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martes, 15 de octubre de 2013

FAGOR LANZA UN S.O.S. A CAJA LABORAL Y ORONA PARA EVITAR LA SUSPENSION DE PAGOS


EFECTO DOMINÓ PARA TODO EL GRUPO MONDRAGÓN

Fagor lanza un SOS a Caja Laboral y Orona para evitar la suspensión de pagos


Un robot trabaja con un interacumulador en la cadena de producción de Fagor Electrodomésticos. (EFE)
Fagor Electrodomésticos, una de las marcas emblemáticas del Grupo Mondragón, ha tocado fondo y amenaza con presentar en los próximos días una suspensión de pagos que trastocaría a la más importante corporación de cooperativas de España. La crisis ha devastado la entidad desde el punto de vista financiero, y la única solución viable parte de una inyección de fondos frescos, para lo que se necesita el visto bueno de la Caja Laboral y, sobre todo, del fabricante guipuzcoano de ascensores Orona.
La Corporación Mondragón tuvo que salir al rescate de Fagor el pasado mes de mayo cuando los 650 socios compromisarios aprobaron la dotación de un Fondo de Reestructuración y Empleo Societario (FRES) por valor de 70 millones de euros como margen de maniobra para sostener la compañía ante sus problemas de tesorería. La aportación se concedió con las limitaciones de un préstamo bancario, lo que exigía un plazo de amortización a cinco años y una serie de condicionalidades orientadas a la reestructuración de la entidad y el ajuste salarial de sus cooperativistas.
El grupo cooperativo exhibía de esta manera los principios de solidaridad e intercooperación que han demostrado ser de gran ayuda y eficiencia en momentos de atonía del mercado. La diversificación industrial de los proyectos que se cobijan bajo la marca de Mondragón ha permitido el trasvase de garantías como reclamo de solvencia frente a los distintos proveedores y entidades financieras de la corporación.
La magnitud y duración de la crisis ha roto con especial brusquedad unos esquemas que hasta ahora permanecían inamovibles en el funcionamiento de la institución cooperativa guipuzcoana. Fagor lleva años padeciendo las inclemencias de una crisis que no tiene horizonte definido para la entidad. El pasado ejercicio de 2012 se cerró con unas pérdidas de 89 millones de euros tras un quinquenio caracterizado por la acumulación de ‘números rojos’ y la destrucción de más de 4.000 puestos de trabajo.
El fabricante de electrodomésticos de Arrasate se ha visto castigado durante este periodo por el desplome del consumo y la competencia de rivales low costprocedentes de China, Turquía y Corea, así como por la caída de los márgenes derivada de la reducción de los precios. Desde el ejercicio de 2007, las ventas han acumulado una caída de un 40%, lo que ha llevado también a un reajuste salarial de casi el 7% para los trabajadores cooperativistas.
La viabilidad de Fagor tropieza con la acumulación de una deuda total de cerca de 400 millones de euros que ha de ser urgentemente renegociada para evitar males mayores. La banca acreedora, encabezada por el BBVA, ha tratado hasta ahora con guante de seda a la entidad cooperativa gracias al apoyo que Mondragón otorgaba tácitamente al plan estratégico para el periodo de 2013 a 2016.
Preocupación en el Gobierno vasco
El globo se ha desinflado de manera dramática cuando se han conocido los resultados del primer semestre de 2013, en que Fagor ha cerrado con unas pérdidas en números redondos de otros 67 millones de euros, según la información remitida a la CNMV a finales de agosto. Desde principios de septiembre el equipo que preside Txema Guisasola al frente del Grupo Mondragón tiene encendidas todas las alarmas y ha dado cumplido detalle de la angustiosa situación tanto al Gobierno de Mariano Rajoy como al Ejecutivo regional que preside Iñigo Urkullu.
La solución exige esfuerzos renovados dentro del grupo cooperativo, donde se resisten a determinar un importe concreto de ayudas. Dentro de Fagor existe la convicción de reforzar la solvencia y liquidez con mecanismos de financiación que, si concluyen satisfactoriamente, "permitirán a la sociedad disponer de un marco sólido para afrontar un plan estratégico enfocado al crecimiento". Fuentes financieras aseguran que los recursos necesarios no podrán ser inferiores a los 120 millones de euros. Una cifra que, después de las ayudas habilitadas anteriormente, requiere el aval de las principales enseñas que más beneficios aportan a la cuenta de resultados consolidada de Mondragón.
La alternativa de futuro de Fagor pasa necesariamente por la participación de la Caja Laboral en su calidad de brazo financiero del grupo. Además, será necesario apalancar la nueva financiación con las aportaciones del buque insignia industrial que en estos momentos representa el Grupo Orona,especializado en la producción de ascensores y escaleras mecánicas.
Esta última firma, fundada en 1964, es una de las marcas más saneadas de la corporación. El director general de la compañía, ubicada en Hernani, esXabier Mutuberria, artífice del éxito y actual vicepresidente de Mondragón. Su decisión y la de Txomin García, en calidad de titular de la Caja Laboral, van a ser decisivas para desvelar el desenlace de una de las marcas con más solera del panorama empresarial y cooperativo de todos los tiempos en España. 

