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lunes, 3 de febrero de 2014

ESPAÑA: EL MARIDO DE COSPEDAL COBRA 12.000 € AL MES DEL EMPRESARIO BLAS HERRERO


Suma y sigue: el marido de Cospedal factura 
12.000 € al mes al empresario Blas Herrero
 Ignacio López del Hierro (EFE)
Suma y sigue. Ignacio López del Hierro factura más de 12.000 euros mensuales al empresario Blas Herrero, propietario de la cadena radiofónica Kiss FM y pujante inversor inmobiliario, por "servicios profesionales". El marido de la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cobra esa cantidad a través de Hilo de Inversiones S.L., la mercantil a la que investiga ahora la Fiscalía por el supuesto contrato en diferido de López del Hierro con Liberbank –7.000 euros al mes–, que podría encubrir los delitos de apropiación indebida y falsedad documental.
Cospedal volvió a salir en defensa de su esposo el pasado jueves, después de que el sindicato CCOO aportase nueva documentación a la Fiscalía de los presuntos pagos irregulares de Liberbank por trabajos supuestamente inexistentes. "Si algunos quieren que, por el hecho de ser mi marido, no pueda trabajar en nada, están muy equivocados", dijo la número dos del PP la víspera de que López del Hierro compartiera foto y asiento con la plana mayor del partido, encabezada por Mariano Rajoy y ella misma, en la convención de Valladolid. Un gesto que, lejos de pasar inadvertido, ha sido interpretado como un desafío de Cospedal a sus críticos y a la propia Fiscalía.
Según prueban varias facturas en poder de El Confidencial, Hilo de Inversiones, la empresa en la que López del Hierro figura como administrador único, cargó más de 12.000 euros mensuales, al menos hasta finales de 2013, a HVB Casas, la mercantil que gestiona el patrimonio inmobiliario de Herrero. Las siglas HVB corresponden a las iniciales Herrero, Vallina –por su mujer, Rosa Vallina– y Blas. En todas las facturas figura el concepto "honorarios según contrato", pero fuentes muy cercanas al empresario asturiano aseguran que el marido de Cospedal nunca ha firmado contrato alguno con el propietario de la popular radiofórmula musical.
Herrero, multimillonario gracias a la indemnización de 205 millones de euros que Onda Cero le pagó en 2006 tras una larga batalla judicial, siempre ha cultivado y mantenido buenas relaciones con el poder, tanto en Asturias, su tierra natal, como en Madrid. Y no parece que le haya ido mal. Su amistad con el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el que fuera ministro de Trabajo con Felipe González, el también asturiano Luis Martínez Noval, fue recompensada a finales de la década de los 80 con la concesión de un paquete de licencias de FM. Y desde la llegada de Rajoy a la Moncloa, en 2011, no ha descuidado cortejar al PP para proteger sus intereses.
López del Hierro, en conversación telefónica con El Confidencial, admitió ayer que ha asesorado a Herrero en "varios asuntos personales y algunas operaciones inmobiliarias". El marido de Cospedal, de 64 años y economista de profesión, añadió: "Yo comprendo que no puedo trabajar con el sector público. Pero si tampoco puedo hacerlo con la empresa privada, sólo me quedan dos opciones: o me voy de España o dejo de trabajar". Y remachó con esta frase: "He sido consejero y empresario durante 40 años, mucho antes de conocer a mi mujer". El propietario de Kiss FM, por su parte, ha declinado hacer declaraciones: no ha respondido a las llamadas de este diario.
El marido de la secretaria general del PP presentó su dimisión el pasado mes de enero como consejero de Amper alegando motivos personales y "posibles futuras incompatibilidades". López del Hierro entró a formar parte del consejo de administración de la empresa de telecomunicaciones en marzo de 2011, justo un año antes de renunciar al cargo de consejero de Red Eléctrica Española (REE), decisión que justificó así: "No quiero causar perjuicio alguno ni a la compañía ni a la labor institucional y política que desempeña con tanto esfuerzo y sacrificio mi mujer".
López del Hierro, sin embargo, conserva su asiento en varios consejos de administración, además de asesorar a bancos y empresas. La lista es larga: Liberbank, Itínere, Iberinco, Iberdola Inmobiliaria... Antes estuvo en Renta Corporación, Avanzit, las inmobiliarias Metrovacesa, Bami y Gecina, la corporación industrial de Caja Castilla-La Mancha o Société Générale en España. En 2011, coincidiendo con la victoria electoral de Cospedal en las autonómicas de Castilla-La Mancha, los ingresos de su empresa Hilo de Inversiones se dispararon desde los 135.000 euros del año anterior hasta 1,8 millones de euros.
Como adelantó el pasado sábado El Confidencial, Onda Cero, la cadena radiofónica del Grupo Antena 3 que preside José Manuel Laraestudia acciones legales contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y su actual número dosPablo Hernández, por el pelotazo de 205 millones que hizo rico a Herrero. Hernández, que anteriormente fue jefe de los Servicios Jurídicos de la entidad que gestiona los derechos de autor, se embolsó más de 200.000 euros de forma opaca por asesorar en la sombra a Kiss FM en su batalla legal contra Onda Cero, que, tras perder en los tribunales, se vio forzada a pagar esa astronómica indemnización al empresario asturiano.

