INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

martes, 3 de diciembre de 2013

CONDUCTORES DE ALTOS CARGOS DE CASTILLA LA MANCHA, DENUNCIAN EL USO PARTICULAR DE LOS COCHES OFICIALES


Altos cargos de la Junta de Castilla-La Mancha estarían haciendo "uso particular" de los coches oficiales
El Colectivo de Conductores de Asuntos Generales de los parques móviles de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha remitido un explosivo comunicado en el que denuncia, entre otras cosas, que los altos cargos de la Junta estarían utilizando los vehículos oficiales de manera particular. Hablan de la intención del Gobierno de Cospedal de "privatizar" determinados servicios de los vehículos oficiales y niegan que se vaya a ahorrar con esta medida que, además, aclaran que no afectará a los vehículos que trasladan a los políticos sino a los que prestan servicios al ciudadano, por ejemplo, el traslado de un menor a un centro de acogida.


Aseguran que es "absolutamente falso que sobren conductores en la Junta de Comunidades porque los directores generales y altos cargos de la Administración regional hayan dejado de utilizar los vehículos oficiales para viajar". Niegan, además, que dichos altos cargos se estén pagando sus viajes.


Los directores generales y altos cargos utilizarían vehículos oficiales de forma "particular"
Los directores generales y demás altos cargos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "han estado, están y seguirán utilizando los vehículos oficiales y, además, en múltiples ocasiones para su uso particular", denuncian.

El colectivo de conductores quiere "dejar claro" en su comunicado que "la intención de los dirigentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no es eliminar los servicios que el parque móvil presta a los altos cargos, sino todo lo contrario" ya que, aseveran "lo que pretenden es eliminar los servicios que presta al personal técnico y administrativo, que es el que presta servicio al ciudadano, a la vez que aumenta el número de conductores que prestan sus servicios a los altos cargos".
Dicen que así lo recoge el punto 6 de la Memoria Justificativa de la planificación de recursos humanos elaborada por los dirigentes de la Junta de Comunidades.

"Es muy fácil caer en la trampa de considerar vehículos oficiales exclusivamente a los que dan servicio a políticos y altos cargos, y nada más lejos de la realidad. Un camión de bomberos o un coche policial son vehículos oficiales, al igual que lo son los vehículos con los que realizamos la mayoría de los servicios en los parques móviles y que están destinados al buen funcionamiento de la Administración autonómica. Estos son los que quieren eliminar", insisten.

Entre esas funciones, explican, están inspecciones de campo para dar servicio a los agricultores en cuestiones como atención de plagas, viñedos, obras de regadío, bodegas, cooperativas... o la recogida de muestras de mataderos para su transporte a laboratorio; el traslado de muestras de laboratorios de sanidad animal; los repartos de vacunas a centros de salud; las inspecciones a centros escolares; las inspecciones a residencias de mayores; las visitas a obras para la correcta gestión de los montes públicos; el control y realización de obras en caminos y carreteras; el servicio de extinción de incendios forestales; el control de granjas; el control de piensos para animales o el  traslado de menores en situación de abandono, entre otras cosas.

"Es falso que se vaya a ahorrar 2,4 millones de euros"
En segundo lugar, quieren también "dejar claro que es absolutamente falso que se vaya a producir un ahorro de 2,4 millones de euros, porque el plan contempla la reubicación de los conductores 
afectados, manteniendo su sueldo".

"Además, en caso de querer seguir prestando esos servicios que se van a ver afectados tendrán que contratar a una empresa externa y pagarles aparte, lo que al final sale más caro", aseguran. 

"El objetivo es la privatización"
En su opinión, el único objetivo es "la privatización, al igual que están haciendo ya con la sanidad y la educación públicas" y lanzan una propuesta "si el consejero de Hacienda y el Gobierno de Castilla-La Mancha están tan seguros de que el parque móvil está sobredimensionado deberían empezar la reestructuración eliminado a los ocho que hacen funciones de conductor en Presidencia y que cobran del doble que un conductor del parque móvil, que, además, están puestos a dedo, sin haber pasado por una oposición".

Sugieren también cubrir esos ocho puestos con conductores del parque móvil "que sí han pasado por el proceso de oposición según los criterios establecidos en la Ley: Igualdad, mérito y capacidad. Y como siempre se han cubierto los puestos de conductores de la Junta de Comunidades".