LA NUEVA RENFE PLANTEA UN ERE PARA 300 TRABAJADORES


La nueva Renfe plantea un ERE 'voluntario' para 300 trabajadores


Personal de mantenimiento del AVE Madrid-Valencia
Arrancan dos semanas claves para el futuro del ferrocarril estatal. A finales del mes de octubre se celebrará el consejo de administración de Renfe, en el que se cerrarán los detalles del 'troceo' de la empresa, algo que mantiene expectantes a todos los sindicatos del sector. El nuevo formato será una realidad ya a partir del 1 de enero de 2014.
La Comisión Delegada del Gobierno aprobó el pasado 26 de septiembre la segregación de la empresa. La decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, ha dado paso a las primeras reuniones entre sindicatos y empresa, que tendrán punto y final en el consejo de administración de Renfe del próximo 28 de octubre. Todas las principales confederaciones de trabajadores se dicen, por el momento, contrarias al plan de Fomento.
Desde el punto de vista del pasajero, el cambio –en principio– no se notará. En 2014 existirán ya no una, sino cuatro entidades: una unidad de viajeros, otra de mercancías y logística, otra de mantenimiento y una cuarta de material rodante. Según los planes del Ministerio de Fomento, se tratará de unholding con un 100% de capital público: cuatro sociedades, una matriz común.
Los sindicatos están listos para convocar partos, pero aseguran que hay margen para negociar.En las entrañas, sobre todo laborales, es donde podrán llegará cambios. Y donde se están gestando los primeros descontentos. La formalización del ‘troceo’ estaba prevista para julio, pero el accidente del Alvia en Santiago de Compostela provocó su retraso: el Gobierno quería evitar que coincidiera con la probable contestación sindical.
ERE voluntario
Los presupuestos de Renfe para 2014 dejan claro que la empresa reducirá plantilla: hay un partida de 14,9 millones de euros pensados para los gastos que supondrá el expediente de regulación de empleo que la empresa llevará a cabo.
Las negociaciones siguen intensas desde varias semanas. Renfe está planteando un ERE "universal y voluntario" al que deberían acogerse unas 300 personas. La primera propuesta de la operadora ha sido la de despedir a los trabajadores con veinte días por año trabajado y un máximo de doce mensualidades, según han confirmado a este diario fuentes sindicales.
Los trabajadores de cercanías de madrid cumplen los servicios mínimos
La línea de los principales sindicatos del sector es, por el momento, de oposición a los planes de Fomento. CGT –minoritario en el ferrocarril ha convocado huelgas de 24 horas durante varios días en los meses de octubre (28, 29 y 30 del mes), de noviembre y diciembre.  “La interlocución con el Ministerio de Fomento, hasta el momento sólo ha servido para adormecernos mientras ellos avanzan con sus planes: segregar y privatizar”, argumenta este sindicato.  Lo que lleva a convocar los paros, según explican en un comunicado difundido este lunes, es el ‘peligro’ que supone para los trabajadores la implantación de contratas y subcontratas.
Más cauto se ha mostrado, tras los contactos con el Ministerio, el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios, SEMAF: “Estamos dispuestos y queremos dialogar para se nos dé garantías”, explica un portavoz a este diario. Antes de convocar cualquier tipo de paro, asegura que hay margen para “exigir estabilidad, viabilidad y mantenimiento” de las cuatro sociedades anónimas que se crearán.
La ‘línea roja’ para empezar movilizaciones masivas se encuentra, según Comisiones Obreras, en las condiciones laborales de la ‘nueva’ Renfe: “Para nosotros es fundamental que se pueda obtener un solo convenio colectivo para las cuatro sociedades anónimas que constituyen el holding”, asegura un portavoz del sindicato. El futuro del ferrocarril estatal, añade, se juega en las reuniones de los próximos días. 

martes, 8 de octubre de 2013

NUEVOS DETENIDOS EN EL CASO DE LOS ERE DE ANDALUCIA


Alaya dirige una nueva operación policial en la trama de los ERE con al menos cuatro detenidos

Entre los arrestados está Enrique Rodríguez, director del área de Empleo e Innovación de la Diputación de Sevilla y ex gerente provincial del IFA. Es la segunda fase de la operación Heracles, que se saldó con 22 detenidos y 13 registros en marzo.