ESPAÑA: LA BANCA PAGARA 3.000 MILLONES POR LA LIQUIDACION DE LAS AUTOPISTAS


La banca deberá pagar un 'peaje' de 3.000 millones por la liquidación de las autopistas


Imagen de la M-12 de acceso a la T-4 de Barajas.
Está visto que Cristóbal Montoro no se casa con nadie y está demostrado que el ministro de Hacienda es verdaderamente el que tiene la última palabra a la hora de decidir las relaciones de poder entre el Gobierno y los distintos sectores de actividad económica. La ‘jugada’ del déficit de tarifa se ha vuelto repetir esta vez con los bancos y las constructoras a cuenta de las célebres autopistas en quiebra. En el primer caso pagará el sector eléctrico y, por tanto, todos los consumidores. En el segundo serán las entidades financieras las que deberán asumir un agujero de más de 3.000 millones de euros en los próximos años.
El Real Decreto 1/2014 aprobado a hurtadillas en el Consejo de Ministros del pasado 24 de enero ha supuesto algo así como una ‘puñalada por la espalda’ para todos aquellos que se las prometían la mar de felices con la creación del nonato ‘banco malo’ de las concesionarias de autopistas que ahora están en suspensión de pagos. Las famosas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) junto a la AP-41 de Madrid-Toledo, la AP-36 de Ocaña-La Roda, el tramo Cartagena-Vera que explota Aucosta, la circunvalación de Alicante en manos de Ciralsa y la M-12 de acceso a la T-4 de Barajas bajo control de OHL forman una batería de petardos en serie que irán estallando de forma paulatina en los próximos años.
El Gobierno ha decidido abandonar a su suerte a las concesionarias y dejar que los procesos concursales culminen en la desembocadura natural de una liquidación forzada por deudas que se estiman en 3.700 millones, más otros 1.200 derivados del sobrecoste de las expropiaciones dictaminado por el SupremoEl Gobierno ha decidido abandonar a su suerte a las concesionarias y dejar que los procesos concursales culminen en la desembocadura natural de una liquidación forzada por deudas que se estiman en 3.700 millones de euros, más otros 1.200 derivados del sobrecoste de las expropiaciones dictaminado por el Tribunal Supremo. La ‘broma’ asciende a casi 5.000 millones de euros y la ministra de Fomento, Ana Pastor, no ha tenido  más remedio que situarse en primer tiempo de saludo ante su colega de Hacienda para levantar lo que en medios empresariales se entiende como “una barricada virtual” con la que el Estado pretende ahorrarse la llamada RPA (Responsabilidad Patrimonial de la Administración).
La nueva disposición normativa publicada en el BOE del día 25 modifica el artículo 271 del texto refundido de la ley de Contratos del Sector Público con carácter retroactivo para que el Gobierno limite la responsabilidad del Estado descontando el justiprecio de las expropiaciones. Las constructoras entienden que esta medida es la preparación artillera del Ministerio de Fomentopara defenderse ante la eventual liquidación de las concesionarias. Las empresas integradas en la patronal Seopan consideran que, a la postre, Hacienda pretender reducir a la mínima expresión la RPA deduciendo todas las aportaciones que el Gobierno ha venido otorgando a las concesionarias de autopistas.
El Estado asumirá,  como mucho, unos 1.500 millones de euros después de restar a sus obligaciones de pago los 1.200 millones de las expropiaciones más otros 2.200 aportados estos últimos años. En esta segunda cifra se incluirían de créditos participativos aprobados vía Presupuestos del Estado y las cuentas de compensación destinadas a paliar la caída de los tráficos con que se dibujaron los planes de negocio de las autopistas. “El Gobierno quiere ajustar saldos para abonar la responsabilidad patrimonial del Estado en pequeñas dosis a medida que vayan siendo liquidadas las concesionarias”, aseguran en medios vinculados con Seopan.
Las autopistas que se encuentran en suspensión de pagos terminarán nacionalizadas, aunque esta vez el Ministerio de Fomento no tendrá que dar ninguna participación al sector privado. Las constructoras perderán todo el capital desembolsado en sus proyectos concesionales pero la mayor parte de las compañías tienen provisionada la pérdida, por lo que en su caso el coste equivale a un 10% del balance final del siniestro. Mucho peor es la situación para la banca, tanto española como extranjera, que deberá tragarse los créditos concedidos en su día y que constituyen el 90% restante del agujero; al cambio, más de 3.000 millones de euros.
Ana Pastor. (Efe)Ana Pastor. (Efe)Reparto de culpas entre bancos y constructoras
Los grandes banqueros españoles están que trinan con Cristóbal Montoro a quien consideran último responsable de la espantada con que el Gobierno ha dado esquinazo al problema de las autopistas: “Para este viaje no hacían falta tantas alforjas”, señalan en medios financieros recordando el respaldo que las grandes entidades de crédito brindaron desde el primer momento a la ministra Ana Pastor para la creación de la fallida Empresa de Autopistas Nacionales.
Los más suspicaces dentro del mercado bancario achacan también parte de las culpas a Seopan por sus dudas y dilaciones en sumarse a una iniciativa a la que se le pasó el arroz en cuanto que Hacienda se puso al volante del proyecto. El ajuste presupuestario, unido a los compromisos con Bruselas, provocaron el arrepentimiento del Gobierno y Montoro ni ha sabido ni ha querido negociar un roto con las autoridades comunitarias que hubiera puesto en peligro los objetivos de déficit público al cierre de 2013.
El célebre 6,5% del PIB está prendido con alfileres y lo ocurrido con las concesionarias es lo mismo que pasó con las eléctricas y su no menos famoso déficit de tarifas. En la España que empieza a salir de la recesión el guardián de la caja pública tiene la sartén por el mango y los demás ministros deben plegarse a sus consignas. Incluido el propio titular de Economía, Luis de Guindos, víctima colateral del quebranto que las autopistas provocarán en el sector bancario. El rescate financiero empieza a convertirse en una historia interminable y no es de extrañar que su máximo responsable político quiera poner tierra de por medio antes de que las urgencias económicas de otros sectores en crisis acaben por ensuciar su hoja de servicios.

