Rajoy protege los derechos de los amnistiados y desampara los
del resto de españoles
El presidente se niega a dar la lista de los que se acogieron a la
regularización especial cuando se ha demostrado que uno ellos era político, dos
hijos de un político y otros dos, empresarios a los que se les adjudicó
contratas públicas
La ley no puede cambiar alegremente". Este es el argumento dado
este martes por Mariano
Rajoy para justificar que no hará pública la lista de los
acogidos a la amnistía fiscal. El presidente del Gobierno se acogió a la ley de
Protección de Datos para no revelar los nombres de las personas que presentaron
una declaración tributaria especial (los ya llamados "amnistiados"). Sin embargo
no se acogió - más bien se deshizo- a las leyes que regulan los delitos fiscales
para poder aprobar el Decreto Ley que permitía regularizar dinero de dudosa
procedencia.
El Ministerio que lidera Cristóbal Montoro lo publicó así de "alegremente" en
el BOE: "El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará […]
cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición
adicional". Más allá de las palabras técnicas, con disposición adicional quieren
decir AMNISTÍA FISCAL. Así, el Gobierno de
Rajoy prometía que dejaría
todo atado y bien atado para garantizar el regreso del dinero no declarado a
España, o, si ya estaba en el país, que su color cambiara al blanco. Y
aseguraba además el texto que los efectos jurídicos para esta declaración
especial no serían los mismos que para las declaraciones que cada año presentan
el resto de ciudadanos de España.
El presidente mancilla los derechos y se lava las manos bajo el refugio de
que la amnistía fiscal reduciría el déficit público
Que Rajoy se acoja a la Ley de Protección de Datos, amparo que la
Constitución ya reconocía como derecho en 1978 y que fue ratificado en 1995 por
el Consejo Europeo mediante la Directiva 95/46/C, llama la atención. Sobre todo
porque,
si algo también recoge la Carta Magna es la igualdad de todos
los ciudadanos ante la Ley, y con los "amnistiados" se ha aplicado de
todo, menos igualdad ante la Ley. Del mismo modo deniega el derecho de acceso a
la información que tiene toda persona a conocer lo que concierne a los asuntos
públicos. Y por lo menos ya se sabe que uno de los amnistiados era político;
dos, hijos de un político y otros dos de ellos, empresarios a los que se le
adjudicó contratas públicas.
El presidente mancilla los derechos y se lava las manos bajo el refugio de
que la amnistía fiscal reduciría el déficit público. Sin embargo el tiro salió
por la parte de atrás. Montoro tuvo que reconocer el pasado mes de diciembre que
se había recogido 1.300 millones de euros menos de lo esperado. El ministro
justificó la aplicación de esta medida asegurando que la Administración Pública
conseguiría recaudar 2.500 millones de euros, y finalmente recogió 1.200
millones de euros.
La amnistía fiscal realmente sólo ha servido para sembrar la duda: De los
31.000 contribuyentes que se acogieron a ella,
¿cuántos son políticos,
tienen relación con ellos y cuántos empresarios adjudicatarios de concursos
públicos?
-
Luis Bárcenas, exsenador del PP e imputado en
Gürtel, blanqueó 10 millones de euros.
-
Fernando Martín, dueño de la constructora Martinsa
Fadesa e imputado en Gürtel, blanqueó 3.420 euros.
-
Alfonso García-Pozuelo, expropietario de la
Constructora Hispánica e imputado en Gürtel, blanqueó 531.239 euros.
-
Oleguer Pujol, hijo pequeño del expresidente de la
Generalitat Jordi Pujol, blanqueó 3 millones de euros.
-
Josep Pujol, hijo del expresidente de la
Generalitat Jordi Pujol, blanqueó 2 millones de euros.
Montoro reconoció que se había recaudado 1.300 millones de euros menos de lo
esperado
Por el momento se conoce que tres "amnistiados" estaban imputados en el 'caso
Gürtel'. Uno de los puntos que dejaba claro el BOE tras la aprobación de la
amnistía era: "El titular real de los bienes o derechos que se correspondan con
las rentas no declaradas
no podrá presentar la declaración tributaria
especial cuando previamente se haya iniciado un procedimiento de comprobación o
investigación respecto de él o del titular jurídico de dichos bienes o
derechos".
La amnistía se asemeja a un coladero de presuntos defraudadores y corruptos y
así se lo parece a los jueces. El pasado 5 de febrero el juez Pablo Ruz pidió a
Hacienda los datos de los imputados en Gürtel que se habían acogido a la
regularización especial. Veintiún días más tarde, el magistrado José Castro
también preguntó a la administración si Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina
se acogieron a la misma.
Parece evidente hasta para los jueces que más de un sospechoso se ha podido
acoger a este lavado de capitales. Si Rajoy no quiere dar los datos de todos los
amnistiados, al menos
sí que debería tener la obligación de destapar a
todos aquellos políticos que cobran o cobraron de la administración y a
los empresarios que han tenido contratas estatales, autonómicas o municipales.
Los ciudadanos tienen derecho a saber si figuras públicas han engordado sus
bolsillos con parte de los impuestos de todos. Mientras unos pocos blanquean
algo que puede ser de la mayoría, la mayoría lo único que tiene en blanca es su
cuenta corriente.
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