La juez Mercedes Alaya ha montado este martes una nueva operación policial en la investigación de la causa de los ERE fraudulento en la que se ha procedido a la detención, al menos, de cuatro personas, entre ellas Enrique Rodríguez, director del área de Empleo e Innovación de la Diputación Provincial de Sevilla y ex gerente provincial del IFA, la agencia pagadora de las ayudas vinculadas a los ERE, según han confirmado fuentes de la investigación. Según algunos testigo, Enrique Rodríguez ha sido detenido directamente en la sede de la Diputación, de donde habría salido exposado.

La investigación está relacionada con la trama de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas de la Sierra Norte, con las que estaría vinculado el ex consejero de EmpleoJosé Antonio Viera.
 
La operación policial, que se está desarrollando por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desde primera hora de este martes, es precisamente una segunda fase de laoperación Heracles que se realizó en marzo pasado en busca del cobro de la sobrecomisionesvinculadas al pago de las pólizas de los ERE financiadas por la Junta de Andalucía.
 
La operación Heracles acabó con la detención de 22 personas y la práctica de al menos 13 registros domiciliarios. La instructora cifró en 7,6 millones las comisiones que habrían percibido los sindicatos UGT y CCOO, y en 51 millones las sobrecomisiones de las consultoras Vitalia y Uniter todas procedentes de esas pólizas financiadas con fondos públicos.

LA GUARDIA CIVIL INVESTIGA CON LA JUEZ AYALA LOS ERE IRREGULARES


La Guardia Civil desarrolla una nueva operación vinculada con los ERE irregulares


   Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desarrollan desde primera hora de la mañana de este martes una nueva operación vinculada al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

   En este sentido, las mismas fuentes han indicado que se trataría de la segunda fase de la operación 'Heracles' desarrollada el pasado mes de marzo y en la se que investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.

   Dentro de esta operación, fueron detenidas 22 personas, de las que siete ingresaron en prisión, continuando a día de hoy tres de ellas en la cárcel.

   Por el momento, no han trascendido el número de personas detenidas en el marco de esta nueva operación policial, que en un principio se estaría desarrollando, al menos, en Sevilla capital, donde los agentes de la UCO están registrando distintos inmuebles.
FUENTE

domingo, 6 de octubre de 2013

HALLAN UN BUNKER OCULTO EN LA VIVIENDA DE UNO DE LOS PRINCIPALES IMPUTADOS POR LOS ERE


Descubren un búnker oculto en casa 


de uno de los imputados por los ERE


Los Mossos han descubierto un búnker en la casa de uno de los imputados por los ERE de Andalucía. Es en la vivienda barcelonesa de Eduardo Pascual, antiguo responsable de la mediadora 'Vitalia'. Allí, han encontrado una cámara acorazada, con una caja fuerte de grandes dimensiones.


Descubren un búnker oculto en la casa de uno de los imputados por los ERE
Está considerado como uno de los centros neurálgicos de la trama de los ERE de Andalucía. Así lo califica el propio juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que ha autorizado los registros en la vivienda. Eduardo Pascual es hoy uno de los principales imputados, además de protagonista de las novedades conocidas sobre el caso.
En un nuevo registro, se ha encontrado un búnker en un sótano que había pasado desaparcibido en inspecciones anteriores. Y se sospecha que escondía documentación relevante sobre el escándalo de los ERE fraudulentos.
Eduardo Pascual ingresó en prisión el pasado mes de marzo. Según la juez Alaya, el detenido controlaba todo lo que acontencía en Vitalia. Se le imputa, entre otros delitos, por cohecho, malversación y prevaricación. ¿Pero, qué papel jugaba este holding empresarial?
Vitalia era una de las dos compañías que actuaban como intermediarias en las prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía. Por esas gestiones, Vitalia habría cobrado más de 21 millones de euros en sobrecomisiones y habrían pagado, además, a los que les eligieron para ese cometido sin pasar por un concurso público previo.
Otros dos exdirectivos de Vitalia, María Vaqué y Antonio Albarracín, están también en prisión. Los últimos indicios apuntan a que junto a Eduardo Pascual lideraban una trama de alcance nacional e internacional con desvíos a paraísos fiscales que superan lo estimado.