ESPAÑA: LA POLICIA LOGRA IDENTIFICAR A 2 DONANTES DEL PP


La UDEF logra identificar a dos donantes del PP al año de estallar el 'caso Bárcenas'

La Policía señala a la apoderada de una empresa de ingeniería y al exdirigente de una asociación de constructores como autores de sendas entregas de dinero en 2008, el año en el que el juez Ruz centra ahora la investigación sobre la caja 'B' de Génova 13.

El juez Pablo Ruz, en una imagen de archivo.
Durante casi un año, su verdadera identidad fue una incógnita. Ahora, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía les ha puesto nombre. La Policía remitió el pasado 29 de enero al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, un informe de siete folios en el que identifica a dos de los empresarios que aparecían en los 'papeles de Bárcenas' comoautores de un total de diez entregas de dinero y a quienes hasta ahora no se había podido poner nombres y apellidos. Se trata deMaría Pilar Pulido Fernández, apoderada de cuatro empresas dedicadas a la construcción, y Adolfo Sánchez García, quien fuera vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO). Ambos comparecerán ante el magistrado el próximo miércoles como testigos para declarar sobre sendas aportaciones que realizaron en 2008, el año en el que Ruz ha centrado ahora buena parte de sus pesquisas tras descubrir presuntas irregularidades en las cuentas de Génova 13 referidas ala adquisición aquel año de un local en Logroño para servir de sede al partido en La Rioja.
Una acusación relacionó la anotación "Pilar Pulido" con una imputada por estafa. Ahora la Policía afirma que en realidad se trata de una empresaria santanderina que contrata habitualmente con la Administración
El informe de la UDEF, que llegó a la Audiencia Nacional el pasado jueves, es consecuencia del auto que el magistrado dictó el pasado 24 de enero y en el que, además de citar como testigo al presidente de Mercadona, Juan Roig, solicitaba a la Policía que investigara quién se encontraba detrás de varias entregas de dinero que figuraban en los papeles de Bárcenas como realizadas en 2008. En concreto, el juez señalaba uno en el que aparecía "Pilar Pulido"como supuesta autora de una aportación de 36.000 euros realizada según los apuntes contables de Luis Bárcenas el 20 de febrero de ese año; otro de junio de ese mismo año de 10.000 euros realizado por un enigmático "Adolfo S.", y un tercero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008 por un tal Luis Gálvez. El magistrado ordenaba a los agentes su identificación y su posterior citación para que comparecieran ante él el próximo miércoles. La Policía cree haber identificado ya plenamente a los dos primeros y última un segundo informe sobre el tercero.
En el auto, el juez daba algunas pistas sobre los tres engimáticos empresarios, aunque las pesquisas de la UDEF han revelado que algunas no iban por el buen camino. Así, sobre "Pilar Pulido" el magistrado recordaba que en la ampliación de la querella que IU hizo en septiembre se apuntaba a que ésta podría ser una directiva de ADS Brokers, una empresa ya quebrada y que está siendo investigada por un juzgado de Madrid por una supuesta estafa piramidal que ha afectado a cerca de 4.000 pequeños ahorradores. Su nombre figura en los 'papeles de Bárcenas' como la presunta autora de otra entrega de dinero anterior a la que ahora investiga el magistrado: de 12.000 euros realizada en enero de 2006. En esa anotación, el extesorero escribió la fecha, la cantidad y la anotación "Empresa Estudios" junto al nombre y primer apellido. Cuando fue preguntado por este apunte en su declaración del pasado 15 de julio, el político ahora encarcelado sólo pudo decir que se trataba de una "amiga" de Álvaro Lapuerta, quien fuera su antecesor al frente de las finanzas del PP.
Numerosos clientes en la Administración
Escasos datos que hicieron que la Policía incluyera su nombre enuno de sus primeros informe sobre el caso como "aportante no identificado". Ahora, sin embargo, establece "en base a la actividad que desarrollan las sociedades en cuyos órganos de administración participa" que se trata supuestamente de María Pilar Pulido Fernández, una santanderina de 57 años de edad que figura en el Registro Mercantil como apoderada de cuatro sociedades: Control y Geología SA, Seguridad de Presas SA, Proyectos y Obras de Galicia SL y Andaluza de Desarrollo y Construcciones SA. De todas ellas, el inspector autor del documento llama la atención sobre la primera, "una consultora con más de 1.500 proyectos y estudios realizados que abarcan los más diversos campos de la ingeniería, infraestructuras viarias, agua y obras hidráulicas, saneamiento y depuración, medio ambiente, estudios de transportes, ferrocarriles, urbanismo y planeamiento". La UDEF destaca que "la mayoría" de sus clientes son, precisamente, Administraciones Públicas, de las que enumera una treintena.
El informe también destaca que María Pilar Pulido figura en los órganos sociales de diversas UTEs en la que participan dos de sus empresas y que, además, en febrero de 2010 ocupó el cargo de directora de la Asociación de Proyectistas y Consultoras de Estructuras (APYCE). Por todo ello, el autor del informe señala que tiene "correlación con el perfil de otras personas que constan como aportantes de fondos en la contabilidad aportada por Luis Bárcenas"Vozpópuli intentó ponerse en contacto con esta empresaria el pasado viernes para conocer su versión sobre el contenido del informe que le señala como donante del PP, pero no respondió a la llamada de este diario.
Ocho aportaciones por 98.000 euros
Mucho más generoso con el PP fue supuestamente el segundo empresario ahora identificado. La Policía considera que el donante que figura en los 'papeles de Bárcenas' como "Adolfo S." y "Adolfo Sánchez", presunto autor de ocho aportaciones por un total de 98.000 euros entre 2006 y 2008, es Adolfo Sánchez García, un empresario de 65 años que figura como apoderado y presidente de dos empresas constructoras actualmente en proceso de liquidación, Tracsa Edificación y Obra Civil SA y Asphalt Road SA, domiciliadas en Sevilla y Barcelona respetivamente. La Policía destaca en el informe remitido al juez Ruz que este empresario (que también figura como presidente de una fundación de ayuda a personas con problemas del habla) fue miembro de la Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública (ConstCAT), en la que están integrados dos empresas con directivos ya imputados en la causa, el Grupo Romero Polo y Construcciones Rubau,
El segundo empresario identificado formó parte de una asociación de constructoras catalanas en la que están integrados dos sociedades cuyos máximos responsables están imputados en la causa
La UDEF también recoge que Adolfo Sánchez García fue vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (AERCO)de la que resalta en el documento enviado a la Audiencia Nacional que su página web señala como su objetivo "la defensa de los intereses de las empresas asociadas en sus relaciones con la Administración Central". Por todo ello, y como en el caso de María Pilar Pulido, el informe concluye que, su "perfil" también es concordante con el de los empresarios ya identificados en la causa como presuntos donantes del PP. Por todo ello, él será uno de los empresarios que el próximo miércoles tendrá que acudir ante el juez Ruz a declarar como testigo por sus supuestas entregas de 2008.
Quedaría, por tanto, sólo un empresario por identificar: Luis Gálvez, quien en los papeles de Bárcenas aparece vinculado a una supuesta entrega de dinero de 50.000 euros efectuada el 22 de febrero de 2008. El magistrado recuerdaba en el auto del 24 de enero en el que ordenaba su identificación que en un informe anterior de la UDEF ya se apuntaba que podría tratarse del constructor Luis Gálvez Murcia, propietario de la constructora Ploder, una empresa cuyo nombre se ha relacionado en diversas informaciones periodísticas con varios escándalos ligados precisamente al 'caso Gürtel'. Gálvez es también el suegro del que fuera concejal de Vivienda en el Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2005, Sigfrido Hérraez. Este político madrileño abandonó su cargo en el consistorio en octubre de 2005, tras lo cual se vio envuelto en un escándalo de incompatibilidades y, más adelante, se vio salpicado por la investigación de una adjudicación a una empresa de la trama de Francisco Correa realizada cuando aún era edil. Según fuentes jurídicas, la UDEF ha hecho llegar recientemente el informe sobre la identidad que hay detrás de esa anotación, cuyo contenido aún no ha trascendido.

