés y Mieres-
e incluso a la Universidad de Oviedo, cuyo exgerente se encuentra acusado. A
principios de este mes, Sorando decidió el procesamiento de 29 personas y dejó
al margen a las otras 14. Esta semana, la Fiscalía ha recurrido para que se
juzgue a todos los imputados. La apertura del juicio oral se retrasará
probablemente hasta 2014.
Rubalcaba visita
asturiasConfrontación política
Sobre el trasfondo de esos avances judiciales, la confrontación política
alrededor del caso se ha ido enconando. El PSOE tuvo que
aceptar el año pasado la creación de una comisión de
investigación en el Parlamento regional. Era una condición
indispensable para lograr el apoyo del único diputado de UPyD, Ignacio
Prendes, a la investidura del actual presidente, Javier
Fernández. La formación magenta era la clave para la formación de una
alianza de gobierno, puesto que su voto deshacía el empate a 22 escaños entre un
bloque de la izquierda formado por PSOE e IU y otro de la derecha creado por la
suma de los parlamentarios de Foro Asturias y PP.
La comisión empezó su trabajo el pasado febrero y solicitó 59 comparecencias,
incluidas las del último gabinete de Areces en pleno. En ella el PSOE se
ha quedado solo. Aunque el apoyo parlamentario de IU y UPyD le permite
sacar adelante todas las votaciones importantes, sus aliados se han
alineado en esta ocasión con PP y Foro. El partido de Rosa
Díez se atiene a su discurso de regeneración democrática, mientras que
la coalición de izquierdas aduce la necesidad de mayor transparencia.
PP y Foro, por su parte,
son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente arecismo y han enfocado
la comisión como un juicio político sobre toda la etapa del expresidente.
Su posición, en todo caso, nada entre dos aguas. A
partir de 2008, se sumó al Ejecutivo del PSOE, asumió dos carteras y compartió
responsabilidades en el mismo Gobierno al que ahora reprueba en parte. PP y
Foro, por su parte, son viejos enemigos de lo que denominan despectivamente
arecismo y han enfocado la comisión como un juicio político sobre toda
la etapa del expresidente. Además de las reprobaciones, el dictamen de la
comisión recomienda medidas como cambiar los procedimientos de contratación del
Principado y la apertura de un portal de la transparencia que permita a
los ciudadanos acceder desde internet a todos los trámites de la Administración
regional.
La reprobación tendrá escasas consecuencias prácticas. De los ocho
responsables políticos, solo uno sigue en la vida pública: Areces. En la
actualidad, el expresidente autonómico es portavoz del grupo socialista
en la Comisión de Educación del Senado. Resultó elegido para la Cámara
Alta en los comicios de 2011. Prendes considera que debería renunciar a su
escaño. “En España, no hay una definición legal de las consecuencias que lleva
aparejada la reprobación política, pero la dimisión sería un ejercicio
sensato y correcto para los cargos públicos. Es lo que se considera
normal en las democracias de nuestro entorno”, opina.
Areces, sin embargo, se considera objeto de un ataque político y cree que los
resultados de la comisión estaban determinados de antemano. Tras meses de
silencio sobre el asunto, el antiguo mandatario ofreció su versión, exenta de
autocrítica, en una entrevista publicada el pasado domingo por el diario gijonés
El Comercio.
Dinero perdido
Las consecuencias políticas seguirán pesando sobre la política
asturiana en el futuro inmediato. La comisión ha solicitado
investigaciones a fondo del Tribunal de Cuentas y de su réplica autonómica, la
Sindicatura de Cuentas, para determinar el alcance del perjuicio patrimonial al
Principado. La Administración autonómica sostiene que Renedo desvió a sus
cuentas privadas 1,1 millones de euros y no lleva los cálculos más allá, pero
Prendes sostiene que esa cantidad “sólo es la punta del iceberg”.
Nadie ha calculado el montante de los contratos que recibieron con el correr
de los años Igrafo y Almacenes Pumarín. La comisión ha acumulado evidencias de
obras abonadas pero no realizadas y de facturas falsas.
Para el instituto de
Cangas de Onís, la Consejería de Educación contrató en un solo ejercicio, el
correspondiente a 2009, obras y suministros por valor de 500.000 euros. Según su
declaración ante la comisión de investigación, el equipo directivo del centro
calcula que en la realidad sólo se ejecutaron unos 100.000. El resto se
perdió por el camino y constituye el peor aspecto del caso, a juicio de
Prendes: un saqueo de los fondos destinados a la educación pública.
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