viernes, 4 de octubre de 2013

POSIBLE ERE DE MERCEDES EN VITORIA


Mercedes producirá menos furgonetas en Vitoria y baraja impulsar un nuevo ERE


<b>Mercedes-Benz</b> producirá menos furgonetas en Vitoria y baraja impulsar un nuevo ERE
La planta de Mercedes de Vitoria fabricará este año 1.200 furgonetas menos que las previstas inicialmente a causa del descenso de los pedidos que se están produciendo, han confirmado hoy a Efe fuentes sindicales.
En lugar de las 72.900 unidades de los dos modelos de vehículos, Vito y Viano, que se habían programado para este ejercicio en la planta vitoriana la producción a finales de año se situará en 71.700 furgonetas.
El motivo de esta disminución es el descenso en el número de ventas en el mercado nacional e internacional, según ha transmitido recientemente la dirección de Mercedes a los representantes de los trabajadores.
Fuentes sindicales también han anunciado que la dirección baraja poner en marcha un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la fábrica de Vitoria aproximadamente entre el 16 de diciembre y el 13 de enero para la "puesta a punto" de las nuevas líneas de producción del nuevo vehículo que saldrá de estas instalaciones el próximo año, la furgoneta VS20. Según los sindicatos, las negociaciones para concretar los detalles de este ERE comenzarán previsiblemente la próxima semana.
Mercedes de Vitoria está realizando actualmente prototipos de la nueva furgoneta y, según los plazos que baraja la multinacional, la producción de este vehículo comenzará en marzo de 2014.
Los trabajadores de la planta se han visto afectados este año por un ERE para adecuar las líneas de producción a la fabricación de la VS20 que concluyó a mediados del pasado septiembre. Durante su vigencia, los trabajadores incluidos en el expediente tuvieron garantizado hasta el 80 por ciento del salario bruto y el 100 por ciento de las vacaciones y de las pagas extraordinarias.

lunes, 23 de septiembre de 2013

LA JUEZ AYALA DESENTRAÑA EL FRAUDE DE LOS ERES


Alaya desentraña la raíz del fraude de los ERE


La juez Mercedes Alaya llega a la sede de los juzgados de Sevilla. | Conchitina
Más que por el enfrentamiento abierto entre su abogado y la juez, la comparecencia ante Alaya del ex número dos de Presidencia Antonio Lozano se recordará en la instrucción del caso ERE por una razón de verdadero calado. Después de más de dos años y medio de investigación, la magistrada ha desentrañado la raíz del fraude, al asentar que la Junta falseaba sus presupuestos para ocultar la existencia del fondo de reptiles.
Desde el principio de la instrucción, la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla viene situando las transferencias de financiación –el mecanismo presupuestario por el que se trasvasaban los fondos desde la Consejería de Empleo al antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) o a la Agencia IDEA– en el núcleo de su tesis del delito.
Según reitera en sus autos, las transferencias de financiación se estaban utilizando indebidamente al destinarse al pago de las ayudas de los ERE, cuando sólo podían emplearse para compensar la cuenta de pérdidasy ganancias del organismo receptor o enjugar pérdidas de ejercicios anteriores.
Ahora, la magistrada da un paso más y coloca el foco sobre el origen mismo del fraude. Como puso de manifiesto el pasado jueves en la lectura de cargos a Antonio Lozano, director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 y al que imputa la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, Alaya sostiene que la Junta falseaba su presupuesto inflando los gastos del organismo pagador –IFA o la Agencia IDEA– para dar apariencia de legalidad al uso de las transferencias de financiación.
En este sentido, la instructora atribuye al ex número dos de Susana Díaz una participación activa en la alteración de la «realidad presupuestaria» del IFA, «simulando la existencia de unos gastos en la cuantía necesaria para equilibrar los ingresos recibidos mediante las transferencias de financiación». Y añade: «Con ello se evitaba que en el presupuesto de explotación del IFA aparecieran altos beneficios, haciendo imposible teóricamente el uso de las transferencias de financiación, pues las mismas estaban destinadas a cubrir pérdidas».
Antes de acogerse a su derecho a no declarar, Antonio Lozano reconoció a preguntas de la juez que la transferencias de financiación no se pueden destinar «a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones» que otorgaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social.
El hallazgo de Alaya debilita la defensa que viene manteniendo el Gobierno andaluz y algunos acusados y puede sentenciar el futuro procesal de los altos cargos de la Junta ya imputados o señalados.
La versión oficial defiende la legalidad del sistema con el argumento de que las transferencias de financiación estaban recogidas en el presupuesto que año tras año validaba el Parlamento andaluz sin que nadie planteara objeción. Ello, según la tesis exculpatoria, haría responsable a todos los diputados que votaron a favor de las cuentas.
En el escrito con el que recurrió la imputación de una veintena de altos cargos, entre ellos la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, la Junta reprochaba a la juez que cuestionara el uso de la transferencia de financiación «olvidando que es la propia Ley de Presupuestos la que ordena que el dinero llegue al IFA empleando este mecanismo».