ESPAÑA: UN LETRADO OFRECIO LA LIBERTAD A CORREA Y BARCENAS POR 3 MILLONES DE EUROS


“POR TRES MILLONES DE EUROS…”

El letrado Peláez ofreció la libertad a Correa y 


Bárcenas a cambio de dinero para policías


El abogado Ignacio Peláez (EFE)
Ignacio Peláez, el abogado del empresario leonés José Luis Ulibarri en la causa Gürtel, planteó ante Francisco Correa, primero, y Luis Bárcenas, más tarde, la posibilidad de conseguir su libertad mediante el pago de una millonaria cantidad de dinero a varios policías de la investigación. El exfiscal de la Audiencia Nacional les aseguró que la propuesta había partido de un significado representante de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la unidad responsable de las pesquisas sobre la trama Gürtel. Tanto Correa como Bárcenas se opusieron a tan "descabellada propuesta". Esa fue, al menos, la contestación literal del extesorero del PP.
Dos personas de confianza del jefe de la red Gürtel y del exsenador popular han confirmado a El Confidencial la oferta "personal" del letrado, el mismo que sentó a Baltasar Garzón en el banquillo del Tribunal Supremo. Pero matizan que luego supieron que todo aquello se debía a un montaje que desconocía la PolicíaPablo Cresponúmero dos en algunas de las empresas de Francisco Correa e imputado en la causa, se negó a hablar de ese asunto, pero añadió: "Sólo puede escribir que no desmiento los datos en poder de El Confidencial".
Sin embargo, el abogado Peláez, en conversación telefónica, negó su participación "como intermediario" en ninguna gestión de esa índole "ni con Correa ni con Bárcenas". “Alguien está usando mi nombre en falso. Es cierto que me he entrevistado con algunos policías, pero para otros asuntos. Yo no me meto en esos fregaos. No trabajo de esa manera", aclaró el letrado.
Francisco Correa (d) y su abogado (i). (EFE)Francisco Correa (d) y su abogado (i). (EFE)Peláez reconoció que estaba al tanto de esa información y que había hablado varias veces con Francisco Correa, pero "nunca en nada relacionado con un asunto de dinero". "Esa información me llegó por medio de un policía, pero me olvidé del tema porque nunca me meto en negocios de ese tipo. Nada tengo que ver", sentenció el abogado.
Mencionó a tres comisarios
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que el abogado Peláez llegó a mencionar los nombres de tres comisarios del staff de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero que estos estaban al margen de cualquier oferta. El Confidencial conoce la identidad de los tres comisarios mencionados por el letrado ante los intermediarios de Francisco Correa, pero se reserva su identidad para salvaguardar su integridad profesional y por medidas de seguridad.
La primera operación se consumó a comienzos de 2012 cuando Ignacio Peláez citó en su anterior despacho madrileño de la calle Príncipe de Vergara a uno de los hombres de confianza de Francisco Correa. El jefe de la Gürtel permanecía preso en la cárcel de Soto del Real y no era excarcelado hasta abril de aquel año. Por tanto, el letrado, que se mostraba exultante tras haber logrado en el Tribunal Supremo la condena de Baltasar Garzón, necesitaba los servicios de uno de sus colaboradores para hacerle llegar un mensaje.
Peláez aseguró durante la entrevista que "unos jefes policiales se habían puesto en contacto con él" y estaban dispuestos a echarle una mano para lograr la libertad de Correa. Eso sí, a cambio, pedían un estímulo económico, según la versión del círculo de Correa. La propuesta policial había quedado plasmada en una cuartilla. Abusando de una escenificación más propia de unthriller policiaco, el abogado extrajo de un cajón de su escritorio una carpeta de color gris.
El expediente estaba precintado por tres adhesivos circulares que Peláez desgarró. De su interior extrajo un folio que le entregó sin más dilaciones al ejecutivo de la Gürtel. El estudio contemplaba varias soluciones en función de los resultados finales de las gestiones: "Solución óptima, doce millones de euros""solución intermedia, nueve millones" y "solución base, seis millones". Las tres opciones, ineludiblemente, contaban con la colaboración de la UDEF y aseguraban, según Peláez, la reconducción del proceso. La primera, la más ambiciosa y onerosa, contemplaba la nulidad de la causa y la libertad de Correa.
El juez Ruz. (EFE)El juez Ruz. (EFE)El hombre de confianza de Correa reaccionó con frialdad y sólo se comprometió a trasladarle la propuesta a su exjefe, aunque pronto comprendió que todo aquello era "una locura muy peligrosa". Fue la misma respuesta que obtuvo de los abogados de Correa, antes de dirigirse a la cárcel. Y tal cual se lo transmitió a Francisco Correa en una visita que le hizo a la prisión de Soto del Real: "Tenemos que luchar con armas jurídicas y no por vías sucias", fueron sus palabras. La respuesta de Correa se alineaba en la misma dirección. Además, en aquel momento sus arcas estaban exhaustas tras el embargo y el bloqueo de todos sus bienes.
El cerebro de la Gürtel se encontraba entonces más preocupado por la obtención de un aval bancario de una entidad chipriota que facilitara su libertad condicional. Lo último que pasaba por su mente era adentrase en aventuras arriesgadas. Ya había vivido una experiencia similar en Panamá, donde le habían estafado más de doscientos mil euros con una falsa promesa: la obtención de la residencia en el país del canal para eludir la acción de la justicia española. 
Reuniones secretas con la Policía
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domingo, 2 de febrero de 2014

