BELGICA: ESPAÑOLES EXPULSADOS POR SER UNA "CARGA EXCESIVA" PARA EL GOBIERNO

La pesadilla de los españoles en Bélgica: "Nos han contado una mentira enorme con Europa"




Muchos españoles emigran a Europa con la esperanza de encontrar un trabajo para poder subsistir pero se enfrentan hasta a expulsiones. Una española que trabajó como camarera, en pésimas condiciones, durante un año en Bélgica recibió la orden de abandonar el país tras recibir ayudas sociales. 


Define la "mentira" de la libre circulación como: "El que tiene dinero interesa que se quede, el que no y se está buscando la vida, que se vaya a su país". Los españoles son los terceros en la lista de los europeos más expulsados de Bélgica por ser considerados una "carga excesiva" para el sistema.


Como muchos, salieron de España con la idea de llevar una vida mejor en el extranjero, pero el proyecto de 300 españoles emigrados a Bélgica se torció cuando recibieron la orden de abandonar el país por ser "una carga excesiva" para el sistema. Los españoles fueron en 2013 los terceros en la lista de europeos contra quienes se cursaron más expulsiones en Bélgica por esta causa, después de los rumanos y los búlgaros, según los datos difundidos en enero por la Oficina de Extranjería de Bélgica. 

La portavoz de la Oficina de Extranjería de Bélgica, Dominique Ernould, explicó que bajo el concepto de "carga irracional para el sistema" se examina caso por caso en Bélgica, y se considera carga, "cuando una persona lleva en el paro más de un año entero, no hace gestiones para encontrar un trabajo y se instala en un sistema de ayudas sociales". El Estado belga, subrayó Ernould, "no puede soportar" esa presión: 

"Ya con la población belga es difícil. Si además tenemos que acoger y asimilar a una parte de la población europea, es absolutamente imposible". Una carga para el sistema Uno de los casos de afectados por la orden de expulsión de Bélgica es el de Fátima Donaire (Jaén, 1984), licenciada en Bellas Artes, que llegó a Bélgica en noviembre de 2010 para hacer prácticas durante cinco meses en un estudio de diseño gráfico, con una beca del programa Eurodisea. Ya con la población belga es difícil. 

Si además tenemos que acoger y asimilar a una parte de la población europea, es absolutamente imposible Cuando la beca se terminó, Donaire relató que decidió quedarse en Bélgica para aprender francés y buscar trabajo. 

A la vez, solicitó una de las ayudas sociales que en Bélgica se conceden a las personas que no cuentan con suficientes recursos y que le permitió recibir 525 euros al mes, para pagar el alojamiento. Durante una año la andaluza trabajó como camarera, sin que su trabajo fuese declarado a la seguridad social y percibiendo aún la ayuda social, hasta que recibió una carta con la orden de que en 30 días tenía que abandonar el país por ser una carga para el sistema. En Bélgica las expulsiones de europeos han pasado de unas 300 en 2010 a superar las 2.000 en 2012, desde que las autoridades belgas cruzan datos de distintos organismos. 

"Esto ha permitido descubrir que muchos europeos abusan del sistema. Hemos visto que estábamos poniendo el dedo en la llaga: es un sistema que no estaba funcionando", explicó Ernould. Donaire señala que recibió un "trato despectivo" en el ayuntamiento a donde acudió al recibir la carta y donde se le retiró la tarjeta de identidad belga. 

A través de un abogado belga, presentó pruebas de que durante toda su estancia no dejó de buscar trabajo, y de que además había hecho un curso para convertirse en animadora infantil en escuelas. Gracias a eso y, sobre todo, a encontrar trabajo en junio pasado en una escuela pública de Ixelles (en Bruselas), evitó la expulsión. 

La mentira europea "Me siento estafada, siento que nos han contado una mentira enorme con lo de Europa, cuando no es verdad, y estamos todos engañados. Hasta que no te pasa una cosa de este tipo no lo sabes", dijo durante una entrevista. 

Me siento estafada, siento que nos han contado una mentira enorme con lo de Europa Superada la situación, explica que para ella la libre circulación en la Unión Europea "significa en realidad: que el que tiene dinero interesa que se quede, el que no tiene dinero y se está buscando la vida, que se vaya a su país". Las expulsiones, subrayó la portavoz del Oficina de Extranjería belga, responden a lo previsto en la normativa europea. A ese respecto la portavoz de Justicia de la Comisión Europea (CE), Mina Andreeva, recordó que "la libre circulación es un derecho acompañado de deberes". Andreeva dijo que, aunque implica el libre movimiento en el territorio comunitario, "no supone el derecho a acceder libremente a los sistemas de seguridad social de los Estados miembros". 