Los conductores, finalmente, rechazan su reubicación en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) tal y como se ha publicado en ABC ya que, dicen, "esa reubicación conllevaría el despido de personal interino cualificado para el puesto donde desarrollan su función", así que, concluyen "¡que Dios pille confesado al que caiga en nuestras manos!, porque en la oposición que aprobamos demostramos estar capacitados para desarrollar nuestra profesión: conductores. Y dentro del ámbito sanitario no podemos hacernos responsables".

LA GENERALITAT OCULTO DURANTE MESES UNA DENUNCIA INTERNA SOBRE MALVERSACION


La Generalitat ocultó durante meses una denuncia interna sobre malversación


El conseller de Interior, Ramon Espadaler (d) y el de Trabajo y Empresa, Felip Puig (i), llegan a una reunión del ejecutivo catalán (EFE)
El Gobierno catalán escamoteó durante meses una denuncia interna sobresupuestas malversaciones en el Cesicat, el centro que controla todas las telecomunicaciones y que algunos pretendían convertir en el núcleo de la Agencia de Seguridad Nacional  (ASN) o, dicho de otro modo, en el CNI catalán. La denuncia fue formulada por un asesor, Albert G., que trabajó durante cinco meses para el Cesicat en el año 2012 como colaborador externo. En esa etapa, detectó algunas anomalías en el funcionamiento del centro y lo comunicó al consejero del que depende éste, Felip Puig, así como al consejero de Interior, Ramon Espadaler, y a la directora de los servicios jurídicos de Gobernación, Esther Rivera.
La base de mis denuncias internas era la deriva de la entidad, la inseguridad total de la Generalitat y la malversación de fondos como causa nuclear de la misma, hasta el extremo que llegó un momento en que me desligué del Cesicat y dejé de colaborar con él”, explica Albert G. a El Confidencial.
Una comunicación interna realizada el pasado 24 de marzo a Felip Puig, consejero del que actualmente depende el Cesicat, señalaba que se podrían economizar muchos recursos incluso echando mano de programas gratuitos, ya que “el estado de la Generalitat es de muy alta vulnerabilidad”. Así denunciaba que una herramienta de Microsoft que reduciría mucho esta vulnerabilidad “no se despliega y ni tan siquiera se valora porque es gratuita y esto no genera un pedido al amigo proveedor”.
Otras fuentes señalan que en los últimos años se fueron incorporando al centro de telecomunicaciones varios asesores “de confianza” de los actuales gestores del Gobierno y de ahí que se perdiese rigurosidad.
Felip PuigFelip PuigLo cierto es que, tras las denuncias internas, según parece, los correos de Albert G. fueron interceptados por los directivos del Cesicat. “Es que no sólo eran leídos por otras personas, sino que eran desviados a un buzón de destino a nombre de filtre.altabis”, explica Albert G. aEl Confidencial. Internamente, el propio consejero Felip Puig se llegó a reunir con Albert G. después de que éste le pusiese al corriente de la vulnerabilidad de la web del Gobierno catalán. “Y le expliqué los problemas que yo había detectado dentro del Cesicat”, zanja.
Sospechas confirmadas
El pasado 16 de mayo, Albert G., ya conocedor de que sus correos eran desviados, comunica a Rivera y a Puig que su e-mail está intervenido desde la propia Generalitat: “Algún listo creó la regla en el servidor de correo para que cualquiera de mis correos dirigidos a gencat [el servidor de la Generalitat de Cataluña], sea quien sea su destinatario, automáticamente sean recibidos por un tercer buzón. Las comunicaciones son privadas. Si las envío a tres destinatarios y se están copiando automáticamente a un tercer buzón que accede a mis comunicaciones y las lee, es más que probable que pudiese generar problemas legales, vía penal, por vulnerar el secreto de las telecomunicaciones. Como habíamos comentado por teléfono, “sólo” quiero que se identifique quién ha ordenado esta actuación y está o estaba recibiendo mis correos, tratando mis datos personales de forma más que no pertinente”.