FRANCIA: CONSTRUCTORAS ESPAÑOLAS DESATAN LA GUERRA DEL LADRILLO


Constructoras españolas desatan una guerra del ladrillo en Francia por sus precios
Grúas en una construcción (EFE)
Los constructores franceses no quieren la competencia de los españoles. Les acusan de tirar los precios. Las empresas españolas -pequeñas y medianas- han hecho de la necesidad virtud y, en vista de la parálisis en nuestro país, han decidido aprovechar las ventajas competitivasque su experiencia y la reforma laboral de Rajoy les dan frente a los constructores galos para intentar salvar sus cuentas.
La guerra del ‘ladrillo’ en Francia, especialmente en el sur, arrancó en la segunda mitad de 2012 y no ha hecho sino intensificarse. Tras un ejercicio que ha sido difícil otra vez, 2014 arranca con un nuevo grito de descontento de los constructores galos, que han visto cómo se ha ido incrementando el número de licitaciones y concursos que ganaban los españoles en los dos últimos años. Los franceses acusan a los españoles de “competencia desleal”, tal y como ha recogido ampliamente la prensa local. Afirman que los españoles pagan salarios más bajos y que las empresas tienen menores gastos por trabajador. La animadversión se ha intensificado hasta el punto de hablarse de “cruzada contra los constructores españoles” en la prensa francesa.
A los españoles no les pasan ni una. Los controles y las inspecciones son constantes, no hay tensiones, pero sí exceso de celoLos expertos afirman que, efectivamente, losconstructores españoles suelen ganar los proyectos por el precio. Tal y como explica uno de los economistas de Axa Investment Managers, “las reformas laborales han logrado un mercado laboral más flexible, en Francia es muy rígido”. Es el caso de Urcotex, que construye unas instalaciones para bomberos en Perpignan. Su oferta era un 10% inferior a la siguiente. La renovación del McDonald’s de Tarbes (en los Pirineos) la ha conseguido una firma española. Altuna hizo la sala de conciertos de Anglet (en la región de Aquitania) y Goizuetaka se ha llevado la construcción de un bloque de vivienda pública en Biarritz (también en Aquitania).
Mayor experiencia
Sin embargo, el precio no es la única razón por la que los españoles están llevándose proyectos, aseguran a este lado de los Pirineos. Fuentes del sector afirman que las empresas españolas tienen mayor experiencia y son competitivas no sólo en precios. “Nosotros sí estamos más preparados técnicamente, porque las empresas en España están acostumbradas a ejecutar toda la obra, no sólo una de las fases, como se hace en Francia y eso nos reconocen allí que es una amenaza para ellos”, comenta Albert Martí, responsable de los proyectos en Francia de Urcotex, empresa constructora con sede en Barcelona.
“Además, al final, aunque los precios de la empresa puedan ser inferiores,trabajar en Francia implica una serie de costes indirectos, derivados de seguros, transporte, etcétera, que, al final, hacen que no seamos mucho más baratos, sólo un poco”, añade.
Por otra parte, fuentes sectoriales reclaman que “si buscamos una Unión Europea, un mercado único, Francia tiene que abrirse y que sus empresas busquen la competitividad que les haga falta. A nivel institucional no tienen nada que decir, puesto que forma parte de la normativa europea. Se puede competir”. Otra fuente señala que los argumentos que dan los franceses de los precios “son una tontería”. Sin embargo, las quejas están ahí.
Las trabas de los franceses
Martí señala que Francia “es un mercado difícil en el que entrar”. La empresa con sede en Barcelona se adjudicó la construcción -de la estructura- de unas instalaciones para bomberos porque era la que ofreció “un precio más barato”. Martí explica que otras empresas les demandaron, pero los tribunales les han dado la razón y comentan que, pese a las dificultades que se han encontrado, buscan nuevos proyectos en el país vecino. Allí las cosas no están tan mal como en España: “A cada concurso y licitación acuden muchas menos empresas, hay menos competencia”.  
Entre las barreras con las que ha topado Urcotex, además del rechazo de las empresas galas y la demanda, hay que tener en cuenta las diferencias legales y técnicas. Por ejemplo, “no te permiten subcontratar, cuando vas a un concurso tienes que justificar que puedes hacer la obra con el personal en plantilla de la empresa”. Y asegura que “a los españoles no les pasan ni una. Los controles y las inspecciones son constantes y exahustivos, no hay tensiones, pero sí exceso de celo con cada paso que damos”.