"Los ciudadanos europeos tienen derecho a ir a otro país de la UE y quedarse en el hasta tres meses sin ningún tipo de obligación ni de derecho a pedir beneficios", precisa Andreeva, que agregó que solo se puede permanecer hasta seis meses en el país si la persona demuestra que busca trabajo de manera activa. Tras ese plazo, "los ciudadanos europeos no tienen derecho a permanecer en el Estado miembro de acogida, salvo que tengan medios financieros para sostenerse y un seguro de enfermedad completo". 
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BELGICA: FUERZAN SALIDA DE CIUDADANOS COMUNITARIOS CONSIDERADOS "CARGA EXCESIVA" PARA EL ESTADO

Así se expulsa a un europeo de la UE

Bélgica fuerza la salida de comunitarios considerados una “carga excesiva” para el Estado

El sueño europeo de establecerse libremente en cualquier país miembro sin dar explicaciones se ha topado con la realidad de la crisis. Las estrecheces económicas han llevado a algunos Estados comunitarios a reforzar un derecho reconocido de manera muy ambigua por la legislación de la UE: expulsar a los ciudadanos de otros países miembros que representen una “carga excesiva” para el sistema. Se trata de una medida más efectista que eficaz que contemplan en sus leyes casi la mitad de los Estados miembros. Pero en la práctica es imposible certificar la expulsión de un comunitario y, sobre todo, impedirle que vuelva.

Bélgica es uno de los países que ha regulado —y endurecido— esa posibilidad. Este país, reconocido por la Comisión Europea como uno de los más generosos en las políticas de asilo para refugiados de terceros países, ha acelerado la práctica, hasta hace poco residual, de expulsar a ciudadanos comunitarios. Aunque los datos iniciales apuntaban a un número menor, las autoridades belgas expidieron la orden de salida a 4.812 ciudadanos de la UE el año pasado, según datos suministrados por la Oficina de Extranjería del Ejecutivo belga.

La Comisión intenta frenar el fenómeno

L. A. / I. F.

Bruselas lleva meses recordando a los Estados miembros lo que debería ser obvio: que la libre circulación de ciudadanos es un pilar básico de la UE y que, con cifras en la mano, la movilidad ha generado muchos más beneficios que perjuicios al proyecto comunitario. Pero el populismo que monopoliza el debate público en algunos países prende tan deprisa que la Comisión Europea se ve obligada a aplacar las inquietudes de algunos gobernantes.

Con esa intención, el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, László Andor, presenta hoy una guía práctica para discernir a qué Estado corresponde, en cada caso, proveer la seguridad social al ciudadano residente en un país miembro. Bruselas intenta definir mejor el concepto de residencia habitual y acotar los derechos que lleva asociados.

La publicación ilustrará sobre casos prácticos para acallar el malestar creado en países como Reino Unido, Alemania y Holanda acerca del mal llamado turismo de prestaciones, que supuestamente realizan los europeos más pobres. Invirtiendo los términos del caso típico, la Comisión aclara, en un adelanto del documento que se hace público hoy, que si un británico se retira a Portugal y pasa la mayor parte de su tiempo allí, su residencia habitual será ya portuguesa, aunque mantenga inmuebles y otros lazos en Reino Unido.

La cifra de afectados con pasaporte europeo duplica la del año anterior y representa algo más del 9% del total de extranjeros que tuvieron que abandonar el territorio por no disponer de medios suficientes para mantenerse. Un porcentaje nada despreciable para una práctica que bordea la legalidad comunitaria.

Los españoles ocupan un lugar destacado en esta clasificación. En 2013 fueron la quinta comunidad más expulsada, por detrás de rumanos, búlgaros, holandeses y franceses. En total, 291 personas de nacionalidad española recibieron la orden de abandonar Bélgica.

Pero mostrar la puerta de salida a un europeo de pleno derecho no es lo mismo que hacerlo a cualquier otro extranjero. Una portavoz de la Oficina de Extranjería explica las diferencias. Cuando las autoridades demuestran que el afectado representa “una carga excesiva” para el sistema social (por ejemplo, si no ha trabajado durante mucho tiempo y, en cambio, consume ayudas sociales), emiten una orden de expulsión, que puede ser aceptada o no. En caso de resistencia, Bélgica no ejerce el recurso a la fuerza; no mete al ciudadano en un avión ni lo priva de su libertad. Simplemente le cierra todos los cauces oficiales en un país en el que es fundamental disponer de un contrato de arrendamiento (o de adquisición de vivienda) para darse de alta en el Ayuntamiento y acceder a la sanidad, a la educación y a todas las prestaciones sociales que ofrece el territorio.