Después de que las denuncias internas cayesen en saco roto, Albert G. presentó una denuncia en el juzgado el pasado 5 de julio, que fue admitida a trámite. La denuncia detallaba pormenorizadamente la interceptación de cinco correos privados de Albert G.  a los altos cargos de la Generalitat. “La investigación policial deberá determinar si existen más personas receptoras ilegítimas de mis correos interceptados que estuvieran cometiendo los delitos denunciados y si ésta es una práctica de interceptación generalizada en los sistemas de la Generalitat de Cataluña y si existen otras víctimas de estas actuaciones graves e ilegales”, dice la denuncia.
Un informe infumable
El pasado 8 de noviembre, el juez decretó el archivo en base a un informe realizado por los Mossos d’Esquadra. Y eso que Abert G. exponía en su denuncia la necesidad de encargar la investigación a la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya que los Mossos d’Esquadra eran parte interesada en el Cesicat, puesto que trabajaban juntos y en el centro de telecomunicaciones existen enlaces de la Policía Autonómica.
Mossos d'EsquadraMossos d'Esquadra
El informe de los Mossos es curioso: consta de sólo nueve líneas y dice que analizada la documentación aportada “se determina que no aparece ninguna clase de evidencia aparente de interceptación de las comunicaciones. Lo que se puede apreciar es que los correos dirigidos al buzón de destino del señor Felip Puig son desviados a otros de absoluta confianza del receptor para agilizar la respuesta y/o el tratamiento”.
Albert G. interpuso recurso contra este archivo hace unos días, desmontando las razonamientos del informe pericial emitido por los Mossos porque “carece de cualquier pericia técnica”, puesto que lo que parece es “una simple opinión que carece de cualquier sustento  científico-técnico y que además no describe ni siquiera el método de análisis usado si es que se ha usado algún método”. El exasesor, además, había entregado al juzgado documentos que mostraban la trazabilidad de sus correos, esto es, la huella que habían dejado y que evidenciaba su interceptación.
“Los mensajes de correo electrónico están formados no solamente por el contenido que podemos ver, sino también por una serie de datos para su trazabilidad, que incluyen información como, por ejemplo, la dirección de correo del remitente, la del destinatario, la fecha en la que se envió el mensaje, etcétera. Analizando estos datos, se puede obtener información técnica sobre el mensaje de correo, como por ejemplo, los servidores de correo por los que ha pasado, en qué máquina se ha generado el mensaje o referencias sobre a qué mensaje responde, en caso que dicho mensaje sea respuesta a un tercero. Entre los campos existentes en estos datos, existe el campo ’Message-ID’, que es único para cada mensaje de correo generado para identificarlo de forma inequívoca. Pero además el campo más relevante para este análisis es el campo ‘Thread-Index’, utilizado por varios sistemas de correo para ordenar los mensajes que corresponden a una misma conversación…”, explica en el recurso.
El exasesor apela también a la instrucción de la Generalitat 1/2012 del 15 de junio del año pasado, que dice textualmente que “el personal podrá hacer un uso privado del correo electrónico corporativo siempre que se haga de manera excepcional, no abusiva y circunstancial, a los efectos de atender asuntos inexcusables que eviten la ausencia del puesto de trabajo o que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral. En ningún caso se podrá utilizar el correo electrónico para desarrollas actividades privadas cuyas compatibilidades hayan sido autorizadas”. Por si fuera poco, aduce que en los hechos denunciados pueden estar implicados “superiores jerárquicos” de los agentes que realizan el informe en cuestión “e incluso miembros de la unidad de delitos informáticos”. Por tanto, vuelve a solicitar que sea la Policía o la Guardia Civil quien realice las investigaciones.
A Albert G. se le atribuye la filtración de algunas de las informaciones sobre el Cesicat que han ido goteando las últimas semanas, como por ejemplo la monitorización de cuentas Twitter para realizar seguimientos de activistas. Él lo niega. “Yo no filtré nada. No he tenido acceso a los documentos que se han filtrado. Ha sido Anonimus quien comenzó a filtrar cosas tras la muerte del empresario Benítez en el Raval. Yo mantengo un contencioso con la Generalitat y llegaré hasta el final para que se depuren responsabilidades por la interceptación de mis correos, pero no robé ni filtré ningún documento sobre seguimientos a activistas”.