Por otra parte, las trabas burocráticas son también importantes. Los propios constructores franceses han pedido una simplificación de las exigencias normativas en el sector y que se creen las condiciones necesarias para que pueda haber una bajada significativa de los costes de producción.
De la necesidad, virtud
Las grandes constructoras hace años que se lanzaron al mercado internacional y hoy más del 70% de sus ingresos proviene de fuera de España, de los grandes proyectos, como es el caso del Canal de Panamá. Sin embargo, en el caso de las constructoras de menor tamaño, la dependencia del mercado local es aún enorme y sólo un tercio de los ingresos los hacen en el extranjero, según los datos de ANCI, la Asociación Nacional de Constructores Independientes.
Pero la salida al extranjero parace la mejor opción teniendo en cuenta que el estallido de la burbuja inmobiliaria ha dejado tras de sí miles de cadáveres empresariales en este sector. En los últimos cinco años han desaparecido del mapa casi 13.000 empresas: 7.791 constructoras y 5.153 inmobiliarias, según datos del Baremo Concursal de 2013 elaborado por la consultora PwC.
Las trabas burocráticas son también importantes. Los propios constructores franceses han pedido una simplificación de las exigencias normativas en el sectorA pesar de que el sector de la construcción europeo tampoco está para echar cohetes, las empresas españolas encuentran más oportunidades fueras. La previsión de Euroconstruct para este sector en 2014 es que se producirá todavía una caída del 6,7%. Según este análisis, todavía es prematuro hablar de que se haya tocado fondo, pero se espera que a partir de 2015 se observe una mejoría. Eso sí, no calcula cifras positivas hasta 2016. En el caso de Europa, Euroconstruct es prudente y señala que “no hay motivos para una recaída, aunque tampoco para esperar  una recuperación fulgurante”. Las expectativas de crecimiento para este ejercicio es del 0,9% y para el siguiente, del 1,8%.
El problema principal que afrontan estas compañías a la hora de cruzar los Pirineos para salvar sus cuentas es de financiación y avales para sus operaciones, según los datos que maneja la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). En este sentido, Aragón anunció en noviembre un plan de internacionalización del que se beneficiarán, entre otras, las empresas de este sector y señalaba que, en concreto, 150 empresas buscan hacer negocio en Francia.

ESPAÑA: AZNAR SE COMPRA UNA MANSION EN MARBELLA POR 2 MILLONES DE EUROS, FOTO


Aznar se compra una mansión de dos millones en la mejor zona de Marbella

Se trata de un "refugio" de 304 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de dos mil metros dotada de piscina, porche y zaguán


Planta de la nueva mansión de José María Aznar.- GOOGLE MAPS
José María Aznar ha adquirido unalujosa mansión en Guadalmina Baja, una zona exclusiva junto al mar en las proximidades de Marbella. El expresidente del Gobierno y su mujer Ana Botella han comprado una nueva casa de vacaciones valorada en cerca de 2 millones de euros, según el diario Sur.
Esta sería la tercera vivienda consecutiva que el matrimonio Aznar-Botella adquiere desde que el exlíder del Partido Popular dejara la presidencia en 2008, informa el diario malagueño. Un "refugio" de 304 metros cuadradosconstruidos sobre una parcela de más de dos mil metros dotada de piscina, porche y zaguán.
Según informa este diario, el precio de la finca, situado junto al campo de golf de Guadalmina, no bajaría de los 1.4 millones de euros a lo que habría que sumar el valor de la propia construcción. La vivienda está sometida a obras de reforma, que se iniciaron hace apenas un par de semanas.
Los Aznar contarán con vecinos ilustres como Marisa de Borbón, Isidoro Álvarez, la familia Goizueta o el periodista José María García. Se trata de una zona muy exclusiva a pocos metros del mar y a apenas unos kilómetros de Marbella.
La pareja ha adquirido el inmueble en régimen de gananciales en una operación de compraventa cuya escritura se firmó en una notaría de Marbella el pasado octubre, según informa el periodista del diario Sur Héctor Barbotta.