“No se les expulsa por la fuerza. Simplemente se les borra del registro oficial”, explica la portavoz, que subraya que estas personas quedan condenadas a vivir en la clandestinidad si no vuelven a su país de origen. Pero nada les impide quedarse en el territorio, emigrar a otro país comunitario e incluso ingresar de nuevo en Bélgica. Además, siempre tienen derecho a recurrir y retrasar de ese modo el proceso.

Tanto en Bélgica como en el resto de los Estados miembros, el ciudadano está completamente protegido durante los tres primeros meses de estancia en el país de acogida. A partir de ese periodo, debe acreditar alguna de estas cuatro condiciones: que trabaja (o que busca activamente empleo en el caso de haber quedado en paro), que tiene suficientes medios para vivir —así como un seguro de salud—, que está estudiando o que va a reunirse con algún otro familiar que cumple las condiciones mínimas. En ninguno de estos supuestos puede el Estado objetar la residencia. Y, transcurridos cinco años, tampoco podrá retirarla aunque no cumpla los requisitos, porque se considera que el ciudadano ya tiene arraigo en el país. Además, las comprobaciones que hacen las autoridades no pueden ser sistemáticas, sino limitadas a un calendario establecido.

El proceso es muy diferente para los inmigrantes ajenos a la UE. Los funcionarios de Extranjería certifican que el ciudadano con orden de expulsión haya abandonado el país y, en casos extremos, se les lleva a centros de detención donde esperan a ser deportados.

Esa posibilidad es impensable en ciudadanos comunitarios, aunque la ambigüedad de la directiva que regula sus derechos de residencia hace que al menos 13 países de la Unión —entre ellos, además de Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Austria e Irlanda— practiquen expulsiones. El texto explicita que los ciudadanos europeos podrán vivir libremente en otro país de la UE siempre que no se conviertan en “una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida”. Sin embargo, cuando alude a los motivos que podrían propiciar la expulsión, únicamente se refiere a asuntos sanitarios —una enfermedad contagiosa, por ejemplo—, de seguridad o relativos al orden público y cierra la puerta a la expulsión automática en caso de que el ciudadano recurra a la asistencia social.

Isabel Villar, profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Cádiz, explica que lo que se produce en Bélgica y en otros Estados es una incorrecta interpretación de la expresión “excesiva carga para el país”. Villar argumenta que, en caso de expulsión, las autoridades deben detallar “exhaustivamente” las razones en las que basan su decisión y deben aplicar el criterio de proporcionalidad, sobre todo si se trata de una familia con hijos pequeños.

En cualquier caso, esta experta aclara que el hecho de acceder a los servicios sociales en el país de acogida “no puede conllevar la expulsión inmediata de ningún ciudadano; al menos no de forma automática”.

Más tajante se muestra Pablo González, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, que considera estas expulsiones como una posibilidad “expresamente prevista” en la norma comunitaria, aunque pide analizar “escrupulosamente” los abusos que se puedan estar produciendo.

Un portavoz comunitario respaldaba esta semana esa versión al asegurar que las expulsiones en Bélgica están amparadas por el derecho comunitario.

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BELGICA: EL GOBIERNO EXPULSO A 2.000 CIUDADANOS COMUNITARIOS EUROPEOS EN 2012

Bélgica expulsó a 2.000 europeos en 2012

El Gobierno ha endurecido la ley para forzar la salida de ciudadanos comunitarios que supongan una “carga excesiva” para su seguridad social

Por las rendijas de la legislación comunitaria se cuelan situaciones poco compatibles con los valores de la Unión Europea. Bélgica ha aprovechado una de esas rendijas para incrementar lo que hasta hace poco era una práctica aislada: la expulsión de ciudadanos comunitarios que representan “una carga excesiva” para el sistema social. En 2012, 1.918 europeos tuvieron que abandonar el país, el doble que un año antes. Y en los ocho primeros meses de 2013, la cifra superaba ya las 1.100 personas.

Para ilustrar la crudeza de este tipo de salidas forzosas de ciudadanos europeos, la prensa belga se hizo eco hace unos días del caso de una familia francesa con cuatro hijos y amenazada de expulsión. Tras residir en el país durante tres años, la familia se enfrentaba al retorno por no poder acreditar recursos suficientes para subsistir en el país. El impacto de la noticia permitió a la mujer encontrar un trabajo a tiempo parcial. Pero las expulsiones continúan para otros muchos europeos anónimos que no logran una solución a tiempo.

Los datos sobre estas expulsiones han salido a la luz por una pregunta parlamentaria formulada a la secretaria de Estado de Asilo y Migración, Maggie De Block. Pero los cambios legales que han acelerado las expulsiones del país datan de 2012. “No hay nada nuevo”, argumenta una portavoz de De Block, que se sorprende de que varios medios locales y extranjeros se hayan hecho eco estos días de la situación belga. La portavoz explica que la ley se endureció en 2012 para evitar los abusos que dicen detectar en las ayudas sociales que perciben algunos ciudadanos comunitarios.