UN DECLARA ILEGAL EL PERIODO DE PRUEBA DE UN AÑO SIN INDEMNIZACION


Un juez declara ilegal el periodo de prueba de un año sin indemnización

La sentencia considera que la reforma laboral del PP incumple la legislación internacional

El abogado del caso denuncia que un plazo tan largo encubre el despido libre

La juez reprocha al Gobierno que la reforma "desprotege a los trabajadores de sus derechos"





Contratar a un empleado durante un año en contrato de pruebas y sin derecho a indemnización si se le despide dentro de este periodo, como permite la reforma laboral aprobada por el Gobierno central de Mariano Rajoy (PP) en febrero de 2012, no se ajusta al derecho internacional. Así lo ha dictaminado una sentencia del juzgado de lo Social 2 de Barcelona, que ha declarado improcedente el despido, el pasado marzo, de un peón a quien la empresa de reciclaje de productos de caucho de Gavà (Barcelona) Alfredo Mesalles S.A. echó cuando faltaban ocho días para que finalizara el periodo de pruebas de un año. La sentencia, que reprocha al Gobierno que bajo el paraguas de la crisis creara una reforma que "desprotege a los trabajadores de sus derechos", obliga a la empresa a readmitir al trabajador o a indemnizarle de acuerdo al convenio de su sector, donde el periodo de prueba es de solo 15 días. La indemnización asciende a 1.187 euros.
En el texto de la sentencia, dictada el día 19 de noviembre y contra la que cabe recurso, precisa que la empresa "manifiesta que existiendo periodo de prueba no superado no existe despido". En su defensa propia alegó que formalizó el contrato de acuerdo al artículo 4 de la reforma laboral, el que se refiere al "contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores" que pueden utilizar las empresas de menos de 50 trabajadores.
El empleo del trabajador, con contrato de 40 horas, consistía en trasladar neumáticos dentro de las instalaciones de la fábrica. El protagonista de esta decisión judicial, en la treintena, se llama César Expósito, que no tiene reparo en que aparezca su nombre públicamente pero prefiere no hablar con la prensa. En la demanda contra la empresa de neumáticos Expósito también reclamó el reconocimiento de una jornada real de 50 horas, que la juez no puede considerar probado porque no se llevaba un registro de las jornadas.
La sentencia reprocha al Gobierno que bajo el paraguas de la crisis creara una reforma que "desprotege a los trabajadores"
El abogado que ha llevado el caso, Roberto Castro, considera que la sentencia es “un mazazo, una bofetada a la reforma laboral, que con el contrato de prácticas encubre el despido libre y sin indemnización”. A Castro no le consta que se haya producido ninguna sentencia previa en este sentido en España y precisa que el término exacto que utiliza la magistrada es que “inaplica” la reforma laboral: “La deja en papel mojado, hace prevalecer la norma superior jerárquica”. La norma internacional a la que alude es el artículo 4.4 de la Carta Social Europea y "la juez considera que un periodo de prueba tan largo como 12 meses no es razonable". El abogado entiende que en este caso el “abuso es flagrante” porque la empresa despidió al trabajador, César Expósito, ocho días antes de finalizar el periodo de pruebas. “Y ficharon a otro empleado”, asegura.
En el apartado de fundamentos de derecho de la sentencia, la juez recuerda el caso denunciado en 2010 por los trabajadores de la empresa nacional de energía eléctrica de Grecia (GENOP-DEI) que en 2012 lograron que el Comité Europeo de Derechos Sociales reconociera "la violación por la ley Griega del artículo 4.4 de la Carta Social Europea". Esta ley griega amplió "el periodo de prueba en el trabajo de dos a doce meses para todos los trabajadores".
La juez subraya que el artículo de la Carta establece que "para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho de todos los trabajadores a un plazo razonable de preaviso en el caso de terminación del empleo". "Los requerimientos del puesto de trabajo del actor, peón que lleva neumáticos de un sitio a otro, no requieren de un año para que el empleador evalúe sus capacidades en atención a sus tareas", entiende. La juez admite que la reforma laboral se dictó "en el marco de una situación de crisis", pero apunta que "no se puede desproteger a los trabajadores de sus derechos".

ESPAÑA SUBCAMPEONA DEL MUNDO EN CORRUPCION, DESPUES DE SIRIA


España, el segundo país tras Siria donde más aumenta la corrupción

  • 'En España se ha sucedido escándalo tras escándalo'