MUERE EL ACTOR PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, TODAVIA SIN DETERMINAR LA CAUSA DE LA MUERTE


El galardonado actor Philip Seymour Hoffman fue encontrado muerto en Manhattan Apartment, policiales Said Oficial

El Departamento de Policía de Nueva York está investigando, y la Oficina del Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte


El galardonado actor Philip Seymour Hoffman fue encontrado el domingo por la tarde muerto en su apartamento de Nueva York, dijo un funcionario policial.
El Departamento de Policía de Nueva York está investigando, y la Oficina del Médico Forense para determinar la causa exacta de la muerte. El funcionario dijo que el Sr. Hoffman, de 46 años, fue encontrado muerto en su apartamento a 35 Bethune St. en el barrio West Village de Manhattan.
El Sr. Hoffman ganó el Oscar al Mejor Actor por la película de 2005, "Capote".

ESPAÑA: SENTENCIA OBLIGA AL BANCO A DEVOLVER ANTICIPOS AL QUEBRAR UNA PROMOTORA


Un juez obliga al banco a devolver los anticipos tras quebrar una promotora

La entidad respaldó la operación inmobiliaria pero rechazó reintegrar cantidades entregadas a cuenta por dos compradores alegando que no había avales individuales


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No tendrá tanta repercusión como la sentencia que permitió la anulación de las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, pero sí marcará un antes y un después en la defensa jurídica de quienesentregaron dinero a cuenta para adquirir una vivienda sobre plano(antes de concluir e incluso de arrancar las obras) y quedaron atrapados por la suspensión de pagos(concurso de acreedores) de la promotora.
En efecto, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Sevilla ha condenado a un banco, en un fallo que ya es firme tras no presentarse recurso, a devolver a dos compradores las cantidades que confiaron a la inmobiliaria y que fueron avaladas por la entidad financiera aunque no de forma directa (avales individuales) sino a través de la propia promotora (aval general). Es decir, existía una relación indirecta, pero los particulares habían cumplido sus obligaciones (abonos) no así el banco, que trató de esquivar las suyas arguyendo inexistencia de avales individuales –y, para más inri, aunque esto queda reflejado por el tribunal, se quedó con las casas ejecutando un préstamo impagado por el promotor–.
La sucesión de los hechos es la que sigue. En abril de 2006 los compradores –dos conocidos futbolistas sevillanos– rubricaron con la sociedad Área de Promociones Inmobiliarias de Andalucíala compra de dos viviendas sobre plano, que habrían de estar construidas para el mes de diciembre de 2008, entregando 103.192 y 50.145 euros a cuenta. En julio de 2007, ésta contrata una póliza de garantía para la línea de avales sobre el complejo de inmuebles. Sus casas no están finalizadas en el plazo estipulado, de ahí que, en diciembre de 2009 y mediante sentencia firme, obtienen del juzgado la resolución de los contratos, y se condena a la empresa a la devolución de las fianzas y –aquí radica la clave– «a entregar los avales individuales que las garantizaban y a exhibir para su testimonio el aval general suscrito en garantía». Y entramos en el meollo: en junio de 2011 se insta a Banesto –actualmente integrado en el Santander– a reintegrar el dinero, y éste niega la existencia de aval alguno. De devolver, nada de nada.
Durante el juicio, el representante de la promotora es contundente: cada vez que se firmaba un contrato de compraventa, la documentación era remitida a la entidad financiera; el aval sí era general, pero garantizaba la totalidad de las sumas desembolsadas por los compradores; el banco se había negado a proporcionar los avales individuales pese a su requerimiento; y el dinero de los compradores se depositaba en la cuenta de la inmobiliaria, «existiendo cuenta abierta en Banesto». ¿Más claro?
«El aval litigioso que ha sido prestado supuestamente por la entidad bancaria no responde a las condiciones de una simple fianza, sino que se presenta más bien como una garantía exigible en las condiciones pactadas, revistiendo la modalidad de garantía(…)». La entidad alegaba que ni conocía los contratos de compraventa, ni que hubieran sido judicialmente resueltos ni que hubiera aval alguno ni de forma individual ni de cualquier otra, aunque matizaba que en cualquier caso la garantía estaría caducada, extinguida y sin eficacia alguna. Todo no, pero por si acaso…
De hecho, el juez sevillano considera probada, pese al no del banco, la suscripción del aval general, «por el cual se garantizaba la solvencia de la promoción» y su vinculación con una «cuenta especial» abierta donde el depósito del dinero de los particulares no era responsabilidad de éstos, dado que «son ajenos» a los compromisos acordados entre la sociedad Área y la entidad financiera, sino de estas dos últimas. Y llegados aquí, el magistrado echa mano de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para recriminar con suma dureza a Banesto que tratara de cargar las culpas sobre los dos futbolistas. «Esta pretensión es inadmisible». En suma, su defensa consistía en que ambos asumieran las consecuencias de la negligencia del propio banco a la hora de asegurarse qué estaba pasando con los avales individuales y con la propia cuenta.
«Consta el aval general y constan comunicados los datos de los contratos (…) y consta la comunicación a la entidad bancaria (la resolución) de los contratos con la promotora por incumplimiento del plazo de entrega, estando finalizada la obra, sin que (el banco) haya procedido ni a la emisión de los avales individuales ni a la entrega (a los compradores) de las cantidades aseguradas», según concluye el fallo. Condénese, pues, a la devolución del dinero –78.192 euros en un caso y 37.645 en el otro, cifras menores a las inicialmente demandadas porque en medio del trámite judicial hubo un abono parcial de la promotora– más el interés legal del dinero más las costas. Veinte días hábiles para recurrir, el Santander no lo ha hecho, sentencia firme.
¿Cuál es su trascendencia? Primero, sienta un precedente jurídico para todas aquellas familias que adquirieron sus viviendas sobre plano, quebraron las promotoras y se quedaron sin casas y sin dinero. Segundo, condena al banco por responsabilidad extracontractual, puesto que no había nada firmado entre éste y los compradores, ni tan siquiera aval individual, el único título que legitima para reclamar al banco o, en su caso, a una aseguradora, las cantidades confiadas a la inmobiliaria. Y tercero, se le dice a la entidad financiera, oye, tú eres quien tienes que velar por los contratos entre promotora y clientes y los ingresos realizados por éstos. Y no cabe, por tanto, lavarse las manos.