La tesis de Griñán

Ésta es la tesis que mantuvo Griñán cuando, el 25 de septiembre de 2012, compareció en la comisión de investigación de los ERE. «Frente a la acusación permanente de que las transferencias de financiación eran ilegales, ha quedado claro que este procedimiento es y era perfectamente legal y contaba con el respaldo de cada Ley de Presupuesto», declaró el entonces presidente.
También proclamó la legalidad de este instrumento de financiaciónMagdalena Álvarez en su comparecencia en la Cámara autonómicaen la citada comisión. «¿Se presupuestaron las transferencias de financiación? Sí. ¿Quién lo llevó en el Presupuesto? La Consejería de Hacienda. ¿Quién aprobó el proyecto de ley? El Consejo de Gobierno. ¿Quién aprobó el presupuesto? Este Parlamento. Luego tan mal... ¿Quién conoció, quién conoció, quién conoció que esas transferencias de financiación eran ejecutadas? Todo el mundo, la publicidad es total», defendió.
A la luz de la nueva aportación de la juez Alaya, la pregunta que cabe hacerse es: ¿Sabía la Cámara que se inflaban presuntamente los gastos del IFA para equilibrar los ingresos y justificar así el empleo de este mecanismo de financiación?
La utilización inadecuada de las transferencias de financiación constituía una de las numerosas advertencias que formuló el interventor generalde la Junta entre 2000 y 2010. Manuel Gómez Martínez, también imputado por la juez Mercedes Alaya, alertó sin éxito en sus informes de que el gasto público efectivo quedaba exento de la fiscalización previa con el empleo de esta figura.
Como Gómez Martínez ha detallado, esa advertencia quedó plasmada en los informes de cuentas anuales de 2001, 2002, 2003, 2006, 2007 y 2009, así como en los informes de cumplimiento de 2001-2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.

domingo, 15 de septiembre de 2013

UN CAMIONERO SE NIEGA A DEVOLVER 180.000 EUROS DE LOS ERE, POR SER UN ERROR DE LA JUNTA


Un camionero se niega a devolver 180.000 euros de los ERE por ser «un error» de la Junta

El sevillano Antonio Polonio compró un camión y un remolque con una subvención del «fondo de reptiles» en que fue inscrito como intruso