  • Dinamarca es de nuevo el país percibido como más transparente

  • Critica además la impunidad de los corruptos en España




Luis Bárcenas.
España es el segundo país del mundo en el que más ha aumentado la percepción de corrupción este año, por detrás tan sólo de Siria, según un informe de la ONG alemana Transparencia Internacional(TI) publicado este martes.
La edición de 2013 del Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de TI indica que España cede seis puntos con respecto a la pasada edición, de los 65 (sobre un máximo de 100) a los 59, para descender de la posición trigésima hasta la cuadragésima, lo que le sitúa por detrás de Brunei y Polonia, y justo delante de Cabo Verde.
"Italia y Grecia han creado en el último año leyes y sistemas anticorrupción fuertes y modernos y eso ha mandado un mensaje positivo. En cambio, en España se ha sucedido escándalo tras escándalo", explicó Alejandro Salas, responsable para América de TI.
Frente a esta caída -y al derrumbe de nueve enteros de Siria, desgarrada por una guerra civil-, la clasificación de este año se caracteriza por la estabilidad y registra escasos cambios de posición y puntuación.
A nivel europeo, España queda así relegada a la mitad inferior del ránking, por debajo de Chipre y Portugal y sobre Lituania y Eslovenia, y cada vez más lejos de los países del norte y centro del continente que abren la clasificación.
Dinamarca es de nuevo en esta edición el país percibido como más transparente a nivel europeo y mundial -suma 91 puntos-, mientras que Grecia repite como nación más corrupta del continente en el puesto 80 (40 puntos), a la altura de China pese a una ligera mejoría.
Los escándalos de corrupción destapados y juzgados en los últimos meses en España han dejado a la luz ciertas "debilidades estructurales" del sistema legal, argumenta Salas, como las del sistema de adjudicación de contratos públicos o la normativa sobre uso del suelo.
El responsable de TI criticó además la sensación de impunidad de los corruptos en España, debido principalmente a la lentitud del sistema judicial.
A juicio de los expertos de esta ONG, la recientemente aprobada nueva ley de transparencia española es "débil", carece de "claros castigos" para los infractores, deja mucho margen a la"discrecionalidad" de los funcionarios y no reconoce el derecho a la información de los ciudadanos.
A nivel internacional, Somalia, Corea del Norte y Afganistán, con tan sólo ocho puntos, son los países percibidos como más corruptos del mundo según TI, y Dinamarca y Nueva Zelanda son los más transparentes al sumar 91 enteros.
TI, referencia global en el análisis de la corrupción, asegura que los resultados de este informe "dibujan un escenario preocupante" y destaca que "más de dos tercios de los 177 países" estudiados suspende en transparencia.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos se sitúa en el puesto 19 con 73 puntos, China en el 80 (40 puntos), Japón en el 18 (74), Alemania en el 12 (78), Reino Unido en el 14 (76), Rusia en el 127 (28), Brasil en el 72 (42) e India en el 94 (36).
Cierran este ránking mundial países sin estructuras estatales debido a guerras, conflictos o catástrofes naturales, como Somalia, Afganistán, Sudán y Sudán del Sur, Libia, Iraq, Siria, Yemen y Haití.
El CPI se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de corrupción en el sector público de distintos países.

ESPAÑA: LA EMPRESA FCC DEBE 320 MILLONES A HACIENDA PESE A COBRAR LOS RETRASOS DE LAS OBRAS PUBLICAS


FCC adeuda 320 millones a Hacienda pese a cobrar los retrasos de las obras públicas


Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, durante su intervención en la Junta General de Accionistas 2013.

FCC no sólo tiene que afrontar la refinanciación de 5.000 millones de deuda financiera. La compañía controlada por Esther Koplowitz también tiene que hacer frente a un pasivo de 320 millones de euros que tiene con Hacienda. No obstante, este ministerio le ha eximido (por ahora) de hacer frente a esa cantidad pese a haber cobrado ya una parte sustancial del Plan a Proveedores.

Como adelantó El Confidencial el pasado mes de marzo, FCC llegó a un acuerdo con la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para dispensarle de la obligación de pagar sus deudas con Hacienda por un periodo de cuatro años. A cambio, el grupo debe de abonar un interés del 5%, un coste que FCC considera demasiado alto y que le gustaría no tener que afrontar si el Estado le pagara a ella.
El problema es que las Administraciones Públicas ya le han abonado facturas por 1.222 millones en concepto de retrasos a través del llamado Fondo de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno. Sin embargo, ese ingreso no se ha destinado a cumplir con sus obligaciones con Hacienda, ya que la deuda con el fisco, lejos de bajar, ha subido hasta los 320 millones de euros.
Un importe que procede del impago temporal de determinados impuestos y de la seguridad social de sus empleados. Además, FCC debe de abonar 213,57 millones correspondientes al impuesto de valor añadido (IVA) y a otros 37,2 millones por impuestos corrientes. En total, 570,95 millones en la parte del pasivo, frente a los 280,6 pendientes de cobro por conceptos tributarios que le debe ingresar Hacienda.