BELGICA: ESPAÑOLES EXPULSADOS POR SER UNA "CARGA EXCESIVA" PARA EL GOBIERNO



La pesadilla de los españoles en Bélgica: "Nos han contado una mentira enorme con Europa"


Una española en Bélgica

Muchos españoles emigran a Europa con la esperanza de encontrar un trabajo para poder subsistir pero se enfrentan hasta a expulsiones. Una española que trabajó como camarera, en pésimas condiciones, durante un año en Bélgica recibió la orden de abandonar el país tras recibir ayudas sociales. 


Define la "mentira" de la libre circulación como: "El que tiene dinero interesa que se quede, el que no y se está buscando la vida, que se vaya a su país". Los españoles son los terceros en la lista de los europeos más expulsados de Bélgica por ser considerados una "carga excesiva" para el sistema.


Como muchos, salieron de España con la idea de llevar una vida mejor en el extranjero, pero el proyecto de 300 españoles emigrados a Bélgica se torció cuando recibieron la orden de abandonar el país por ser "una carga excesiva" para el sistema. Los españoles fueron en 2013 los terceros en la lista de europeos contra quienes se cursaron más expulsiones en Bélgica por esta causa, después de los rumanos y los búlgaros, según los datos difundidos en enero por la Oficina de Extranjería de Bélgica. 

La portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, explicó que bajo el concepto de "carga irracional para el sistema" se examina caso por caso en Bélgica, y se considera carga, "cuando una persona lleva en el paro más de un año entero, no hace gestiones para encontrar un trabajo y se instala en un sistema de ayudas sociales". El Estado belga, subrayó Ernould, "no puede soportar" esa presión: 

"Ya con la población belga es difícil. Si además tenemos que acoger y asimilar a una parte de la población europea, es absolutamente imposible". Una carga para el sistema Uno de los casos de afectados por la orden de expulsión de Bélgica es el de Fátima Donaire (Jaén, 1984), licenciada en Bellas Artes, que llegó a Bélgica en noviembre de 2010 para hacer prácticas durante cinco meses en un estudio de diseño gráfico, con una beca del programa Eurodisea. Ya con la población belga es difícil. 

Si además tenemos que acoger y asimilar a una parte de la población europea, es absolutamente imposible Cuando la beca se terminó, Donaire relató que decidió quedarse en Bélgica para aprender francés y buscar trabajo. 

A la vez, solicitó una de las ayudas sociales que en Bélgica se conceden a las personas que no cuentan con suficientes recursos y que le permitió recibir 525 euros al mes, para pagar el alojamiento. Durante una año la andaluza trabajó como camarera, sin que su trabajo fuese declarado a la seguridad social y percibiendo aún la ayuda social, hasta que recibió una carta con la orden de que en 30 días tenía que abandonar el país por ser una carga para el sistema. En Bélgica las expulsiones de europeos han pasado de unas 300 en 2010 a superar las 2.000 en 2012, desde que las autoridades belgas cruzan datos de distintos organismos. 

"Esto ha permitido descubrir que muchos europeos abusan del sistema. Hemos visto que estábamos poniendo el dedo en la llaga: es un sistema que no estaba funcionando", explicó Ernould. Donaire señala que recibió un "trato despectivo" en el ayuntamiento a donde acudió al recibir la carta y donde se le retiró la tarjeta de identidad belga. 

A través de un abogado belga, presentó pruebas de que durante toda su estancia no dejó de buscar trabajo, y de que además había hecho un curso para convertirse en animadora infantil en escuelas. Gracias a eso y, sobre todo, a encontrar trabajo en junio pasado en una escuela pública de Ixelles (en Bruselas), evitó la expulsión. 

La mentira europea "Me siento estafada, siento que nos han contado una mentira enorme con lo de Europa, cuando no es verdad, y estamos todos engañados. Hasta que no te pasa una cosa de este tipo no lo sabes", dijo durante una entrevista. 

Me siento estafada, siento que nos han contado una mentira enorme con lo de Europa Superada la situación, explica que para ella la libre circulación en la Unión Europea "significa en realidad: que el que tiene dinero interesa que se quede, el que no tiene dinero y se está buscando la vida, que se vaya a su país". Las expulsiones, subrayó la portavoz del Oficina de Extranjería belga, responden a lo previsto en la normativa europea. A ese respecto la portavoz de Justicia de la Comisión Europea (CE), Mina Andreeva, recordó que "la libre circulación es un derecho acompañado de deberes". Andreeva dijo que, aunque implica el libre movimiento en el territorio comunitario, "no supone el derecho a acceder libremente a los sistemas de seguridad social de los Estados miembros". 

"Los ciudadanos europeos tienen derecho a ir a otro país de la UE y quedarse en el hasta tres meses sin ningún tipo de obligación ni de derecho a pedir beneficios", precisa Andreeva, que agregó que solo se puede permanecer hasta seis meses en el país si la persona demuestra que busca trabajo de manera activa. Tras ese plazo, "los ciudadanos europeos no tienen derecho a permanecer en el Estado miembro de acogida, salvo que tengan medios financieros para sostenerse y un seguro de enfermedad completo". 
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