Un empresario sevillano ha pedido a los jueces que anulen la reclamación por parte de la Junta de los 180.000 euros que recibió con cargo a un ERE porque los defectos del proceso no fueron culpa suya y él actuó en la "confianza legítima" que le inspiraba una administración pública.
El empresario Antonio Polonio ha sido imputado en la causa de los ERE porque pidió una ayuda para comprar un camión y percibió 180.000 euros del expediente de la empresa Manufactura Española del Corcho (SAMEC), en la que nunca había trabajado y de lo que se enteró por la prensa, al estallar el caso que investiga la juez Mercedes Alaya.
En su escrito ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Efe, el empresario afirma que su subvención debía librarse con cargo a una partida presupuestaria para empresas en crisis o en vías de desarrollo, pero "finalmente se libró del llamado 'fondo de reptiles' y cuatro años después".
Polonio solicitó la subvención para comprar un camión y un remolque y el 1 de octubre de 2003 firmó un protocolo con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado por el caso de los ERE, para "ayuda a las inversiones previstas".
Tras "muchas visitas y requerimientos" porque el dinero no llegaba, la Junta le ingresó el 10 de octubre de 2007 la subvención junto con los intereses devengados. Con ello, el camionero compró un camión por 102.484 euros y un remolque por importe de 59.160 euros, lo que "se puso oportunamente en conocimiento de la dirección general", dice en su demanda.
Pese a la "claridad y certeza de la inversión", la Junta de Andalucía ha reclamado ahora al empresario la devolución de esos fondos "con la argumentación de que faltan papeles y justificantes". El señor Polonio es "un camionero más preocupado de sus trabajos que de los papeles" y ahora se encuentra en una situación de indefensión debido a que su expediente no aparece por el "desbarajuste" derivado del caso de los ERE, añade.
"Exigir ahora el reintegro de cantidades rectamente recibidas y empleadas por un empresario que siempre actuó siguiendo directrices de la Administración es, cuando menos, injusto", sostiene en su recurso, y afirma que su inclusión en un ERE se hizo "sin su intervención ni conocimiento y, por lo tanto, falseando datos y documentos".
La Junta basa su reclamación en que no aparece la petición de la subvención, pero el abogado del empresario recuerda al TSJA que informaciones de prensa han denunciado la destrucción de documentos, una vez estallado el caso de los ERE, además de que "por ineptitud o arbitrariedad de determinados funcionarios, los expedientes pudieron tramitarse con carencias".
Por otra parte, entre la concesión de la ayuda, el 17 de octubre de 2006, y el inicio del expediente de reintegro, el 1 de junio de 2011, han transcurrido "sobradamente" los cuatro años para declarar prescrita la reclamación, añade el recurso.
La subvención se otorgó "con defectos solo imputables a la Administración, con cargo a una partida no idónea, falseando datos e incluyendo a personas en terrenos que no les correspondían, sin intervención ni culpa alguna del perceptor" y creó en el empresario "una confianza legítima respecto de la adecuación del derecho a la ayuda", afirma.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

LA GUARDIA CIVIL CONSTATA QUE 3 INTRUSOS DE UN ERE FUERON BENEFICIADOS POR SER DEL PSOE


La Guardia Civil constata que tres intrusos 

de un ERE fueron beneficiados por ser del 

PSOE

  • Un informe considera probado el trato de favor a los militantes
  • Se trata de tres personas vinculadas al PSOE de Camas
  • La investigación descarta irregulidades en la cesión de la sede local socialista


Un atestado de la Guardia Civil remitido a la juez que investiga los ERE fraudulentos afirma que tres "intrusos" incluidos en el expediente de Intersur fueron favorecidos por su militancia en el PSOE y cobraron en total 399.802 euros.
En dicho atestado, al que ha tenido acceso Efe, la Guardia Civil dice queJosé Antonio García Prieto, José Acevedo López y Ricardo Medina Barrios nunca trabajaron en Intersur pero fueron incluidos en el ERE de dicha empresa "de manera discrecional y manifiestamente injusta" porFrancisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta ya imputado en la causa.
Los tres fueron incluidos en el ERE aprobado en 2003 para 63 de los 114 trabajadores de Intersur en su sede de Morón de la Frontera (Sevilla) y en la documentación para preparar las pólizas se dejó claro que se trataba de "casos especiales".
Según la Guardia Civil, los tres beneficiarios fueron favorecidos "a causa de su pertenencia al PSOE y con la influencia del entonces delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas", también imputado.
Añade el atestado que, según un informe de la dirección general de Seguros, las comisiones pagadas en el caso de Intersur fueron superiores a la media del mercado en un 9,23 por ciento en las pólizas suscritas por Vitalicio y en un 18,9 por ciento las de Apra Leven, lo que supone un sobrecoste de 301.618 euros.
En el mismo atestado, la Guardia Civil concluye que no hubo "irregularidad alguna" en la donación del local donde se encuentra la sede del PSOE de Camas (Sevilla), donde residen los "intrusos" de Intersur.
Explica que el local estaba ocupado mediante alquiler con opción a compra y en el año 2003 se intentó ejercitar dicha opción, pero el titular ponía reparos a la adquisición por parte del PSOE ya que el Grupo Municipal carecía de CIF, por lo que "se tomó la decisión de que solo nominalmente" la compra se hiciese por parte de la entonces alcaldesa por el PSOE, Encarnación Díaz Cerezo, el concejal García Prieto y su esposa, quienes lo adquirieron por 57.000 euros.
El 10 de mayo de 2010 lo donaron al PSOE, quien se subrogó la deuda pendiente con La Caixa, en una operación que, según la Guardia Civil, no tuvo ninguna irregularidad de acuerdo con el Código Civil y la ley de financiación de partidos.
Según el atestado, se cumplieron "los requisitos de formalización de escritura pública, aceptación, valor del inmueble y demás impuestos por la legislación".