Fuentes oficiales de la compañía argumentan que esta situación se deriva de los constantes impagos de los ayuntamientos y las comunidades autónomas y que lo ideal sería haber cobrado a tiempo para no tener que recurrir a un aplazamiento con Hacienda ni tener que satisfacer un 5% de interés, un diferencial que es más alto del que abona el grupo a la banca por sus 5.000 millones de deuda.
Una explicación que se produce al tiempo que Juan Béjar, el nuevo consejero delegado, ha aseverado en una entrevista que “las Administraciones ya están pagando bien, a cinco meses”, una mejoría entre los servicios que presta FCC y el cobro que no se ha trasladado a lo que la compañía debe a las Administraciones. En lo que va de año, el grupo presidido por Esther Alcocer, hija de la propietaria, Esther Koplowitz, no ha amortizado su pasivo con Hacienda. Hasta hace poco, el holding sostenía que no pagaba a Hacienda porque no cobraba, pero ahora ya ha ingresado dos tercios de los retrasos pendientes.
Según indican fuentes oficiales, la empresa de construcción y servicios medioambientales tiene aún algo más de 500 millones de euros pendientes de cobro por parte de ayuntamientos, activo que espera cobrar en cuanto el departamento que dirige Cristóbal Montoro ponga en marcha la segunda fase del Plan a Proveedores. Además, FCC confía en que el Gobierno apruebe de una vez la nueva ley de pago de las Administraciones, que les obligará a no retrasar sus facturas más allá de 30 días.
Juan Béjar, consejero delegado de FCC.Juan Béjar, consejero delegado de FCC.Fuentes bancarias indican que lo que le ocurre a la constructora de las Koplowitz es que sufre un problema acuciante de liquidez que le ha obligado a pedir un anticipo de 500 millones de euros a varios bancos españoles, entre otros, Santander, BBVA y Bankia, sus tres principales acreedores. Una situación que mejorará sensiblemente si consigue alargar el vencimiento de sus 5.000 millones de deuda bancaria, aplazamiento que se espera obtener antes de concluya el año. 
Dimisión en la patrimonial de la dueña
Mientras FCC negocia a dentelladas con la banca, Esther Koplowitz, dueña del 54% del capital, busca también un socio para capitalizar su sociedad instrumental, B-1998. La empresa soporta la deuda personal de la inversora, pasivo que asciende a unos 1.100 millones de euros.
En esta compañía se ha producido la dimisión del consejero Cartera Deva, en manos de la familia Aguinaga, que controla algo más del 5% de B-1998 y por extensión cerca del 2,6% de FCC. Este socio tradicional de Esther Koplowitz se comprometió en 2011 a permanecer en el capital de la constructora hasta 2016.

LA CAMARA DE COMERCIO ESPAÑA-EE.UU., ENTREGA UN PREMIO A UN EMPRESARIO IMPUTADO, ENTREGA EL PREMIO ESPERANZA AGUIRRE


ECONOMIA Le entregó el premio Esperanza Aguirre

El imputado Villar Mir, 'empresario del año' en Nueva York

  • El galardón lo entregó la Cámara de Comercio España-Estados Unidos

  • La Audiencia imputó en abril al empresario madrileño por hacer donaciones ilegales al PP

  • Esperanza Aguirre le dio el premio alabándolo como 'gran amigo'