El Ejecutivo utiliza una rendija legal y duplica la cifra de repatriados

El Gobierno basa esa ley en una directiva europea que entró en vigor en 2004 y que fijaba las condiciones de libre circulación y residencia de los ciudadanos comunitarios en el conjunto de la UE. Aunque el espíritu de esa norma es precisamente consagrar este derecho esencial europeo, la ley belga se agarra a una interpretación, más que a una afirmación expresa, de esa directiva. El texto que salió del Parlamento Europeo aseguraba que los ciudadanos comunitarios gozarán de derecho de residencia “mientras no se conviertan en una carga excesiva” para el Estado que los acoge. Para el Ejecutivo del socialista Elio Di Rupo, eso implica que, si son una carga, deben ser expulsados.

Al igual que ocurre en países vecinos, detrás de este tipo de medidas figura un personaje político que ha cimentado buena parte de su popularidad en las políticas de mano dura hacia el extranjero. De Block, la responsable de Asilo, es una liberal flamenca que figura a la cabeza de los políticos más valorados en la escena belga. El complejo engranaje de la política en este país, con un Ejecutivo de coalición que aglutina a seis partidos de todas las sensibilidades —salvo los nacionalistas flamencos— da pie a que salgan todo tipo de medidas de un mismo Consejo de Ministros.

De Block se equipara así a otros colegas como la temida ministra británica de Interior, Theresa May, que ha mantenido el discurso más rotundo contra los extranjeros, o su homólogo francés, Manuel Valls, el miembro más valorado del Ejecutivo de François Hollande tras haber adoptado decisiones controvertidas como las expulsiones de gitanos.

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BELGICA: INCAUTAN 16,8 TONELADAS DE CARNE DE CABALLO A EMPRESA QUE DISTRIBUYE A TODA EUROPA

Incautan 16,8 toneladas de carne de caballo en Bélgica




El Gobierno belga se incautó el viernes de 16,8 toneladas de carne de caballo perteneciente a una empresa cuya mercancía ha sido distribuida en toda Europa. 

La Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (AFSCA, por sus siglas en francés) ha rechazado que la carne confiscada sea no apta para el consumo humano, explicando que se trata de un fraude administrativo. 

La retirada de carne de caballo en Bélgica tiene lugar después de que la Policía francesa detuviera a 21 personas involucradas en el tráfico de esta mercancía tratada con antibióticos y que pasaba de forma ilícita a la cadena alimentaria. 

París avisó a continuación a otros países europeos, entre ellos Bélgica, de que caballos no aptos para el consumo humano habían recibido certificados veterinarios falsos y habían sido sacrificados por una red organizada. 

El pasado mes de febrero, se encendió en el continente viejo una alerta sanitaria por la presencia de carne de caballo en millones de alimentos preparados etiquetados como carne de vacuno
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BELGICA: EL SENADO APRUEBA LA EUTANASIA INFANTIL

El Comité del Senado de Bélgica aprueba la eutanasia infantil




El Comité del Senado de Bélgica ha aprobado este miércoles por un amplio margen el proyecto de ley que permitiría la eutanasia para menores que sufren de enfermedades incurables y experimentan un dolor insoportable.



La ley recién aprobada por el Comité establece que la práctica puede ser aplicada en menores de edad siempre y cuando cuenten con la aprobación de sus padres y un equipo de expertos médicos, ampliando así una serie de leyes sobre la eutanasia que están en vigor en el país desde el año 2002, informa 'The Guardian'.    

Según los datos publicados en el periódico 'La Libre Belgique' en octubre de ese año, el primer año en que se permitió la muerte digna en Bélgica, se dieron 100 casos de personas que optaron por 'terminar' de este modo sus vidas. En el segundo (2003) el número superó los 200 y en el año 2012 llegó a 1.432 casos, lo que representa el 2% de todas las muertes en el país.   

De acuerdo con la legislación belga, la ley de 2002 permite la eutanasia sólo cuando "el paciente es mayor de 18 años en el momento de la solicitud, entre otras condiciones, y experimenta un dolor físico o psíquico insoportable". 

La ley de la eutanasia infantil, escrita por el senador Philippe Mahoux y propuesta por los partidos socialista, liberal y ecologista, por su parte, aún debe ser ratificada por el Parlamento en su conjunto. A pesar del apoyo que recibió en el Comité, todavía es probable que el proyecto se retrase.   

En caso de ser aprobada la norma, Bélgica seguirá el camino de los Países Bajos, donde la eutanasia infantil está permitida desde el año 1998.
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