Villar Mir
La Cámara de Comercio España-Estados Unidos premió este lunescomo empresario del año a Juan Miguel Villar Mir, líder del grupo industrial que lleva su nombre e imputado desde abril en la trama de corrupción 'Gürtel' del PP. La presidenta de este partido en Madrid, Esperanza Aguirre, le entregó el galardón en una gala en el Hotel Plaza de Nueva York.
El organismo, un consorcio de empresas privadas fundado en 1959 en Nueva York y presidido ahora por el abogado Xavier Ruiz, homenajea con una cena a un líder destacado cada año. Entre los galardonados en ediciones anteriores están el presidente y consejero delegado de Grifols, Víctor Grifols Roura, el presidente de Iberdrola,Ignacio Sánchez Galán, o al presidente de Caixabank, Isidro Fainé.
El consorcio empresarial de Villar Mir se dedica a la energía, los fertilizantes o la electrometalurgia, pero el núcleo de su negocio es Obrascón Huarte Lain (OHL), una constructora que trabaja en 34 países y entre cuyos contratos se encuentran proyectos como el puerto de Gijón o el tren de alta velocidad de La Meca a Medina.Villar Mir está en la lista de multimillonarios de la revista 'Forbes'. Es la décima persona más rica de España y la número 831 del mundo según esta publicación, que estimaba su fortuna en marzo en 1.800 millones de dólares: más de 1.300 millones de euros al cambio actual.
Según varios informes policiales, la constructora de Villar Mir recibió hasta 215 adjudicaciones de las administraciones gobernadas por el PP entre 2002 y 2009. La cifra supone un contrato cada 13 días durante siete años. Un tercio de todos los contratos públicos que firmó OHL durante ese periodo y cerca del 60% de los ingresos percibidos de la administración.
Ningún año fue tan fructífero para la constructora del empresario madrileño como 2002, cuando los gobiernos del PP otorgaron a OHL hasta 48 contratos por un importe de 793 millones de euros. La inmensa mayoría fueron adjudicaciones del Gobierno entonces presidido por José María Aznar.
Villar Mir fue imputado en abril por el magistrado Pablo Ruz, que apreció indicios de delito en las anotaciones del ex tesorero 'popular' Luis Bárcenas, que señalan hasta tres contribuciones del constructor a las arcas del PP: 100.000 euros en 2004, 180.000 euros en 2006 y 250.000 euros en 2008.
El constructor declaró ante el juez que las anotaciones del tesorero no eran ciertas y definió los documentos que le implican como "una fotocopia de un papel que no se sabe si existe". Sí reconoció entonces haber donado hasta 450.000 euros a la fundación FAES que preside Aznar, 120.000 euros a la organización Mujeres por África que preside María Teresa Fernández de la Vega y aportaciones menores a fundaciones de CCOO y UGT.
Villar Mir aseguró ante el juez que las fechas de las donaciones no coincidían con las de los contratos más jugosos que su constructora había firmado con los gobiernos 'populares'. Pero el juez Ruz respondió presentando un informe policial que mostraba la correlación.
Los documentos de Bárcenas recogen en 2004 una donación de Villar Mir por valor de 100.000 euros cuatro días después de que OHL recibiera la concesión de unas obras por valor de 25 millones de euros en la M30 de Madrid (http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-adjudicaciones-contratos-decididos-PP_0_104990206.html).
El ex tesorero 'popular' afirmó ante el juez que Villar Mir había expresado su deseo de aportar 300.000 al PP unos meses antes de las elecciones de noviembre de 2011 y tenía "mucho interés" en que lo supieran "la cúpula del partido" y su presidente Mariano Rajoy.
Aguirre presentó el premio el lunes con un pequeño en discurso en inglés en el que describió a Villar Mir como "un gran amigo" y sobre el que dijo "expresar admiración". "Es un líder empresarial extraordinario, muy humano", aseguró Aguirre, que aludió a la capacidad de Villar Mir de convertir las "dificultades" en "oportunidades" y recordó sus meses como vicepresidente y ministro de Economía en el Gobierno de Carlos Arias Navarro. La ex presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que Villar Mir se graduó como el número uno de su promoción de la escuela de Ingenieros de Caminos en los años 50. Un mérito cuya magnitud, según dijo, los estadounidenses no pueden comprender. La líder popular no hizo ninguna referencia a la imputación de Villar Mir ni a las acusaciones que pesan contra él.
El ex presidente Aznar también estaba invitado a la ceremonia y había confirmado su presencia en el cóctel anterior a la cena. Pero al final no asistió tras el retraso de su vuelo de Madrid a Nueva York. Entre los asistentes a la gala sí estaba Josep Piqué, que en octubre fue nombrado consejero delegado de OHL.

lunes, 2 de diciembre de 2013

ESPAÑA: LA EMPRESA AMPER DESPEDIRA A 105 TRABAJADORES


Amper presenta un ajuste de plantilla para 

105 trabajadores


(Infodefensa.com) Madrid – La empresa tecnológica Amper, uno de los proveedores del ministerio de Defensa, ha presentado un ajuste de plantilla que afectará a la actividad en España de tres divisiones y que contempla una suspensión temporal (ERTE) y/o extinción de contratos (ERE) para un total de 105 trabajadores, el 32 % de la plantilla de 325 empleados.
Según ha indicado el grupo proveedor de soluciones de telecomunicaciones en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el expediente afectará a Amper, Amper Sistemas y Landata Comunicaciones de Empresa.
Amper cuenta con una plantilla total de 60 personas, Amper Sistemas de 241, mientras que Landata Comunicaciones de Empresa emplea a 24 trabajadores. Del total de los 105 empleados afectados, 40 de ellos serían contratos no incluidos en el expediente de 2013 y 65 de ellos ya habrían estado incluidos en el mismo.
La finalidad de este expediente, señala la compañía, es la de adecuar los recursos y costes laborales a la actividad del grupo en España "para poner en la senda de los beneficios la actividad en esta región".
De hecho, las ventas de la compañía en España, excluyendo el área de Defensa, cayeron un 43 por ciento en los nueve primeros meses del año, mientras que la contratación lo hizo un 60 por ciento. Tras la presentación del expediente, comenzará el período de consultas con los representantes de los trabajadores.
Negociaciones
La compañía espera cerrar la negociación antes del 16 de diciembre,fecha de vencimiento del acuerdo "stand-still" al que llegó con las entidades financieras.
A finales de 2012, Amper cerró con los sindicatos el despido de 70 trabajadores, de los que 20 son prejubilaciones, y acordó la suspensión temporal de 100 contratos de trabajo en 2013, así como la reducción de sueldos del 20 % para el resto de la plantilla. Amper había presentado inicialmente este nuevo expediente de regulación de empleo en noviembre de 2012 para 210 empleados.
Ya en junio de ese mismo año, la compañía aprobó un expediente de regulación de empleo para 20 empleados durante seis meses y para 200 de un día a la semana durante un periodo no determinado, y en mayo de 2011 aprobó otro para 149 trabajadores para ahorrar seis millones de euros.
El grupo Amper registró en los nueve primeros meses del año unas pérdidas de 19,7 millones de euros, un 34 % más que en el mismo periodo del año pasado, por el descenso de la contratación en España y el desfavorable tipo de cambio del real brasileño y el bolívar venezolano.

ESPAÑA NO INGRESA 79.000 MILLONES ANUALES POR CULPA DE LA ALTA TASA DE EVASION FISCAL


España deja de ingresar 79.000 millones anuales en impuestos por la alta tasa de evasión fiscal


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Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que España deja de ingresar 79.000 millones de euros al año en impuestos en comparación con la media ponderada de los países de la UE-27, especialmente por lo que no recauda debido al fraude, la evasión fiscal, la recaudación en el Impuesto del IVA y en el de IRPF.
En un comunicado, Gestha explica que la recaudación por IVA aportó 18.653 millones anuales menos a las arcas públicas españolas que en el resto de Europa, un fenómeno que se entiende por el escaso rendimiento de este impuesto sobre el consumo, que solo logra recaudar 9,7 euros por cada 100 que se gastan, frente a los 12,3 euros de media del conjunto de países europeos.
Estas cifras sitúan a España en el último lugar del ranking recaudatorio del IVA, pese a que las dos subidas aprobadas en 2010 y 2012 acercan al país a la media europea de tipos nominales.
Gestha atribuye esta falta de eficiencia a la alta tasa de evasión fiscal, que se acentúa en época de crisis, así como a una lucha contra el fraude "desenfocada" y más centrada en investigar pequeños fraudes, en lugar de la evasión realizada por las grandes empresas, lo que impide sacar a tributos como el Impuesto sobre Sociedades y el IVA todo su potencial.
Por otro lado, detecta también una pérdida de ingresos similar en el IRPF, que deja de recaudar 18.125 millones al año por el elevado nivel de desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y la alta tasa de economía sumergida, que ronda el 23,3% del PIB, unos 245.000 millones.
En cuanto al Impuesto de Sociedades, asevera que la recaudación se ha reducido desde el inicio de la crisis hasta el ejercicio 2011 en una cantidad equivalente al 3% del PIB, mientras que en Europa descendió un 0,8% de media en ese mismo periodo.
Además, Gestha señala que las subidas de impuestos aprobadas desde 2012 apenas han contribuido a reducir este diferencial con Europa, ya que los ingresos tributarios totales solo aumentaron un 4,2% en 2012 y permanecen estancados en lo que va de año, con una "exigua subida" del 0,1%, según los datos facilitados por la Agencia Tributaria.
Según los técnicos de Hacienda, el efecto de estas medidas podría haber conseguido rebajar este diferencial en casi 20.000 millones anuales en los dos últimos años, hasta los 55.325 millones, aunque la estimación no contempla todavía las reformas similares llevadas a cabo por la mayoría de países europeos.

Reformas en profundidad

En cualquier caso, creen que el 'gap' de ingresos está más relacionado con el deficiente sistema tributario español que con los efectos de la crisis. De hecho, comparando la presión fiscal de España y la media de los países de la UE-27, se confirma que esta brecha ya existía antes del estallido de la crisis, puesto que en 2007 el diferencial superaba los 20.000 millones, equivalente a dos puntos del PIB.
Por este motivo, reclaman al Ejecutivo que reforme en profundidad las competencias y responsabilidades del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria y que lidere una lucha contra la economía sumergida más ambiciosa a sabiendas de que los resultados de las actuaciones de control del último año y medio (enero de 2012 a junio de 2013) suponen solo un 19,3% de la evasión anual.